La mujer en la ciencia: hay avances, pero quedan vacíos

La mujer en la ciencia: hay avances, pero quedan vacíos

Hace 86 años accedió por primera vez una mujer a la universidad en Colombia. Para ese entonces, ya llevaban más tres siglos funcionando las primeras universidades en el país. Solo con este dato se perciben diferencias en las condiciones que han enfrentado las mujeres en la vida académica. Desde hace ya algunos años, y desde diferentes ciencias, se ha investigado este fenómeno.

Helena Sutachan es pasante doctoral en el Instituto Pensar y su tesis doctoral trata sobre este tema. “Lo que se puede rastrear es que sí hay un aumento lento y progresivo de la presencia y de la visibilidad de las mujeres en los entornos académicos. Sobre todo, en algunas áreas específicas relacionadas con disciplinas del cuidado, ciencias sociales y humanas, pero también en las ciencias naturales y exactas”, dice. “Que el año pasado haya habido tres ganadoras del premio Nobel en las disciplinas de física y química, de alguna forma revela que sí se está dando una ampliación de la presencia de la mujer en el escenario académico internacional”, agrega.

Si bien las cifras de graduados a nivel nacional muestran que la mayoría son mujeres, para la investigadora hay otros espacios en los que la situación es diferente. Según el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OcyT), de la planta docente universitaria del país el 37% son mujeres y representan el 36% de los investigadores. “Esto quiere decir que sí vamos bien pero que hay que trabajar más en la integración de las mujeres en los diferentes niveles del mundo académico”.

 

Para Sutachan hay un tema fundamental que define la presencia de la mujer en el mundo académico y pasa por el ámbito cultural. “Cuando uno crece convencido de que los niños son mejores para las matemáticas y las niñas son mejores para el arte y el cuidado, esa es la primera barrera”, afirma. “Esto hace que se desestimule en las niñas el interés por el acceso a la ciencia. Aunque eso ha venido cambiando, todavía pasa”. Las cifras parecen respaldarla. Según el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES, las carreras con mayorías femeninas son nutrición, sociología, las vinculadas a bellas artes, trabajo social, comunicación social y lenguas modernas. Mientras que las carreras con mayorías masculinas son las ingenierías, física, filosofía y matemáticas. Para María Alejandra Tejada, integrante de la Red Colombiana de Mujeres Científicas y asesora de la Vicerrectoría de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana, esta elección es importante porque esta última serie de carreras, (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática, STEAM por sus siglas en inglés), son las que generan mejores salarios.

Para ambas investigadoras se puede hablar de paridad salarial en el mundo universitario y científico porque están estandarizados por escalafones muy detallados. Sin embargo, para Sutachan el nivel de formación juega en contra para las mujeres. El Ministerio de Educación Nacional reporta que entre 2010 y 2016 se graduaron 8.900 doctores en Colombia, en promedio, el 36% fueron mujeres. “Sí existe una brecha que no se representa en pagar menos por el mismo cargo, sino que la mujer tiene menos acceso al nivel de formación doctoral, entonces no puede aspirar a ese nivel salarial”, explica.

Otro factor que le parece conflictivo está relacionado con el uso del tiempo. Algunas universidades tienen política de incentivos económicos por investigación, así mientras más publicaciones, más ingresos. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, viene desarrollando una encuesta sobre el uso del tiempo libre con la intención de medir cómo se reparten las labores del hogar dentro de las familias. “Lo que busca es medir quién hace qué, y muestra que las principales cargas de un hogar están más en las mujeres que los hombres, actividades denominadas en la economía del cuidado”, agrega Tejada. Esto resulta problemático para ambas investigadoras porque invertir más tiempo en temas de cuidado dentro del hogar, termina quitándole tiempo a la mujer para la producción investigativa y, por lo tanto, se ve reflejado en menores ingresos que sus pares. Algunos estudios demuestran que esta situación empeoró durante la cuarentena en 2020.

Esto se suma a un reclamo histórico de los movimientos feministas frente a su vida profesional y es la decisión de la maternidad. Muchas mujeres sienten que tener hijos se convierte en una limitante de las oportunidades en espacios de investigación y docencia. “Que a mí en una entrevista de trabajo, como me ha pasado, me pregunten que si quiero tener hijos o si pienso hacerlo próximamente, me indica que eso sería un problema frente a mí vinculación laboral”, asevera Sutachan. Asegura también que es necesaria una política que garantice que optar por la maternidad no sea un obstáculo para el acceso y permanencia de la mujer en estos espacios.

 

“En el rol de la mujer profesional versus el tema familiar, aún seguimos teniendo muchas brechas en el país”. María Alejandra Tejada, Vicerrectoría de Investigación

 

Una demanda que se ha visibilizado con mayor intensidad en los últimos años es la del abuso y acoso sexual que padecen muchas mujeres dentro de la academia. “Hay numerosos testimonios de estudiantes de pregrado o de nivel posgradual que en algún punto deciden dejar sus estudios o perder alguna oportunidad de una estancia o un trabajo que mejora su perfil porque detrás había un docente o investigador acosándolas”, relata Sutachan. Las redes sociales han sido claves para estas denuncias por la presión mediática que generan. Aunque menciona avances en la discusión, la investigadora ha encontrado que pocas universidades del país están generando protocolos y políticas para enfrentar esta situación. “Yo creo que esas resistencias eventualmente tienen que ir cediendo porque es un fenómeno que es real y amerita una intervención institucional cada vez más sólida”, enfatiza. Para ella, la universidad también debe ir reconociendo sus falencias en cuanto a las reflexiones sobre género y debe reconocer la dimensión patriarcal de algunas de sus políticas.

Resalta también que en políticas públicas hay avances positivos. En el último año se duplicaron los reconocimientos del programa ‘Para las Mujeres en la Ciencia’  pasando de siete a 14, priorizando las ciencias naturales y exactas. Además, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación creó el Fondo + mujer + ciencia, para la vinculación de la mujer al mundo científico e investigativo. Estos esfuerzos son bien recibidos por la investigadora, pero advierte que al mismo tiempo es necesario revisar otros factores. “Es importante que cualitativamente se revise cuáles son las circunstancias sociales y culturales que impiden que las mujeres alcancen unas trayectorias exitosas en la academia, y qué puede hacerse frente a eso”, afirma Sutachán. “Hay bastantes avances en México y en Chile; sobre todo se basa en ver las estadísticas, cuántas personas se presentan a las convocatorias de becas y posgrados, líderes de grupos de investigación, mujeres en cargos de docencia, en cargos directivos, de gestión, y es justamente cuando tú ves los datos que puedes construir las políticas y los lineamientos”, agrega Tejada. Así entonces se requieren políticas integrales que aborden diferentes frentes.

Son muchas las demandas de las mujeres en el mundo científico y académico que pasan por diferentes niveles y que no solo suceden en Colombia, sino que son discusiones que se están dando en todo el mundo. Algunas pasan por política pública, que según Tejada, el estado tiene herramientas y compromisos para cerrar las brechas de género como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer – CEDAW, la Declaración de Beijing o el punto 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. En otras son las universidades las encargadas de asumir y generar políticas institucionales para dar más garantías a las docentes, investigadoras y directivas. Y finalmente también son temas para discutir desde el ámbito cultural como sociedad.

A pesar de que falta mucho, Sutachan es optimista. “Ver a las mujeres desde el pregrado tan comprometidas con el movimiento feminista, me hace sentir una esperanza enorme. Cada vez son más estudiantes comprometidas no solo con su profesión y su disciplina sino con reconocer que son mujeres en un entorno que ha sido hostil hacia la mujer, históricamente hablando”, finaliza.

Durante esta semana la Red Colombiana de Mujeres Científicas realizará varios eventos para discutir algunos de estos temas. Aquí la agenda completa.

Parir dignamente

Parir dignamente

El día tres del mes de junio del año pasado, Carolina Parra ingresó a una clínica de clase media en la ciudad de Bogotá; a sus 32 años daría a luz a su segundo hijo. Ingresó cuando el reloj marcaba las 4 de la tarde. Para las 5:30 pm las contracciones eran intensas, cada seis minutos sentía cómo el corrientazo de magnitud indescriptible pasaba por todo su cuerpo. A las 6:00 pm le dieron ingreso a la sala de gestantes, le ordenaron quitarse la ropa y ponerse la bata. Las contracciones aumentaban a un ritmo acelerado. La ubicaron en una camilla y tras unas horas de espera y un tacto, la ginecobstetra indicó que no podía recibir la epidural, inyección con un medicamento que ayuda a adormecer la parte inferior del cuerpo y disminuye el dolor, pues ya tenía la dilatación indicada para parir.

La doctora se retiró comunicando a la madre que en pocos minutos la pasarían a la sala de parto. En ese momento, dice Carolina, no aguantó más y rompió fuente. Cuando trataron de llevarla a la sala de parto era demasiado tarde. Sin epidural, sin acompañante a causa de las restricciones por el actual coronavirus, y esperando a que la trasladaran al lugar adaptado para el procedimiento, a las 8:10 pm nació su hijo, “a mi hijito lo tuve prácticamente sola en esa camilla, no me ayudaron. Luego lo pusieron sobre mi vientre, le cortaron el cordón umbilical, nos revisaron a los dos y nos llevaron a una habitación. Desde ahí la atención fue muy diferente”.

Todas las mujeres tienen derecho a recibir el más alto nivel de cuidados en salud, que incluye el derecho a una atención digna y respetuosa en el embarazo y en el parto. Más aún cuando prácticas violentas o discriminatorias podrían tener consecuencias adversas directas tanto para la madre como para el bebé, así lo declara la Organización Mundial de Salud. De aquí que el parto humanizado aparezca como salvavidas para poner fin a este problema de salud pública y erradicar la falta de respeto y violación de derechos en los procesos de gestación. Al respecto, dice la investigadora javeriana en Salud Pública Elba María Bermúdez, “las actividades médicas deben propender por una comunicación asertiva para evaluar las mejores opciones para la madre y el bebé; que la mujer esté lo más confortable posible, su sufrimiento se mitigue y sus tiempos y expectativas se respeten y en general, esto es lo que busca el parto humanizado”.

Sin embargo, testimonios como el de Carolina y otros incluso atravesados por el maltrato verbal y físico, en ocasiones, se mantienen y son reflejo de un sistema de salud provisto de prácticas que culturalmente han sido aceptadas a lo largo de los años: se desconoce el dolor, “no grite señora, no sea escandalosa”; la negativa en la administración de analgésicos; la medicalización o uso de técnicas para ralentizar o acelerar el parto, entre otras.

Este es el caso de Andrea*, madre primeriza, “una enfermera se me echó encima mientras la doctora esperaba a que saliera la bebé. Me dijo que tenía que hacer eso porque se estaba demorando mucho en salir, ¿me pregunto si eso era necesario?”, señala la mujer de 29 años. Este recurso recibe el nombre de técnica de Kisteller y ha sido prohibido en países como el Reino Unido, ya que es considerado como altamente peligroso.

Pareciera que los procedimientos médicos han sido diseñados y acomodados para quienes ejercen la actividad y no para quien está recibiendo el servicio, dice Bermúdez. La silla obstétrica, por ejemplo, explica la experta, representa por sí misma un acto de violencia, “fue diseñada de forma horizontal para que él o la ginecobstetra que recibiera a los bebés, tuviera la comodidad de la visión; no pensaron en la molestia y en la falta de ergonomía para la mujer al parir. La mujer al dar a luz, como lo hacen las indígenas o las campesinas, se tendría que hacer de manera verticalizada para que el bebé salga por gravedad”.

 

Pareciera que los procedimientos médicos han sido diseñados para quienes ejercen la actividad y no para quien está recibiendo el servicio.

 

Como estas, otras intervenciones se han normalizado y no siempre son necesarias, como la episiotomía (incisión que se hace en el tejido entre la abertura vaginal y el ano); el rasurado, o las cesáreas no indicadas. Según estudio del Atlas de Variaciones Geográficas en Salud de Colombia 2015, las cesáreas en Colombia excedieron el porcentaje de partos por cesárea previsto por la OMS, pues los profesionales de la salud de todo el mundo han considerado que la tasa ideal de cesárea debe oscilar entre el 10% y el 15% y Colombia sobrepasa este número con una cifra del 61,10% de los partos en un año.

“La cesárea es un procedimiento médico que hace parte de la tecnificación de la atención del parto”, dice Diana Rubio, profesora de la facultad de psicología de la Universidad Javeriana y doctora en salud pública. “Por supuesto que ha salvado vidas y ha mejorado los resultados en salud de las mujeres y de sus hijos. El problema es que cuando no están indicadas rompen los tiempos del trabajo de parto de la mujer”.

 

El parto ideal debe existir para cada mujer

Si bien el país cuenta con documentos técnicos que promueven el parto humanizado, aún no hay una ley que lo regule. Incluso, gran parte del personal médico no sabe lo que implica atender un parto de forma humanizada, pues como dice la doctora Bermúdez, el desarrollo de los procedimientos tal como los hacen son catalogados como correctos, pues así lo han aprendido en su formación académica y en la práctica. “Es cultural, son acciones legitimadas y repetidas generación tras generación; por esto es necesario desaprender y romper estas estructuras que han sido interiorizadas”.

La implementación de la humanización significa que la protagonista es la futura madre y no el médico o la médica. Por otro lado, la materna debe ser entendida en su dolor y en sus necesidades, “ellas no se lo están inventando, hay mujeres a las que parir les representa mayor molestia y dolor que a otras”, explica la doctora Rubio.

 

La materna debe ser entendida en su dolor y en sus necesidades.

 

A esto se suma, respetar que inmediatamente nazca el niño éste sea puesto en contacto piel a piel con la madre, “muchos neonatólogos retiran al bebé a los pocos minutos del nacimiento para hacerle todos los exámenes que requiere. Eso lo entendemos profundamente, pero todos esos exámenes se pueden hacer después de dos horas o una hora de contacto piel a piel, pues ya sabemos los múltiples beneficios que trae esta práctica”, agrega la javeriana Elba Bermúdez.

Por su parte, bien es sabido que uno de los derechos de la mujer gestante es ser acompañada durante el nacimiento de su hijo o hija, y el parto humanizado le apuesta a que esto se cumpla, pero además promueve que la madre tome la decisión de quién quiere que la acompañe, “no todos los bebés son producto de una relación de pareja saludable, por lo que, por ejemplo, no todo papá puede estar allí. La madre debe elegir”, comenta Bermúdez.

Las expertas Rubio y Bermúdez coinciden en que es de vital importancia la comunicación médico-paciente, la escucha y el respeto por los derechos y expectativas de las maternas.

 

En pandemia el parto se complejiza

Carolina Parra fue una de las millones de madres que dio a luz en medio de la pandemia. “Desde que inició la cuarentena en todo momento sentí miedo al saber que los controles se iban a complicar y el ingreso a los centros de salud iba a ser difícil”, dice.

Durante la pandemia, debido a las medidas tomadas por los gobiernos, los servicios de salud sexual y reproductiva limitaron seriamente su regularidad, continuidad y acceso, y, por si fuera poco, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, los sistemas de salud tuvieron que redirigir los recursos de salud sexual y reproductiva a otros tipo de servicios, impactando negativamente el acceso de las mujeres a métodos anticonceptivos, atención prenatal y a otros servicios esenciales, poniendo en riesgo la vida y salud de las mujeres.

Por ejemplo, Carolina cuenta que tuvo dificultades para que le hicieran su última ecografía. “Llamé y llamé y no me asignaron la cita, no estaban asignando por todo lo de la Covid-19. Yo estaba preocupada, pues yo sabía que el bebé no estaba bien posicionado. Tuve que ir a un hospital en pleno brote del virus para que me hicieran una ecografía (casi que por urgencia), y finalmente lo logré, pero corriendo muchos riesgos”.

El caso de la señora Parra finalmente salió favorecido en medio de las dificultades. No obstante, muchas de las mujeres de zonas rurales que estaban pasando por la misma situación, no pudieron movilizarse a los centros urbanos para obtener la atención esperada en cuanto a ecografías y exámenes, situación que a su vez dejó al descubierto una realidad de acceso a los servicios. “Las mujeres que están en este país tenemos un sistema de salud increíblemente dividido en el privado, el subsidiado y quienes no acceden. Los primeros seguramente son los que están informados y el recurso humano también sabe cómo tiene que atender a estos pacientes, por lo que es más probable que tengan a sus hijos en mejores condiciones, pero, este es un privilegio del que no gozan la mayoría de mujeres en el país”, reflexiona la doctora Bermúdez.

 

Las mujeres que están en este país tenemos un sistema de salud increíblemente dividido.

 

La experta expone que es el sistema el que tiene que llegar a las personas, pero hay grandes áreas rurales de Colombia que no tienen acceso a los servicios de salud por falta de gobernabilidad, y, si acceden de forma subsidiada tienen que someterse al mal trato y poca o nula información. Por esto, cada vez se hace más importante valorar esta lucha por el parto humanizado y no perder de vista trabajos tradicionales como la partería, la cual favorece a las mujeres en lugares donde el gobierno no se hace presente, destaca la javeriana.

Hay que decir que las distintas barreras forzadas por la pandemia han venido disminuyendo. “Al entender el comportamiento del virus los protocolos se han podido ir adaptando de manera que los servicios se están retomando bajo condiciones que evitan poner en riesgo la vida de las gestantes y los neonatos y aquí hay que aplaudir el manejo que ha hecho el personal de la salud”, señala la psicóloga Diana Rubio.

 

Un personal de la salud educado para el parto humanizado

Hacer posible el parto humanizado no es sólo una responsabilidad del personal de la salud, esto pasa por los currículos universitarios, por los entes estatales y administrativos, por la cultura que se transmite en las rotaciones médicas al personal de la salud, etc. Toda esta lucha tiene muchos actores y aristas que cubrir, dice Elba María Bermúdez. “Lo que queremos es que el o la bebé que va a llegar sea acogido en los mejores términos, que se le empiecen a asegurar sus derechos desde que está en el vientre y que la mamá disfrute el proceso a sus anchas”, dice.

Entretanto, el trabajo investigativo continua: “nuestra labor ahora no es otra que la de demostrar la necesidad de esta buena práctica, los beneficios y tener bases teóricas y científicas para respaldar proyectos de ley que regulen el parto humanizado, con la ilusión de que esto se siga implementando y se haga de manera obligatoria”, finaliza la doctora Bermúdez.

* Nombre cambiado por solicitud de la fuente.

Brechas de género: cada vez más amplias por la pandemia

Brechas de género: cada vez más amplias por la pandemia

Ante las cifras sobre desempleo, horas de trabajo no remunerado y otros indicadores del panorama económico del país, las brechas de género son cada vez más evidentes. Pese a la importancia de las mujeres para el mercado laboral, los avances hasta ahora, aunque destacables en muchos casos, han sido lentos, irregulares, insuficientes y diferenciados.

Esta es la principal conclusión de un estudio divulgado en noviembre por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) a través de la publicación Mujeres y hombres: brechas de género en Colombia.

Para profundizar en este análisis, Pesquisa Javeriana dialogó con Paula Herrera Idárraga, profesora del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente lidera los informes sobre brechas de género en el Mercado Laboral en Colombia durante la Pandemia, junto al proyecto Género y Economía y el Dane.

 

Pesquisa Javeriana: ¿De dónde surgen las brechas de género?

Paula Herrera Idárraga: Depende de la óptica desde donde uno las analice, pero yo diría que las brechas de género surgen por una cuestión de roles que son una construcción social, es decir, la sociedad es quien decide cuál es el rol del hombre y de la mujer dentro de la misma. En esta lógica, a las mujeres desde hace mucho tiempo se les ha dado el rol de quienes cuidan y quienes hacen labores domésticas dentro del hogar, mientras que al hombre se le ha dado un rol de proveedor -quien lo sustenta.

 

PJ: Se creería que los departamentos con economías más fuertes tienen mayor participación laboral de las mujeres, como es el caso de Cundinamarca, Valle del Cauca o Santander. Pero ¿qué está haciendo La Guajira, por ejemplo, para tener una de las cinco tasas globales de participación femenina más altas en el país?

PHI: Hay que tener en cuenta que la participación laboral tiene un comportamiento de ‘U’ con respecto al desarrollo económico. Puede ser muy alta en el despegue de la economía porque las mujeres están vinculadas como trabajadoras familiares o en procesos productivos como los agrícolas, siendo parte de la mano de obra.

En la medida en que las economías empiezan a desarrollarse, la participación laboral de las mujeres cae porque hay más desarrollo, más ingresos y las actividades ya no se llevan a cabo en estructura familiar, sino en estructuras de mercado, en las cuales las mujeres empiezan a perder ese estatus que antes tenían cuando el desarrollo era incipiente.

Finalmente, cuando el desarrollo es aún mayor, la participación laboral femenina se incrementa porque aumentan los niveles educativos de las mujeres, sus oportunidades y su remuneración.

También podríamos pensar que la participación laboral femenina no solo depende del desarrollo territorial, sino también de otras variables como los aspectos culturales que pueden ser distintos entre regiones igualmente desarrolladas, por ejemplo, Antioquia, que está por debajo del promedio nacional en esta tasa. Allí puede que los factores culturales primen más que los económicos.

 

PJ: ¿Se podría decir que la maternidad se convierte en un obstáculo para el desarrollo laboral de las mujeres?

PHI: Sí. La razón de ello tiene que ver con los roles de género porque las mujeres terminan siendo las responsables y quienes más tiempo dedican a los cuidados de los menores, los hijos y de los mayores.
Incluso, como lo ha analizado la economista Claudia Goldin, una vez nacen los hijos las mujeres se ausentan del mercado laboral, eso genera un espacio en su trayectoria en donde no acumulan experiencia y tienen depreciación de su capital humano. Cuando vuelven a vincularse, la única forma como lo logran es con salarios menores que los de sus pares hombres, que no tuvieron esa ausencia durante la crianza de los hijos.

 

PJ: Además de promover la educación de las mujeres, ¿qué otros aspectos se deberían fortalecer para eliminar las brechas de género?

PHI: Es importante pensar en políticas públicas y mecanismos que les permitan a las familias disminuir esas cargas de cuidado de los menores, es decir, pensar en guarderías y colegios de jornada única más larga, en lo ideal subvencionadas o gratuitas por parte del Estado, que coincidan con los horarios laborales de los padres. Ante esto, también se podrían pensar tipos de trabajos más flexibles para poder conciliar la vida familiar con la laboral.

Por ejemplo, en el caso particular colombiano se está hablando de una licencia de paternidad similar a la de las mujeres para que las empresas perciban igualmente costoso contratar a una mujer que a un hombre.

 

La discriminación positiva consiste en poner cuotas para la contratación de mujeres.

 

PJ: ¿Por qué hoy aún persisten los sesgos en las profesiones que las mujeres eligen?

PHI: Esto es como el problema de cuál fue primero: el huevo o la gallina. Si una mujer percibe que aunque estudia mucho y trata de ir hacia profesiones que son masculinizadas y romper los ‘techos de cristal’, no consigue ocupar los mismos cargos que los hombres y ganar los mismos salarios, en muchos casos la señal que se envía a otras mujeres es que a pesar de los esfuerzos no va a lograr lo mismo que un hombre.

En la medida en que las mujeres no vean referentes femeninos en cargos de poder, esto será una señal que les seguirá demostrando que es difícil llegar allí.

 

PJ: ¿Para romper las brechas, las mujeres se estarían recargando de trabajo tanto remunerado como no remunerado?

PHI: Sí, las mujeres lo están haciendo. Yo creo que se les está pidiendo demasiado. Aquí es cuando hablamos de la súpermujer que puede hacer todo. Lo cierto es que si una de ellas quiere tener familia, trabajo, hijos y ser una gran profesional, en muchos casos tendrá unas jornadas muy largas o la ayuda de otras mujeres, lo que se conoce en la literatura como las ‘cadenas de cuidado’. Esto significa que las súpermujeres muchas veces realmente lo logran a ‘costillas’ de otras que están dejando sus hogares y aquí es donde viene otro concepto del que casi no se habla: los ‘pisos pegajosos’.

 

PJ: ¿Cómo ve las brechas de género después de la pandemia?

PHI: Aumentando. Los datos ya lo indican. Incluso nosotros venimos alertando sobre estas brechas desde que se publicaron los dos primeros informes sobre Brechas de género en el mercado laboral colombiano – impactos COVID-19, desarrollados en conjunto con el Dane. Por ejemplo, en octubre la tasa de desempleo de las mujeres aumentó 7,6 puntos porcentuales con respecto a 2019, mientras que los hombres 2,9.

Durante la pandemia todos estos indicadores los estamos tratando como una crisis, pero resulta que las mujeres en octubre de 2019 ya enfrentaban una tasa de desempleo del 12,5% y nadie estaba hablando de eso, entonces eso es lo que nos muestra que las mujeres siempre hemos estado en aprietos en temas de desempleo.

Lea la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) Octubre 2020.

 

PJ: ¿Cuál es el desafío para hombres y mujeres?

PHI: Cualquier cambio en donde para uno de los grupos suponga sacrificios y cambio de mentalidad, va a existir incomodidad. Creo que se debe tener un cambio de conciencia desde temprana edad, es decir, estamos frente a una sociedad muy machista y cuando hablamos de machismos no solo es por el lado de los hombres, sino también por el lado de las mujeres.

Cuando uno mira el porcentaje tan grueso de hombres y mujeres que están de acuerdo con afirmaciones sobre cuáles son los roles de género del tipo “el deber de un hombre es ganar dinero y el de la mujer es cuidar del hogar y la familia”, vemos una realidad en donde tenemos un gran reto por delante y es deconstruir esas formas como la sociedad ha decidido que los hombres y las mujeres deben comportarse y asumir ciertas responsabilidades al interior del hogar.

Economía feminista en pandemia, ¿una situación olvidada?

Economía feminista en pandemia, ¿una situación olvidada?

Las brechas laborales entre mujeres y hombres se acentúan con la llegada de la pandemia por la COVID-19. Según un estudio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las medidas de confinamiento afectaron económicamente al 56% de las mujeres ocupadas y al 45% de los hombres.

Esta consecuencia se debe a que los sectores más perjudicados por la contingencia han sido los que por lo general lidera la población femenina como servicios, manufactura, turismo, entre otros. Es más, ante el cierre de instituciones educativas, muchas mujeres tuvieron que dejar sus trabajos para ocuparse de los niños en casa.

En uno de los encuentros virtuales sobre economía feminista realizados por el Departamento de Economía de la Javeriana Cali, expertas en género y economía como Cecilia López (exministra), Paula Herrera (profesora de la Javeriana Bogotá) y Natalia Escobar (Coordinadora de la Mesa de Economía Feminista del Valle del Cauca), dialogaron sobre la dinámica que enfrentan las mujeres en la actualidad.

Mariela*, que a sus 32 años de vida y con una trayectoria laboral de más de una década en una empresa reconocida del país, tuvo que dejar su cargo como operaria. “No podía dejar a mis hijos con otros cuidadores pues las recomendaciones eran mantenerse aislados con el grupo familiar y, además, para el colegio virtual era complicado porque mi mamá era la única que estaba en la casa y no podría dirigirles las tareas ni colaborarles con los aparatos tecnológicos. De verdad que ojalá los niños puedan regresar pronto a estudiar, porque yo no puedo seguir en la casa, yo estoy enseñada a trabajar y mi esposo es el único que está aportando en este momento. Estamos estallados”, describe.

Con la reactivación económica, uno de los sectores que primero retomó labores fue el de la construcción, el cual tiene mayor representación masculina y menos del 1% de las mujeres, según confirma estudio del DANE. Uno de los sectores más afectados ha sido el de manufactura, en el que las mujeres cuentan con el 45% de los empleos sobre todo en la fabricación de prendas de vestir, labor feminizada que está atravesando una crisis por la disminución de su demanda.

Ante esto, la noción de economía feminista parte del hecho de que las mujeres están rezagadas dentro del sistema económico. Por eso, esta área de estudio propone repensar la economía como disciplina para erradicar la violencia doméstica, proteger a las mujeres y educar para involucrar a los hombres en el trabajo doméstico y de cuidado, de acuerdo con Maribel Castillo, profesora investigadora asociada al Departamento de Economía de la Javeriana Cali. “No hay que pensar la economía feminista como un subcampo, sino como un eje transversal a todo lo que hacemos en economía”, complementa.

Desigualdad laboral entre géneros

Hoy en día las mujeres conforman una buena parte del mercado productivo y desempeñan labores de gran importancia alrededor del mundo. No obstante, las inequidades entre géneros persisten en la sociedad y el ámbito laboral es un claro ejemplo de ello. En Colombia, por ejemplo, para el primer trimestre del 2020 la participación de las mujeres en el mercado laboral fue del 53,4%, mientras que la de los hombres representó el 74,4% y, a su vez, el desempleo en mujeres fue del 13,3% frente al 7,7% en los hombres. “La mujer sigue siendo subvalorada tanto en el tiempo trabajado como en el pago remunerado”, explica Castillo.

Y la situación no deja de ser preocupante cuando se fija la mirada en las cifras que demuestran que el trabajo remunerado ha disminuido con relación al trabajo no remunerado, que va en alza, dice Castillo. Ella agrega que el cuidado de niños, personas de la tercera edad y familiares enfermos ha caído en hombros de las mujeres alrededor del mundo, reflejo de las normas sociales predominantes y la estructura del mercado laboral actual. Esto afecta la capacidad de las mujeres para dedicarse al trabajo remunerado, sobre todo cuando son labores que no pueden realizarse de manera remota. Según cifras de Naciones Unidas, a nivel global las mujeres están dedicando un promedio de 4,1 horas diarias al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, lo que equivale aproximadamente al 50% de una jornada laboral paga.

Ahora bien, ¿qué pasa con la situación de las mujeres que además de ser empleadas con sueldos muy por debajo de lo que en su lugar ganaría un hombre, cumplen con tareas del hogar sin recibir una remuneración económica a cambio? Este panorama hace referencia a lo que desde la economía se denomina “trabajo doméstico o de cuidado no remunerado”, el cual no es considerado como una actividad productiva bajo el paradigma económico convencional Al respecto, López, Herrera y Escobar, como lo afirmaron en el encuentro web mencionado, que aunque la situación ahora mismo no es alentadora, poner sobre la mesa estas ideas de desigualdad y reconocerlas, ya representa un paso enorme para empezar a operar en favor de la equidad económica, social, política y cultural.

Ese es uno de los motivos de la creación de la ‘Mesa de economía feminista de Cali y el Valle del Cauca’, instaurada a partir de esfuerzos conjuntos de instituciones como la Universidad ICESI, la Universidad del Valle y la Pontifica Universidad Javeriana Cali, con el fin de poner en la agenda municipal y departamental el abordaje de la economía feminista y con ello hacer frente a las desigualdades mencionadas.

Maribel Castillo señala que la pandemia ha revelado la importancia de las labores de cuidado y enfatiza en que las políticas de reactivación económica deben incluir la perspectiva feminista, o de lo contrario se seguirán ampliando las brechas entre géneros. “Debemos darle lugar a la economía feminista en los debates políticos nacionales y trabajar hacia un nuevo modelo de desarrollo que reconozca la importancia de la mujer en los diferentes escenarios, económicos, políticos y sociales”, enfatiza.

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Con este tipo de imágenes, los encuentros virtuales ejemplifican la situación actual laboral de las mujeres en el país.

*Nombre modificado por solicitud de la fuente

Lo que viven las mujeres trans en un consultorio

Lo que viven las mujeres trans en un consultorio

Paloma* tiene 30 años, es alta, de tez morena, cabello oscuro y acuerpada. Dice que su lucha diaria es contra la discriminación, pues ha cargado con ella por más de seis años. La vive cada que accede a algún servicio de salud se siente segregada. Cuando va al médico nota cómo las miradas recorren su cuerpo, como si fueran un escáner con actitud amarillista. Esta situación, según el proyecto TranSer, evidencia las dinámicas de discriminación para con las mujeres trans que han permeado los servicios de salud.

La vida no es fácil para Paloma. Usan la palabra señor para referirse ella y el personal de salud lo hace de forma reiterativa. El portero se lo dice, luego lo repite la recepcionista al requerirla; a pesar del tono cortés, la enfermera la llama una vez más y el médico lo reafirma: ¡señor, cuénteme en qué puedo ayudarlo! “Llega un momento en el que uno ya no aguanta. Yo voy vestida de mujer, me identifico como mujer y soy una mujer. Entonces, ¿por qué me dicen señor?”, comenta Paloma.

Ser trans en sociedades caracterizadas por el poder hegemónico, patriarcal y machista históricamente ha implicado vivir bajo relaciones marcadas por la inequidad, la injusticia y la exclusión, dice Paula Andrea Hoyos, psicóloga e investigadora de la Pontifica Universidad Javeriana Cali, quien en el marco del proyecto TranSer (2019-2022), para el fortalecimiento de una sexualidad plena, satisfactoria y saludable en mujeres trans de Colombia, se ha dedicado a estudiar esta problemática desde diferentes aristas, una de ellas, las dinámicas de discriminación de estas mujeres en el sector salud.

La palabra trans es una gran sombrilla que acoge a quienes se identifican como transexuales, transgénero, travestis o transformistas. La investigación que está en curso hasta ahora ha trabajado con mujeres que se identifican como transexuales y transgénero; las primeras sienten un rechazo por sus órganos sexuales con los que nacieron y las personas transgénero solo ocasionalmente?: “yo no tengo problema con mis órganos sexuales, el hecho de que yo haya hecho mi tránsito a mujer no significa que odie mi genitalidad”, dice una de ellas.

El estudio ha tenido efectos de empoderamiento e incluso ha sido terapéutica para las participantes, comenta la profesora Hoyos. Con los resultados quieren hacer un llamado para construir procesos más dignos de atención en salud y sensibilizar sobre las diferentes necesidades de esta población que van más allá de prevenir el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) u otras infecciones de transmisión sexual (ITS), como usualmente se ha comprendido. “No se trata de seguir hablando de cifras o epidemiologías, sino de lo que ellas requieren, por esto aquí son unas investigadoras más”, afirma Hoyos.

Según indican las cifras reportadas por Colombia Diversa, el país hace parte de las sociedades reproductoras de discriminación y violencia contra la comunidad LGBTI. Entre enero de 2018 y junio de 2019 se presentaron 120 homicidios de personas con identidad diferente a la heteronormativa. Para la profesora Hoyos, son víctimas frecuentes de homicidios, abuso sexual; presentan mayor prevalencia de depresión y ansiedad, y, además, las barreras para acceder al sistema de salud se multiplican, pues no cuentan con servicios de género, ni con atención diferencial.

“Muchas de nosotras evitamos ir a la EPS; aunque quisiéramos ir preferimos automedicarnos para no someternos a la discriminación”, asiente Paloma y así lo pone en evidencia el estudio javeriano. Con la participación de alrededor de 139 mujeres de cinco ciudades del país –Cali, Armenia, Cartagena, Bucaramanga y Bogotá–, los investigadores partieron de un abordaje hermenéutico interpretativo de las experiencias de mujeres trans en relación con los servicios de salud y fue a través de un trabajo de escucha activa y participativa que empezaron a identificar cuáles son sus necesidades.

Aunque el problema de la atención en salud es generalizado a nivel nacional, cuando se trata de personas trans los procesos son aún más difíciles. “Es una realidad de nuestro país, en el que frecuentemente se dilatan los tiempos de atención y consultas, pero, esto se perpetúa en poblaciones que se identifican de una forma diferente a lo que socialmente ha sido establecido como normativo”, afirma la investigadora.

Barreras y necesidades en la atención en salud

Según el estudio TranSer, las barreras que enfrentan las mujeres trans en relación con el acceso a los servicios de salud están directamente ligadas al estigma y discriminación, o en otros casos a las trabas para adquirir los tratamientos o procedimientos, por lo que recurren a consultar a otras fuentes para llevar a cabo su proceso de transformación, poniendo en riesgo su salud.

Las mujeres, según el estudio, coinciden en que frecuentemente perciben conductas discriminatorias por parte de los médicos, enfermeras, porteros, actitudes que se van replicando por las personas que vienen detrás (estudiantes de medicina, practicantes de enfermería, entre otros). “El problema está relacionado con las estructuras inequitativas e injustas frente a expresiones de género no hegemónicas, con la poca información por parte del personal de salud alrededor de lo que ellas sienten, y poca capacitación de cómo comprender mejor al ser humano, sus emociones y comportamientos, además de todo lo que implica la diversidad sexual y de género”, afirma la profesora Hoyos. Por esto, una de las insistencias de las mujeres trans, dentro de la investigación, es la necesidad de que los profesionales de la salud tengan los conocimientos y las competencias para acompañarlas.

Una de las cosas que ellas expresan reiterativamente es que sean diagnosticadas psiquiátricamente con una discordancia de género o disforia de género, lo que no es bueno para la salud ni el bienestar de la persona, expresa Hoyos. No obstante, explica que en el país se mantiene el criterio del diagnóstico para que una persona pueda acceder a procesos de reafirmación del género, ya sea la terapia hormonal y/o cirugías, bajo el discurso de que esta es una forma de confirmar la decisión que ha tomado la persona.

Esta etiqueta continúa perpetuando la discriminación y noción de las identidades trans como enfermedades. “Es importante que las personas se tomen el tiempo de pensar, si quieren, el cómo y el cuándo desean hacer el tránsito, es verdad, pero ellas no quieren estar en un proceso de dos años que las expone a las etiquetas psiquiátricas y menos quieren estar obligadas; ellas expresan requerir de un acompañamiento médico para informarse de forma idónea, al igual que un acompañamiento psicosocial con el que se sientan cómodas, aceptadas y seguras, no enfermas”, comenta la investigadora.

Así, es una prioridad la atención de mujeres trans en términos de salud, indica la investigación. Para ese fin debería haber fortalecimiento de la educación universitaria integral, diseño de rutas de atención con enfoque diferencial, seguimiento al consumo de sustancias psicoactivas por la relación que existe entre la hormonización y la reducción de deseo sexual y los estados de ánimo, dado que pueda presentarse que algunas mujeres trans recurran al consumo de algún tipo de sustancia para “compensar” los efectos secundarios del proceso, explica Hoyos.

“Para ellas, el construirse y expresarse como las mujeres que desean es muy importante, por eso recurren, usualmente, a edades muy tempranas a la autoformulación y automedicación, sin ningún acompañamiento idóneo, esto puede traer graves consecuencias para su salud, incluso puede llevarlas a la muerte” dice Hoyos.

La terapia hormonal requiere ser manejada de forma profesional y bajo buenas prácticas clínicas. De aquí que, tal como invita la investigación, las valoraciones médicas y psicosociales deban estar orientadas a la reducción de riesgos, la promoción de la salud y el bienestar de las mujeres trans, pues el acceso a un servicio de salud digno es un derecho que no se debe vulnerar. Al respecto, Paloma es insistente al decir que el camino ha sido difícil y falta trabajar muchísimo.

En Colombia no solo discriminan por el género y la orientación sexual, también lo hacen por la etnia o por el status socioeconómico, dice Hoyos, pero ser diferente hace parte de la naturaleza y, de la vida misma: “es verdad que nos hace falta información y educación en todo lo que implica la diversidad de género. Sin embargo, como seres humanos también debemos comprometernos con las acciones cotidianas, construir relaciones más amorosas, cooperativas, respetuosas y legitimadoras de las diferencias”

*Nombre cambiado por solicitud de la fuente.

Mujeres migrantes en Colombia: entre desafíos y dificultades

Mujeres migrantes en Colombia: entre desafíos y dificultades

En los últimos diez años, la entrada de ciudadanos extranjeros al país se ha incrementado, siendo la capital el principal destino. Según datos de Migración Colombia, a diciembre de 2019 habían ingresado 1.032.016 venezolanos, de los cuales el 45% son mujeres. Como lo explica la profesora Camila Esguerra Muelle, del Instituto Pensar, de ese porcentaje la gran mayoría de ellas terminarían realizando labores de cuidado precarizado y no reconocido.

Este tipo de trabajos se conocen como empleos inseguros o de poca calidad que exponen a sus trabajadores a situaciones de riesgo constante. Esto sucede en el ejercicio del cuidado, pues como argumenta la investigadora, el empleo doméstico es uno de los que más riesgos laborales implica pues se enfrentan a circunstancias ergonómicas, físicas, psicosociales, de acoso y explotación laboral.

Bajo este contexto social, Esguerra realizó la investigación ‘Migración y cadenas globales de cuidado’, resumida a través del ‘working paper’ Se nos va el cuidado, se nos va la vida: Migración, destierro, desplazamiento y cuidado en Colombia. “Cuando hablamos de cuidado nos referimos a la reproducción material y simbólica de la vida; es la dependencia en las relaciones con los territorios y la naturaleza que lo rodea”, aclara la entrevistada. Ejemplos visibles de estas acciones son las labores domésticas, familiares, agrarias, de la tercera edad y cuidado personal.

En su estudio, la antropóloga analiza la formación de las cadenas globales de cuidado y explica que cuando son escasas, las mujeres en condiciones de pobreza del mismo país o migrantes rurales se encargan de cubrirlas; ellas a su vez, al emigrar, dejan un vacío en el cuidado de sus propios hogares, el cual es cubierto por otras personas.

Aunque el cuidado no es valorado, este hace parte de la economía del mundo, pues según la ENUT (Encuesta Nacional del Uso del Tiempo), el 20% del Producto Interno Bruto (PIB) en Colombia se produce a partir de los trabajos de cuidado no remunerado. De este, el 16% es realizado por mujeres en situación de pobreza.

Un ejemplo cotidiano de los retos a los que se enfrentan las niñas en condición de vulnerabilidad es que en algunos casos son entregadas desde pequeñas a familias con alta capacidad adquisitiva, con el fin de que cumplan con labores domésticas y a cambio de una promesa de educación. Según explica Esguerra, las personas que hacen estos intercambios no son conscientes de que realizan trata de personas, muchas veces con menores de edad.

Además, si se tiene en cuenta que existen aproximadamente ocho millones de personas desplazadas en el país, la migración no es exclusivamente venezolana. “Más de la mitad de los desplazados por la violencia y el narcotráfico son mujeres que vienen a las grandes ciudades a cuidar y muchas de las que llamamos venezolanas son en realidad colombianas retornadas, que el conflicto armado de este país sacó hace 20 años”, complementa.

El problema principal de estas mujeres es que carecen de cuidado, el cual se evidencia en enfermedades físicas y psicológicas como depresión, ansiedad, insomnio y dolores físicos. A esto se le suma otro escenario: ellas trabajan en promedio un mes más por cada año que los hombres y son peor remuneradas, según la ENUT. “Eso es lo que configura las profundas desigualdades de género en el mundo. Nadie cuida a las cuidadoras porque esto se ha asumido como un asunto privado, que se naturaliza como una labor propia de las mujeres”, argumenta la investigadora.

Esguerra concluye que se debe aceptar el reconocimiento de las labores de cuidado como un asunto de Estado. “No basta con hacer pactos de redistribución del trabajo en la casa. El Estado debe asumir el cuidado como un derecho y un bien social, entendiendo que todos los seres vivos necesitamos de este, de lo contrario seguirá habiendo un mercado informal y precarizado, que pone en riesgo a las migrantes y seguirá soportado en la explotación de mujeres y personas feminizadas”, puntualiza.

La resistencia tiene rostro de mujer

La resistencia tiene rostro de mujer

Sanne Weber, Julia Zulver y Salomé Gómez, tres investigadoras comprometidas con el Acuerdo de Paz, han dedicado sus estudios a analizar las realidades de excombatientes y víctimas del conflicto armado, con el fin de entender cómo las mujeres se adaptan a una nueva vida tras el desarme, hallando que cada una de ellas asume el posconflicto de una manera diferente.

Al haber vivido el conflicto armado como víctimas se desarrollan técnicas de resistencia que fortalecen a las mujeres en comunidad, mientras que las excombatientes se encuentran ajustándose al desarrollo de una vida en la que pueden dedicarse a la maternidad. Sin embargo, lo importante es reconocer que cada una de ellas tuvo distintas experiencias, e impactos particulares, por lo que sus historias cuentan una narrativa única desde donde se mire.Gracias a sus aportes investigativos frente a lo que significa ser mujer en este contexto, Weber, Zulver y Gómez fueron invitadas al conversatorio Mujeres, guerra y resistencia en Colombia, realizado por la Pontificia Universidad Javeriana y el Instituto Pensar, en el que presentaron los resultados de sus trabajos que ayudan a entender los diferentes procesos de reintegración y resistencia a lo largo del territorio nacional.

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Sanne Weber: la reintegración de las excombatientes en La Guajira

Esta holandesa, experta en procesos de justicia transicional, lleva un año trabajando en el país. La investigadora convivió durante un año con los habitantes del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), ubicado en la vereda Pondores, (La Guajira). Desde una aproximación etnográfica, Sanne se incorporó y escuchó diariamente los relatos de más de 250 hombres y mujeres exintegrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para así estudiar cómo este grupo retorna a la sociedad tras dejar las armas.

En su investigación, Weber resalta que las excombatientes en la actualidad son las encargadas del hogar y del cuidado de los hijos, mientras los hombres realizan las labores manuales y trabajos pesados.

“Lo que ellos dicen es que al inicio eso no fue así. Cuando se desmovilizaron y empezaron sus proyectos, hombres y mujeres trabajaban por igual. Pero poco a poco, y eso también tiene que ver con el “Baby Boom” (explosión de natalidad), las mujeres se dedicaron más a las tareas domésticas”, afirma la profesional. Esto quiere decir que al abandonar la guerra las parejas   que se conformaron en esta ETCR, se enfocaron en expandir sus hogares y se dio un aumento en la natalidad. “En solo septiembre nacieron 9 niños”, comenta. Concluye, además, que por esta razón las mujeres dejan de lado sus intereses por el estudio y el trabajo, retornando a roles de género establecidos históricamente.

Webber también se pregunta cómo algunas de estas mujeres vivieron la violencia durante su tiempo en el grupo armado. Con la ayuda de la Corporación Rosa Blanca se pretende ayudar a las excombatientes a que denuncien los crímenes de guerra de los que fueron víctimas. Sin embargo, los procesos de denuncia no son sencillos, ya que “las mujeres que deciden contar la violencia a la que fueron sometidas son rechazadas y aisladas por los habitantes de la ETRC Pondores, pues la imagen de agresión entre filas es inconcebible para el grupo armado y la denuncia atenta contra la comunidad”, complementa la investigadora.

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Por esta razón, Sanne hace un llamado a reconocer que “las mujeres de las FARC muchas veces fueron víctimas de reclutamiento forzado y de violencia sexual a manos de sus compañeros. Muchas estaban ahí porque les tocó”, lo cual complica aún más su reintegración a la vida civil pues “los procesos de paz y reconciliación tienden a separar a las víctimas de los victimarios y los procesos son exclusivos de las víctimas, dejando a las excombatientes por fuera”, narra la europea. Por lo que su trabajo con en este grupo surge de la necesidad de conocer la otra cara del posconflicto.

Julia Zulver y las mujeres “tejiendo” la resistencia

Zulver es una británica que lleva dos años trabajando con la Alianza de Tejedoras de Vida del Putumayo, una coalición conformada por los 13 municipios del departamento, la cual quiere abrir espacios para el reconocimiento de los derechos de las mujeres que viven en zonas de conflicto por medio de la construcción de paz, participación política y el desarrollo económico y social.

En su intervención explicó que dicha iniciativa pretende “el empoderamiento femenino por medio de estrategias de sensibilidad para recuperar el tejido social afectado por el conflicto armado”. Sin embargo, esto no es algo positivo para todos. Los nuevos actores armados buscan el control de los territorios y limitar el activismo femenino utilizando el ‘backlash patriarcal’ (prácticas de dominación patriarcal basadas en género) “para limitar la participación de las mujeres en entornos políticos y sociales”, argumentó la británica.

Para-galeria-3Zulver también habló sobre el aumento de amenazas contra la vida de las lideresas, causando que muchas deban huir para proteger a sus familias. Es el caso de Sandra, una de las participantes de la coalición con las que habló. En palabras de Sandra: “Somos hermanas, cuando algo le pasa a una, nos pasa a todas, pertenecemos a la alianza, al territorio”. Por ese motivo las mujeres del Putumayo buscan la manera de resistir al miedo y a las intimidaciones.

Otra de las virtudes que destacó es la fortaleza de estas mujeres, que viene de comprender los riesgos que las rodean y su manera de protegerse, como lo hacen Sandra y sus compañeras. No obstante, es un reto para muchas, pues como explica Zulver: “las mujeres que resisten son castigadas como un ejemplo para los demás. Son estrategias para infundir el miedo y limitar la resistencia. Pero el conflicto armado les enseñó caminos de resistencia, que siguen aplicando en esta nueva ola de violencia contra las lideresas del Putumayo”, agregó la investigadora.

“Las mujeres que viven ese conflicto quieren la paz y ahora que resurge la violencia no se van a esconder, van a aplicar y modificar lo que aprendieron en otro momento y acomodarlo para enfrentar lo que pase”, finalizó Zulver.

Salomé Gómez: la violencia sexual va más allá del acceso carnal violento

Salomé hace parte de la Comisión de la Verdad, una Entidad Estatal que busca ayudar a las víctimas del conflicto armado en sus procesos de esclarecimiento de la verdad, reconocimiento, convivencia y condiciones para la no repetición. Basándose en estos ejes fundamentales, “buscan abrir el diálogo social frente a la dignidad de las víctimas, el reconocimiento de responsabilidades y la importancia de que la sociedad civil reconozca el conflicto armado”, explicó.

Durante su exposición aclaró que “es muy difícil encontrar que los hombres reconozcan haber cometido violencia sexual contra la mujer de cualquier tipo” porque la violencia sexual no es únicamente el acceso carnal violento, sino que incluye desnudez, aborto y maternidad forzados, cambios impuestos al cuerpo y puede darse con cualquiera de los actores armados del conflicto, es decir, víctimas y victimarios.Para-galeria-4

Por esta razón, el Grupo de Género de la Comisión de la Verdad que ella coordina está comprometido con “la eliminación de todas las violencias contra las mujeres, es decir, violencias que vulneren a las mujeres y personas LGTBI como la violencia en la escuela, el acoso callejero, la violencia en la casa, etc.”, sentenció Salomé.

Gómez resaltó la importancia de replantear lógicas de estructuración, roles de género, causas de la violencia e historias de vida. “Para conocer a lo que se enfrentan ahora las víctimas y los victimarios debemos entender que cada persona tiene distintas experiencias, impactos diferenciales y particulares que los definen como poblaciones en condiciones de vulnerabilidad”, expresó.

Sin espacio para ellas

Sin espacio para ellas

Los dolores en el bajo vientre comenzaron esta mañana pero ese no es el mayor de sus problemas, pues la ración de toallas higiénicas se ha acabado y debe comprarlas con las otras internas. En su monedero escasea el dinero y el fin de semana pasado su familia no pudo llevarle los implementos de aseo que pedía. Por el contrario, recibió noticias poco alentadoras: hace dos meses su hija mayor dejó el colegio y entró a trabajar en un almacén para ayudar a su abuela a criar a sus hermanos, cuyo rendimiento escolar empeora cada día. De su exesposo, el padre de sus hijos, no hay noticia alguna desde hace más de cinco años.

A ella aún le faltan algunos años para merecer alguna rebaja por pena cumplida. Se esmera en los talleres de costura para cumplir con la cuota mensual de producción y recibir algo de dinero para sobrevivir en prisión, pero lo que le inquieta no es que los días pasen, sino lo que sucederá una vez esté afuera. ¿Quién la contratará? ¿Cómo se ganará la vida con los sueldos limitados de la confección? ¿Cómo sacará a sus hijos adelante y apoyará a su mamá en la vejez? ¿Cómo evitará volver tras las rejas? El cielo gris metalizado y el poco aire que se percibe en el patio no le dan buena espina.

Ella bien podría llamarse María, Soledad, Leidy, Beatriz, Consuelo… Su perfil coincide con el de las otras 8.203 mujeres que, según datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), estaban recluidas en Colombia a enero de 2019. Una población que, más allá de los números fríos, se enfrenta a una situación de abandono, no solo por el hacinamiento carcelario o la vulneración de sus derechos —que ha llevado a la Corte Constitucional a criticar la falta de un enfoque de género en la política carcelaria del país—, sino porque, una vez recobrada la libertad, las posibilidades de regresar a la cárcel son bastante altas.

“Algunos jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad entrevistados nos indicaron que muchas mujeres reincidían porque estaban sin un peso, tenían hijos y al final no había otra opción diferente al delito. Era eso o dejar morir a sus hijos”, relata Astrid Sánchez, doctora en Derecho, profesora asociada y directora del Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Ella lideró la investigación que por cerca de dos años, y con apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas de México (CIDE), indagó en las condiciones de reclusión de las mujeres a través de 1.123 encuestas en siete cárceles de Colombia.

“Durante los últimos 50 años hemos visitado las cárceles colombianas para conocer de primera mano las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad y propiciar, a través de un diálogo confidencial con las autoridades penitenciarias, las mejoras que estén a su alcance”, explica Karin Etter, coordinadora de Detención del CICR para Colombia, organismo que se ha acercado a nuevos espacios, fundamentalmente académicos, para precisar la verdadera naturaleza de esta situación: “En Colombia ya se habían trabajado en el pasado estudios sobre mujeres detenidas, pero no con una aplicación de entrevistas a las mujeres privadas de la libertad en las dimensiones que lo realizamos con la Javeriana”.


Las mujeres privadas de la libertad

La intrincada situación carcelaria en el país comenzó a develarse para los investigadores cuando se toparon con la realidad desbordante: la tasa de encarcelamiento pasó de 84,3 presos por cada 100.000 habitantes en 1991 a 236,7 en junio de 2018, es decir, creció casi tres veces. En esos 28 años, las mujeres privadas de su libertad aumentaron un 429% al pasar de 1.500 a 7.944.

Cárceles M 1

Una mirada desprevenida llevaría a inferir que estas cifras reflejan el incremento en los niveles de criminalidad y violencia en el país, pero el ojo académico las ve como la consecuencia de la adopción de reformas punitivas en las últimas décadas. “Ha habido varias reformas legales en las que se aumentaron las penas y se expandió el uso de la detención preventiva. De esta forma, más gente ingresa a prisión durante más tiempo y, por supuesto, esto termina afectando las tasas y las condiciones de encarcelamiento”, comenta Sánchez.

En 2017, con la encuesta diseñada, el equipo de investigadores viajó por todo el país preguntándoles a las reclusas sobre las condiciones en la cárcel, sus razones para haber delinquido y sus expectativas de vida para el momento en que retornen a la libertad. Comenzó con una prueba piloto en la Cárcel Distrital de Bogotá y continuó aplicándola en siete cárceles de Caldas, Tolima, Antioquia, Boyacá, Norte de Santander, Córdoba y Bogotá, exactamente en El Buen Pastor, la cárcel de mujeres más grande del país.

Así, de respuesta en respuesta, los investigadores construyeron el perfil de las reclusas en Colombia y sus necesidades diferenciales: mujeres que nacieron en difíciles condiciones económicas, que no han terminado la secundaria, que fueron víctimas de violencia (intrafamiliar, sexual, afectiva, etc.) alguna vez en su vida, y que son madres cabeza de familia. De acuerdo con las cifras del Inpec de 2018, el 45,2% de las mujeres privadas de la libertad habían sido procesadas por tráfico y tenencia de estupefacientes; un 28,7%, por concierto para delinquir; el 17,4%, por hurto; el 13 %, por homicidio; y el 7 %, por fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y municiones.

Una vez en prisión, la vida sigue castigándolas con condiciones precarias de salubridad, difícil acceso a elementos básicos de aseo y noticias a medias de lo que ocurre con sus hijos. Y, especialmente, con una perspectiva llena de pesimismo. “Las cárceles tienen programas laborales mucho más enfocados en artesanías, costura, tareas que son tradicionalmente femeninas y que no son tan relevantes para el mercado laboral. Pareciera que la cárcel no solo reproduce la subordinación de las mujeres, sino que la refuerza. Por el contrario, cuando les preguntábamos a las internas sobre temas para programas nuevos, nos expresaban que les gustaría capacitarse en sistemas, idiomas y una gran variedad de temas que se alejan de los estereotipos femeninos tradicionales”, asegura Sánchez.

Los resultados de esta investigación están consignados en un informe con recomendaciones puntuales de política pública, que el CICR, el CIDE y la Javeriana lanzaron en conjunto en febrero de este año. Una de las recomendaciones principales es adoptar alternativas a la prisión para mujeres infractoras por primera vez, con responsabilidades de cuidado y que hayan cometido delitos no violentos. Como recalca Etter: “Estas medidas son de varios tipos e involucran a las tres ramas del poder público. De allí que esperamos que las autoridades definan estrategias de corto, mediano y largo plazo que se deben llevar a la práctica”.

 


TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Mujeres y prisión en Colombia: desafíos para la política criminal desde una perspectiva de género
INVESTIGADORA PRINCIPAL: Astrid Liliana Sánchez Mejía COINVESTIGADORES: Leonardo Rodríguez Cely, Juliana Morad Acero y Gustavo Fondevila
Facultad de Ciencias Jurídicas
Facultad de Psicología
Comité Internacional de la Cruz Roja
Centro de Investigación y Docencia Económicas de México (CIDE)
PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2016-2018

 

Esta galería fotográfica muestra el día a día de las mujeres que pagan sus condenas en las cárceles colombianas.

Postales intramuros

Postales intramuros

No es fácil ser una mujer privada de la libertad en Colombia. Más allá del dolor personal por verse separadas de la sociedad y de sus propias familias, adentro viven su propio calvario: con noticias a cuentagotas sobre sus hijos, lidiando con carencias graves de productos para el aseo personal, con la incertidumbre de qué pasará en el mundo exterior cuando recobren la libertad, aprendiendo oficios como costura y confección que tal vez no les dé para mantener a los suyos, soportando una sobrepoblación de mujeres con sus mismas preocupaciones, sus mismas angustias, sus mismos temores.

Para determinar la realidad de esta población, un equipo de investigadores de las facultades de Ciencias Jurídicas y Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana, apoyados por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), de México, recorrieron siete cárceles colombianas y entrevistaron a 1.123 internas para entender sus necesidades, su realidad.

Los resultados no solo dibujan un perfil de las mujeres detrás de las rejas, también dejan en evidencia una situación que puede convertirse en un círculo vicioso.

 

GC 1 PasilloSegún cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), 8.203 mujeres se encontraban privadas de la libertad en las cárceles de Colombia en enero de 2019.

 

GC 2 VentanaLas reformas penales de los últimos 28 años han dictado penas más severas contra delitos menores, lo cual ha aumentado la población carcelaria del país.

 

GC 3 PatioPor ejemplo, en 1991 había 1.500 reclusas en Colombia. Este número creció un 429% al cabo de esos 28 años, cuando se registraron 7.944 internas en 2018.

 

GC 4 PeluqueríaLa Corte Constitucional ha criticado la falta de un enfoque de género en el sistema carcelario colombiano, pues ha evidenciado que las mujeres privadas de la libertad sufren el abandono del Estado y la vulneración de sus derechos.

 

GC 5 ReinadoCon sus encuestas, los investigadores construyeron un perfil de las reclusas: mujeres cabeza de hogar, que se criaron bajo difíciles condiciones económicas, víctimas de violencia y con una baja escolaridad.

 

GC 6 TallerEn la cárcel, ellas reciben capacitaciones en tareas manuales, como costura, artesanías, confección; para los investigadores, estos oficios están alejados de las exigencias del actual mercado laboral, que pide habilidades en sistemas o idiomas.

 

GC 7 LibrosEsto afectaría seriamente sus posibilidades de encontrar una actividad bien remunerada cuando recobren la libertad, lo cual volvería a llevarlas al círculo vicioso de oportunidades limitadas en el cual el crimen, más que una opción, se convirtió en una necesidad para mantener a sus familias.

 

GC 8 VentasLos académicos esperan que esta investigación pueda convertirse en un insumo fundamental para construir una nueva política pública en torno al sistema carcelario, y así mejoren las perspectivas de las mujeres privadas de la libertad.

 


Lea aquí el artículo sobre esta investigación.