La resistencia tiene rostro de mujer

La resistencia tiene rostro de mujer

Sanne Weber, Julia Zulver y Salomé Gómez, tres investigadoras comprometidas con el Acuerdo de Paz, han dedicado sus estudios a analizar las realidades de excombatientes y víctimas del conflicto armado, con el fin de entender cómo las mujeres se adaptan a una nueva vida tras el desarme, hallando que cada una de ellas asume el posconflicto de una manera diferente.

Al haber vivido el conflicto armado como víctimas se desarrollan técnicas de resistencia que fortalecen a las mujeres en comunidad, mientras que las excombatientes se encuentran ajustándose al desarrollo de una vida en la que pueden dedicarse a la maternidad. Sin embargo, lo importante es reconocer que cada una de ellas tuvo distintas experiencias, e impactos particulares, por lo que sus historias cuentan una narrativa única desde donde se mire.Gracias a sus aportes investigativos frente a lo que significa ser mujer en este contexto, Weber, Zulver y Gómez fueron invitadas al conversatorio Mujeres, guerra y resistencia en Colombia, realizado por la Pontificia Universidad Javeriana y el Instituto Pensar, en el que presentaron los resultados de sus trabajos que ayudan a entender los diferentes procesos de reintegración y resistencia a lo largo del territorio nacional.

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Sanne Weber: la reintegración de las excombatientes en La Guajira

Esta holandesa, experta en procesos de justicia transicional, lleva un año trabajando en el país. La investigadora convivió durante un año con los habitantes del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), ubicado en la vereda Pondores, (La Guajira). Desde una aproximación etnográfica, Sanne se incorporó y escuchó diariamente los relatos de más de 250 hombres y mujeres exintegrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para así estudiar cómo este grupo retorna a la sociedad tras dejar las armas.

En su investigación, Weber resalta que las excombatientes en la actualidad son las encargadas del hogar y del cuidado de los hijos, mientras los hombres realizan las labores manuales y trabajos pesados.

“Lo que ellos dicen es que al inicio eso no fue así. Cuando se desmovilizaron y empezaron sus proyectos, hombres y mujeres trabajaban por igual. Pero poco a poco, y eso también tiene que ver con el “Baby Boom” (explosión de natalidad), las mujeres se dedicaron más a las tareas domésticas”, afirma la profesional. Esto quiere decir que al abandonar la guerra las parejas   que se conformaron en esta ETCR, se enfocaron en expandir sus hogares y se dio un aumento en la natalidad. “En solo septiembre nacieron 9 niños”, comenta. Concluye, además, que por esta razón las mujeres dejan de lado sus intereses por el estudio y el trabajo, retornando a roles de género establecidos históricamente.

Webber también se pregunta cómo algunas de estas mujeres vivieron la violencia durante su tiempo en el grupo armado. Con la ayuda de la Corporación Rosa Blanca se pretende ayudar a las excombatientes a que denuncien los crímenes de guerra de los que fueron víctimas. Sin embargo, los procesos de denuncia no son sencillos, ya que “las mujeres que deciden contar la violencia a la que fueron sometidas son rechazadas y aisladas por los habitantes de la ETRC Pondores, pues la imagen de agresión entre filas es inconcebible para el grupo armado y la denuncia atenta contra la comunidad”, complementa la investigadora.

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Por esta razón, Sanne hace un llamado a reconocer que “las mujeres de las FARC muchas veces fueron víctimas de reclutamiento forzado y de violencia sexual a manos de sus compañeros. Muchas estaban ahí porque les tocó”, lo cual complica aún más su reintegración a la vida civil pues “los procesos de paz y reconciliación tienden a separar a las víctimas de los victimarios y los procesos son exclusivos de las víctimas, dejando a las excombatientes por fuera”, narra la europea. Por lo que su trabajo con en este grupo surge de la necesidad de conocer la otra cara del posconflicto.

Julia Zulver y las mujeres “tejiendo” la resistencia

Zulver es una británica que lleva dos años trabajando con la Alianza de Tejedoras de Vida del Putumayo, una coalición conformada por los 13 municipios del departamento, la cual quiere abrir espacios para el reconocimiento de los derechos de las mujeres que viven en zonas de conflicto por medio de la construcción de paz, participación política y el desarrollo económico y social.

En su intervención explicó que dicha iniciativa pretende “el empoderamiento femenino por medio de estrategias de sensibilidad para recuperar el tejido social afectado por el conflicto armado”. Sin embargo, esto no es algo positivo para todos. Los nuevos actores armados buscan el control de los territorios y limitar el activismo femenino utilizando el ‘backlash patriarcal’ (prácticas de dominación patriarcal basadas en género) “para limitar la participación de las mujeres en entornos políticos y sociales”, argumentó la británica.

Para-galeria-3Zulver también habló sobre el aumento de amenazas contra la vida de las lideresas, causando que muchas deban huir para proteger a sus familias. Es el caso de Sandra, una de las participantes de la coalición con las que habló. En palabras de Sandra: “Somos hermanas, cuando algo le pasa a una, nos pasa a todas, pertenecemos a la alianza, al territorio”. Por ese motivo las mujeres del Putumayo buscan la manera de resistir al miedo y a las intimidaciones.

Otra de las virtudes que destacó es la fortaleza de estas mujeres, que viene de comprender los riesgos que las rodean y su manera de protegerse, como lo hacen Sandra y sus compañeras. No obstante, es un reto para muchas, pues como explica Zulver: “las mujeres que resisten son castigadas como un ejemplo para los demás. Son estrategias para infundir el miedo y limitar la resistencia. Pero el conflicto armado les enseñó caminos de resistencia, que siguen aplicando en esta nueva ola de violencia contra las lideresas del Putumayo”, agregó la investigadora.

“Las mujeres que viven ese conflicto quieren la paz y ahora que resurge la violencia no se van a esconder, van a aplicar y modificar lo que aprendieron en otro momento y acomodarlo para enfrentar lo que pase”, finalizó Zulver.

Salomé Gómez: la violencia sexual va más allá del acceso carnal violento

Salomé hace parte de la Comisión de la Verdad, una Entidad Estatal que busca ayudar a las víctimas del conflicto armado en sus procesos de esclarecimiento de la verdad, reconocimiento, convivencia y condiciones para la no repetición. Basándose en estos ejes fundamentales, “buscan abrir el diálogo social frente a la dignidad de las víctimas, el reconocimiento de responsabilidades y la importancia de que la sociedad civil reconozca el conflicto armado”, explicó.

Durante su exposición aclaró que “es muy difícil encontrar que los hombres reconozcan haber cometido violencia sexual contra la mujer de cualquier tipo” porque la violencia sexual no es únicamente el acceso carnal violento, sino que incluye desnudez, aborto y maternidad forzados, cambios impuestos al cuerpo y puede darse con cualquiera de los actores armados del conflicto, es decir, víctimas y victimarios.Para-galeria-4

Por esta razón, el Grupo de Género de la Comisión de la Verdad que ella coordina está comprometido con “la eliminación de todas las violencias contra las mujeres, es decir, violencias que vulneren a las mujeres y personas LGTBI como la violencia en la escuela, el acoso callejero, la violencia en la casa, etc.”, sentenció Salomé.

Gómez resaltó la importancia de replantear lógicas de estructuración, roles de género, causas de la violencia e historias de vida. “Para conocer a lo que se enfrentan ahora las víctimas y los victimarios debemos entender que cada persona tiene distintas experiencias, impactos diferenciales y particulares que los definen como poblaciones en condiciones de vulnerabilidad”, expresó.

Sin espacio para ellas

Sin espacio para ellas

Los dolores en el bajo vientre comenzaron esta mañana pero ese no es el mayor de sus problemas, pues la ración de toallas higiénicas se ha acabado y debe comprarlas con las otras internas. En su monedero escasea el dinero y el fin de semana pasado su familia no pudo llevarle los implementos de aseo que pedía. Por el contrario, recibió noticias poco alentadoras: hace dos meses su hija mayor dejó el colegio y entró a trabajar en un almacén para ayudar a su abuela a criar a sus hermanos, cuyo rendimiento escolar empeora cada día. De su exesposo, el padre de sus hijos, no hay noticia alguna desde hace más de cinco años.

A ella aún le faltan algunos años para merecer alguna rebaja por pena cumplida. Se esmera en los talleres de costura para cumplir con la cuota mensual de producción y recibir algo de dinero para sobrevivir en prisión, pero lo que le inquieta no es que los días pasen, sino lo que sucederá una vez esté afuera. ¿Quién la contratará? ¿Cómo se ganará la vida con los sueldos limitados de la confección? ¿Cómo sacará a sus hijos adelante y apoyará a su mamá en la vejez? ¿Cómo evitará volver tras las rejas? El cielo gris metalizado y el poco aire que se percibe en el patio no le dan buena espina.

Ella bien podría llamarse María, Soledad, Leidy, Beatriz, Consuelo… Su perfil coincide con el de las otras 8.203 mujeres que, según datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), estaban recluidas en Colombia a enero de 2019. Una población que, más allá de los números fríos, se enfrenta a una situación de abandono, no solo por el hacinamiento carcelario o la vulneración de sus derechos —que ha llevado a la Corte Constitucional a criticar la falta de un enfoque de género en la política carcelaria del país—, sino porque, una vez recobrada la libertad, las posibilidades de regresar a la cárcel son bastante altas.

“Algunos jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad entrevistados nos indicaron que muchas mujeres reincidían porque estaban sin un peso, tenían hijos y al final no había otra opción diferente al delito. Era eso o dejar morir a sus hijos”, relata Astrid Sánchez, doctora en Derecho, profesora asociada y directora del Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Ella lideró la investigación que por cerca de dos años, y con apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas de México (CIDE), indagó en las condiciones de reclusión de las mujeres a través de 1.123 encuestas en siete cárceles de Colombia.

“Durante los últimos 50 años hemos visitado las cárceles colombianas para conocer de primera mano las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad y propiciar, a través de un diálogo confidencial con las autoridades penitenciarias, las mejoras que estén a su alcance”, explica Karin Etter, coordinadora de Detención del CICR para Colombia, organismo que se ha acercado a nuevos espacios, fundamentalmente académicos, para precisar la verdadera naturaleza de esta situación: “En Colombia ya se habían trabajado en el pasado estudios sobre mujeres detenidas, pero no con una aplicación de entrevistas a las mujeres privadas de la libertad en las dimensiones que lo realizamos con la Javeriana”.


Las mujeres privadas de la libertad

La intrincada situación carcelaria en el país comenzó a develarse para los investigadores cuando se toparon con la realidad desbordante: la tasa de encarcelamiento pasó de 84,3 presos por cada 100.000 habitantes en 1991 a 236,7 en junio de 2018, es decir, creció casi tres veces. En esos 28 años, las mujeres privadas de su libertad aumentaron un 429% al pasar de 1.500 a 7.944.

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Una mirada desprevenida llevaría a inferir que estas cifras reflejan el incremento en los niveles de criminalidad y violencia en el país, pero el ojo académico las ve como la consecuencia de la adopción de reformas punitivas en las últimas décadas. “Ha habido varias reformas legales en las que se aumentaron las penas y se expandió el uso de la detención preventiva. De esta forma, más gente ingresa a prisión durante más tiempo y, por supuesto, esto termina afectando las tasas y las condiciones de encarcelamiento”, comenta Sánchez.

En 2017, con la encuesta diseñada, el equipo de investigadores viajó por todo el país preguntándoles a las reclusas sobre las condiciones en la cárcel, sus razones para haber delinquido y sus expectativas de vida para el momento en que retornen a la libertad. Comenzó con una prueba piloto en la Cárcel Distrital de Bogotá y continuó aplicándola en siete cárceles de Caldas, Tolima, Antioquia, Boyacá, Norte de Santander, Córdoba y Bogotá, exactamente en El Buen Pastor, la cárcel de mujeres más grande del país.

Así, de respuesta en respuesta, los investigadores construyeron el perfil de las reclusas en Colombia y sus necesidades diferenciales: mujeres que nacieron en difíciles condiciones económicas, que no han terminado la secundaria, que fueron víctimas de violencia (intrafamiliar, sexual, afectiva, etc.) alguna vez en su vida, y que son madres cabeza de familia. De acuerdo con las cifras del Inpec de 2018, el 45,2% de las mujeres privadas de la libertad habían sido procesadas por tráfico y tenencia de estupefacientes; un 28,7%, por concierto para delinquir; el 17,4%, por hurto; el 13 %, por homicidio; y el 7 %, por fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y municiones.

Una vez en prisión, la vida sigue castigándolas con condiciones precarias de salubridad, difícil acceso a elementos básicos de aseo y noticias a medias de lo que ocurre con sus hijos. Y, especialmente, con una perspectiva llena de pesimismo. “Las cárceles tienen programas laborales mucho más enfocados en artesanías, costura, tareas que son tradicionalmente femeninas y que no son tan relevantes para el mercado laboral. Pareciera que la cárcel no solo reproduce la subordinación de las mujeres, sino que la refuerza. Por el contrario, cuando les preguntábamos a las internas sobre temas para programas nuevos, nos expresaban que les gustaría capacitarse en sistemas, idiomas y una gran variedad de temas que se alejan de los estereotipos femeninos tradicionales”, asegura Sánchez.

Los resultados de esta investigación están consignados en un informe con recomendaciones puntuales de política pública, que el CICR, el CIDE y la Javeriana lanzaron en conjunto en febrero de este año. Una de las recomendaciones principales es adoptar alternativas a la prisión para mujeres infractoras por primera vez, con responsabilidades de cuidado y que hayan cometido delitos no violentos. Como recalca Etter: “Estas medidas son de varios tipos e involucran a las tres ramas del poder público. De allí que esperamos que las autoridades definan estrategias de corto, mediano y largo plazo que se deben llevar a la práctica”.

 


TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Mujeres y prisión en Colombia: desafíos para la política criminal desde una perspectiva de género
INVESTIGADORA PRINCIPAL: Astrid Liliana Sánchez Mejía COINVESTIGADORES: Leonardo Rodríguez Cely, Juliana Morad Acero y Gustavo Fondevila
Facultad de Ciencias Jurídicas
Facultad de Psicología
Comité Internacional de la Cruz Roja
Centro de Investigación y Docencia Económicas de México (CIDE)
PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2016-2018

 

Esta galería fotográfica muestra el día a día de las mujeres que pagan sus condenas en las cárceles colombianas.

Postales intramuros

Postales intramuros

No es fácil ser una mujer privada de la libertad en Colombia. Más allá del dolor personal por verse separadas de la sociedad y de sus propias familias, adentro viven su propio calvario: con noticias a cuentagotas sobre sus hijos, lidiando con carencias graves de productos para el aseo personal, con la incertidumbre de qué pasará en el mundo exterior cuando recobren la libertad, aprendiendo oficios como costura y confección que tal vez no les dé para mantener a los suyos, soportando una sobrepoblación de mujeres con sus mismas preocupaciones, sus mismas angustias, sus mismos temores.

Para determinar la realidad de esta población, un equipo de investigadores de las facultades de Ciencias Jurídicas y Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana, apoyados por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), de México, recorrieron siete cárceles colombianas y entrevistaron a 1.123 internas para entender sus necesidades, su realidad.

Los resultados no solo dibujan un perfil de las mujeres detrás de las rejas, también dejan en evidencia una situación que puede convertirse en un círculo vicioso.

 

GC 1 PasilloSegún cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), 8.203 mujeres se encontraban privadas de la libertad en las cárceles de Colombia en enero de 2019.

 

GC 2 VentanaLas reformas penales de los últimos 28 años han dictado penas más severas contra delitos menores, lo cual ha aumentado la población carcelaria del país.

 

GC 3 PatioPor ejemplo, en 1991 había 1.500 reclusas en Colombia. Este número creció un 429% al cabo de esos 28 años, cuando se registraron 7.944 internas en 2018.

 

GC 4 PeluqueríaLa Corte Constitucional ha criticado la falta de un enfoque de género en el sistema carcelario colombiano, pues ha evidenciado que las mujeres privadas de la libertad sufren el abandono del Estado y la vulneración de sus derechos.

 

GC 5 ReinadoCon sus encuestas, los investigadores construyeron un perfil de las reclusas: mujeres cabeza de hogar, que se criaron bajo difíciles condiciones económicas, víctimas de violencia y con una baja escolaridad.

 

GC 6 TallerEn la cárcel, ellas reciben capacitaciones en tareas manuales, como costura, artesanías, confección; para los investigadores, estos oficios están alejados de las exigencias del actual mercado laboral, que pide habilidades en sistemas o idiomas.

 

GC 7 LibrosEsto afectaría seriamente sus posibilidades de encontrar una actividad bien remunerada cuando recobren la libertad, lo cual volvería a llevarlas al círculo vicioso de oportunidades limitadas en el cual el crimen, más que una opción, se convirtió en una necesidad para mantener a sus familias.

 

GC 8 VentasLos académicos esperan que esta investigación pueda convertirse en un insumo fundamental para construir una nueva política pública en torno al sistema carcelario, y así mejoren las perspectivas de las mujeres privadas de la libertad.

 


Lea aquí el artículo sobre esta investigación.

¿Para qué un Día Internacional de la Mujer?

¿Para qué un Día Internacional de la Mujer?

MA Farah C

Hoy 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. También hay Día Internacional de la Niña (11 de octubre), de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11 de febrero), de las Mujeres Rurales (15 de octubre), de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre), de las Niñas en las TIC (25 de abril) y de las Viudas (23 de junio). Todos estos días han sido proclamados por Naciones Unidas para recordar, año a año, la necesidad de trabajar por unas mejores condiciones de equidad para las niñas y mujeres en relación con los hombres. El 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer data de 1975 pero tiene sus orígenes hacia principios del siglo XX; las otras seis fechas son mucho más recientes y todas se designaron en el siglo XXI, entre los años 2000 y 2015.

Muchas personas se preguntan: ¿realmente sirve para algo tener tantos días internacionales de…..? La respuesta depende de qué significado individual y colectivo le damos a ese día y qué acciones comprometidas conlleva dicha celebración. Naciones Unidas nos invita a conmemorar o celebrar “un día internacional de…” para “sensibilizar, concienciar, llamar la atención, señalar que existe un problema sin resolver, un asunto importante y pendiente en las sociedades para que, a través de esa sensibilización, los gobiernos y los estados actúen y tomen medidas o para que los ciudadanos así lo exijan a sus representantes”. Para 2019, el tema elegido para el Día Internacional de la Mujer es: “Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio”, el cual “se centrará en formas innovadoras en las que podemos abogar por la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, en especial en las esferas relativas a los sistemas de protección social, el acceso a los servicios públicos y la infraestructura sostenible”.

Si creemos como individuos y como sociedad que esto es un propósito sobre el cual vale la pena actuar y, por tanto, el 8 de marzo de 2019 lo tenemos presente, lo conversamos y analizamos con compañeros de trabajo, con familiares y amigos, y lo proyectamos con propuestas y acciones en nuestra vida y espacio laboral, celebrar esta fecha vale la pena. Si también aprovechamos el Día Internacional de la Mujer (que yo preferiría llamar de las “mujeres”, en plural) para hacer visibles los esfuerzos que muchas mujeres y también muchos hombres han hecho, y siguen haciendo, por la equidad de género, y dichos esfuerzos se siguen trabajando y apoyando en los otros 364 días, entonces celebrarlo vale la pena.

Si cada 8 de marzo todos, hombres y mujeres nos acordamos de que la diversidad es parte importante de los seres humanos, y que, por tanto, celebrar el Día Internacional de la Mujer es celebrar la diversidad de mujeres y respetar y promover las diferentes expresiones de dicha diversidad, rompiendo estereotipos de género, y trabajamos el resto del año en pro de esto, entonces celebrarlo sí vale la pena.

 


* Economista javeriana, doctora en Estudios para el Desarrollo de la Universidad de East Anglia, en Inglaterra. Desde hace 27 años se desempeña como profesora investigadora de la Pontificia Universidad Javeriana y, desde 2014, como decana de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Se especializa en temas como género, mujeres rurales, desarrollo rural y transformaciones rurales.

Mutaciones en genes de colombianas predisponen a cáncer

Mutaciones en genes de colombianas predisponen a cáncer

Genéticamente hablando, se tiende a pensar que cuando se crea un ser humano las células deben contener una misma información y organizarse de cierta manera, como quien coge fichas de Lego para construir una pirámide y no una montaña. Y esa idea es especialmente persistente cuando se piensa en defectos en los genes. Pero no hay un molde de ser humano. Por algo el universo nos creó únicos, así tengamos muchísimas similitudes con individuos de nuestra misma especie e incluso con los de otras. Sin embargo, hay variaciones en la forma como están dispuestas las cuatro bases genéticas (adenina, timina, citosina y guanina) en un camino de unos 3200 millones de unidades de información que constituyen el ADN. Estas son variaciones o mutaciones que aumentan el riesgo de sufrir enfermedades con componente genético, como el cáncer.

Auscultar cuáles son esas variaciones en las colombianas con cáncer de seno y/u ovario se convirtió en la pasión de la microbióloga Diana Torres, cuyos estudios de doctorado y posdoctorado en genética del cáncer le permitieron identificar cinco condiciones genéticas transmisibles de generación en generación que son características de nuestra población y que aumentan las probabilidades de desarrollar estos dos males. Saberlo es particularmente importante, porque el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres en el país: en 2016 murieron 3157 mujeres, y hasta agosto de 2017 se reportaron 2108 casos, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). La incidencia anual es de 36 personas por cada 100 000 habitantes.

Desde que en 2003 empezó la genómica oncológica a nivel mundial, el blanco de las investigaciones han sido las poblaciones de origen europeo, norteamericano y surasiático. Gracias a ellas se sabe, por ejemplo, que alteraciones en los genes BRCA1 y BRCA2 –Breast Cancer 1 y 2– generan una gran susceptibilidad de desarrollar cáncer de seno y de ovario. Pero hasta hace menos de una década nada se sabía sobre la prevalencia genética de esta enfermedad en la población colombiana.

Los estudios realizados por Torres, con la dirección de su tutora prof. Dr. Ute Hmann, título honorífico luego de concluir su doctorado, del Instituto Nacional de Cáncer de Alemania, y en asocio con otros expertos nacionales e internacionales, permitieron identificar cuatro mutaciones puntuales fundadoras –es decir, con origen común y alta frecuencia en una población dada– y un gran rearreglo genético –o gran reconfiguración del ADN, con pérdida superior a 7 000 pares de bases–. Así se vio que estas mutaciones son recurrentes en las colombianas y las predisponen al cáncer de seno y/u ovario, dos en el gen BRCA1 y tres en el BRCA2.

“Todas estas mutaciones son patogénicas, pero no son cien por ciento penetrantes, lo que significa que no necesariamente quien las porte va a desarrollar con toda seguridad la enfermedad. Sin embargo, esa probabilidad puede llegar hasta 95 %, de pendiendo de los antecedentes familiares y del tipo de mutación”, explica Torres, quien determinó que el mayor riesgo lo tienen las portadoras de una de las alteraciones de BRCA2. Las variaciones están presentes en población española y por eso se podría pensar que llegaron a esta parte del continente con la colonización.


La muestra en colombianas

Fueron varias las investigaciones que en el lapso de unos 15 años hicieron posible esta identificación y descripción. La primera incluyó a 53 familias de pacientes y familiares en primer, segundo y tercer grado, y después a 68 familias más. Además, se quiso evaluar la frecuencia y prevalencia de las alteraciones halladas, para lo cual se hizo un estudio de casos y controles con 1022 pacientes –con o sin antecedentes familiares de estos cánceres– y el mismo número de sujetos sanos. Conforme este último análisis, la frecuencia de todas las mutaciones en los casos estudiados fue de 7 %, mientras que en los controles (personas sin la enfermedad) no fueron identificadas. Las muestras provinieron principalmente de las regiones Andina y Caribe que, junto con la Orinoquia, son las de mayor riesgo, según el Atlas de Mortalidad por Cáncer en Colombia, disponible en línea.

Toda esta información es muy valiosa, no solo para prevenir estos tipos de cáncer ante su posible desarrollo en mujeres con antecedentes familiares, sino para detectarlos en estadios tempranos y lograr tratamientos más efectivos con fármacos que se ajusten al perfil genético de las pacientes. Las mutaciones descritas en las investigaciones referenciadas son hereditarias y explican cerca de 10 % de todos los tipos de cáncer. Pero la mayor parte de las mutaciones presentes en un cáncer son somáticas: las adquiere una persona a lo largo del tiempo por distintas circunstancias de vida.

Es vital tener presente, por tanto, que el cáncer es un mal en el que se conjugan muchos factores: ambientales, hormonales, estilo de vida, entre otros. Particularmente, en el cáncer de mama intervienen la obesidad, el sedentarismo, el estrés, la edad tardía del primer embarazo, la baja paridad, la no lactancia materna y el uso de anticonceptivos orales. Con ello en mente, vale decir que a nadie condena la variabilidad genética o, en otras palabras, el acervo genético único y especial con el que nace un individuo, pero tampoco a nadie lo salva.

 


TÍTULO DE LAS INVESTIGACIONES:
High proportion of BRCA1/2 founder mutation in Hispanic breast/ovarian cancer families from Colombia
Prevalence and penetrance of BRCA1 and BRCA2 Germline mutations in Colombian breast cancer patients
INVESTIGADORA PRINCIPAL: Diana Torres
COINVESTIGADORES: Ute Hamann, Muhammad Usman Rashid, Fabián Gil, Ángela Umaña, Giancarlo Ramelli, José Fernando Robledo, Mauricio Tawil, Lilian Torregrosa, Ignacio Briceño, J. Lorenzo Bermejo, A. Beltrán y V. Ariza.
Instituto de Genética Humana,
Instituto Nacional de Cáncer de Alemania
PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2005- en ejecución

Virus del Papiloma Humano, un drama más allá de lo estadístico

Virus del Papiloma Humano, un drama más allá de lo estadístico

Son las 10:45 de la mañana y Magnolia está sentada en la sala de espera del hospital departamental mientras mueve su pie al ritmo de las manecillas del reloj.  A sus 40 años y con dos pequeños a su cargo, su mayor preocupación es llegar a casa. Está nerviosa. Quizá porque los dejó solos, porque no tiene dinero para pagar el arriendo que vence ese mismo día o, tal vez, porque está a punto de recibir una noticia que cambiará su vida. Anuncian su nombre en alto, se pone de pie e ingresa al consultorio mientras el doctor toma entre sus manos un sobre blanco y, en él, la frase: resultado de cáncer de cuello uterino por biopsia para detección del Virus de Papiloma Humano (VPH), positivo.

Magnolia hace parte de los 36 casos en cada 100.000 mujeres que presentan cáncer de cuello uterino anualmente en Colombia, según un estudio de la Universidad del Rosario, ya que al tratarse de un virus de transmisión sexual su patrón de propagación depende de la ubicación geográfica de la población; en el caso de Colombia, ocurre en las áreas cercanas a los ríos navegables, zonas de frontera –como el golfo de Urabá y la serranía del Baudó– o regiones con bajo acceso a educación y servicios de salud. Estas condiciones incrementan la probabilidad de que una mujer sea portadora del VPH y, posteriormente, desarrolle cáncer de cuello uterino, tal como lo indica el Atlas de mortalidad por cáncer en Colombia de 2017.

“El cáncer de cuello uterino es un problema de países en desarrollo, de países pobres como lo son la mayoría de lugares donde se desarrollan enfermedades infecciosas, y esta es la situación que se presenta para Colombia”, asegura Raúl Murillo, director del Centro Javeriano de Oncología y exdirector del Instituto Nacional de Cancerología  (INC), quien llama la atención sobre las implicaciones del cáncer: “Es una enfermedad asociada a la pobreza y a las deficiencias socioeconómicas de la  nación”.

Por eso, para comprender por qué Magnolia y aproximadamente 528.000 mujeres presentan esta enfermedad anualmente, es importante tener presente que, además del factor ‘promiscuidad sexual’ en comunidades es necesario que se presenten otros co-factores para que esta progrese hasta el desarrollo de la enfermedad incluyendo la paridad, el tabaquismo, las infecciones concomitantes y el uso de anticonceptivos orales entre otros.

Una persona con deficiencia inmunológica  es más propensa a ser portadora de virus. Por eso, Juan Manuel Anaya, del Centro de Estudio de Enfermedades Autoinmunes (CREA) de la Universidad del Rosario, indica que “un paciente con enfermedad autoinmune tiene el riesgo de disminuir diez años de sobrevida respecto a una persona sin complicación autoinmune de su mismo sexo y edad”. Esta es una cifra alarmante considerando que el estimado de vida para las mujeres en Colombia es de 81 años, según el estudio anual sobre la Carga Mundial de la Enfermedad (GBD), y que el cáncer de cuello uterino afecta, principalmente, a las poblaciones más alejadas y pobres del país, al igual que a las mujeres del régimen subsidiado de salud.

Si bien factores como el consumo de anticonceptivos orales, el tabaquismo y el número de hijos están relacionados con el desarrollo de cáncer de cuello uterino, el VPH es una causa necesaria pero no suficiente para su aparición. Al menos 12 genotipos del virus, de los 40 que existen en su especie, están asociados directamente con el desarrollo de estas lesiones malignas. En ese sentido, el Ministerio de Salud y Protección Social indica que el serotipo (microorganismo infeccioso) número 18 del VPH causa aproximadamente el 70% de todos los casos de cáncer de cuello uterino en el mundo.

Por eso, no debe ser extraño considerar que este virus de transmisión sexual fue la segunda causa de muerte de mujeres en Colombia entre 2007 y 2013, según el Instituto Nacional de Cancerología, y el responsable de al menos el 12% de todos los cánceres producidos en mujeres en el mundo de acuerdo con la Organización Mundial para la Salud.

De los 40 tipos diferentes de VPH, 12 están relacionados con lesiones severas que derivarían en cáncer de cuello uterino. /Felipe Abondano
De los 40 tipos diferentes de VPH, 12 están relacionados con lesiones severas que derivarían en cáncer de cuello uterino. /Felipe Abondano


El eterno debate

A pesar de que el cáncer de cuello uterino es un asunto que preocupa a los expertos por la tasa de mortalidad en mujeres, 7 de cada 100.000 personas en el país, según cifras oficiales, también se ha convertido en un tema de debate ético y académico sobre la implementación de la vacuna contra el VPH.

De acuerdo con Francisco Yepes, profesor titular del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana, “como en toda vacuna y medicamento, la eficacia y la seguridad son criterios fundamentales para la aprobación de su uso”. Sin embargo, “…la evidencia para la decisión del país no es robusta ya que se fundamentó en un estudio de costo-efectividad realizado por la Universidad Nacional de Colombia, basado en una serie de supuestos epidemiológicos y poblacionales que están por ser verificados”.

Hay quienes sugieren que esta vacuna no garantiza una efectividad comprobable, como tampoco tiene efectos positivos en el organismo de una mujer luego de su aplicación. Respecto a este tema, Yepes afirma que entre los argumentos de quienes cuestionan la seguridad de la vacuna se encuentran al creciente número de casos clínicos de enfermedades autoinmunes iniciadas después de su aplicación, reportados en la literatura; los estudios experimentales que comprueban el efecto disparador de fenómenos autoinmunes por parte del aluminio; y “la magnitud inusitada de los efectos adversos de las vacunas contra el VPH documentados en los sistemas de reporte de varios países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido y Japón”, dice.

Un caso relacionado con los efectos de la vacuna es el que ocurrió en Carmen de Bolívar en 2014, cuando más de 200 niñas presentaron reacciones adversas como desmayos y adormecimiento de extremidades. Ante esto, el Instituto Nacional de Cancerología presentó un documento en el que asegura que “los hallazgos y la diversidad de factores sociales, ambientales y culturales que hacen parte del entorno en el cual se desenvuelve la población de niños y adolescentes en el municipio, no aportan la suficiente evidencia para afirmar que la fuente común de exposición que explique la presencia del cuadro clínico se deba a la administración de la vacuna contra el VPH”.

Por eso hay quienes afirman que es necesario intervenir rápidamente en la sociedad, especialmente en las comunidades de zonas vulnerables que no tienen acceso a la educación o a centros de salud para reducir la tasa de muerte por cáncer de cuello uterino.

“El país lleva haciendo citologías por más de 50 años tratando detectar las lesiones precancerosas tipo NIC3 (el estado más desarrollado del VPH), a fin de tratarlas y evitar que progresen a cáncer”, explica Murillo, quien también asegura que “la aparición de síntomas tras la aplicación de la vacuna no es evidencia suficiente de sufrir efectos adversos, ya que podría estar asociado a cualquier evento o antecedente previo cercano a la inoculación”.

Comprender las implicaciones individuales, sociales y culturales que se originan por portar el VPH –como le ocurrió a Magnolia–, o por ser diagnosticado con cáncer de cuello uterino, es una de las tantas razones por las cuales el Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana, junto al Hospital Universitario San Ignacio y el Instituto Nacional de Cancerología – ESE, organizaron el simposio internacional Debates en torno a la salud pública: El control del cáncer, una mirada desde la academia, que tuvo lugar en la Javeriana los días 6 y 7 de febrero.

Investigadores nacionales y extranjeros se reunieron en la Pontificia Univerisdad JAveriana para analizar la realidad del VPH. /Philip Charry
Investigadores nacionales y extranjeros se reunieron en la Pontificia Univerisdad Javeriana para analizar la realidad del VPH. /Philip Charry

En ese espacio, investigadores nacionales e internacionales debatieron los logros y retos en términos del control del cáncer, las controversias sobre la vacunación contra el VPH, el porqué de las enfermedades autoinmunes y sus implicaciones sociales, y la efectividad y seguridad de las vacunas contra el cáncer de cuello uterino.

El simposio también sirvió de escenario para hacer un llamado al Gobierno e instituciones promotoras del cuidado de la salud con el fin de prestar atención a la creciente tendencia de víctimas que deja el cáncer de cuello uterino en el país, al igual que el importante rol que debe desempeñar un profesional de la salud al momento de recomendar o no el uso de la vacuna. Cabe destacar que al menos un millón de personas contraen una infección de transmisión sexual al día y aproximadamente 290 millones de mujeres están contagiadas con el virus del Papiloma Humano, de acuerdo con la OMS.

Pero más allá de la frialdad de estas cifras, la realidad muestra que mujeres como Magnolia, que trabaja y cuida de su familia todos los días sin recibir una compensación a cambio, y que, entre muchos proyectos, espera estar presente en el paso de sus hijos a la adultez, deben enfrentarse no solo a la incertidumbre de no cumplir este sueño sino también al estigma social por contraer una enfermedad de transmisión sexual.

La Claraboya | Episodio 4: Videojuegos

La Claraboya | Episodio 4: Videojuegos

¡Hola de nuevo!

En el capítulo de hoy de La Claraboya, el podcast de ciencia para quienes no son expertos, hablaremos sobre los videojuegos.

Si bien este mercado permanece en constante cambio, podríamos decir que existe una serie de juegos con características específicas que, al margen de las dinámicas comerciales, contribuyen a la educación y a entender los fenómenos sociales. Este es el caso de ‘Hasta el cuello’, un videojuego que ayuda a comprender la realidad de países como Colombia desde una perspectiva social sin dejar de lado la función de estas plataformas, que es entretener.

Sobre este tema, entrevistamos a Carlos Roberto Torres, diseñador industrial, doctor en Ciencias Sociales y Humanas y profesor javeriano, quien busca a generar un cambio a través de los medios digitales.

En 2015, reseñamos el lanzamiento de este juego. Encuentra la nota aquí.

Barbara Golsdtein y los avatares de las mujeres científicas

Barbara Golsdtein y los avatares de las mujeres científicas

“La situación de la mujer científica es hoy mucho mejor que hace varias décadas”, dice Barbara Goldstein, matemática estadounidense y directora asociada del Laboratorio de Medición Física del Instituto de Normas y Tecnología de Estados Unidos (NIST), encargado de medir con exactitud tiempo y frecuencia, temperatura y humedad, presión, vacío, radiación óptica, acústica y electromagnética. Su laboratorio es el líder en medidas a nivel mundial; de allí han salido cuatro premios Nobel.  

Invitada por las cátedras Sesquicentenario y Huellas que inspiran, ofrecidas por la Universidad Nacional de Colombia, Goldstein habló de los avatares de la mujer que se dedica a la ciencia y, haciendo un poco de historia, describió algunos de los retos que debieron superar algunas físicas y matemáticas del siglo XX, mujeres que la inspiraron y a cuyo recuerdo recurre constantemente.

En su diálogo con Pesquisa Javeriana explicó algunos de los factores que experimentaron esas mujeres que se han destacado en la ciencia. Goldstein identifica como los grandes valores de la mujer en ciencia la perseverancia, la integridad, la honestidad, la excelencia y la inclusividad ser capaz de crear un ambiente donde todos tengan cabida.


Para saber más:

Cuando las mujeres levantan su voz

Cuando las mujeres levantan su voz

Algunas mujeres de comunidades del territorio indígena kankuamo, como Río Seco, Ramalito, Atánquez y Los Áticos (Cesar), han vuelto a tejer mochilas y atarrayas, pese a que fueron obligadas a abandonar sus tierras y perdieron a sus seres queridos. Ahora, a través no solo del tejido artesanal sino del humano, han logrado comunicar sus historias de guerra y conflicto, gracias a su esfuerzo y a la oportunidad que les brindó un estudio conjunto entre ellas y las investigadoras de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, DonnyMeertens, Martha Lucía Gutiérrez Bonilla, Eliana Pinto y July Fajardo.

También participaron campesinas de los corregimientos de Aguas Blancas, Mariangola, La Mesa y Santa Cecilia (Cesar), quienes encontraron acogida en organizaciones comunitarias propias. Allí se integran en programas de acompañamiento psicosocial para superar los traumas causados por los hechos violentos.

En su reencuentro con sus tradiciones y sus valores sociales y comunitarios han hallado la fuerza para romper el silencio, contar sus historias de dolor y pérdida y, en muchos casos, volver a sus territorios. La motivación principal para superar un pasado traumático es exigir justicia.

La batalla no es solitaria. En muchas regiones de Colombia, e incluso de América Latina, otras mujeres indígenas y campesinas levantan su voz, por muchos años silenciada. De allí que varias instituciones sociales y académicas se dieran a la tarea de estudiar, comparar y propiciar el intercambio de experiencias respecto a los mecanismos de acceso a la justicia por parte de estas mujeres en zonas de conflicto armado en Colombia y Guatemala, y los obstáculos que enfrentan en el proceso.

Las diferentes reuniones entre investigadoras y mujeres de los dos países generaron un diálogo solidario, en el que expusieron los hechos de contexto que dieron origen a las experiencias de violencia en las zonas de estudio, los impactos sufridos en la vida personal, familiar y comunitaria, y las estrategias hasta hoy adelantadas para reclamar justicia y reparación. Las indígenas guatemaltecas, quienes llevan muchos años denunciando las violencias a las cuales habían sido sometidas durante la guerra en su país y aun después de los acuerdos de paz (1996), animaron a las comunidades colombianas a manifestarse en contra de las injusticias, específicamente en los casos de violencia sexual, que estas últimas habían preferido callar.

El Instituto de Estudios Regionales (INER) de la Universidad de Antioquia y el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP) de Guatemala hicieron parte de la investigación, acompañando a las comunidades indígenas del Alto Naya (Cauca) y a la comunidad maya q’eqchis, respectivamente. Esta investigación fue apoyada por Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (CIID-IDRC).

El caso del Cesar

En la primera fase del proyecto de la Pontificia Universidad Javeriana se estableció contacto inicial con las mujeres de las comunidades campesinas y del pueblo kankuamo para ganar su confianza, algo que no resultaba fácil, teniendo en cuenta la naturaleza de las experiencias vividas. En esta etapa fue vital la ayuda de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) regional Cesar, y de diversas redes de mujeres convocadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y por el nodo de la red Iniciativas de Mujeres Colombianas por la Paz (IMO).

Durante la segunda etapa, las investigadoras efectuaron entrevistas a profundidad y talleres participativos para identificar las diferentes nociones de justicia (e injusticia) y las barreras para acceder a esta. La diversidad del lenguaje y las múltiples maneras de percibir el tiempo y construir las narrativas fueron aspectos de mutuo aprendizaje en el desarrollo del proyecto, y dieron luces para comprender los impactos del conflicto y los mecanismos de acceso a la justicia. En los talleres se valieron de técnicas como el dibujo y la música, principalmente, para facilitar el proceso de contar las experiencias traumáticas.

Durante la tercera fase, se realizó el acompañamiento psicosocial. En el territorio kankuamo se trabajó en la construcción conjunta de una ruta propia de acceso a la justicia indígena para las mujeres. Esta etapa también implicó la entrega y retroalimentación de la información obtenida durante las entrevistas por medio de talleres de devolución, en los cuales las comunidades apropiaron, discutieron y complementaron la visión y síntesis realizada por las investigadoras. A juicio de estas, la estrategia logró articular dos propósitos: la indagación contextualizada y el empoderamiento de las mujeres víctimas para un diálogo cualificado con sus comunidades e instituciones.

Más barreras que caminos

Las conclusiones del estudio han sido recogidas en un libro que será publicado este año, El camino por la justicia: victimización y resistencia de mujeres indígenas y campesinas en Guatemala y Colombia, auspiciado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (CIID-IDRC). Una segunda publicación aportará un estado del arte sobre el acceso a la justicia de mujeres indígenas y campesinas en el marco del conflicto armado de los dos países, a partir de la revisión de nociones como justicia, seguridad humana y justicia, justicia de género, justicia transicional, y de los marcos normativos y de derechos de las mujeres indígenas y campesinas en Colombia y Guatemala.

Para el caso colombiano, las primeras conclusiones de la investigación revelan que existen más obstáculos que caminos para acceder a la justicia. La primera barrera es el miedo de contar lo ocurrido y denunciar a los perpetradores, bien sea porque el acceso al sistema de justicia local puede estar vigilado o porque los procesos de desmovilización permitieron que rangos bajos de los grupos armados (paramilitares, en este caso) se convirtieran en habitantes de las comunidades a las que ellos mismos victimizaron.

La segunda barrera es de orden institucional y tiene varios matices. La tipificación del delito sexual contra la mujer en el marco del conflicto es relativamente reciente. “Esto incluye también la ausencia de mecanismos sensibles y especializados para recoger los testimonios de las mujeres víctimas de este tipo de violencia”, explica Gutiérrez. Una barrera importante se vislumbra en la confusión existente, tanto en la comunidad como en los operadores de justicia, sobre la gestión de las denuncias, específicamente sobre los detalles operativos de los diferentes marcos jurídicos creados por la Ley de Justicia y Paz (2005) y la Ley de Víctimas (2011). Otro matiz institucional es la desconfianza de las mujeres hacia las entidades encargadas de administrar justicia, basada en sus experiencias de discriminación y de no ser tomadas en serio por su condición femenina. A esto se añaden las historias de infiltración de grupos armados a estas instituciones, la lentitud, la pérdida de documentación o múltiples trabas que se presentan en el curso de los procesos. Muchas de las mujeres que participaron en la investigación utilizaron las entrevistas como una forma de contar por primera vez su historia, algo que no se habían atrevido a hacer ante la Fiscalía o las Personerías.

Por último, pero no menos importante, hay una barrera en cuanto a la actitud social de revictimizar. Esto significa que socialmente se piensa que las víctimas hicieron algo que justificó la violencia que recibieron. Las mujeres se refirieron a esos señalamientos de “por algo será” como una de las mayores injusticias que siguen viviendo.

Con la cámara al hombro

Los proyectos colombianos involucraron en su proceso de investigación-acción una capacitación en tecnologías digitales para las mujeres de las comunidades estudiadas. Como resultado, produjeron dos programas de radio y un documental, Una sola golondrina no hace verano, que recoge testimonios de la lucha emprendida en sus esfuerzos por conseguir justicia.

En estos productos se narran historias particulares, tales como la llegada de un grupo armado a Aguas Blancas, que ocasionó la muerte de 11 de sus habitantes, así como el desplazamiento forzado de numerosas familias. A pesar de los terribles recuerdos, muchas de ellas volvieron a su corregimiento al no encontrar oportunidades de supervivencia en los territorios a los que huyeron.

La impresión general que transmite el documental es que conseguir justicia es una tarea titánica. En medio de los problemas políticos hay muchos casos de errores burocráticos, por ejemplo, ayudas pecuniarias que son asignadas a nombre de los difuntos esposos de las víctimas, razón por la cual no pueden ser reclamadas. Se percibe al Estado como una entidad abstracta que promete pero no cumple.

En el video se evidencia cómo las experiencias traumáticas vividas por ellas las han impulsado a empoderarse de muchos temas, lo que las ha convertido en líderes sociales y las ha llevado a capacitarse en derechos humanos. Esto ha ocasionado un cambio en la organización social tradicional, anteriormente más centrada en los hombres.

Puede que proyectos como este tengan un final obligado dentro de los ciclos que propone toda investigación social. No obstante, y así lo reconocen las mismas mujeres, esta experiencia las ha impulsado a considerarlo como el principio de una historia que ellas deben escribir para poder ejercer sus derechos.


Para saber más:
  • » Fajardo Farfán, J. S.; Meertens, D.; Pinto, D. E; Gutiérrez M. L. & Ramírez Parra, P. (2014). “El camino por lajusticia: victimización y resistencia de mujeres indígenas y campesinas en Guatemala y Colombia”. EnColombia 2014. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia.
  • » Grupo de investigación Género, Subjetividad y Sociedad, INER, Universidad de Antioquia; Grupo de investigación Estado, Conflicto y Paz, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Pontificia Universidad Javeriana; Centro Ático, Pontificia Universidad Javeriana (productores). (2013). Una sola golondrina no hace verano. Documental dirigido por mujeres indígenas y campesinas, víctimas sobrevivientes de los departamentos de Cauca y Cesar. Disponible en: https://vimeo.com/87005452. Recuperado en: 05/01/2015.
  • » Gutiérrez Bonilla, M.L. & Pinto Velásquez, E. (2013, octubre). “No olvidar y recordar conaprendizajes. La perspectiva sobre lajusticia y elacceso a lajusticia de mujeres campesinas del departamento del Cesar – Colombia”. Múltiples (Just GovernanceGroupBulletin) 20: 5-7. Disponibleen:
    https://es.scribd.com/doc/211512572/Multiples-20-Acceso-a-La-Justicia-Para-Mujeres-en-Paises-Afectados-Por-Conflicto#. Recuperado en: 05/01/2015.
  • » Ruiz, M. (2013, 14 de noviembre). “La gobernadora”. Revista Arcadia.com. Disponible en: https://www.revistaarcadia.com/impresa/especial-mujeres/articulo/la-gobernadora/34259. Recuperado en: 05/01/2015.

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