Conflicto colombiano, una materia que se raja en los libros escolares

Conflicto colombiano, una materia que se raja en los libros escolares

Si hay algo que ha atravesado todos los ámbitos de la historia reciente de Colombia ha sido el conflicto armado. Múltiples actores, dinámicas, motivaciones, formas de violencia, políticas estatales, contextos locales, regionales y nacionales disímiles lo hacen un fenómeno muy complejo de entender.

Al ser un tema tan cercano y determinante para las condiciones del país que tenemos hoy en día, surge la pregunta de cómo se enseña toda esta complejidad en los colegios.

En el marco de un convenio establecido entre la Comisión de la Verdad y varias facultades de la Pontificia Universidad Javeriana, entre ellas la Facultad de Educación, investigadores indagaron sobre la información relacionada con el conflicto colombiano en textos escolares oficiales elaborados por el Ministerio de Educación Nacional, MEN, y por editoriales comerciales.

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Imagen extraída de uno de los textos oficiales analizados por las investigadoras.

El conflicto armado colombiano en textos escolares

Esta investigación analizó 14 textos escolares publicados desde 1994, año en que el MEN decretó los lineamientos curriculares para la enseñanza de las Ciencias Sociales.

El estudio reveló que solo en los libros publicados en los últimos años se reconoce la existencia del conflicto. “Fue una transformación que se reconociera que en Colombia hay un conflicto armado interno. Años atrás se hablaba de factores generadores de violencia, pero en ese tratamiento se hace una lista igual entre narcotráfico, guerrillas, paramilitares, delincuencia común y tráfico de armas, ubicándolo todo al mismo nivel”, explica Gloria Bernal Ramírez, docente de la Facultad de Educación.

Aun así, y según la investigación, es poco el tiempo de enseñanza que se le dedica a este tema, pues solo durante noveno grado se estudia el conflicto armado colombiano. En ningún otro año escolar se aborda este contenido y cuando se trata inicia desde “El bogotazo” hasta el Acuerdo de paz con las Farc -Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-.

Sin embargo, no es un plan de estudios monotemático, pues a la par de la historia del conflicto se deben incluir, durante ese mismo año, temas de geografía e historia y parece un lapso muy limitado para reflexionar sobre las múltiples aristas de una problemática que aqueja de varias décadas de duración.

El informe alerta sobre la naturalización y banalización del conflicto y de fenómenos violentos tan sensibles como el desplazamiento.

“Encontramos reiteradamente la idea de que Colombia es un país violento, lo dicen de forma natural. Hay un texto que lo menciona así: cuando se habla del territorio, se habla de conflicto. También se justifica el desplazamiento diciendo que siempre ha habido movilizaciones, gente que se mueve de un lado al otro, por ejemplo”, sostiene Clara Inés Cuervo, otra de las investigadoras.

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Imagen extraída de uno de los libros analizados, en el cual se equipara la noción de territorio con conflicto.

Advierte el estudio que buena parte de los contenidos corren por cuenta de los estudiantes, en actividades individuales y en grupo con exposiciones, discusiones o investigaciones propias. Sin embargo, los mismos libros incluyen las páginas web que deben consultar, por lo que no hay libertad para la búsqueda autónoma. En este proceso, depende del profesor seguir o no la guía que imparte el libro.

Advierten las investigadoras que antes de 2017 (año en el que se expidió la Ley 1874 que restablece la enseñanza obligatoria de la historia de Colombia en la educación básica y media) se incluían en los libros temas correspondientes a la historia de Colombia, según lo indicado por los Lineamientos Curriculares expedidos en 1974.

Estos contenidos estaban relacionados con historia y geografía y los criterios centrales para incluir o no un tema eran, básicamente, políticos y económicos: sucesos importantes y los gobiernos que participaron en ellos. Aquí prima la información que podría considerarse oficial, dicen las expertas.

Los textos posteriores a la Ley 1874 incluyen referencias al proceso de paz, al Acuerdo de La Habana e invitaciones a la convivencia pacífica. Pero el enfoque continúa siendo más informativo que analítico. En el estudio, llama la atención que los textos elaborados por el MEN dentro de la política de Modelos Educativos Flexibles no fueron actualizados con respecto a esta norma y siguen vigentes los que se publicaron en 2010.

Más allá del texto

Esta investigación utilizó una metodología que tiene en cuenta tanto al texto como otros elementos que lo complementan: el análisis multimodal del discurso. “Quisimos mirar cómo se narra el conflicto armado colombiano con los diferentes lenguajes que se encuentran en los libros escolares, es decir, no solo lo escrito sino las fotografías, las ilustraciones y las imágenes”, dice la docente Bernal.

“Encontramos que el uso de imágenes es, por lo menos, descuidado, por no atribuirle intenciones perversas a quienes hacen los libros. Pero sí quedan muchas dudas sobre el mensaje que se transmite, más ahora cuando la cultura visual es cada vez más fuerte y los apoyos gráficos utilizados están cargados de significados”, agrega Bernal.

Uno de estos ejemplos se da en el apartado de la Ley de Víctimas de uno de los libros: se presentan fotos de población civil y de militares y a ambos se les presenta como víctimas del conflicto. Esta comparación es errónea porque los militares, al ser parte del conflicto, como agentes del Estado, no son considerados víctimas por la ley 1448 de 2011.

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Imagen extraída de uno de los libros analizados.

Dicha norma reconoce como víctimas a civiles que sufrieron desplazamiento forzado, despojo o abandono forzado de tierras, homicidio, secuestro, tortura, desaparición forzada, reclutamiento de menores, minas antipersona y delitos contra la libertad sexual.

También sucede que en varios textos se exponen fotos de campesinos en las que se les muestra como sujetos pasivos, sin organización o iniciativas propias frente a las diferentes formas de violencia que han padecido, asegura el estudio.

“Al campesino es al que más se mira de lejos. La visión de la ruralidad es muy limitada, casi que se puede hacer la equivalencia de que ruralidad es igual a agricultura. En los libros escolares se olvidó a la gente que vive en el campo o aparecen como víctimas, cultivan la tierra o hacen fiestas, no se muestra nada más”, manifiesta Bernal.

Un conflicto de hechos y figuras

Alejandra Bolívar es egresada de la maestría en Educación de la Javeriana, asistente editorial de la Revista Magis y participó en este estudio. Para ella uno de los puntos problemáticos es la forma en que se cuenta el conflicto. Explica que se usa el narrador omnisciente, una forma de relato lineal en la que los hechos tienen un inicio y un final. Para ella resulta cuestionable porque desarticula todas las dinámicas históricas y evita que se entienda de forma integral.

“Se tiende a hablar del conflicto en pasado, no hay una línea narrativa que conecte los sucesos ni se relacionan algunos que son consecuencia de otros. Esto lleva a que sea una historia de hechos puntuales y separados y que no se problematice para entender su complejidad. Se entiende todo como una violencia general”, dice la investigadora.

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Imagen extraída de uno de los textos oficiales analizados por las investigadoras.

Así entonces, se presentan constantemente las acciones de los gobiernos y de las fuerzas militares como las soluciones adecuadas y definitivas para muchas situaciones en el marco del conflicto. De esta forma quedan por fuera del análisis para comprender que tantas décadas de conflicto han sido resultado de acciones previas y que cada una tiene sus particularidades con responsabilidad, incluso, del mismo Estado y las fuerzas militares.

Por otro lado, pero con un tratamiento similar, los textos analizados se suelen enfocar en actores puntuales, generalmente jefes de grupos armados y presidentes. Si bien son importantes para el desarrollo de la historia, dejan por fuera muchas voces que han sido fundamentales, pero, sobre todo, las voces de las víctimas.

Un reto pedagógico

Las investigadoras reconocen que no es sencillo enseñar el conflicto a jóvenes. Por un lado, como ya se ha mencionado, es un proceso social con muchas aristas que lo hacen difícil de entender. Por otro, implica temas sensibles abiertos a interpretación, lo que se convierte en un asunto de discusiones políticas.

“Estos textos son un terreno seguro para el profesor porque si los sigue como están estipulados, nadie le va a decir que está adoctrinando a los estudiantes, como ya se ha visto. Podríamos decir que es la historia oficial y uno diría que los textos son cada vez más políticamente correctos y no implican comprometer al docente”, afirma la profesora Bernal.

Frente al último punto, la investigación concluye que el tratamiento de los temas de forma tan ‘aséptica’ lleva a que los estudiantes lo analicen de forma impersonal, lo cual va a impactar en sus capacidades ciudadanas a futuro.

“En la pedagogía nos hacemos una gran pregunta: ¿Cómo involucramos a los estudiantes en las discusiones importantes de su contexto, de su vida? Aquí la decisión es que eso lo haga otro porque la postura es distante, es una sola versión de la historia”, manifiesta la profesora Bernal.

“Los textos analizados evidencian un discurso monológico que acepta solo una mirada como válida, no incluye otras voces. Eso está muy en contradicción a todo lo que queremos, un lector que no recite los contenidos, sino que pueda analizar críticamente, evaluar la confiabilidad de las fuentes y construir posturas propias”, agrega la profesora Cuervo.

Construir paz desde 3 territorios: retos en el posacuerdo

Construir paz desde 3 territorios: retos en el posacuerdo

La firma del acuerdo de paz en 2016 ha repercutido en las condiciones de vida del campo colombiano. Ha sido una oportunidad no solo para desescalar el conflicto en algunas regiones, sino también para que las discusiones de los territorios giren en torno a temas que la violencia armada no dejaba priorizar.

En el marco del XVI Congreso La investigación– organizado por la Pontificia Universidad Javeriana-, se presentaron dos investigaciones con resultados significativos para analizar y pensar la construcción de paz territorial en dos regiones del país.

Diálogo y construcción de paz territorial para el Catatumbo

A lo largo de cuatro décadas, en el Catatumbo, subregión ubicada en Norte de Santander, han hecho presencia las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y los paramilitares del Bloque Catatumbo que tuvieron su proceso de desmovilización en el 2004.

Ante tal diversidad de actores armados, la respuesta de los diferentes gobiernos ha sido una fuerte militarización de la región, explica Juan Carlos Peña, profesor del Instituto de Estudios Interculturales de Javeriana seccional Cali.

El experto, quien investiga las formas en que las comunidades del Catatumbo se han organizado para afrontar el conflicto armado y sus efectos, realizó la investigación Propuestas campesinas para el diálogo y la construcción de paz territorial en la ZRC del Catatumbo, que se centró en los municipios de El Carmen, Convención, El Tarra, Teorama, Tibú, San Calixto y Hacarí, todos en Norte de Santander.

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Allí, diferentes organizaciones campesinas han venido apostando por una alternativa para la consolidación de la Zona de Reserva Campesina, una figura legal que les permitiría la propiedad de la tierra y su titulación, un ordenamiento territorial más acorde a sus necesidades, la participación comunitaria, potenciar la economía campesina y sobre todo, la sustitución de cultivos de uso ilícito.

En este contexto se han creado espacios de diálogo para negociar y buscar soluciones a las problemáticas de la región. Entre estos están la Mesa de interlocución y acuerdo; la Cumbre agraria, étnica, campesina y popular; Encuentros nacionales de zonas de reserva campesina; La Comisión por la vida, la paz y la reconciliación y la Mesa humanitaria y construcción de paz en el Catatumbo.

Estas plataformas han surgido como respuesta de las comunidades ante la violencia del conflicto y los enfrentamientos armados. Algunos de estas se han convertido en escenarios de diálogo entre actores sociales y el gobierno local y nacional.

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Adicionalmente se formó la Ruta de protección de líderes y lideresas del nororiente antioqueño, una estrategia que busca proteger a las comunidades en emergencias de violencia armada o por fenómenos naturales. Esta funciona como un mecanismo de promoción de derechos del campesinado y prevención de diferentes tipos de  violencia, pero también de atención ante eventos extraordinarios como hostigamientos contra líderes de la comunidad.

El investigador Peña concluye en su investigación que en el territorio existen importantes apuestas para tramitar los conflictos de forma pacífica, que han logrado permanecer a lo largo del tiempo y son reconocidas por las comunidades como espacios para la construcción de paz.

Además, el experto hace un llamado para que estos espacios sean protegidos y potenciados a través de la formación y articulación institucional con mecanismos producto del acuerdo de paz, pues la capacidad organizativa y de convocatoria asamblearia que tienen las comunidades del Catatumbo es el camino para que las mismas comunidades sean las protagonistas en la concreción de la paz territorial.

La salud comunitaria en San Vicente del Caguán y La Macarena

La investigación Análisis de situación de salud comunitaria de las poblaciones de San Vicente del Caguán (Caquetá) y La Macarena (Meta), 2020-2021 presenta una caracterización social, demográfica, económica y de la situación de salud de los habitantes de San Vicente del Caguán (Caquetá) y La Macarena (Meta). Estos dos territorios fueron lugares históricos con permanencia de actores armados. A causa del conflicto no cuentan con información histórica sobre la salud comunitaria de la población.

Con la firma del acuerdo de paz entre las Farc y el gobierno nacional, la situación de orden público permitió la llegada de profesionales en la salud para hacer este estudio.  En él participaron organizaciones sociales y campesinas, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Nacional de Colombia y La Salle. Además, contó con la participación de la Cruz Roja Colombiana y la Cruz Roja Noruega.

Los resultados presentados por Sandra Milena Montoya, profesora del Instituto de Salud Pública de la Javeriana muestran varias deficiencias en las condiciones de salud en ambos departamentos. En total se encuestaron 100 hogares en La Macarena y 171 en San Vicente del Caguán.

La cobertura de servicios públicos es escasa, resalta la investigadora. El agua que llega a los hogares en ambos municipios no es apta para el consumo humano. El 81 % de encuestados no realiza ningún tratamiento al líquido. Durante el año pasado, la cobertura de afiliación al sistema de salud no superó el 25 % de la población rural.

Los encuestados manifiestan que los servicios de salud en la región no son adecuados en términos de acceso, disponibilidad y calidad. En La Macarena el 47,8 % de las personas que asisten a estos servicios, lo hacen a pie. En San Vicente, el 54 % se demora entre una y dos horas en promedio para llegar a la atención médica.

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Entre 2016 y 2018 las principales causas de muerte fueron las enfermedades isquémicas del corazón (obstrucción de venas y arterias) y los homicidios. Los casos de sífilis gestacional, VIH y Hepatitis B han estado en aumento desde 2015, revela el estudio. Además, ambos departamentos aumentaron los casos de desnutrición infantil.

El 45 % de hogares encuestados en La Macarena y el 50 % de San Vicente se reconocieron como víctimas del conflicto armado. Según la Unidad de Víctimas, a partir de 2015 los hechos victimizantes disminuyeron en un 77 % y 84 % respectivamente.

Entre las conclusiones presentadas por Montoya está el hecho de que en ambos municipios perviven las violencias basadas en género, por lo que es necesario repensar el rol de las mujeres en el posacuerdo.

Además, el primer punto del acuerdo de paz con las Farc establece la creación del Plan Nacional de Salud Rural y, para la investigadora, se deben tener en cuenta las construcciones identitarias y territoriales para generar programas acordes a las necesidades de cada región.

Ambas investigaciones rescatan efectos favorables para las comunidades del proceso de paz, ponen sobre la mesa nuevas discusiones y voces que en medio de las balas era difícil escuchar y si bien registran grandes avances, también plantean puntos de partida para que las comunidades tengan mayor protagonismo y puedan construir la paz desde los territorios.

Una mirada a los daños del conflicto armado en la educación rural colombiana

Una mirada a los daños del conflicto armado en la educación rural colombiana

Ya son cinco años desde que se firmó el Acuerdo de Paz entre miembros del gobierno y las FARC-EP, y aunque se creería que la situación de violencia en espacios rurales ha cambiado por completo, la realidad es otra.

Según el informe Colegios de la guerra: otras víctimas del conflicto, publicado en el portal periodístico Rutas del Conflicto,  “se encuentran 331 casos, entre 1990 y el 2020, de tomas o ataques violentos a instituciones educativas por parte de guerrillas, paramilitares y fuerzas del Estado”.

Las conclusiones allí presentadas fueron un punto de partida de la investigación Educación rural en Colombia, retos y oportunidades a partir de las afectaciones del conflicto armado, realizada por el profesor Óscar Julián Cuesta Moreno, junto con un grupo de investigadores del departamento de formación de la Pontificia Universidad Javeriana y presentada en la edición XVI del Congreso La Investigación, que se desarrolló del 14 al 17 de septiembre.

Educación rural y conflicto armado

La investigación documenta de qué manera se ha abordado la relación entre educación rural y conflicto armado y, para responder a dicho cuestionamiento, el grupo de investigación Formación, Subjetividades y Políticas de la Facultad de Educación de la Javeriana propuso un estudio de tipo descriptivo con técnica de revisión documental para filtrar publicaciones científicas que han abordado el tema de la educación rural y conflicto armado en Colombia (desde 1991 hasta 2020) con el fin de identificar las secuelas experimentadas por la educación rural a lo largo del territorio nacional.

¿Por qué el tema es relevante?

Para el profesor Óscar Cuesta hay dos razones claves. En primer lugar: “El conflicto armado, en mayor parte, ha sido de naturaleza rural”; y, en segundo lugar, “la educación rural ha sido un tema muy desplazado por la investigación en educación y necesita ser pensada aún más cuando se mira que hoy las mismas zonas rurales siguen viviendo nuevas formas de conflicto, lo que algunos han llamado las nuevas conflictividades”.

Para llevar a cabo esta búsqueda se usaron palabras clave o descriptores como “educación rural”, “educación rural y conflicto armado” etc., en diferentes bases de datos, abiertas o pagas (en el caso de las pagas se usaron las ofrecidas por la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J.). Con estos criterios fue posible hallar un aproximado de 80 documentos.

La importancia de resignificar la educación rural

La investigación sirvió para problematizar los conceptos de ruralidad y educación que resultan “ambiguos e imprecisos», pues “se asocia la educación al sistema escolar o las normales, pero las investigaciones necesitan una mayor precisión conceptual, ya que a veces los autores relacionan lo rural como un opuesto a lo urbano. También, cuando hablamos de educación rural consideramos que en el caso de la misma educación, no debe entenderse solo como una práctica institucionalizada en el sistema escolar, sino como una práctica social y por lo tanto amerita una comprensión más amplia”, afirma el profesor Cuesta.

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Además, es importante resaltar la pluralidad significativa de la escuela rural a lo largo de este estudio, pues en estos documentos se encontró que la escuela rural ha sido epicentro de reclutamiento forzado, escenario para la guerra (pues ha sido usado como trinchera), en sus alrededores hubo campos minados, los profesores fueron víctimas de asesinato, e incluso, las fuerzas armadas del Estado tomaron las escuelas como parte de operaciones militares. Se usaron como helipuertos, zonas de desembarque, hospitales improvisados, etc.

Estos resultados generan preocupación, ya que como asegura el profesor Cuesta, “se amenaza a rectores y profesores para censurar temas del conflicto y de la historia nacional en las aulas, por lo que estos dejan de asistir y la escuela debe cerrar, los niños también dejan de ir porque se presentan combates en los alrededores. De igual forma, hay casos donde el Estado invierte recursos para reparar las escuelas, pero profesores y alumnos no regresan por miedo”.

Estos problemas de corte administrativo y pedagógico -así como el profesor Cuesta los llama-  revelan una situación delicada en la libertad educativa dentro de las escuelas rurales que aún se sigue presentando, y es que “hay unas formas de amenaza pedagógica que afectan la enseñanza y lo curricular, quedan vacantes los cargos de profesores que tuvieron que abandonar la escuela y no hay nadie que los tome porque ningún profesor quiere ser nombrado en esa zona”.

Se necesitan más investigaciones y cifras más claras

La investigación del profesor Cuesta es un trabajo que pone en discusión la importancia de reconocer y resignificar la educación rural y la ruralidad en Colombia, ya sea dentro o fuera del contexto del conflicto armado, puesto que es una problemática que no solo responde al sistema escolar, sino que también hace parte de una estrategia cultural y política ejercida por las comunidades rurales.

Y es que los documentos estudiados demostraron que la bibliografía se queda corta, ya que “gran parte de las investigaciones carece de una mayor sistematicidad estadística, hay una necesidad de seguir investigando el tema puesto que los hechos que se publican en estos documentos, por lo general, se centran en ciertos casos como la situación del Putumayo, el Cauca, Antioquia, la Guajira y el Atlántico, pero hace falta una herramienta que logre hacer un inventario y cuantifique, de tal forma que las cifras permitan comprender en mayor medida cuál ha sido el efecto del conflicto armado en la educación rural”, afirma Cuesta.

Datos recientes del Ministerio de Educación, analizados por el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE), de la Pontificia Universidad Javeriana, revelan que “de los 2.400.000 estudiantes de colegios rurales del país, solo el 17 por ciento tiene acceso a internet”. Otros estudios como el censo educativo realizado por el DANE, en 2017, muestra que “el 70 % de los niños y jóvenes que no acceden a la educación en Colombia provienen de las zonas rurales y regiones apartadas del centro del país”.

Estos datos que dan cuenta de la realidad de la educación rural colombiana, sumados a los hallazgos del profesor Cuesta refuerzan más la problemática del abandono que existe a la hora de comprender la ruralidad, su subjetividad y, sobre todo, la urgencia de atender sus necesidades actuales.

“La educación rural ha sido abandonada por el Estado, las políticas que ha puesto para la educación rural se han quedado en palabras porque se desconoce el tipo de ruralidad del país; no hay, hace falta una suerte de comprensión de las ruralidades”, concluye Cuesta. Es clave que los investigadores dediquen sus esfuerzos a ampliar la forma de entender las ruralidades, así como de plantear estrategias de mitigación de daños causados por el conflicto armado, en cuyo caso resulta clave el liderazgo del Estado, y que hoy día siguen afectando directamente el libre desarrollo de la educación rural.

12 preguntas para entender qué está pasando en Afganistán

12 preguntas para entender qué está pasando en Afganistán

Después de 20 años, Estados Unidos retiró todas sus tropas de Afganistán. El talibán retomó el poder. Miles de ciudadanos afganos huyen de su país como pueden. En la prensa y las redes sociales hay sobreinformación que puede llegar a confundir a quienes no le han seguido la pista a lo que ocurre en esa parte de Oriente Medio.

Por eso Felipe Medina Gutiérrez, magíster en Estudios de Asia y África, con especialidad en Medio Oriente por El Colegio de México y profesor de Estudios de Medio Oriente en la Facultad de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, responde doce preguntas claves para acercarse al tema.

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(Aykut Karadağ – Agencia Anadolu)

¿Qué es el talibán?

El grupo o movimiento talibán es una organización que tiene presencia en Afganistán y Pakistán, se fundó en 1994 (aunque tiene antecedentes en años anteriores, particularmente desde el impacto de la invasión de la Unión Soviética a Afganistán en 1979 para salvar al gobierno del PDPA -Partido Democrático Popular de Afganistán que ocupaba el poder un año antes-). Ello provocó el surgimiento de los famosos muyahidín (singular muyahid), quienes conformaron una amalgama de grupos. De allí saldría el futuro liderazgo talibán, participante de la guerra civil afgana hasta el 2001.

Para entender el credo del talibán a nivel religioso, es necesario considerar diversas fuentes. Su visión ultraconservadora es producto de la influencia del pensamiento wahabí (ideología sectaria con un discurso violento y fundacional del Reino de Arabia Saudí, vigente a pesar de las recientes reformas), de una interpretación de la escuela Deobandi (fundada en India en 1867) y de elaboraciones propias interpretativas de las fuentes del islam que a menudo contradicen los textos sagrados. Para entender al talibán también es necesario considerar elementos del pashtunwali, código de conducta de la comunidad pashtún (aunque haya pashtúnes en contra del talibán).

Como observamos, el reto en entender a este grupo que tiene una elaboración precaria a nivel ideológico, no es solo a partir del islam (que es supremamente diverso) sino de considerar otras variables, incluso el entorno de guerra afgano.

¿Por qué el talibán está ahora en el poder?

Son muchas las razones. Algunas de ellas son, por ejemplo, que el grupo, contrario a lo comúnmente establecido, no fue eliminado ni erradicado en 2001 cuando Estados Unidos invadió el país. Si bien fue desplazado de los principales centros urbanos, como Kabul, permaneció en zonas rurales restructurándose y aguardando un momento propicio para iniciar ofensivas militares.

Así, por ejemplo, en el 2006 el talibán retomó actividades militares. En 2014, con el plan de retiro de tropas anunciado por Barack Obama, el grupo siguió creciendo y consolidando una guerra de desgaste que alternó con diálogos tendientes a un proceso de negociación.

Para explicar la toma del poder en el 2021 hay que tener en cuenta este periodo de 20 años, pero también que en realidad no había fuerzas armadas afganas fuertes y consolidadas. Muchos soldados decidieron simplemente evitar el combate (no veían el propósito), algunos se aliaron con el talibán y otros, simplemente con la salida de EE. UU., no creían en el gobierno afgano de Ashraf Ghani.

El gobierno de Ghani y el del anterior presidente, Hamid Karzai, son importantes aquí porque el talibán se benefició del fracaso de estas administraciones, de sus múltiples señalamientos de corrupción (incluso de vínculos con el mercado ilegal del opio), ineficacia y de no crear un ambiente económico próspero y favorable para todos los habitantes del país.

¿Ya habían tenido el poder antes?

Así es. De esa experiencia derivan los grandes miedos de los afganos y habitantes de otros países del mundo. Se trató, en el contexto de la guerra civil, de poder territorial de 1996 a 2001. Ese periodo fue el escenario de grandes sucesos de crímenes y opresión a distintas comunidades.

¿Por qué numerosos ciudadanos afganos huyen de su país?

Por miedo, precisamente, al retorno de un talibán agresivo y opresor y porque no comparten o no desean vivir bajo este grupo.

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(Aykut Karadağ – Agencia Anadolu)
 

¿Qué sistema de gobierno rige en Afganistán?, ¿quién queda a la cabeza?

Luego de la consolidación en el poder del grupo talibán, por lo que es prematuro afirmar qué tipo de sistema rige. Lo que sí se ha escuchado estos días, directamente de sus portavoces, es que sin duda la forma de gobierno será la de un Emirato Islámico, en cuya cúspide del poder muy seguramente estará el emir Haibatulá Ajundzada. Inferimos que tendrá importante presencia en la toma de decisiones.

El sistema de shuras (o consejos) también será interesante, a la par de probablemente las yirga o asambleas tribales afganas. Está por verse qué tipo de sistema establecerán. En el fondo, también considero que sí han entendido y sabido leer el Afganistán de hoy, no podrán gobernar solos, así que la inclusión de otros sectores sociales y políticos será crucial para su estabilidad y permanencia.

¿Qué tiene que ver Estados Unidos en Afganistán?

Como lo mencioné anteriormente, Estados Unidos intervino en los asuntos afganos en múltiples ocasiones. Las más representativas sin duda fueron su apoyo logístico, financiero y militar a los muyahidín por intermedio de Arabia Saudí y Pakistán (servicio de Inteligencia) para combatir a la

Unión Soviética. Entre estos grupos había sectores integristas islámicos que Washington cobijó sin importarles su ideología sectaria y violenta, pero que fueron llamados “luchadores de la libertad” en diferentes posters publicitarios, lo que se puede reflejar en la participación del personaje Rambo en su tercera entrega fílmica.

Posteriormente, hacia el 2001, el país intervino para eliminar la presencia de al-Qaeda en Afganistán, que había sido permitida por el entonces mulá Omar, pero todo bajo la bandera de la venganza (paradójicamente ningún afgano participó del ataque aéreo a las Torres Gemelas del 11 de septiembre), de salvar a la mujer afgana y de la democracia. Todo esto fue una gran farsa, lastimosamente.

¿En qué consistió el Acuerdo para traer la Paz a Afganistán o Acuerdo de Doha?

En los diálogos de Doha, llevados a cabo en años recientes, desde la era de Barack Obama, Estados Unidos aceptó que no podía derrotar al talibán, que sumado a su deseo de retirarse de Afganistán, propuso un diálogo con este grupo que sería materializado por la administración de Donald Trump y apoyado luego por Joe Biden.

En general, supuso que EE. UU. se retiraría del país pero que el talibán se comprometería a no atacar a Washington ni permitir que en territorio afgano se estableciera un grupo que atente contra Estados Unidos o sus intereses. Como vemos, es una aceptación expresa y de “luz verde” para que el talibán tomara el poder mientras también argumentaban la necesidad de un diálogo con el gobierno afgano de turno (al que no invitaron).

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KABUL, Afganistán, agosto 11. Miles de familias desplazadas llegan a Kabul, Afganistán. A pocos días de que Estados Unidos complete el retiro total de sus tropas, anunciado para el 31 de agosto, el terror de los talibanes se vuelve a tomar el país asiático. De acuerdo con reportes oficiales, hoy controlan seis ciudades y se disputan otras cinco. Aproximadamente 30.000 familias han sido desplazadas debido a los enfrentamientos entre el Gobierno afgano y los talibanes en las provincias del norte. ( Haroon Sabawoon – Agencia Anadolu )

El talibán ha hablado de una transición pacífica al poder, ¿esto ha sido así?

Si realizamos una comparación con la experiencia del año de 1996, cuando el talibán capturó Kabul, ejecutó al exgobernador Muhammad Nayibulá (exhibiendo su cuerpo en las calles), además de apedrear mujeres, practicar ejecuciones en estadios, reprimir a minorías y cortar extremidades de ciudadanos acusados de hurto, lo que vemos (por el momento) es una transición de tensa calma sin derramamiento de sangre. Esto al margen de las imágenes de caos en el aeropuerto de Kabul, que son estremecedoras, algunas protestas esporádicas y el reporte de una mujer asesinada. Muchas mujeres afganas están viviendo un infierno.

¿Qué opina la comunidad internacional de esta transición del poder?

Soy un crítico del concepto “comunidad internacional”, pues no sé si incluye a todas las naciones y pueblos del mundo o más bien a Estados Unidos y Europa occidental. Lo que hemos observado es una aceptación tácita de poderes como Rusia, China y el mismo Estados Unidos desde los diálogos de Doha. A nivel regional, vecinos como Irán, Pakistán e India no han manifestado su oposición a la llegada del poder del talibán.

¿Un gobierno talibán limita las libertades de las mujeres?

Si nos basamos en el talibán de 1996 sin duda no solo limita sino elimina libertades de las mujeres, que de hecho están consagradas por la religión del islam (de allí una de sus más grandes contradicciones).

Considero que el o la lectora de esta entrevista se proponga pensar: ¿Será el mismo talibán de hace más de 20 años? ¿Algo pudo haber cambiado? Si nos basamos en sus pronunciamientos de estos días, que nadie cree, incluyéndome, al parecer hay una nueva lectura de la realidad. Prometieron libertad de actuar de las mujeres pero bajo la difusa consigna de “los límites de Sharía” (que no traduce ley como se asegura en algunos medios de comunicación, sino como camino o sendero trazado por Dios para sus fieles).

Contrario a lo que podríamos encontrar en redes sociales, Afganistán antes del talibán (en este mes de agosto), tampoco era el país liberal del que todos elocuentemente hablan. Había restricciones a la mujer, especialmente en los ámbitos rurales, pues estamos ante una sociedad conservadora, que claro, tuvo algún avance en estos 20 años, (algunas mujeres pudieron ejercer el periodismo, ir a las escuelas, hubo una embajadora de Afganistán en Estados Unidos) pero está lejos de ser significativo. Desde el seno de las familias ya comienzan las restricciones.

La gente solo analiza Kabul, pero las zonas rurales, (entre 75 % y 80 % del país) está habitado por gente muy conservadora.

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( Haroon Sabawoon – Agencia Anadolu)

¿Qué cambios se esperan en el corto plazo en la sociedad afgana?

Una mayor implementación de medidas ultraconservadoras en espacios urbanos, donde se sentirá más el cambio y lastimosamente el declive de la libertad de expresión, que incluso durante la época de la ocupación estadounidense, Afganistán era uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.

En contexto de desinformación y opinadores que no han estudiado el tema, ¿a quiénes se puede acudir por información verídica de lo que está sucediendo?

Afganistán es un país complejo pero no por ello imposible de entender. Hasta la persona más conocedora de los aspectos de Afganistán debe regresar de nuevo a los apuntes y la historia, pues además de ser tremendamente extensa (y por eso nos sirve para leer el presente), el país es multiétnico con tradiciones religiosas diversas a considerar.

No creo en el monopolio del saber de los denominados “expertos”, pues desconfío de ellos, pero si el o la lectora tiene una comprensión básica del país, puede acudir por ejemplo, al menos, a publicaciones científicas que logran un filtro en las ideas plasmadas. Estamos en una época donde cualquiera puede difundir una idea en las redes y el público termina replicando. Hay que profundizar, complejizar y debatir siempre. Invito al o la lectora de esta entrevista, siempre a contrastar todas las opiniones expresadas.

Sin embargo, quisiera recomendar el trabajo de Clarissa Ward, corresponsal de CNN en Afganistán que está reporteando todos los días, con información sobre el terreno y en un idioma accesible (inglés). Seguramente ella seguirá reporteando hasta cuando se lo permitan. También sugiero visitar la página de Al Jazeera en inglés o ver sus transmisiones en Facebook y en Youtube.

Educación para la paz: una opción para reconocer a los que no han sido víctimas ni victimarios

Educación para la paz: una opción para reconocer a los que no han sido víctimas ni victimarios

En tiempos en que los crímenes contra líderes sociales se cuentan casi a diario y en que distintos actores violentos continúan sembrando el miedo en regiones que han sido estratégicas rutas del narcotráfico, la educación para la paz es una oportunidad de construcción de país, de darles trámite a los conflictos y de “liderar el futuro mientras emerge”. Así lo concluye la investigadora Sandra Liliana Londoño Calero, profesora del Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana, seccional Cali, en su investigación incluida en el libro Hacia la reconciliación: Una mirada compartida entre el País Vasco y Colombia. 

Más allá de la firma del acuerdo entre el Estado y las FARC en 2016, son diversos los ámbitos que requieren atención para la construcción y consolidación de una paz estable y duradera. Entre esos retos se encuentran las formas de representación, narración y aprendizajes de medio siglo de conflicto, el más antiguo y extenso de Latinoamérica. 

Y en ese contexto, la socialización del informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que se entregará a finales de este año, requiere de una pedagogía para que la sociedad se apropie de esa verdad que tendrá entre manos, diseñe mecanismos sobre cómo manejarla y reconstruya un futuro colectivo e incluyente. 

Eso sí, sin perder la utopía que tiene todo proyecto educativo. “No pretendo una idealización de la convivencia humana ni una ausencia de tensiones, sino una manera diferente de tramitarlas, resolverlas, gestionarlas, y de construir formas de convivencia que no sean violentas”. A eso, asegura la investigadora javeriana, debe apuntar la suma de las iniciativas de educación para la paz.

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Experiencias de educación para la paz 

El capítulo escrito por la investigadora javeriana desarrolla una reflexión sobre las formas de construir paz. Para ello, presenta un estado del arte de iniciativas en Colombia llevadas a cabo en escenarios formales y no formales, desde el arte o implementadas en zonas urbanas y rurales. Entre sus hallazgos identifica que hay esfuerzos más robustos orientados a las ciudades, pero que lo son menos para el campo, a pesar de que las regiones rurales han sido las más azotadas por el conflicto. Por ello, plantea que una perspectiva de territorialidad e interculturalidad llenaría ese vacío. 

Igualmente, resalta los desafíos que tiene la Cátedra de la Paz, esa iniciativa gubernamental que, a través del Decreto 1038 de 2015, encarga a los colegios del país la tarea de desarrollarla en sus currículos. Uno de los retos es el perfeccionamiento en la asignación de los profesores que la imparten, pues, según la investigadora, falta formación e interés en muchos de ellos, y eso redunda en el desconocimiento de sus alumnos sobre estos temas. Los estudiantes deberían ser los llamados a transformar la narrativa de violencia en Colombia. 

La educación para la paz tiene que estar sustentada en la vivencia de la gente. Esperamos que el informe de la Comisión de la Verdad traduzca esa experiencia vivencial y plantee recomendaciones hacia una paz real, integral y duradera para Colombia. Alejandra Miller, Comisionada de la verdad 

 

Una excepción a la regla se encuentra en Tumaco, Nariño, con la apuesta que lidera Stella Rocío Ramírez Villegas, rectora de la Institución Educativa General Santander. En 2018, comenzó a implementar su tesis doctoral, en la que propuso lineamientos educativos para atender contextos de conflicto armado. Para ello, concibió la escuela como la ‘capa protectora’ de sus estudiantes, porque en ese lugar lograban suplir necesidades básicas de alimentación, por ejemplo, o aislarse de los ‘héroes falsos’ que se encuentran en sus barrios o de la muerte violenta que los ronda con desconcertante naturalidad.  

Asegura esta profesora, con más de 36 años de experiencia docente, que con la Cátedra Paz y Sociedad, nombre que se le ha dado en Tumaco a la Cátedra de la Paz, han sembrado la semilla para la transformación de sus estudiantes desde preescolar hasta los últimos grados. Un resultado concreto de ello es que “ahora dialogan más en momentos de conflictividad, incluso entre chicos que hacen parte de los grupos al margen de la ley y otros que fueron desvinculados del conflicto”. Tanto la experiencia de Tumaco como las que se encuentran en todo el territorio nacional evidencian una amplia diversidad de propuestas de educación para la paz. Esto permite diferentes maneras de aproximarse a distintos públicos, como los adultos mayores, los jóvenes o los niños, explica la profesora javeriana en el artículo académico. 

Además, ese abanico de opciones permite pensar en “educar menos en una paz ideal y enfocarse en cómo se construyen paces locales, paces imperfectas que fortalezcan la convivencia y el diálogo social”. Esta perspectiva de sumar esfuerzos puntuales, como las propuestas territoriales, fortalece la gobernanza de los actores en la ruralidad y los empodera para nuevos diálogos sociales que se encaminen a la construcción de una paz imperfecta y que mengüen, entre otras tensiones, la extrema polarización del país.
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Educación para ‘los ofendidos’ 

En medio de la polarización, abundan ‘los ofendidos’, sentencia Sandra Liliana Londoño, haciendo referencia al concepto de la científica social Ivonne Leadith Díaz, también profesora de la Javeriana, seccional Cali. Estos ofendidos, dice, son “las personas que no han vivido directamente el conflicto, no son víctimas ni victimarios, pero se sienten afectadas y tienen una opinión sobre lo que se debería hacer (guerra o paz), conforme a sus valores y experiencia”. 

“El reconocimiento del otro y promover que las iniciativas de reconciliación surjan desde las comunidades son los principales aprendizajes del caso colombiano” Félix Arrieta, investigador español 

La educación para la paz, entonces, resulta ser una respuesta para esa gran parte de la población, con el fin de que no continúe siendo inadvertida en un proceso de paz reconocido mundialmente por centrar la atención en las víctimas directas. Para poner las cosas en perspectiva, bastaría decir que casi la quinta parte de Colombia ha sido víctima de la guerra, esto es, más de ocho millones de personas. ¿Y el resto de colombianos que no han tenido un vínculo directo con el conflicto, qué?  

De acuerdo con la investigadora, esta mayoría no está exenta de los daños colaterales, y la educación para la paz debe apuntar a esa gran población, a esos “40 millones de potenciales ofendidos”, para construir una paz sostenible y, también, para amplificar los mensajes a las nuevas generaciones en lo tocante a la no repetición, la reparación y la resignificación de las comunidades. 

Puntos de encuentro entre el País Vasco y Colombia 

Este libro es una publicación de “experiencias no comparadas, sino compartidas” entre el País Vasco (España) y Colombia, señala Félix Arrieta, uno de los autores españoles. Surgió de encuentros en Bilbao y en Cali, desde 2017, entre profesores de la Pontificia Universidad Javeriana, seccional Cali, y de la Universidad de Deusto. La idea no era comparar los conflictos, sino identificar historias en común para explorar reflexiones sobre alternativas de reconciliación.  

Para los investigadores javerianos, el País Vasco pudo transitar hacia otras realidades más rápidamente que Colombia, sin embargo, esta comunidad autónoma española continúa con una herida profunda arraigada en su pasado. Sin embargo, ha desarrollado más homenajes simbólicos y reflexiones colectivas sobre su situación. De todos modos, no es aplicable una comparación directa, pues “nosotros nos encontramos en momentos distintos, apenas estamos en una etapa de posacuerdo”, asegura Londoño Calero. 

Hay que apostarle a la interculturalidad: esa es la conclusión del libro. Sobre todo cuando se considera que el origen de los conflictos en Colombia está en las diferencias culturales y en los procesos históricos de despojo y de colonización de las tierras. Por ello, dice la investigadora, también hay que centrar la atención en “la educación propia, es decir, desde los valores y las perspectivas de los pueblos originarios y de las comunidades étnicas afro, indígena y rom, que conjugan no solo las aspiraciones de tener un mejor nivel de vida o un cambio económico, sino la pervivencia como sociedades y como cultura”. 

 

Para leer más: Arrieta, F. y Boffey, G. (eds.). Hacia la reconciliación. Una mirada compartida entre el País Vasco y Colombia. Madrid: Los Libros de la Catarata. Ramírez Villegas, S. R. y Londoño Calero, S. L. (2020). La escuela y el niño como víctima del conflicto armado en Tumaco – Colombia. Jangwa Pana, 19(2). https:// doi.org/10.21676/16574923.3610

Ramírez Villegas, S. R. ., & Londoño Calero, S. L. . (2020). La escuela y el niño como víctima del conflicto armado en Tumaco, Colombia. Jangwa Pana, 19(2), 245–260. https://doi.org/10.21676/16574923.3610

 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Un camino y múltiples recorridos en la educación para la paz en Colombia
INVESTIGADORA: Sandra Liliana Londoño Calero
Instituto de Estudios Interculturales
Pontificia Universidad Javeriana, seccional Cali
PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2017-2019

 

                          

Acuerdo de Paz: reflexiones sobre su implementación en el Pacífico

Acuerdo de Paz: reflexiones sobre su implementación en el Pacífico

Líderes territoriales y académicos de la Pontificia Universidad Javeriana concuerdan en que el Acuerdo de Paz, firmado entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC-EP, necesita repensarse y proponen figuras legales para respaldarlo.

Una de ellas es la iniciativa legislativa, un derecho político de los ciudadanos que les permite proteger proyectos normativos como el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVRJNR), incorporado a la Constitución Política en abril del 2017 y que tiene como fin garantizar procesos legales frente a graves violaciones de los derechos humanos y asegurar el esclarecimiento de la verdad y la rendición de cuentas por lo ocurrido, entre otros propósitos.

El pasado 24 de noviembre el país conmemoró cuatro años desde la firma del Acuerdo de Paz para la Terminación Definitiva del Conflicto entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP); sin embargo, durante este periodo han surgido fuertes posiciones políticas alrededor de su implementación y del papel del SIVRJNR, administrado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Ante esto, el Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la Pontificia Universidad Javeriana llevó a cabo el conversatorio El sistema de reparación integral: avances y contradicciones entre la implementación y las reformas a través de referendos. Se trató de un encuentro en el que líderes de instituciones territoriales, académicos de otras universidades y estudiantes del programa doctoral javeriano conversaron sobre los avances y dificultades del Acuerdo de Paz desde un enfoque social y territorial y las implicaciones que tendría un referendo sobre su consolidación.

Orlando Pantoja, director de Cococauca, organización de Guapi que trabaja por los derechos de las comunidades afro en el litoral, considera que para comprender la implementación del proceso de paz con un enfoque territorial es necesario recordar que el Gobierno instauró en 1959 la Ley 02 con el fin de apostarle a la economía forestal y la protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre en Colombia; sin embargo, esta legislación también dio paso a la segmentación de tierras baldías. “De un plumazo desconocen y rompen lo que significa la presencia de los grupos étnicos asentados en el Pacífico, principalmente de negros e indígenas. Bajo el rótulo del ‘desarrollo del país’ se han violentado otras formas de vida y por eso la discusión debe estar centrada en tomar acciones políticas que reafirmen lo planteado en la Constitución de 1991 y el estado social de derechos en el que la democracia no es representativa, sino participativa”, puntualizó este líder, que también es Secretario de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico.

Asimismo, Albeiro Parra, sacerdote y director de la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano, señaló que en el Pacífico, particularmente en el Chocó, ha habido una violación constante y sistemática del estado social del derecho, y que, además de nada sirve habitar el territorio si sus pobladores no tienen derecho a él. “Acá nunca se ha hecho una reforma agraria real. A las víctimas se les deben devolver sus derechos y repararlas, y a las comunidades negras entregarles el derecho a la territorialidad”, explicó Parra.

 

El Estado Social de Derecho es el marco jurídico y político propuesto en la Constitución de 1991 que promueve el respeto de la dignidad humana y la prevalencia del interés general sobre el particular.

 

Una apuesta por el diálogo y el compromiso como país

Ante estas preocupaciones, varios asistentes evidenciaron distintas iniciativas a las que pueden recurrir las comunidades para enfrentar los problemas territoriales que dificultan la implementación del Acuerdo de Paz. Por ejemplo, el fortalecimiento intercultural regional a través de alianzas entre instituciones culturales; el apoyo y reconocimiento para la construcción de la pos verdad de las colectividades frente a la violación de sus derechos y la importancia de “mantener estos temas en la agenda mediática y de entender el territorio como la forma de vida de los pueblos colombianos”, según dijo Clara Ávila, comunera del Resguardo Indígena de Canoas, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca.

En esta misma vía, Luis Fernando Sánchez, miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, aseguró que a pesar de que pareciera que la Constitución Política de 1991 está escrita para abogados, existen mecanismos de participación ciudadana que respaldan no solo la protección de los derechos fundamentales, sino también los derechos económicos, sociales y culturales, y que además protegen la incorporación de cualquier acto legislativo en la Constitución como es el caso del SIVJRNR. Lo afirma en respuesta al posible referendo derogatorio de la JEP, propuesto recientemente por el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez.

“Existen seis herramientas de participación política: el referendo, plebiscito, voto, cabildo abierto, revocatoria del mandato y la iniciativa legislativa, esta última es la vía mediante la cual las comunidades pueden proponer proyectos de ley y activar al sector legislativo para ponerlo a trabajar en defensa de la constitucionalidad”, especificó Sánchez.

Este conversatorio cerró con una mirada optimista y a la vez desafiante frente al papel que debe desempeñar la ciudadanía en las grandes urbes y las comunidades en las regiones, y una mirada crítica en relación con la responsabilidad del Gobierno de cumplir sus compromisos de Estado con las víctimas del conflicto armado.

“Si algo les hemos aprendido a los pueblos indígenas es que con el diálogo y la palabra se llega a acuerdos. Por eso, para construir paz en el territorio necesitamos que el Gobierno trabaje en el cese bilateral y cumpla los pactos a los que se ha comprometido con las regiones”, finaliza Albeiro Parra, quien es pieza clave en la construcción de diálogos de paz territoriales y de acuerdos humanitarios en el Pacífico.

Cartillas pedagógicas que guían a víctimas y funcionarios sobre la justicia transicional

Cartillas pedagógicas que guían a víctimas y funcionarios sobre la justicia transicional

Investigadores javerianos crearon una caja de herramientas compuesta por un juego de mesa de roles, videos, podcasts y dos cartillas: una para víctimas y otra para funcionarios públicos, con el fin de entregar una guía para la atención de las personas que participaron en el conflicto armado colombiano.

Estos productos fueron elaborados por el Programa de Educación Para la Paz de la Dirección de Educación Continua y Consultorías de la Pontificia Universidad Javeriana, la Fundación Panamericana para el Desarrollo y el Ministerio de Justicia y del Derecho.

El material didáctico tiene como objetivo cerrar los baches existentes entre la comprensión integral de las rutas de atención a las víctimas del conflicto y el desarrollo de las habilidades que requieren los servidores públicos para garantizar, a través del el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, el acceso de las víctimas a la justicia transicional.

Mire el video para conocer más sobre este proceso.

Si desea obtener las cartillas, escriba al correo cruz.juan@javeriana.edu.co, de Juan Daniel Cruz, Coordinador académico del Programa de Educación para la Paz, de la Pontificia Universidad Javeriana.

Mujeres migrantes en Colombia: entre desafíos y dificultades

Mujeres migrantes en Colombia: entre desafíos y dificultades

En los últimos diez años, la entrada de ciudadanos extranjeros al país se ha incrementado, siendo la capital el principal destino. Según datos de Migración Colombia, a diciembre de 2019 habían ingresado 1.032.016 venezolanos, de los cuales el 45% son mujeres. Como lo explica la profesora Camila Esguerra Muelle, del Instituto Pensar, de ese porcentaje la gran mayoría de ellas terminarían realizando labores de cuidado precarizado y no reconocido.

Este tipo de trabajos se conocen como empleos inseguros o de poca calidad que exponen a sus trabajadores a situaciones de riesgo constante. Esto sucede en el ejercicio del cuidado, pues como argumenta la investigadora, el empleo doméstico es uno de los que más riesgos laborales implica pues se enfrentan a circunstancias ergonómicas, físicas, psicosociales, de acoso y explotación laboral.

Bajo este contexto social, Esguerra realizó la investigación ‘Migración y cadenas globales de cuidado’, resumida a través del ‘working paper’ Se nos va el cuidado, se nos va la vida: Migración, destierro, desplazamiento y cuidado en Colombia. “Cuando hablamos de cuidado nos referimos a la reproducción material y simbólica de la vida; es la dependencia en las relaciones con los territorios y la naturaleza que lo rodea”, aclara la entrevistada. Ejemplos visibles de estas acciones son las labores domésticas, familiares, agrarias, de la tercera edad y cuidado personal.

En su estudio, la antropóloga analiza la formación de las cadenas globales de cuidado y explica que cuando son escasas, las mujeres en condiciones de pobreza del mismo país o migrantes rurales se encargan de cubrirlas; ellas a su vez, al emigrar, dejan un vacío en el cuidado de sus propios hogares, el cual es cubierto por otras personas.

Aunque el cuidado no es valorado, este hace parte de la economía del mundo, pues según la ENUT (Encuesta Nacional del Uso del Tiempo), el 20% del Producto Interno Bruto (PIB) en Colombia se produce a partir de los trabajos de cuidado no remunerado. De este, el 16% es realizado por mujeres en situación de pobreza.

Un ejemplo cotidiano de los retos a los que se enfrentan las niñas en condición de vulnerabilidad es que en algunos casos son entregadas desde pequeñas a familias con alta capacidad adquisitiva, con el fin de que cumplan con labores domésticas y a cambio de una promesa de educación. Según explica Esguerra, las personas que hacen estos intercambios no son conscientes de que realizan trata de personas, muchas veces con menores de edad.

Además, si se tiene en cuenta que existen aproximadamente ocho millones de personas desplazadas en el país, la migración no es exclusivamente venezolana. “Más de la mitad de los desplazados por la violencia y el narcotráfico son mujeres que vienen a las grandes ciudades a cuidar y muchas de las que llamamos venezolanas son en realidad colombianas retornadas, que el conflicto armado de este país sacó hace 20 años”, complementa.

El problema principal de estas mujeres es que carecen de cuidado, el cual se evidencia en enfermedades físicas y psicológicas como depresión, ansiedad, insomnio y dolores físicos. A esto se le suma otro escenario: ellas trabajan en promedio un mes más por cada año que los hombres y son peor remuneradas, según la ENUT. “Eso es lo que configura las profundas desigualdades de género en el mundo. Nadie cuida a las cuidadoras porque esto se ha asumido como un asunto privado, que se naturaliza como una labor propia de las mujeres”, argumenta la investigadora.

Esguerra concluye que se debe aceptar el reconocimiento de las labores de cuidado como un asunto de Estado. “No basta con hacer pactos de redistribución del trabajo en la casa. El Estado debe asumir el cuidado como un derecho y un bien social, entendiendo que todos los seres vivos necesitamos de este, de lo contrario seguirá habiendo un mercado informal y precarizado, que pone en riesgo a las migrantes y seguirá soportado en la explotación de mujeres y personas feminizadas”, puntualiza.

La resistencia tiene rostro de mujer

La resistencia tiene rostro de mujer

Sanne Weber, Julia Zulver y Salomé Gómez, tres investigadoras comprometidas con el Acuerdo de Paz, han dedicado sus estudios a analizar las realidades de excombatientes y víctimas del conflicto armado, con el fin de entender cómo las mujeres se adaptan a una nueva vida tras el desarme, hallando que cada una de ellas asume el posconflicto de una manera diferente.

Al haber vivido el conflicto armado como víctimas se desarrollan técnicas de resistencia que fortalecen a las mujeres en comunidad, mientras que las excombatientes se encuentran ajustándose al desarrollo de una vida en la que pueden dedicarse a la maternidad. Sin embargo, lo importante es reconocer que cada una de ellas tuvo distintas experiencias, e impactos particulares, por lo que sus historias cuentan una narrativa única desde donde se mire.Gracias a sus aportes investigativos frente a lo que significa ser mujer en este contexto, Weber, Zulver y Gómez fueron invitadas al conversatorio Mujeres, guerra y resistencia en Colombia, realizado por la Pontificia Universidad Javeriana y el Instituto Pensar, en el que presentaron los resultados de sus trabajos que ayudan a entender los diferentes procesos de reintegración y resistencia a lo largo del territorio nacional.

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Sanne Weber: la reintegración de las excombatientes en La Guajira

Esta holandesa, experta en procesos de justicia transicional, lleva un año trabajando en el país. La investigadora convivió durante un año con los habitantes del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), ubicado en la vereda Pondores, (La Guajira). Desde una aproximación etnográfica, Sanne se incorporó y escuchó diariamente los relatos de más de 250 hombres y mujeres exintegrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para así estudiar cómo este grupo retorna a la sociedad tras dejar las armas.

En su investigación, Weber resalta que las excombatientes en la actualidad son las encargadas del hogar y del cuidado de los hijos, mientras los hombres realizan las labores manuales y trabajos pesados.

“Lo que ellos dicen es que al inicio eso no fue así. Cuando se desmovilizaron y empezaron sus proyectos, hombres y mujeres trabajaban por igual. Pero poco a poco, y eso también tiene que ver con el “Baby Boom” (explosión de natalidad), las mujeres se dedicaron más a las tareas domésticas”, afirma la profesional. Esto quiere decir que al abandonar la guerra las parejas   que se conformaron en esta ETCR, se enfocaron en expandir sus hogares y se dio un aumento en la natalidad. “En solo septiembre nacieron 9 niños”, comenta. Concluye, además, que por esta razón las mujeres dejan de lado sus intereses por el estudio y el trabajo, retornando a roles de género establecidos históricamente.

Webber también se pregunta cómo algunas de estas mujeres vivieron la violencia durante su tiempo en el grupo armado. Con la ayuda de la Corporación Rosa Blanca se pretende ayudar a las excombatientes a que denuncien los crímenes de guerra de los que fueron víctimas. Sin embargo, los procesos de denuncia no son sencillos, ya que “las mujeres que deciden contar la violencia a la que fueron sometidas son rechazadas y aisladas por los habitantes de la ETRC Pondores, pues la imagen de agresión entre filas es inconcebible para el grupo armado y la denuncia atenta contra la comunidad”, complementa la investigadora.

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Por esta razón, Sanne hace un llamado a reconocer que “las mujeres de las FARC muchas veces fueron víctimas de reclutamiento forzado y de violencia sexual a manos de sus compañeros. Muchas estaban ahí porque les tocó”, lo cual complica aún más su reintegración a la vida civil pues “los procesos de paz y reconciliación tienden a separar a las víctimas de los victimarios y los procesos son exclusivos de las víctimas, dejando a las excombatientes por fuera”, narra la europea. Por lo que su trabajo con en este grupo surge de la necesidad de conocer la otra cara del posconflicto.

Julia Zulver y las mujeres “tejiendo” la resistencia

Zulver es una británica que lleva dos años trabajando con la Alianza de Tejedoras de Vida del Putumayo, una coalición conformada por los 13 municipios del departamento, la cual quiere abrir espacios para el reconocimiento de los derechos de las mujeres que viven en zonas de conflicto por medio de la construcción de paz, participación política y el desarrollo económico y social.

En su intervención explicó que dicha iniciativa pretende “el empoderamiento femenino por medio de estrategias de sensibilidad para recuperar el tejido social afectado por el conflicto armado”. Sin embargo, esto no es algo positivo para todos. Los nuevos actores armados buscan el control de los territorios y limitar el activismo femenino utilizando el ‘backlash patriarcal’ (prácticas de dominación patriarcal basadas en género) “para limitar la participación de las mujeres en entornos políticos y sociales”, argumentó la británica.

 

Zulver también habló sobre el aumento de amenazas contra la vida de las lideresas, causando que muchas deban huir para proteger a sus familias. Es el caso de Sandra, una de las participantes de la coalición con las que habló. En palabras de Sandra: “Somos hermanas, cuando algo le pasa a una, nos pasa a todas, pertenecemos a la alianza, al territorio”. Por ese motivo las mujeres del Putumayo buscan la manera de resistir al miedo y a las intimidaciones.

Otra de las virtudes que destacó es la fortaleza de estas mujeres, que viene de comprender los riesgos que las rodean y su manera de protegerse, como lo hacen Sandra y sus compañeras. No obstante, es un reto para muchas, pues como explicamujeres-y-conflicto-armado4 Zulver: “las mujeres que resisten son castigadas como un ejemplo para los demás. Son estrategias para infundir el miedo y limitar la resistencia. Pero el conflicto armado les enseñó caminos de resistencia, que siguen aplicando en esta nueva ola de violencia contra las lideresas del Putumayo”, agregó la investigadora.

“Las mujeres que viven ese conflicto quieren la paz y ahora que resurge la violencia no se van a esconder, van a aplicar y modificar lo que aprendieron en otro momento y acomodarlo para enfrentar lo que pase”, finalizó Zulver.

Salomé Gómez: la violencia sexual va más allá del acceso carnal violento

Salomé hace parte de la Comisión de la Verdad, una Entidad Estatal que busca ayudar a las víctimas del conflicto armado en sus procesos de esclarecimiento de la verdad, reconocimiento, convivencia y condiciones para la no repetición. Basándose en estos ejes fundamentales, “buscan abrir el diálogo social frente a la dignidad de las víctimas, el reconocimiento de responsabilidades y la importancia de que la sociedad civil reconozca el conflicto armado”, explicó.

Durante su exposición aclaró que “es muy difícil encontrar que los hombres reconozcan haber cometido violencia sexual contra la mujer de cualquier tipo” porque la violencia sexual no es únicamente el acceso carnal violento, sino que incluye desnudez, aborto y maternidad forzados, cambios impuestos al cuerpo y puede darse con cualquiera de los actores armados del conflicto, es decir, víctimas y victimarios.

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Por esta razón, el Grupo de Género de la Comisión de la Verdad que ella coordina está comprometido con “la eliminación de todas las violencias contra las mujeres, es decir, violencias que vulneren a las mujeres y personas LGTBI como la violencia en la escuela, el acoso callejero, la violencia en la casa, etc.”, sentenció Salomé.

Gómez resaltó la importancia de replantear lógicas de estructuración, roles de género, causas de la violencia e historias de vida. “Para conocer a lo que se enfrentan ahora las víctimas y los victimarios debemos entender que cada persona tiene distintas experiencias, impactos diferenciales y particulares que los definen como poblaciones en condiciones de vulnerabilidad”, expresó.

Una escuela llamada Berlín

Una escuela llamada Berlín

La labor de un restaurador consiste en los saberes de un investigador, un explorador y un campesino. Su tarea es observar y entender el comportamiento de la naturaleza con el propósito de evidenciar las condiciones ambientales de los hábitats deteriorados por la mano del hombre, para luego intervenirlos.

Aunque hablar sobre la restauración pareciera un trabajo individual o de unos pocos, en realidad este ejercicio requiere un acompañamiento permanente de las comunidades. Esta labor, a su vez, ha sido una herramienta de reconstrucción del tejido social en comunidades fragmentadas por el conflicto armado y la violencia.

Pesquisa Javeriana acompañó a la Escuela de Restauración Ecológica (ERE), de la Pontificia Universidad Javeriana, a la Institución Educativa Berlín en Samaná, Caldas, donde implementó un ejercicio de conciencia sobre el tejido social y las consecuencias de las acciones comunitarias en torno a las prácticas ambientales y culturales. El resultado: la formación de un grupo de restauración ecológica liderado por los estudiantes de las veredas.

Revive junto a nosotros esta experiencia:

https://youtu.be/E_QvlvlsO4I