La paz vendrá al campo: profesores rurales que construyen paz territorial

La paz vendrá al campo: profesores rurales que construyen paz territorial

A un profesor de una escuela rural, en una región donde históricamente han hecho presencia las guerrillas, le llega el día en que dentro del currículo de clases debe enseñar sobre la Revolución Francesa, un evento histórico en el que aparecen términos como lucha, revueltas, clases sociales y otros tantos que motivaron y registraron uno de los grandes cambios en la historia política y social de los últimos siglos.

¿Cómo hablarle a los niños y niñas de revolución cuando llevan toda su vida entre luchas y enfrentamientos, viendo actores armados y viviendo las consecuencias del conflicto colombiano? Además, ¿de qué manera explicarles a los actores armados de la zona que los contenidos que enseña hacen parte de un plan de estudios y no tienen un fin adoctrinador? Un mal paso, una mala explicación podría poner en riesgo su trabajo y de paso su vida.

A este tipo de contextos se enfrentan los profesores rurales de muchas zonas del país en los que la respuesta del Estado desde la paz institucional se ha quedado corta. ¿Qué hacer con un contexto tan complejo y diverso?

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La paz territorial

Cuando las políticas públicas de ‘arriba hacia abajo’ que ofrecen las autoridades como respuesta a las formas de conflicto en las regiones no son suficientes, las mismas comunidades desarrollan iniciativas ‘desde abajo’, originadas en las bases comunitarias, que les permiten enfrentar las particularidades del entorno territorial.

La presencia de actores armados, distintas formas de violencia, violación de derechos humanos, variedad en los tiempos e intensidades de las acciones violentas y las políticas estatales son algunos de los factores que hacen que, en cada territorio, se viva el conflicto de manera diferenciada a las demás.

Para Juliana Molina Ríos, profesora del departamento de Lenguas de la Pontificia Universidad Javeriana, la paz territorial es una práctica social comunicativa. “Implica que la entendamos desde los escenarios específicos del mismo desarrollo histórico del país y también desde los escenarios geográficos, porque hay de fondo una noción del territorio, en donde se configuran las relaciones sociales desde las cuales significamos e interpretamos el mundo”, dice la experta.

Molina trabajó con profesores rurales del departamento de Arauca para comprender su forma de entender y de practicar la paz territorial desde las aulas. De allí, desarrolló su tesis doctoral llamada La educación rural en territorios afectados por el conflicto armado: estudio del ideologema Paz Territorial.

“Los maestros rurales entienden que la paz territorial, en últimas, tiene que ver con la superación de las condiciones que dieron origen a la guerra: la pobreza, la desigualdad social, la falta de acceso a la educación de calidad, una vivienda digna, una salud digna”, afirma. Desde allí, buscan estrategias y acciones que superen estas condiciones y se adapten a estos entornos.

Molina argumenta que la paz implica una comprensión específica del impacto del conflicto en cada territorio del país y está ligado al desarrollo comunitario: por lo tanto, no debe ser comprendida como un término genérico que se puede aplicar de forma global.

“Los maestros tienen claro que la paz no es solo el desarme de la guerrilla” Juliana Molina.

Las comunidades de muchas regiones del país han tenido que aprender a vivir en medio de actores armados que, ante el abandono estatal, han ejercido autoridad y poder. Sin embargo, los profesores entienden que la paz es mucho más profunda que la superación de los enfrentamientos bélicos.

Enseñar en medio del conflicto

Durante décadas, el conflicto armado que vive el país ha estado presente en la vida de muchas comunidades rurales. Allí reconocen la labor de los profesores, pues son los que imparten conocimientos a los niños, pero también, en muchas ocasiones, protegen a la comunidad del accionar de actores armados.

En su investigación, Molina relata varias experiencias en las que los rectores y profesores del departamento han tenido que enfrentar amenazas directas por parte de los grupos armados por negarse a aceptar o rechazar a algunos estudiantes en las escuelas.

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Son los profesores del área rural quienes muchas veces mantienen el tejido social ante expresiones violentas y son figuras de autoridad civil ante el abandono y la falta de soluciones por parte del Estado. En estos casos son agentes de cambio y constructores de paz desde la región.

Otra situación que enfrentan son los condicionantes a la libertad de cátedra por presiones de padres de familia y actores armados, pues existe el riesgo de generar fricciones por diferencias políticas frente a temas sociales incluidos entre los currículos escolares.

Glotopolítica: una manera de entender el lenguaje y su impacto en la sociedad

Y es que ser profesor en este tipo de contextos no es nada fácil. Durante generaciones se ha usado la violencia para resolver diferencias, pero los profesores de Arauca han venido trabajando no solo con los estudiantes sino también con las familias para cambiar comportamientos cotidianos y enseñar que más allá de las acciones estatales, la paz se construye desde acciones sencillas del día a día.

De allí la importancia de abordar el problema desde el lenguaje y los discursos. El campo de estudio de la investigadora Molina es la glotopolítica, una rama de la sociolingüística que entiende el lenguaje no solo como una forma de comunicación, sino en su componente político, que configura prácticas sociales y que finalmente es el que regula la vida social.

“Una maestra señalaba, por ejemplo, que los juegos de los niños consisten en que unos hacen de guerrilleros, otros de paramilitares, con palos simulan fusiles y ven quién mata primero a quién. La maestra decía que empezó a mostrarles otro tipo de juegos, que pueden ser competitivos pero que no implica la rivalidad o desaparecer al otro”, menciona Molina.

Pero también pone de presente la necesidad de desescalar el lenguaje cotidiano porque se quiera o no, tiene múltiples implicaciones en la vida real. “Si yo le digo a un estudiante: ‘inteligente, bruto, brillante, bobo, tonto’, no solamente es decirlo y ponerle la etiqueta, sino que eso lo ubica en un sistema social con unos roles y unas tareas particulares”, explica.

Esos intercambios comunicativos muestran la carga e importancia del lenguaje como un configurador de prácticas sociales. Evidenciarlo y modificarlo es fundamental en el proceso de construir paz.

Repensar la educación rural para construir paz territorial

La docente javeriana hace un llamado a reconocer en los profesores rurales un actor fundamental en la construcción de paz territorial en las regiones. Para ello se deben ofrecer garantías en el desarrollo de su labor tanto en libertad de cátedra, como en temas de seguridad, insumos y herramientas de enseñanza.

Además, tener en cuenta su voz y los años de conocimientos que llevan acumulados en la construcción de las políticas públicas que los afectan. “Quienes están en las secretarías de educación generalmente no son maestros, son abogados o administradores. Por supuesto que necesitamos un diálogo con ellos, pero tenemos que hablar con los profesores, contar con su experiencia profesional y de vida de ser maestro rural, porque hoy no se está haciendo”, señala.

Para la investigadora, este proceso también debe tener en cuenta los contextos regionales y que los estudiantes reciban educación acorde a su contexto. “No se puede ofrecer el mismo programa educativo en La Guajira, en Arauca, en Nariño. Cada región tiene sus particularidades”, manifiesta.

Otro de los reclamos que hacen los profesores y que quedaron registrados en la investigación de Molina es el incumplimiento de los compromisos del Acuerdo de Paz.

“Se prometió que todas las escuelas rurales iban a tener su titulación de tierras. Una maestra duró tres años luchando por una escrituración. O el maestro que dice que prometieron un restaurante y no lo tiene, o una cancha deportiva, pero la entregaron sin techo y por el clima de Arauca nadie la usa”, explica la investigadora.

Molina es enfática en señalar que hay una deuda histórica con los profesores rurales del país, a pesar de los grandes aportes que hacen en la construcción de paz en muchas regiones. Finaliza haciendo un llamado para repensar y reconfigurar la educación de la mano de los maestros rurales donde se reconozcan sus saberes, prácticas y experiencias.

Acuerdo de Paz: reflexiones sobre su implementación en el Pacífico

Acuerdo de Paz: reflexiones sobre su implementación en el Pacífico

Líderes territoriales y académicos de la Pontificia Universidad Javeriana concuerdan en que el Acuerdo de Paz, firmado entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC-EP, necesita repensarse y proponen figuras legales para respaldarlo.

Una de ellas es la iniciativa legislativa, un derecho político de los ciudadanos que les permite proteger proyectos normativos como el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVRJNR), incorporado a la Constitución Política en abril del 2017 y que tiene como fin garantizar procesos legales frente a graves violaciones de los derechos humanos y asegurar el esclarecimiento de la verdad y la rendición de cuentas por lo ocurrido, entre otros propósitos.

El pasado 24 de noviembre el país conmemoró cuatro años desde la firma del Acuerdo de Paz para la Terminación Definitiva del Conflicto entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP); sin embargo, durante este periodo han surgido fuertes posiciones políticas alrededor de su implementación y del papel del SIVRJNR, administrado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Ante esto, el Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la Pontificia Universidad Javeriana llevó a cabo el conversatorio El sistema de reparación integral: avances y contradicciones entre la implementación y las reformas a través de referendos. Se trató de un encuentro en el que líderes de instituciones territoriales, académicos de otras universidades y estudiantes del programa doctoral javeriano conversaron sobre los avances y dificultades del Acuerdo de Paz desde un enfoque social y territorial y las implicaciones que tendría un referendo sobre su consolidación.

Orlando Pantoja, director de Cococauca, organización de Guapi que trabaja por los derechos de las comunidades afro en el litoral, considera que para comprender la implementación del proceso de paz con un enfoque territorial es necesario recordar que el Gobierno instauró en 1959 la Ley 02 con el fin de apostarle a la economía forestal y la protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre en Colombia; sin embargo, esta legislación también dio paso a la segmentación de tierras baldías. “De un plumazo desconocen y rompen lo que significa la presencia de los grupos étnicos asentados en el Pacífico, principalmente de negros e indígenas. Bajo el rótulo del ‘desarrollo del país’ se han violentado otras formas de vida y por eso la discusión debe estar centrada en tomar acciones políticas que reafirmen lo planteado en la Constitución de 1991 y el estado social de derechos en el que la democracia no es representativa, sino participativa”, puntualizó este líder, que también es Secretario de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico.

Asimismo, Albeiro Parra, sacerdote y director de la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano, señaló que en el Pacífico, particularmente en el Chocó, ha habido una violación constante y sistemática del estado social del derecho, y que, además de nada sirve habitar el territorio si sus pobladores no tienen derecho a él. “Acá nunca se ha hecho una reforma agraria real. A las víctimas se les deben devolver sus derechos y repararlas, y a las comunidades negras entregarles el derecho a la territorialidad”, explicó Parra.

 

El Estado Social de Derecho es el marco jurídico y político propuesto en la Constitución de 1991 que promueve el respeto de la dignidad humana y la prevalencia del interés general sobre el particular.

 

Una apuesta por el diálogo y el compromiso como país

Ante estas preocupaciones, varios asistentes evidenciaron distintas iniciativas a las que pueden recurrir las comunidades para enfrentar los problemas territoriales que dificultan la implementación del Acuerdo de Paz. Por ejemplo, el fortalecimiento intercultural regional a través de alianzas entre instituciones culturales; el apoyo y reconocimiento para la construcción de la pos verdad de las colectividades frente a la violación de sus derechos y la importancia de “mantener estos temas en la agenda mediática y de entender el territorio como la forma de vida de los pueblos colombianos”, según dijo Clara Ávila, comunera del Resguardo Indígena de Canoas, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca.

En esta misma vía, Luis Fernando Sánchez, miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, aseguró que a pesar de que pareciera que la Constitución Política de 1991 está escrita para abogados, existen mecanismos de participación ciudadana que respaldan no solo la protección de los derechos fundamentales, sino también los derechos económicos, sociales y culturales, y que además protegen la incorporación de cualquier acto legislativo en la Constitución como es el caso del SIVJRNR. Lo afirma en respuesta al posible referendo derogatorio de la JEP, propuesto recientemente por el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez.

“Existen seis herramientas de participación política: el referendo, plebiscito, voto, cabildo abierto, revocatoria del mandato y la iniciativa legislativa, esta última es la vía mediante la cual las comunidades pueden proponer proyectos de ley y activar al sector legislativo para ponerlo a trabajar en defensa de la constitucionalidad”, especificó Sánchez.

Este conversatorio cerró con una mirada optimista y a la vez desafiante frente al papel que debe desempeñar la ciudadanía en las grandes urbes y las comunidades en las regiones, y una mirada crítica en relación con la responsabilidad del Gobierno de cumplir sus compromisos de Estado con las víctimas del conflicto armado.

“Si algo les hemos aprendido a los pueblos indígenas es que con el diálogo y la palabra se llega a acuerdos. Por eso, para construir paz en el territorio necesitamos que el Gobierno trabaje en el cese bilateral y cumpla los pactos a los que se ha comprometido con las regiones”, finaliza Albeiro Parra, quien es pieza clave en la construcción de diálogos de paz territoriales y de acuerdos humanitarios en el Pacífico.

“La jurisdicción agraria es una justicia de papel”: Juan Felipe García

“La jurisdicción agraria es una justicia de papel”: Juan Felipe García

 

Esta video-columna tiene dos capítulos anteriores sobre ‘La paz en el campo’:

CAPÍTULO 2: Juan Felipe García, de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Javeriana, resalta la importancia de los PDET como herramientas de paz para el desarrollo del territorio campesino colombiano.

 

CAPÍTULO 1: La fórmula de la paz en Colombia pasa por el campo y desde hace más de 50 años lo reconocemos. Sin embargo, no la hemos sabido aplicar. El profesor javeriano analiza los ciclos de violencia que han impedido su implementación.

Un país unido para estudiar sus peces

Un país unido para estudiar sus peces

Chiri JM

Durante los últimos cuatro años Colombia vivió dos episodios esenciales para el estudio de nuevas especies de peces: el proceso de paz con las FARC y la decisión del gobierno saliente de Juan Manuel Santos de ayudar a consolidar el sistema de áreas protegidas en Colombia, lo que fortaleció la conservación de ecosistemas estratégicos del país en las zonas Andina, Orinoquía y Amazonía. No obstante, estas regiones de conservación están fuertemente amenazadas por la especulación y acaparamiento de tierras, lo que ha incrementado las tasas de deforestación, las más altas en el país según documentos oficiales recientes.

Decisiones tomadas recientemente, así como iniciativas en desarrollo desde el nivel local, nacional y global para contrarrestar esta situación, pueden ayudar a salvaguardar esta región: la ampliación del Parque Nacional Natural (PNN) Serranía de Chiribiquete, situado en los departamentos de Caquetá y Guaviare a un área total de 4’268.095 hectáreas; su declaración como patrimonio de la humanidad por la UNSECO; la legalización y expansión de varios territorios indígenas en el corredor Andino Amazónico (Caquetá y Putumayo); la declaratoria de la serranía la Lindosa (Guaviare) como Reserva Forestal Protectora Nacional y Área Arqueológica Protegida (AAP); la ruta declaratoria (en proceso) de un área protegida regional en Guaviare como un corredor que garantice la conectividad Andes-Amazonia y la amortiguación de áreas núcleo de conservación, como son las reservas forestales protectoras de la Lindosa, Capricho, Cerritos y Mirolindo (Guaviare) y los PNN Serranía de Chiribiquete y Sierra de la Macarena; y  la ruta declaratoria de un área protegida regional en Caquetá, cuencas baja del río Caguán y alta del Caquetá, que ayude a conservar la conectividad de los PNN La Paya y Serranía de Chiribiquete.

Algunas organizaciones de diversa índole, públicas, privadas e internacionales, han invitado al Laboratorio de Ictiología de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), a participar de estas iniciativas, considerando que el de peces es uno de los grupos biológicos estratégicos por dos razones:  la información que aporta sobre los ecosistemas acuáticos de la región y su estado de conservación, que generalmente no han sido tenidos en cuenta a la hora de establecer las diferentes figuras de conservación en la región, y por los estrechos vínculos culturales y económicos que tienen con las comunidades de colonos, campesinos e indígenas que habitan allí.

Desde 2014 y con un total de cinco expediciones realizadas hasta la fecha (ver mapa), investigadores del laboratorio iniciaron un levantamiento sistemático en campo en esta área de transición Andino-Orinoquia-Amazonas, que a la fecha ha conllevado a llenar vacíos geográficos de información, el descubrimiento de nuevas especies de peces para la ciencia (algunas de las cuales ya han sido descritas formalmente y otras están en proceso de descripción), incrementar el número de especies consideradas como endémicas tanto de la cuenca del Orinoco como la del Amazonas, y ampliar los rangos de distribución de especies previamente no registradas para las cuencas de los ríos Guaviare, Inírida, Vaupés y Caquetá.

Los registros y datos obtenidos en estas expediciones también han sido importantes en la consolidación de las colecciones de peces de agua dulce a nivel nacional y en la actualización del listado de peces de agua dulce de Colombia, en el cual se registran un total de 710 y 675 especies de peces en las zonas hidrográficas de Amazonas y Orinoco, respectivamente.

Todos estos resultados están siendo o han sido incorporados tanto en publicaciones formales (artículos científicos y capítulos de libro), guías de peces o en informes técnicos, como el de la Propuesta de la Ampliación del PNN Serranía de Chiribiquete que se hizo realidad en julio de este año. Adicionalmente, los resultados de estas cinco expediciones han permitido la formación de un estudiante de pregrado de la carrera de Biología, uno de maestría del programa de Conservación y Uso de Biodiversidad, y uno de doctorado del programa de Ciencias Biológicas (en curso) en la PUJ.

Este primer ciclo de expediciones colaborativas a zonas previamente no exploradas de la región se cerrará con el desarrollo de otras tres adicionales, para un total de ocho entre 2014 y 2018 (ver mapa):

  1. Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos y su área de influencia. Desde finales de 2017 se iniciaron conversaciones con la dirección del parque que dieron como resultado la propuesta de realizar una investigación sobre los peces del río Pato (alto río Caguán/Caquetá), necesidad que obedece a los vacíos de este grupo biológico en el área, como a la priorización del río Pato como uno de los valores objeto de conservación del área protegida. Esta expedición ayudará a responder una pregunta esencial: ¿cuál es el estado y composición de los peces presentes en el río Pato y Guaduas?
    Estos resultados serán complementarios a los obtenidos en el mes de abril, en el Inventario Biológico y Social Rápido 30 coordinado por The Field Museum y la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) en la cuenca baja del río Caguán, Caquetá, zona de transición entre el PNN La Paya y el PNN Serranía de Chiribiquete. Esta colaboración entre Parques Nacionales Naturales y el Laboratorio de Ictiología de la PUJ constituye una de las primeras actividades de investigación en colaboración que se desarrollarán a través del recién firmado permiso marco de recolección de especímenes de la diversidad biológica, con fines de investigación científica no comercial.
  1. Resguardo Inga de Yunguillo (Putumayo, Cauca y Caquetá). Desde 2017 se iniciaron conversaciones con Amazon Conservation Team (ACT) Colombia y su programa Putumayo para acompañar a los jóvenes del resguardo en el monitoreo de peces   en los ríos Tilinguara y Villalobos, cuenca alta del río Caquetá, fortaleciendo así los procesos de consolidación de información de grupos biológicos de interés para sus comunidades.
  2. Alto río Apaporis (La Tunia), alto río Yarí (Caquetá). Última expedición a desarrollar en el marco de la primera fase del proyecto Amazon Fish, que cierra a inicios de 2019 con el apoyo de FCDS, The Field Museum, Instituto SINCHI y Parques Nacionales Naturales regional Amazonas. El objetivo de esta expedición es complementar la información recientemente aportada por el Instituto SINCHI en el marco de una de las expediciones de ColombiaBio al río Apaporis y consolidar la información del grupo de peces en el área de ampliación del PNN Serranía de Chiribiquete.
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Mapa de la zona de expediciones. /Alexander Urbano

Es claro que la consolidación de estas tres expediciones biológicas, y las que a partir de 2019 se puedan definir para desarrollar en esta región, dependerán del panorama frente a la consolidación del proceso de paz por parte del nuevo gobierno. No es desconocido que el ingreso de los científicos a estas áreas ha sido y será posible gracias al acuerdo y al interés genuino de las comunidades locales en pro de fortalecer sus procesos locales de consolidación del territorio. También al trabajo y las gestiones que, desde otros ámbitos, han realizado instituciones como la Presidencia de la República, el  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico, y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).

De esta forma, el Laboratorio de Ictiología de la PUJ busca afianzar las relaciones interinstitucionales para el desarrollo de procesos de investigación en la zona de transición Andino-Orinoquia-Amazonas en el grupo de peces, cuyos resultados puedan ser presentados a diversas audiencias y que, sobre todo, puedan seguir contribuyendo a la toma de decisiones para la conservación de esta región de interés global por su riqueza biológica y cultural.


Algunas de las especies de peces estudiadas son:

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Chaetostoma joropo. /Jorge Enrique García Melo)

 

 

Gladioglanis anacanthus (Jorge Enrique García Melo)
Gladioglanis anacanthus. /Jorge Enrique García Melo.

 

 

Hemigrammus sp. nov. (Alexander Urbano).
Hemigrammus sp. nov. /Alexander Urbano

 

 

Paracanthapoma sp. nov. (Jorge Enrique García Melo)
Paracanthapoma sp. nov. /Jorge Enrique García Melo