Mujeres migrantes en Colombia: entre desafíos y dificultades

Mujeres migrantes en Colombia: entre desafíos y dificultades

Por: Laura Carolina Lozano Chaparro // Fotografía: iStock

Antropóloga experta en género de la Pontificia Universidad Javeriana llama la atención sobre las desigualdades económicas y sociales que enfrentan las mujeres inmigrantes que llegan al país.

En los últimos diez años, la entrada de ciudadanos extranjeros al país se ha incrementado, siendo la capital el principal destino. Según datos de Migración Colombia, a diciembre de 2019 habían ingresado 1.032.016 venezolanos, de los cuales el 45% son mujeres. Como lo explica la profesora Camila Esguerra Muelle, del Instituto Pensar, de ese porcentaje la gran mayoría de ellas terminarían realizando labores de cuidado precarizado y no reconocido.

Este tipo de trabajos se conocen como empleos inseguros o de poca calidad que exponen a sus trabajadores a situaciones de riesgo constante. Esto sucede en el ejercicio del cuidado, pues como argumenta la investigadora, el empleo doméstico es uno de los que más riesgos laborales implica pues se enfrentan a circunstancias ergonómicas, físicas, psicosociales, de acoso y explotación laboral.

Bajo este contexto social, Esguerra realizó la investigación ‘Migración y cadenas globales de cuidado’, resumida a través del ‘working paper’ Se nos va el cuidado, se nos va la vida: Migración, destierro, desplazamiento y cuidado en Colombia. “Cuando hablamos de cuidado nos referimos a la reproducción material y simbólica de la vida; es la dependencia en las relaciones con los territorios y la naturaleza que lo rodea”, aclara la entrevistada. Ejemplos visibles de estas acciones son las labores domésticas, familiares, agrarias, de la tercera edad y cuidado personal.

En su estudio, la antropóloga analiza la formación de las cadenas globales de cuidado y explica que cuando son escasas, las mujeres en condiciones de pobreza del mismo país o migrantes rurales se encargan de cubrirlas; ellas a su vez, al emigrar, dejan un vacío en el cuidado de sus propios hogares, el cual es cubierto por otras personas.

Aunque el cuidado no es valorado, este hace parte de la economía del mundo, pues según la ENUT (Encuesta Nacional del Uso del Tiempo), el 20% del Producto Interno Bruto (PIB) en Colombia se produce a partir de los trabajos de cuidado no remunerado. De este, el 16% es realizado por mujeres en situación de pobreza.

Un ejemplo cotidiano de los retos a los que se enfrentan las niñas en condición de vulnerabilidad es que en algunos casos son entregadas desde pequeñas a familias con alta capacidad adquisitiva, con el fin de que cumplan con labores domésticas y a cambio de una promesa de educación. Según explica Esguerra, las personas que hacen estos intercambios no son conscientes de que realizan trata de personas, muchas veces con menores de edad.

Además, si se tiene en cuenta que existen aproximadamente ocho millones de personas desplazadas en el país, la migración no es exclusivamente venezolana. “Más de la mitad de los desplazados por la violencia y el narcotráfico son mujeres que vienen a las grandes ciudades a cuidar y muchas de las que llamamos venezolanas son en realidad colombianas retornadas, que el conflicto armado de este país sacó hace 20 años”, complementa.

El problema principal de estas mujeres es que carecen de cuidado, el cual se evidencia en enfermedades físicas y psicológicas como depresión, ansiedad, insomnio y dolores físicos. A esto se le suma otro escenario: ellas trabajan en promedio un mes más por cada año que los hombres y son peor remuneradas, según la ENUT. “Eso es lo que configura las profundas desigualdades de género en el mundo. Nadie cuida a las cuidadoras porque esto se ha asumido como un asunto privado, que se naturaliza como una labor propia de las mujeres”, argumenta la investigadora.

Esguerra concluye que se debe aceptar el reconocimiento de las labores de cuidado como un asunto de Estado. “No basta con hacer pactos de redistribución del trabajo en la casa. El Estado debe asumir el cuidado como un derecho y un bien social, entendiendo que todos los seres vivos necesitamos de este, de lo contrario seguirá habiendo un mercado informal y precarizado, que pone en riesgo a las migrantes y seguirá soportado en la explotación de mujeres y personas feminizadas”, puntualiza.

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