La marca del conflicto en la salud mental de los colombianos

La marca del conflicto en la salud mental de los colombianos

Poco se habla de cómo tratar el impacto psicológico de la violencia en Colombia, aspecto clave en un escenario de posconflicto. La Pontificia Universidad Javeriana lleva varios años explorando las consecuencias de esta historia sangrienta y sus posibles soluciones, razón por la cual el grupo de investigadores que coordinó la Encuesta Nacional de Salud Mental 2015 (ENSM) propuso que entre los énfasis de esta cuarta versión se incluyeran el conflicto y otro tipo de violencias.

Carlos Gómez-Restrepo, médico psiquiatra, psicoanalista, psiquiatra de enlace y epidemiólogo clínico de la Universidad Javeriana, fue quien lideró el equipo de expertos en el que también participaron funcionarios del Mini
2000
sterio de Salud y Protección Social y Colciencias. Para PESQUISA, el doctor Gómez-Restrepo analizó algunos de los resultados de este nuevo componente, que incluyó además la población infantil.

Pesquisa: ¿Cómo ha afectado psicológicamente la violencia a los colombianos?

Carlos Gómez-Restrepo: Los tipos de violencias —autoinflingida, interpersonal y colectiva— repercuten en las personas y su cultura. Hay desconfianza, dificultades con la empatía, con manifestaciones afectivas, en el reconocimiento del otro y con las emociones, que es necesario intervenir. Entre los problemas que suscita la violencia están rasgos de tipo depresivo, ansioso, dificultades con el sueño, de personalidad, consumo de alcohol y sustancias ilícitas. Muchas alteraciones mentales medidas se asocian con estrés postraumático, trastornos afectivos, ansiosos y abuso de sustancias psicoactivas. Es la primera vez que la encuesta profundiza en las repercusiones en la salud mental de los niños.

P: Justamente la encuesta encontró comportamientos violentos en niños y niñas entre 7 y 11 años…

CGR: Los resultados muestran un panorama que nos debe hacer pensar como sociedad. A nivel global, un tercio de los hogares son disfuncionales, existe una gran asociación entre enfermedades físicas y mentales, del 10 al 20% de las personas dice no tener ayuda de alguien cuando tiene problemas. Hay resultados que pueden sugerir grandes dificultades con el reconocimiento de sentimientos como la tristeza y el miedo, lo que hace factibles problemas de empatía y capacidad para ponernos en el lugar del otro, tan relevantes en un proceso de paz y posconflicto. Entre los niños de 7 a 11 años, el 45% tiene por lo menos un problema psicológico que ameritaría atención profesional, alrededor del 15% puede tener problemas de aprendizaje. Los trastornos mentales medidos son del 5% y el más frecuente es el déficit de atención. Además, el consumo de sustancias ilícitas se inicia a edades tempranas.

P: ¿Cómo evitar que sean los violentos del futuro?

CGR: Hay que enseñarles a responder de otra forma a los conflictos, a ser más tolerantes, a expresar sus emociones de forma constructiva; promover el dibujo, el juego y las actividades lúdicas colectivas; educarlos para que sean colaboradores, perdonen y se reconcilien con los demás. Evitar educar para la defensa, dar ejemplo de vida, convivencia, honradez e interés por los otros.

P:¿Qué dicen los resultados en adolescentes y adultos?

CGR: Alrededor del 12% de adolescentes presenta posibles problemas de salud mental, 5% consume alcohol en exceso, 9% puede tener dificultades con la alimentación y un 4% presentó trastornos mentales depresivos o de ansiedad en los últimos 12 meses. En adultos, el consumo y abuso de alcohol está entre 10% y 20% según la edad; un 12% tiene problemas de salud mental; un 5% presentó trastornos mentales depresivos y ansiosos en los últimos 12 meses, sin contar con el 3% de posibles síntomas de estrés postraumático y de 5% a 8% de posibles alteraciones de personalidad. Estas son algunas de las cifras más relevantes y llevan a pensar en la necesidad de concebir la salud mental como una de los aspectos más importantes de salud en Colombia.

P: El desplazamiento forzado es el tipo de violencia que más dicen experimentar los colombianos, ¿qué consecuencias psicológicas trae?

CGR: El 11% de niños entre 7 y 11 años ha sido desplazado por el conflicto armado o la inseguridad, al igual que el 18% de adolescentes de 12 a 17 años, el 19% de personas entre 18 y 44 años, y el 16% de mayores de 45. Por el tipo de estudio no podemos asegurar que las manifestaciones en lo mental sean totalmente derivadas de esto. Sí podemos decir que hay repercusiones en la tolerancia y la aceptación de la violencia como medio para solucionar problemas.

“ enseñarles a responder de otra forma a los conflictos, a ser más tolerantes, a expresar sus emociones de forma constructiva; promover el dibujo, el juego y las actividades lúdicas colectivas; educarlos para que sean colaboradores, perdonen y se reconcilien con los demás. Evitar educar para la defensa, dar ejemplo de vida, convivencia, honradez e interés por los otros”.

P: ¿Qué consecuencias trae la falta de atención en salud mental?

CGR: Los traumas repetidos, como se evidencian en Colombia, disminuyen el bienestar de la persona y del medio en que se desenvuelve. Recordemos que la salud es un ‘completo’ bienestar físico, mental y social, esferas en las que ha repercutido el conflicto.

P: ¿Colombia tiene los recursos económicos y humanos para atender a la población afectada psicológicamente por el conflicto?

CGR: No podemos echar por la borda los recursos que existen, estos siempre son limitados y con ellos hay que beneficiar a la mayoría de afectados. En la Facultad de Medicina se han implementado cursos y diplomados en atención psicosocial dirigidos a profesionales y promotores de salud y orientadores escolares que pueden ser de gran utilidad. En las sedes de Bogotá y Cali, y en otras dependencias de la comunidad jesuita, hay experiencias exitosas en reconstrucción del tejido social y en entrenamiento a personal de salud y educación en estrategias de intervención individual, familiar y comunitaria, y en liderar procesos exitosos en estas áreas.

Hay que redistribuir médicos psiquiatras en el país. Muchos profesionales de la salud, entre ellos médicos, enfermeras y psicólogos generales, requieren mayor preparación para actuar más eficazmente en lo psicosocial. Necesitamos proveer material actualizado y basado en la mejor evidencia que mejore competencias a un costo accesible.

PFinalmente, ¿qué plan de atención recomienda para las grandes ciudades, receptoras de buena cantidad de desplazados?

CGR: Lo ideal sería poder retornar a las tierras y condiciones de bienestar anteriores al conflicto. Acompañar en este proceso para que reconstituyan su hogar, familias, comunidades, actividades laborales y económicas es fundamental para una rehabilitación real y para el mantenimiento de la paz. En muchos casos, las personas pueden no querer regresar por diversos motivos, por lo que se hace necesario acompañarlos en este mismo proceso en las ciudades donde se han establecido y crear las condiciones para que tengan una vida autosostenible y digna. Habrá casos que requieran intervenciones psicoterapéuticas. Como es claro, es un proceso que rebasa, pero no excluye, las medidas psicosociales.

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Un dron para desminar el país

Un dron para desminar el país

El 7 de marzo de 2015 el conflicto armado colombiano, tan lleno de arbitrariedades, actos violentos, muertes y desplazamientos de poblaciones, recibió una promesa esperanzadora. Sucedió en Cuba, la sede de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC: allí, como un acuerdo más para desescalar el conflicto, ambas partes acordaron un protocolo para desenterrar las minas antipersonales sembradas a lo largo de los más de 60 años de confrontaciones.

“Significará llevar alivio a las zonas más afectadas por décadas de violencia. Será un trabajo en el que participarán miembros representantes de las FARC, sin uniforme, sin armas y previa suspensión temporal de las órdenes de captura, de acuerdo con la ley, para brindar la información requerida y acompañar el proceso de desminado”, aseguró Humberto de la Calle, jefe negociador, el día del anuncio, en el que también explicó que el Batallón de Desminado del Ejército colombiano trabajaría de la mano de una organización noruega experta en desminado.

Fue un anuncio con profundas repercusiones políticas y, al mismo tiempo, una voz de apoyo para el Grupo de Sistemas Inteligentes, Robótica y Percepción (SIRP) de la Pontificia Universidad Javeriana, adscrito a la Facultad de Ingeniería. Desde 2012, y liderados por Julián Colorado, profesor titular de Ingeniería Electrónica con un doctorado en Robótica, trabajan en el desarrollo de un robot aéreo que detecte y localice minas terrestres en campo abierto.

“¿Cómo nosotros, desde la ingeniería, podemos desarrollar metodologías y tecnologías que aporten en la detección y el desminado humanitario sin que se exponga la vida humana?” Esa fue la pregunta que Colorado y sus coinvestigadores formularon como punto de partida para iniciar el trabajo de investigación de De-MiBot: Robot aéreo para la detección de minas explosivas en campos rurales.

Aunque el proyecto se ha desarrollado en los últimos tres años, su historia es mucho más compleja: se remonta al año 2002, cuando el SIRP, en asocio con Colciencias y la Armada Colombiana, desarrollaron un primer robot para desactivar estos artefactos explosivos: Arcadio.

Se trataba de un dispositivo terrestre, con un brazo mecánico que permitía, a distancia, remover las minas. Fue el primero en obtener resultados tangibles, pero no reducía en alto grado la peligrosidad del desminado. Aun así, el grupo de investigación siguió trabajando en nuevos desarrollos. “Avanzamos en el tema de robótica y de tecnologías más seguras, de ahí que migráramos a los robots aéreos”, explica Colorado.

La quimera de las minas

Los datos de Medicina Legal reportan su muerte el pasado 29 de agosto: un hombre que salió a trabajar como todos los días en la vereda Agua Clara, del municipio de Puerto Guzmán, Putumayo, y nunca regresó a su casa. El cuerpo fue llevado al anfiteatro del pueblo y allí se determinó, por los rastros de pólvora, que había caído por culpa de un “artefacto explosivo improvisado” (AEI). Según la Dirección contra Minas de la Presidencia de la República, era la víctima registrada número 56 en el país por este tipo de artefactos en lo corrido de 2015.

La situación general es mucho menos alentadora. Las cifras oficiales del Ministerio del Postconflicto señalan que, entre 1990 y marzo de 2015, se reportaron 11.120 casos de víctimas por minas antipersonales y municiones sin explotar, de las cuales el 62% hacía parte de las fuerzas militares; el 38% eran civiles. El Centro Nacional de Memoria Histórica ha informado que el primero de estos artefactos explotó en 1982 en Suratá, Santander. Sin embargo, el país aún desconoce cuántas minas hay sembradas.

El Monitor de Minas 2014, el más reciente informe elaborado por la Campaña Colombiana contra las Minas, asegura que al menos 30 de los 32 departamentos están contaminados por artefactos explosivos, siendo
los más afectados Antioquia, Arauca, Caquetá, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Tolima. Las cifras más actualizadas por parte del Batallón de Desminado Humanitario (Bides) de las Fuerzas Armadas registran la destrucción de 170 aparatos y la limpieza de poco más de 468.000 metros cuadrados en 2013.

Es en este contexto donde la investigación del SIRP está llamada a brindar aportes. En la actualidad, los investigadores han completado tres fases de desarrollo en las que han refinado las técnicas de exploración visual, han perfeccionado radares de penetración de tierra y se han adentrado en las dinámicas de navegación autónoma.

El proyecto ha avanzado a través de la importación de piezas tecnológicas avanzadas y su integración en un modelo final: un robot aéreo tipo quadrotor equipado con radares y visores que se opera con un mando a distancia.

Desarrollo de radares GPR en casa

El primer prototipo desarrollado por el SIRP consiste en un robot en forma de X, con una hélice en cada uno de sus extremos; en su vértice está provisto con una cámara que permite georreferenciar un terreno e identificar patrones de ubicación, al tiempo que tiene un radar de penetración de tierra (emite frecuencias que, al rebotar, señalan artefactos enterrados) y una antena receptora. Toda esta arquitectura funciona a partir de un algoritmo que genera un mapa completo del terreno explorado y sobre el cual se ubican las minas detectadas.

El principal reto ha consistido en que la integración de la tecnología no contrarreste la capacidad operativa del robot, pues no podría levantar un peso superior a un kilogramo. “Estamos trabajando en miniaturizar la electrónica de estos radares para que sean más livianos”, asegura Colorado.

Todo el desarrollo y buena parte de las pruebas en entornos estructurados se han realizado en el edificio de la Facultad de Ingeniería en la sede Bogotá. Tanto en el Laboratorio de Robótica como en la terraza, donde se han dispuesto bancos de tierras, se han llevado a cabo experimentos de identificación de objetos enterrados.

“Son pruebas en terrenos estructurados, donde lo que está enterrado no son minas reales sino artefactos de igual morfología, con algún componente metálico y otros de plástico, enterrados a 15 centímetros de profundidad. Sobre ese terreno se prueban los algoritmos desarrollados”, continúa Colorado. Pruebas adicionales se han realizado en fincas de la Sabana de Bogotá, en terrenos con pasto seco. En total, se ha obtenido un porcentaje de identificación del 95%.

La investigación se adentra ahora en un terreno crucial: la fase de navegación, donde el equipo tendrá que resolver obstáculos esenciales para que el prototipo se mueva sin mayores contratiempos en terrenos selváticos. Entonces se pensaría en una patente, comercialización o venta, pero es muy temprano para siquiera saberlo.

“La fase en la que nos concentraremos involucra la evasión de obstáculos, la identificación de objetos en tiempo real… Es un reto al que tenemos que dedicarle tiempo”, augura Colorado, quien se muestra optimista porque los primeros resultados han contado con comentarios positivos por parte del Comité Científico del Programa de Acción para el Desminado Humanitario de la Presidencia de la República, el cual integran profesores de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, empresas como Indumil y las Fuerzas Militares.


Para saber más:
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El estrés postraumático, compleja misión para el posconflicto

El estrés postraumático, compleja misión para el posconflicto

“Ahora es 28 de octubre de 2014. Tengo 34 años de vida y usted está leyendo esta parte de mi historia. Sobreviví a un feroz ataque de nueve relámpagos de bala que entraron en mi cuerpo. Vi cómo murió a mi lado el infante profesional González. Hace 6 días mi hijo cumplió 10 años… Me hicieron 24 cirugías a través de estos años. Estuve en coma. Estuve en cuidados intensivos varios meses. Duré mucho tiempo en silla de ruedas. Al final perdí casi todos mis intestinos y mi pulmón derecho… Me fracturaron miembros inferiores y superiores. Me partieron mi cadera, mi pelvis, mis brazos”.

Este es el testimonio de un suboficial de la Infantería de Marina herido durante una emboscada en Buenaventura. Las cifras de muertes en Colombia se acumulan con el paso de las décadas. Pero de esos episodios, que aparecen en las estadísticas y en los registros de prensa, quedan secuelas que no siempre se comprenden. El investigador Álvaro Roberto Vallejo Samudio, PhD en psicología, transitó con una pregunta de investigación por varias instalaciones militares tratando de interesar a los responsables de la seguridad del Estado en el estrés postraumático en los combatientes. Su idea era comprobar la efectividad de la terapia de grupo en el tratamiento de este problema.

La investigación sobre este tema llevó al profesor Vallejo a indagar por la magnitud del problema en un país en el que no cesa el conflicto armado. El trastorno por estrés postraumático (TEPT) presenta una prevalencia en soldados norteamericanos de entre el 12 % y el 30 %. En Colombia se desconoce este indicador, pero algunas pistas indican que la cifra puede llegar a ser significativa si se tiene en cuenta que “los niños que viven en municipios donde han sucedido confrontaciones armadas tienen 19 veces más probabilidad de sufrir TEPT bélico que los niños de municipios no expuestos”, de acuerdo con un artículo publicado en la revista Terapia Psicológica en 2011.

“Lo traumático en la vida de una persona tiene que ver con un hecho inesperado frente al cual no se puede reaccionar y que genera miedo, indefensión e impotencia”, explica el investigador, quien precisa que después de estudiar a fondo el tema es posible tener otra percepción de los militares como personas de carne y hueso que también sufren.

Desde el punto de vista psicoanalítico, un trauma supera la capacidad del individuo de tolerar, controlar o elaborar eventos o sucesos. Un trauma puede sobrevenir en medio de situaciones en las que está en riesgo la vida o se es testigo de un determinado episodio. En estos casos, el sujeto tiene dificultades para reaccionar e integrar la experiencia de forma consciente.

El estrés hace parte de la vida de las personas, pero es mediante las relaciones interpersonales, primero con el núcleo familiar y después con otros grupos sociales, como los individuos aprenden a reaccionar y a protegerse ante situaciones potencialmente traumáticas.

Después de realizar gestiones en la Clínica de la Policía en Cali, Vallejo logró interesar a la institución para indagar más por el dolor psíquico de los policías que por las posibles fallas que pudiera presentar el organismo policial en cumplimiento de su misión constitucional. Este argumento fue definitivo para que se autorizara la realización del estudio “Efectos de la psicoterapia de grupo en militares con estrés postraumático producto del conflicto armado”.

Inicialmente, el grupo de investigación revisó 200 casos, de los cuales seleccionó 40 sujetos. De ellos, finalmente se escogió una muestra de 7 hombres y una mujer, con edades entre los 18 y los 45 años, con quienes se adelantó un proceso de terapia de grupo de 24 sesiones.

El profesor Vallejo Samudio recuerda que, desde la Primera Guerra Mundial, psicólogos y psiquiatras comenzaron a interesarse por los traumas derivados del conflicto. WilfredBion fue el primero en trabajar con las secuelas que deja en los militares un conflicto bélico. De igual forma, Joseph Pratt trató mediante terapia de grupo a varios tuberculosos, y notó resultados positivos cuando los pacientes hablaban acerca de los síntomas de la enfermedad y de los efectos de los medicamentos que se les suministraban.

De acuerdo con el profesor Vallejo Samudio, la psicoterapia de grupo es una de las técnicas más utilizadas para tratar el estrés postraumático, ya que compartir vivencias similares permite reelaborar experiencias traumáticas a partir, no solo de experiencias propias, sino también de otros miembros del grupo.

En la metodología de la investigación se aplicó, antes y después del proceso terapéutico, un cuestionario que evaluaba 17 síntomas de TEPT y 5 categorías asociadas: culpa sobre los actos cometidos u omitidos, culpabilidad por haber sobrevivido, reducción de la conciencia de lo que lo rodea, desrealización y despersonalización. Según el investigador principal, los beneficios de la psicoterapia de grupo en policías con TEPT fueron evidentes.

La confianza en el otro

Si se parte del hecho de que la crueldad humana tiene alcances insospechados en escenarios de conflicto, lo que se ha visto en países como Ruanda o la antigua Yugoslavia, cabe afirmar que solo la confianza en otro ser humano puede ayudar a superar los traumas derivados de la guerra.

Para Vallejo, la terapia de grupo ayuda a reducir los niveles de angustia, a la vez que representa un espacio seguro para el paciente. “Es normal que en esa interacción con el otro se compartan síntomas comunes, por ejemplo, sueños recurrentes sobre la escena traumática que se presentan cuando no se han elaborado las angustias, miedos y fantasías de forma consciente”, precisa.

Considera, además, que “verbalizar repara y contarle a un par hace que se recobre la confianza, pues se advierte que las personas son mejores de lo que inicialmente se pensaba. Es también una forma de pensarse y resignificarse de una manera diferente”, agrega.

Cuando se habla de TEPT en soldados, un referente histórico que ha sido motivo de debate público en Estados Unidos es la guerra de Vietnam. Algunos veteranos de dicho conflicto tuvieron problemas con las autoridades debido a factores como la falta de reconocimiento, sentimientos de abandono y desigualdad, así como otros propios del nivel de desarrollo (adolescencia), según señalan Vallejo y la investigadora asociada Lina María Terranova.

En Colombia, se recuerda el caso de Campo Elías Delgado Morales, excombatiente de Vietnam, quien el 4 de diciembre de 1986 dio muerte a 23 personas en Bogotá, en un episodio registrado por los medios como “la masacre de Pozzetto”. El escritor Mario Mendoza recreó este episodio en su libro Satanás, posteriormente llevado al cine por Rodrigo Guerrero y AndiBaiz.

Vallejo y Terranova explican que algunos veteranos encuentran que no encajan de nuevo en sus vidas, y sienten “que han perdido su poder, importancia, significado y los roles que desempeñaban antes de la guerra, así como las actividades que desarrollaban a nivel social”.

Como se dijo antes, no existe certeza sobre el grado de prevalencia del TEPT en combatientes colombianos, por lo que se hace necesario tener en cuenta, en un panorama de posconflicto, la  importancia de profundizar en este tema.

La psicoterapia en el tratamiento del TEPT busca conseguir la simbolización, es decir, “poner las experiencias traumáticas en un orden simbólico, y llevar al paciente a un tiempo y espacio distintos al presente, que le permitan recordar el suceso sin revivirlo”.

En el caso de la psicoterapia en grupo en el tratamiento de excombatientes, la interacción con otros permite el restablecimiento de las relaciones interpersonales afectadas por el trauma. Igualmente, es importante la superación del miedo a hablar, ya que ser escuchado y comprendido por otros contibuye a restaurar el sentido de alivio y humanidad.

Vallejo observó que los pacientes de la Policía sometidos a psicoterapia de grupo pudieron mejorar significativamente las relaciones con sus propias familias y con sus colegas de la institución. Así mismo, dejaron el “temor al uniforme”, como se detectó al comienzo del tratamiento. “Era normal que los sujetos comentaran cómo se habían alejado de sus amigos y de los lugares que frecuentaban antes de la experiencia traumática”, señala el investigador.

Quizás una de los cosas más significativas producto de la psicoterapia en grupo fue el deseo de los pacientes de querer cambiar, por lo que Vallejo insiste en la necesidad de ayudar a las personas involucradas en el conflicto a elaborar sus traumas.

La investigación concluye, entre otras cosas, que la psicoterapia en grupo para el tratamiento del TEPT ayuda a los sujetos a recuperar su salud mental y a restablecer las habilidades perdidas o deterioradas a causa de un evento traumático, aunque no se considera suficiente por sí sola, ya que el trastorno comprende todo un proceso complejo que requiere de un tratamiento específico y multidisciplinario que dependerá de cada caso en particular.

De hecho, el investigador principal aclaró que factores como la tendencia de los pacientes a querer sacar provecho de su situación clínica, en aras de obtener indemnizaciones por parte de la Policía, no permitió confrontar de manera objetiva los cambios en la sintomatología. A pesar de que se le explicó al grupo que no se expediría ningún tipo de certificación sobre el tratamiento, fue evidente la intención de algunos de obtener ventajas. Para Vallejo, habrá que tener esto en cuenta al momento de determinar alguna política pública para el tratamiento del TEPT en excombatientes.


Para saber más:
  • » Vallejo, A. (2011). “Cambios sintomáticos en policías con estrés postraumático y psicoterapia de grupo”. Terapia Psicológica 29 (1): 13-23. Disponible en: https://goo.gl/K01Pyr. Recuperado en: 10/01/2015.
  • » Vallejo, A & Terranova, L (2009). “Estrés postraumático y psicoterapia de grupo en militares”. Terapia Psicológica 27 (1): 103-112. Disponible en: https://goo.gl/AgynO8. Recuperado en: 10/01/2015.

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Cuando las mujeres levantan su voz

Cuando las mujeres levantan su voz

Algunas mujeres de comunidades del territorio indígena kankuamo, como Río Seco, Ramalito, Atánquez y Los Áticos (Cesar), han vuelto a tejer mochilas y atarrayas, pese a que fueron obligadas a abandonar sus tierras y perdieron a sus seres queridos. Ahora, a través no solo del tejido artesanal sino del humano, han logrado comunicar sus historias de guerra y conflicto, gracias a su esfuerzo y a la oportunidad que les brindó un estudio conjunto entre ellas y las investigadoras de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, DonnyMeertens, Martha Lucía Gutiérrez Bonilla, Eliana Pinto y July Fajardo.

También participaron campesinas de los corregimientos de Aguas Blancas, Mariangola, La Mesa y Santa Cecilia (Cesar), quienes encontraron acogida en organizaciones comunitarias propias. Allí se integran en programas de acompañamiento psicosocial para superar los traumas causados por los hechos violentos.

En su reencuentro con sus tradiciones y sus valores sociales y comunitarios han hallado la fuerza para romper el silencio, contar sus historias de dolor y pérdida y, en muchos casos, volver a sus territorios. La motivación principal para superar un pasado traumático es exigir justicia.

La batalla no es solitaria. En muchas regiones de Colombia, e incluso de América Latina, otras mujeres indígenas y campesinas levantan su voz, por muchos años silenciada. De allí que varias instituciones sociales y académicas se dieran a la tarea de estudiar, comparar y propiciar el intercambio de experiencias respecto a los mecanismos de acceso a la justicia por parte de estas mujeres en zonas de conflicto armado en Colombia y Guatemala, y los obstáculos que enfrentan en el proceso.

Las diferentes reuniones entre investigadoras y mujeres de los dos países generaron un diálogo solidario, en el que expusieron los hechos de contexto que dieron origen a las experiencias de violencia en las zonas de estudio, los impactos sufridos en la vida personal, familiar y comunitaria, y las estrategias hasta hoy adelantadas para reclamar justicia y reparación. Las indígenas guatemaltecas, quienes llevan muchos años denunciando las violencias a las cuales habían sido sometidas durante la guerra en su país y aun después de los acuerdos de paz (1996), animaron a las comunidades colombianas a manifestarse en contra de las injusticias, específicamente en los casos de violencia sexual, que estas últimas habían preferido callar.

El Instituto de Estudios Regionales (INER) de la Universidad de Antioquia y el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP) de Guatemala hicieron parte de la investigación, acompañando a las comunidades indígenas del Alto Naya (Cauca) y a la comunidad maya q’eqchis, respectivamente. Esta investigación fue apoyada por Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (CIID-IDRC).

El caso del Cesar

En la primera fase del proyecto de la Pontificia Universidad Javeriana se estableció contacto inicial con las mujeres de las comunidades campesinas y del pueblo kankuamo para ganar su confianza, algo que no resultaba fácil, teniendo en cuenta la naturaleza de las experiencias vividas. En esta etapa fue vital la ayuda de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) regional Cesar, y de diversas redes de mujeres convocadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y por el nodo de la red Iniciativas de Mujeres Colombianas por la Paz (IMO).

Durante la segunda etapa, las investigadoras efectuaron entrevistas a profundidad y talleres participativos para identificar las diferentes nociones de justicia (e injusticia) y las barreras para acceder a esta. La diversidad del lenguaje y las múltiples maneras de percibir el tiempo y construir las narrativas fueron aspectos de mutuo aprendizaje en el desarrollo del proyecto, y dieron luces para comprender los impactos del conflicto y los mecanismos de acceso a la justicia. En los talleres se valieron de técnicas como el dibujo y la música, principalmente, para facilitar el proceso de contar las experiencias traumáticas.

Durante la tercera fase, se realizó el acompañamiento psicosocial. En el territorio kankuamo se trabajó en la construcción conjunta de una ruta propia de acceso a la justicia indígena para las mujeres. Esta etapa también implicó la entrega y retroalimentación de la información obtenida durante las entrevistas por medio de talleres de devolución, en los cuales las comunidades apropiaron, discutieron y complementaron la visión y síntesis realizada por las investigadoras. A juicio de estas, la estrategia logró articular dos propósitos: la indagación contextualizada y el empoderamiento de las mujeres víctimas para un diálogo cualificado con sus comunidades e instituciones.

Más barreras que caminos

Las conclusiones del estudio han sido recogidas en un libro que será publicado este año, El camino por la justicia: victimización y resistencia de mujeres indígenas y campesinas en Guatemala y Colombia, auspiciado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (CIID-IDRC). Una segunda publicación aportará un estado del arte sobre el acceso a la justicia de mujeres indígenas y campesinas en el marco del conflicto armado de los dos países, a partir de la revisión de nociones como justicia, seguridad humana y justicia, justicia de género, justicia transicional, y de los marcos normativos y de derechos de las mujeres indígenas y campesinas en Colombia y Guatemala.

Para el caso colombiano, las primeras conclusiones de la investigación revelan que existen más obstáculos que caminos para acceder a la justicia. La primera barrera es el miedo de contar lo ocurrido y denunciar a los perpetradores, bien sea porque el acceso al sistema de justicia local puede estar vigilado o porque los procesos de desmovilización permitieron que rangos bajos de los grupos armados (paramilitares, en este caso) se convirtieran en habitantes de las comunidades a las que ellos mismos victimizaron.

La segunda barrera es de orden institucional y tiene varios matices. La tipificación del delito sexual contra la mujer en el marco del conflicto es relativamente reciente. “Esto incluye también la ausencia de mecanismos sensibles y especializados para recoger los testimonios de las mujeres víctimas de este tipo de violencia”, explica Gutiérrez. Una barrera importante se vislumbra en la confusión existente, tanto en la comunidad como en los operadores de justicia, sobre la gestión de las denuncias, específicamente sobre los detalles operativos de los diferentes marcos jurídicos creados por la Ley de Justicia y Paz (2005) y la Ley de Víctimas (2011). Otro matiz institucional es la desconfianza de las mujeres hacia las entidades encargadas de administrar justicia, basada en sus experiencias de discriminación y de no ser tomadas en serio por su condición femenina. A esto se añaden las historias de infiltración de grupos armados a estas instituciones, la lentitud, la pérdida de documentación o múltiples trabas que se presentan en el curso de los procesos. Muchas de las mujeres que participaron en la investigación utilizaron las entrevistas como una forma de contar por primera vez su historia, algo que no se habían atrevido a hacer ante la Fiscalía o las Personerías.

Por último, pero no menos importante, hay una barrera en cuanto a la actitud social de revictimizar. Esto significa que socialmente se piensa que las víctimas hicieron algo que justificó la violencia que recibieron. Las mujeres se refirieron a esos señalamientos de “por algo será” como una de las mayores injusticias que siguen viviendo.

Con la cámara al hombro

Los proyectos colombianos involucraron en su proceso de investigación-acción una capacitación en tecnologías digitales para las mujeres de las comunidades estudiadas. Como resultado, produjeron dos programas de radio y un documental, Una sola golondrina no hace verano, que recoge testimonios de la lucha emprendida en sus esfuerzos por conseguir justicia.

En estos productos se narran historias particulares, tales como la llegada de un grupo armado a Aguas Blancas, que ocasionó la muerte de 11 de sus habitantes, así como el desplazamiento forzado de numerosas familias. A pesar de los terribles recuerdos, muchas de ellas volvieron a su corregimiento al no encontrar oportunidades de supervivencia en los territorios a los que huyeron.

La impresión general que transmite el documental es que conseguir justicia es una tarea titánica. En medio de los problemas políticos hay muchos casos de errores burocráticos, por ejemplo, ayudas pecuniarias que son asignadas a nombre de los difuntos esposos de las víctimas, razón por la cual no pueden ser reclamadas. Se percibe al Estado como una entidad abstracta que promete pero no cumple.

En el video se evidencia cómo las experiencias traumáticas vividas por ellas las han impulsado a empoderarse de muchos temas, lo que las ha convertido en líderes sociales y las ha llevado a capacitarse en derechos humanos. Esto ha ocasionado un cambio en la organización social tradicional, anteriormente más centrada en los hombres.

Puede que proyectos como este tengan un final obligado dentro de los ciclos que propone toda investigación social. No obstante, y así lo reconocen las mismas mujeres, esta experiencia las ha impulsado a considerarlo como el principio de una historia que ellas deben escribir para poder ejercer sus derechos.


Para saber más:
  • » Fajardo Farfán, J. S.; Meertens, D.; Pinto, D. E; Gutiérrez M. L. & Ramírez Parra, P. (2014). “El camino por lajusticia: victimización y resistencia de mujeres indígenas y campesinas en Guatemala y Colombia”. EnColombia 2014. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia.
  • » Grupo de investigación Género, Subjetividad y Sociedad, INER, Universidad de Antioquia; Grupo de investigación Estado, Conflicto y Paz, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Pontificia Universidad Javeriana; Centro Ático, Pontificia Universidad Javeriana (productores). (2013). Una sola golondrina no hace verano. Documental dirigido por mujeres indígenas y campesinas, víctimas sobrevivientes de los departamentos de Cauca y Cesar. Disponible en: https://vimeo.com/87005452. Recuperado en: 05/01/2015.
  • » Gutiérrez Bonilla, M.L. & Pinto Velásquez, E. (2013, octubre). “No olvidar y recordar conaprendizajes. La perspectiva sobre lajusticia y elacceso a lajusticia de mujeres campesinas del departamento del Cesar – Colombia”. Múltiples (Just GovernanceGroupBulletin) 20: 5-7. Disponibleen:
    https://es.scribd.com/doc/211512572/Multiples-20-Acceso-a-La-Justicia-Para-Mujeres-en-Paises-Afectados-Por-Conflicto#. Recuperado en: 05/01/2015.
  • » Ruiz, M. (2013, 14 de noviembre). “La gobernadora”. Revista Arcadia.com. Disponible en: https://www.revistaarcadia.com/impresa/especial-mujeres/articulo/la-gobernadora/34259. Recuperado en: 05/01/2015.

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Novedades editoriales

Novedades editoriales

Pasados y presentes de la violencia en Colombia. Estudio sobre las comisiones de investigación (1958-2011)

Jaramillo Marín, Jefferson. Pasados y presentes de la violencia en Colombia. Estudio sobre las comisiones de investigación (1958-2011). Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2014. 280 páginas.


Tres momentos claves de la historia moderna y contemporánea colombiana son retratados en este libro, versión de la tesis doctoral del sociólogo Jefferson Jaramillo Marín: el de la Comisión Investigadora de las Causas de la Violencia, en los comienzos del Frente Nacional; el de la comisión de la era preconstituyente, conocida como “comisión de los violentólogos”; y, por último, el más reciente, emprendido por el Grupo de Memoria Histórica. Pero no se trata de un trabajo de recopilación histórica o documental (aunque el lector encontrará una muy buena síntesis de antecedentes y hechos); más bien, y al mejor estilo de la sociología francesa, se trata de un trabajo juicioso y comprensivo de un fenómeno singular.

La investigación buscó entender cómo tales grupos han sido capaces de “procesar y gestionar oficialmente las secuelas de la violencia” (p. 23) y de qué manera han contribuido “a la selección dominante sobre el pasado y el presente de la violencia”. Eso de por sí hace apasionante la lectura. Pero hay más: el autor resalta algo que estaba implícito en la mirada de
los observadores, es decir, de los miembros de las comisiones: el papel de los expertos, de
los que se resalta su talante académico: se trataba de personas como Orlando Fals Borda, Eduardo Pizarro o Gonzalo Sánchez, por solo citar tres nombres, uno por cada comisión. Sin embargo, el autor los ubica en una esfera más limitada y los llama “intelectuales para la democracia” (p. 126).

Lo más interesante del trabajo es el diagnóstico de las comisiones como “dispositivos rituales y espacios de sentido”. Primero, se les confiere el valor de treguas definitivas contra el olvido, ese permanente mal colombiano.

Muchos de los asuntos no se explicitaron o se olvidaron intencionalmente, y varias de las recomendaciones de las comisiones no fueron acatadas por los gobiernos siguientes (el caso de los violentólogos es muy singular). Aun así, el ejercicio de comprensión de estos tres momentos fue, sin dudas, apasionante. Como este libro.

Libro rojo de aves de Colombia

Renjifo, Luis Miguel; Gómez, María Fernanda; Velázquez-Tibatá, Jorge; Amaya-Villarreal, Ángela María; Kattan, Gustavo H; Amaya-Espinel, Juan David y Burbano-Girón, Jaime.Libro rojo de aves de Colombia. Vol. I: Bosques húmedos de los Andes y la costa pacífica. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2014. 466 páginas.


Después de más de once años de publicar la primera versión del Libro rojo de aves de Colombia, un grupo de más de 133 colaboradores y 7 editores presenta el primer volumen del Libro rojo de aves de Colombia. Bosques húmedos de los Andes y la costa pacífica, en el que se da a conocer la “lista roja” de especies de aves consideradas bajo algún tipo de amenaza de extinción, en estas regiones del país.

A partir de dicha lista llevan a cabo un análisis detallado y riguroso de las razones por las cuales estas especies se encuentran en peligro y proporcionan elementos para poder evitar la desaparición gradual de las especies catalogadas en el libro. Así, la iniciativa se inscribe no solo como una denuncia, sino también como una puesta en común con miras a proteger la supervivencia de las aves de nuestro país.

El desarrollo: aporte y límite a la solución del conflicto armado en Colombia

Germán, S. J. y Escorcia, Melina, editores. El desarrollo: aporte y límite a la solución del conflicto armado en Colombia. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2013. 182 páginas.

En este libro el grupo de investigación Cosmópolis analiza las nociones de desarrollo más relevantes para América Latina y las contextualiza, en el caso colombiano, con el Informe de desarrollo humano para Colombia 2003 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Para ello, trabaja de la mano de la teoría sobre el desarrollo del teólogo canadiense Bernard Lonergan. El libro asume una posición crítica al identificar las posibilidades y límites que la noción de desarrollo como satisfacción de necesidades puede provocar en la resolución del conflicto armado en Colombia. Todo esto atravesado por la pregunta por la religión como mediadora en los temas de violencia y desarrollo social en el país.

 

Psicopatología básica

Hernández Bayona, Guillermo. Psicopatología básica. 5.ª edición corregida y aumentada. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2013. 457 páginas.

A través de una caracterización metódica, fiel a la línea de la psiquiatría descriptiva que ha guiado a profesionales de la salud por más de cien años, Guillermo Hernández explica el método semiológico para detectar los signos y síntomas de un trastorno mental y hace de su descripción un arte. Los relatos de los pacientes, los detalles psicopatológicos y clínicos, además de ejemplos provenientes de situaciones y personajes de la historia de la literatura (como Hamlet) ayudan a presentar en forma didáctica los conocimientos de esta ciencia del funcionamiento psicológico, en los aspectos patológicos de la conducta del ser humano.

Esta obra, que ya llega a su quinta edición, y que en esta ocasión se presenta cuidadosamente revisada, replanteada, corregida y aumentada, contiene cinco secciones que buscan hacer un aporte a la comprensión (a la luz del conocimiento actual) de conceptos psicopatológicos que intentan reiterar que el psiquismo humano, producto de una sofisticada evolución, funciona de manera unitaria, global, profunda y compleja.

Pretende, pues, integrar en forma comprensiva la base biológica que sustenta cada función psicológica con el correspondiente funcionamiento en la vida cotidiana. Además, busca mostrar que esta síntesis se traduce en el funcionamiento global de la personalidad en el escenario privilegiado y en el observatorio singular de lo cotidiano. La premisa a partir de la cual se construye lo psicopatológico es sencilla: la perturbación de una función psicológica será tanto más grave si logra alterar el funcionamiento global del psiquismo, y si dicha alteración logra a su vez modificar el funcionamiento de la personalidad en la vida cotidiana y perturbar, en última instancia, el proceso global de adaptación del individuo.

De esta manera, espera que el lector tenga un acercamiento a una forma particular del conocimiento de la mente enferma, en el contexto de un área de estudio que hasta hace poco estaba, en su mayor parte, inexplorada.

Hernández Bayona, Guillermo. Psicopatología básica. 5.ª edición corregida y aumentada. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana,  2013. 457 páginas.
 

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