“Es injusto que nosotros durante mucho tiempo fuimos un pueblo agrícola y ahora, como no hay campesinos, la fruta y verdura toca traerla de Bucaramanga. Aquí la violencia sacó a la mayoría de campesinos y sus hijos, ya no quieren venir al campo”. Gloria*
Si hay un tema que ha marcado la historia de Colombia ha sido el de la propiedad y tenencia de la tierra. Desde los años 30 del siglo pasado, en múltiples ocasiones, se ha intentado establecer una justicia especializada que resuelva los conflictos que esto genera. Sin embargo, no ha sido posible mantenerla, y siempre, vuelven a la justicia ordinaria. La Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio ha ayudado a que varias comunidades del país sean representadas en estas instancias.
Para Juan Felipe García, director del Departamento de Filosofía e Historia del Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana, esto resulta muy problemático, pues el sistema ordinario está muy congestionado, los procesos duran demasiado tiempo y los jueces no tienen los conocimientos especializados para resolver estas disputas legales.
Por ello, desde hace décadas no se cuenta con elementos jurídicos que permitan que los conflictos agrarios se tramiten por vías diferentes a la violencia, que ha dejado a la población civil como la más damnificada.
“A finales de los 80 el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria – Incora, la Gobernación y la Alcaldía nos ofrecieron un programa para adquirir tierras. Ahí salimos seleccionados y nos ofrecieron un proyecto productivo piloto que incluía vivienda, colegio, hospital, cultivos, ganadería, pesca, palma de aceite”, relata Blanca Alfaro, reclamante de tierras del departamento del Cesar.
La de Blanca, junto con otras decenas de familias, recibieron las escrituras que los hacían tenedores de la tierra. Sin embargo, el proyecto se quedó sin financiación y en cuestión de semanas, desapareció. “Es como si alguien hubiera ordenado que se acabara”, sostiene Blanca. Luego llegó una ola delincuencial, la violencia con los grupos paramilitares, las guerrillas y las personas que habitaban esa zona, se vieron obligadas a salir de las tierras.
Como lo explica el profesor García, algunos actores con capital económico y político, pudieron utilizar grupos armados ilegales para presionar a las comunidades para que se fueran de la región.
“A nosotros se nos entraban a las casas, nos rompían los utensilios de cocina, nos rompían las camas, nos mataban a los animales. Tuvimos que ver a muchos compañeros desplazarse a las ciudades por amenazas y a varios de ellos los mataron”, afirma Gloria*. Su prioridad era salvar sus vidas y las de sus hijos, por lo que algunos terminaron cediendo a vender a muy bajos precios. “Predios que podían valer 15 millones en esa época, se vendieron a 3 millones porque era lo que ofrecían”, asegura.
“Hoy podemos contarnos con los dedos de una mano los que permanecemos aquí. Muchos murieron de tristeza en Bucaramanga, encerrados en los apartamentos de los hijos, lejos de las labores del campesino”, agrega.
No fue sino hasta junio de 2023, en cumplimiento del acuerdo de paz, que el Congreso de la República aprobó la Jurisdicción Agraria y Rural tras ocho meses de discusión.
Con esta reforma, el Artículo 116 de la Constitución, que establece la lista de quienes administran justicia, agrega los tribunales y jueces agrarios. Esto abre la ventana para que exista una justicia especializada que tramite los conflictos agrarios en el país. Además, incorpora el Artículo 238-a que contiene la idea de que a la población campesina se le garantice un acceso real y efectivo a dicha justicia.
Para el académico uno de los principales retos en la materia, es el de formalización de propiedad en las zonas rurales. O sea, quién es y cómo se hace a la propiedad de la tierra. Si es el Estado, si es un campesino por haber ocupado un terreno por un determinado periodo de tiempo y se hizo a esa propiedad, si es baldío —propiedad del Estado—, o si hay una ocupación debe definir si tiene fundamento jurídico.
“Nuestro caso es bien particular porque las tierras que reclamamos, ya han tenido dos tenedores anteriores. El Incora nos dio las escrituras, pero por la presencia de diferentes actores armados, han tenido que abandonarlas”, relata Bernardo Castro, otro de los reclamantes del Cesar. “En casi 30 años no nos han dado ni un grapa para colocarle a la cerca. No tenemos vías, recursos, luz, no hay presencia del Estado”, agrega.
Por ello, la acción de la jurisdicción agraria no es sencilla. Relata el profesor García, que tuvieron que pasar casi cien años para que los conflictos agrarios sean resueltos mediante jueces especializados que apliquen la legislación nacional, y no por actores armados que ejercen el control territorial.
La Unidad de Víctimas reporta que, desde 1985, 37 087 personas fueron despojadas de sus tierras forzosamente en el país, y que 126 409 perdieron sus bienes inmuebles en el marco del conflicto armado.
Desde la sanción de la ley de víctimas en 2011, se han radicado 30 331 solicitudes de restitución de tierras por más de un millón y medio de hectáreas.
La Unidad de Restitución de Tierras – URT, entidad encargada de las demandas de restitución a nombre de las víctimas, ha presentado 20 845 demandas ante la justicia, de las cuales solo 8559 han tenido sentencia favorable. Es decir, en 12 años, solo a un 28 % de las víctimas les han sido devueltas sus tierra
“A veces decimos que, así como se heredan las enfermedades de nuestros padres, también se heredan los desplazamientos y los casos judiciales”.
Leticia Marrugo, líder del departamento del Cesar
La Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio
Las múltiples investigaciones y análisis adelantadas desde la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana evidencian las fallas en la infraestructura estatal, en los procesos, y las limitaciones que presentaban las instituciones para responder a las víctimas de este tipo de delitos.
La población civil, no solo es la más afectada por amenazas, desplazamiento, despojo de las tierras; sino que, además, no cuenta con los recursos económicos suficientes para enfrentar los largos procesos jurídicos de la reclamación de sus tierras.
“Solo venir de nuestras veredas al casco urbano, nos cuesta. Y muchas veces ni así nos sirve porque aquí en el pueblo las autoridades no pueden hacer mucho. Nos toca movernos a los juzgados o a las agencias nacionales en Valledupar. Ahí sí que nos sale más caro. Mientras tanto los que nos han quitado las tierras viven allá, viajan a Bogotá y les queda fácil contratar abogados que den la batalla jurídica”, relata Gloria.
Además, afirma que muchos de los procesos de compañeros suyos se han perdido porque las comunidades no están en capacidad de moverse hasta la capital de departamento como lo requieren las autoridades. Esto no solo evidencia la desigualdad de condiciones que ofrece la justicia ordinaria, sino que deja presente la desconexión entre la política pública y las realidades de las comunidades.
Por ello, en 2009, un grupo de profesores decidió poner el conocimiento jurídico académico al servicio de las comunidades. Inspirados en una experiencia similar argentina, los profesores Roberto Vidal, Liliana Sánchez y Juan Felipe García, junto a varios estudiantes, crearon la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio.
Este grupo de abogados acompaña a comunidades con escasos recursos económicos, políticos y jurídicos que se enfrentan a la amenaza del despojo o afectación de los territorios habitados tradicionalmente por ellas.
“Se llama Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio porque nos interesa defender la posibilidad que tienen las personas y grupos humanos de permanecer en los lugares donde quieren desarrollar su vida, que es, en síntesis, la mayor afectación del desplazamiento forzado”, explica Joaquín Garzón, su director.
Desde entonces este proyecto ha acompañado a comunidades de los departamentos de Bolívar, Cauca, Caquetá, Cesar, algunos municipios del Magdalena medio, y ciudades como Bogotá y Buenaventura. Allí, la clínica se ha articulado con otras obras de la Compañía de Jesús.
“Todo nuestro trabajo se hace a partir de una profunda investigación de contexto histórico, antropológico, geográfico, cartográfico, ecológico. Toda esa investigación interdisciplinaria se pone a disposición de los casos elevando los materiales que se presentan ante las cortes respectivas”, sostiene el profesor Juan Felipe García.
Las comunidades que han recibido el acompañamiento y asesoría de la Clínica Jurídica, reportan avances en los procesos que por años estuvieron parados. “Desde que la Universidad llegó aquí, ya no somos tan ignorados y sentimos un respaldo jurídico serio para ver si en algún momento, se hace justicia con nosotros”, dice Gloria.
El conflicto armado en el departamento del Cesar es tan complejo que la Jurisdicción Especial para la Paz abrió un macro caso para aclarar y juzgar los crímenes relacionados con empresas privadas, paramilitares y agentes del Estado en el Gran Magdalena (Cesar-Guajira-Magdalena)
El trabajo investigativo de la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio no solo ha aportado en los procesos judiciales de reclamación de tierras de varias comunidades del Cesar, sino que también ha llamado la atención de la JEP, quien ha recibido informes sobre los asuntos relacionados con las tierras en este subregión.
Una nueva oportunidad para el pueblo Yukpa
A la lucha por el territorio que se vive en el Cesar, se suma que hay grandes empresas que han vulnerado los derechos de las comunidades de esta región. La Clínica Jurídica ha asesorado procesos de reclamación de tierras, de protección y defensa del río Magdalena y conflictos relacionados a la minería y exploración de hidrocarburos.
Dentro de los múltiples logros que ha obtenido el equipo, se destaca que el pasado 25 de septiembre, la Corte Constitucional falló una tutela a favor del pueblo Yukpa. En esta, se ordena a las multinacionales Drummond y Prodeco realizar el proceso de consulta y posconsulta, que no realizó en su momento, y reparar a la comunidad por las afectaciones producto de la actividad minera a cielo abierto.
La alta corte, con ponencia de la magistrada Paola Andrea Meneses, consideró que, por la magnitud de las minas, el tiempo de ejecución y las fuentes hídricas que fueron intervenidas, el pueblo Yukpa no pudo acceder a sus lugares sagrados y se vio afectado en su seguridad alimentaria.
“Para nosotros como pueblo Yukpa, sin territorio no hay educación, ni salud. Somos reconocidos como nómadas, entonces necesitamos un territorio amplio para conseguir la pesca, la caza. Hoy nos sentimos acorralados, encerrados, no nos podemos mover porque dicen que estamos en territorio ajeno, a pesar que durante siglos ha sido territorio nuestro, como lo cuentan nuestros abuelos”, dice Alfredo Peña, Gobernador del Cabildo Resguardo Iroka.
Para el gobernador indígena la acción extractiva tan amplia que se desarrolla en el departamento ha causado serios impactos en los ecosistemas. “Las minas han espantado a los animales que cazamos para alimentarnos. Ya no hay ríos limpios. Para nosotros las montañas son árboles, y ya no hay. Es que ya ni aire limpio tenemos para respirar”, asegura.
En ese mismo sentido falló la corte, ya que afirma que los efectos de la actividad minera contribuyen a agudizar las afectaciones de salud que aquejan a la comunidad indígena, en la que se presenta un alarmante número de muertes de niños y niñas Yukpa. «El número de muertes de menores Yukpa se incrementa anualmente y la mayoría de los decesos ocurren por causa de enfermedades prevenibles, como la diarrea y las infecciones respiratorias agudas», dice la sentencia.
Para la corte, esta situación se ha producido como resultado de la inexistencia de una política estatal que solvente la «falta de tierra, producto del despojo» y del «desvío de los ríos, pues esta comunidad es predominantemente dedicada a la caza y la pesca».
“Estamos ante un fallo histórico para Colombia. Primero porque a pesar de que los proyectos mineros ya están en curso, han sido explotados por años, la corte le otorga el derecho al pueblo Yukpa a ser consultados. Debió ser una consulta previa; con este fallo, queda claro que después de que se inician los proyectos también se debe surtir el proceso”, explica el investigador Garzón.
La segunda razón es que el pueblo Yukpa es reconocido como un pueblo nómada, que por las dinámicas del conflicto armado y la acción minera, están en peligro real de ser exterminados física y culturalmente. Este fallo protege la existencia de una población indígena y obliga a las empresas a reparar los daños ocasionados durante años.
“También, muy importante el hecho de que las empresas no se pueden ir sin reconocer que había unas afectaciones, que deben ser evaluadas y que deben ser compensadas”, agrega Garzón.
Para Juan Felipe García, es motivo de orgullo, no solo por la victoria jurídica, sino porque tres mujeres, estudiantes de pregrado, fueron quienes prepararon las piezas judiciales. Muchos de los argumentos que ellas desarrollaron, fueron acogidos en la decisión de la corte.
“La metodología de caso, que usamos en la clínica, en la que profesores y estudiantes se involucran en la investigación, los pone en contacto con la realidad y cualifica de manera estratégica los saberes de quienes todavía están estudiando su carrera profesional”, asegura García.
Por todo eso, el académico reitera su llamado para fortalecer la jurisdicción agraria con personal, infraestructura, y presupuesto. Pero también para que el país entienda que la paz está directamente ligada a lo que pasa en el campo, y cómo se resuelven los conflictos por el territorio.
Las fuentes consultadas por Pesquisa Javeriana en la región coinciden en que a pesar de que hay políticas públicas desde el nivel central, a nivel local los procesos de reclamación de tierras no avanzan. Y que en algunos casos que sí lo han hecho, los favorecidos han sido grandes terratenientes que no hacen producir las tierras.
Sin embargo, todos quieren volver al campo con sus familias y tener allí su sustento. Pero para ello, requieren y demandan del Estado, que se revise la legislación y su aplicación en el nivel local.
“A futuro, yo quisiera vivir en mi parcela, con mis nietos y mis cinco bisnietas, trabajando la tierra, criando gallinas, puercos. Quisiera que mi descendencia viviera en el campo porque la gente del campo es muy noble y servicial, todo el tiempo está pensando en los vecinos. Uno lo que quiere es dejar el pedacito de tierra a los hijos cuando uno muera”, afirma Gloria.
Espacio para humanizar el derecho
Justificar y evidenciar las afectaciones que han sufrido las comunidades por el despojo de tierras, no es sencillo. El litigio requiere argumentos técnicos y pruebas científicas de calidad.
Para los estudiantes que hacen parte de la Clínica Jurídica, esta es una oportunidad de aprender derecho practicándolo, pero también de conocer y cambiar otras realidades que se viven en la ruralidad del país.
“El trabajo de la Clínica permite reconectar a los estudiantes con la humanidad que está detrás del derecho. Durante la carrera uno se enfoca en los temas teóricos, pero se nos olvida de los impactos en la sociedad. Es la materialización de los principios más importantes del derecho que son la justicia y la igualdad. Todo para llevar herramientas a las comunidades que verdaderamente lo necesitan”, afirma Valentina Rodríguez, estudiante y miembro de la Clínica Jurídica.
También es el caso mismo del director. Garzón inició en la Clínica cuando era estudiante de pregrado investigando y apoyando el caso de la hacienda Las Pavas, en el sur de Bolívar. Durante estos quince años desarrolló su maestría y doctorado, lideró varios procesos y ahora dirige al equipo.
“Yo comencé en el caso de Las Pavas y después de tantos años, seguimos acompañando el proceso. Una de las características de nuestro trabajo es que es de larguísimo aliento porque los conflictos sociales y ambientales en este país tienen muchísimas complejidades y pueden tomar décadas en resolverse”, sostiene el profesor Garzón.
Para Garzón, el trabajo de la Clínica Jurídica está enfocado en tres líneas: una investigativa que indaga sobre el contexto del proceso, la comunidad, el territorio, los actores involucrados en cada caso y las vías jurídicas para defenderlos.
Una segunda línea de servicio para el país, basado en los principios javerianos de vocación por las personas con menos recursos. Y una tercera línea de diseño estratégico de litigio que sirva de apoyo y orientación para la defensa de los derechos de los colectivos.
“Nosotros nos consideramos una escuela de pensamiento, de investigación, de formación de jóvenes investigadores que avanzan en su proceso de formación en maestrías y doctorados”, dice el director.
La Clínica Jurídica ganó el Premio Bienal Javeriano en Investigación e Innovación 2023 en la Modalidad Conocimiento con impacto más allá de la academia. El jurado otorgó este reconocimiento por la implementación del saber disciplinar para el mejoramiento del acceso a la justicia como derecho fundamental de las comunidades étnicas y campesinas del país.
*El nombre fue cambiado por solicitud de la fuente por razones de seguridad.
