La ciencia le dice no a la cadena perpetua para violadores

La ciencia le dice no a la cadena perpetua para violadores

Los titulares son aterradores: A la cárcel profesor de escuela de fútbol que abusaba sexualmente de sus alumnos, Capturan abogado comprometido en abuso sexual y pornografía infantil, A prisión hombre que secuestró, abusó y asesinó a una niña de nueve años… Las cifras que muestran el panorama de la situación no son para nada optimistas: según Medicina Legal, entre enero y abril del año pasado (2019) se reportaron más de ocho mil casos de este delito. Aunque en la mayoría de estas denuncias el victimario es familiar del menor o lo conoce, lo que de entrada ya limita la denuncia, más del 80% de estos casos no pasa de la indagación preliminar y las víctimas terminan sin ser reparadas y nuevamente puestas en peligro ante su agresor.

El monstruo existe. Está ahí. Ha estado desde hace muchísimos años, cada vez toma más fuerza y nada parece controlarlo. Por eso, para el gobierno y algunos congresistas lo único que se podría hacer es aprobar el proyecto de Acto Legislativo 21 de 2019 del Senado, acumulado con el proyecto de acto legislativo 047 de 2019 de la Cámara, que busca modificar la Constitución para darle hasta cadena perpetua a quienes abusen sexualmente de niños, niñas y adolescentes. Según sus defensores, este proyecto garantizará y protegerá definitivamente los derechos de los menores, y así se solucionaría un problema que parece infinito.

Pero esa misma propuesta ha generado debate en el país desde hace más de una década, pues para varios expertos las penas dispuestas para este delito ya son lo suficientemente altas y coinciden en decir que se trata de un acto facilista que no le atina al blanco. Yesid Reyes Alvarado, exministro de Justicia y profesor del área de derecho penal de la Universidad de los Andes, asegura que una ley como esta da una falsa sensación de tranquilidad. Según él, “se hace uso del derecho penal para satisfacer las demandas populares de justicia haciendo creer que ya hubo una intervención del problema, pero detrás de eso están absolutamente descuidadas y no intervenidas las causas del delito”.

El profesor Norberto Hernández, tutor del semillero en derecho penitenciario de la Pontificia Universidad Javeriana, califica esta medida como una cortina de humo y afirma que la propuesta obedece al uso del nefasto populismo punitivo. La razón, según él, es que “este tipo de iniciativas son utilizadas por los gobiernos para generar votos y aceptabilidad política, más en tiempos de crisis como el actual, generando en el pueblo una percepción de seguridad que no es cierta”.

A la fecha el proyecto ha pasado por siete de los ocho debates necesarios en el Congreso para ser aprobado. Aun así y suponiendo que sea votado a favor en último debate, algunos expertos en derecho penal como Hernández aseguran que existe una alta probabilidad de que la Corte Constitucional declare inexequible esta pena, “por lo que esto puede significar un mal uso del tiempo y recursos legislativos invertidos en una propuesta que no tiene viabilidad”, afirma el profesor.

Y es que incluso quienes redactaron el proyecto saben que la cadena perpetua es un trato cruel, inhumano, degradante, inconstitucional desde muchos puntos de vista y además viola tratados internacionales de derechos humanos. Por esa razón, decidieron aclarar en el proyecto que la pena, después de cumplidos 25 años de prisión, puede ser revisada para determinar si la persona condenada continúa recluida o pasa a otra medida sustitutiva de la pena como la libertad condicional.

Pero la inconstitucionalidad no es el único problema que tiene el proyecto, porque la investigación científica ha demostrado que el incremento de penas no logra disminuir la incidencia del delito, y asegura que esta medida no es más que un despropósito político por su ya comprobada ineficacia.

 

Ni viable ni funcional

Uno de los argumentos del acto legislativo para instaurar la cadena perpetua es la reincidencia o la reiteración del delito por parte del victimario, o sea la probabilidad de que una vez salga en libertad, después de pagar su pena, vuelva a abusar sexualmente de algún menor. Esa preocupación queda justificada en el papel al explicar que, en los últimos años, ha habido un alto incremento de delitos sexuales y violentos en contra de niños, niñas y adolescentes. Pero lo que hay que tener en cuenta también, como explica el profesor Manuel Iturralde, ¿de dónde? es que “las denuncias por este tipo de delitos han aumentado de manera notable, pero no hay estudios rigurosos que expliquen por qué ha sido así”. Con esto, el experto se refiere a que el hecho de que haya más denuncias no responde al interrogante de si los victimarios son reincidentes o no.

Pero vamos más allá. En 2005 en Colombia se expidió una ley que castiga el abuso sexual seguido de la muerte del menor con 60 años de prisión – una de las penas más altas en el país – y rebajas de hasta 20 años por estudio, trabajo o enseñanza. El abogado Reyes reflexiona con un ejemplo de una persona condenada justo en el momento en el que salió dicha ley: “si tiene 30 años y logra reducir la pena, saldrá de la cárcel en el 2045. De tal manera que el primer momento en el que vamos a saber si la ley expedida en el 2005 funcionó y se evitó la reincidencia será a partir del 2045, cuando esta persona tenga 70 años y salga libre”. Por esa razón, según Reyes, antes de aprobar tal proyecto el Congreso debe darse la oportunidad de verificar si su última gran reforma legislativa funciona, y agrega que “asumir anticipadamente, 25 años antes, que la ley no va a servir para que con base en esto se incrementen las penas es, a mi modo de ver, populismo punitivo”.

Por otro lado, es claro que en un estado social de derecho, específicamente el colombiano, la finalidad de la detención carcelaria es la de resocializar a las personas privadas de la libertad, pero eso no se logra hoy en día por las precarias condiciones del sistema penitenciario colombiano. “Si actualmente no logramos la resocialización en un sistema que no tiene cadena perpetua, mucho menos lo vamos a poder hacer con la cadena perpetua, e implementar esta medida agudizaría la crisis”, indica el profesor javeriano Hernández.

 

Hacinamiento carcelario

Las condiciones en las que viven la mayoría de las personas privadas de la libertad en Colombia vulneran constantemente sus derechos fundamentales. Bruno*, un recluso de la cárcel La Modelo de Bogotá, ha visto con sus propios ojos la desigualdad y la corrupción que cobijan al sistema penitenciario del país. Cuenta que allí hay gente que gracias a sus recursos puede hacer compras en el expendio oficial de la cárcel, adquirir tarjetas para hacer llamadas y acceder a ciertas comodidades. Pero al mismo tiempo, él asegura que “de forma ilegal, especialmente en los patios donde hay hacinamiento y debido a la corrupción, hay personas que pueden comprar una celda adjudicada de forma exclusiva, así tengan que sacar a dos o tres personas que estaban ahí y hacerlas dormir en los pasillos”.

Llegó a la cárcel en 2017 por cuestiones muy diferentes a la violencia sexual contra menores, y desde que puso un pie ahí se dio cuenta de la crisis: “debido al hacinamiento nos tocaba esperar en fila para ir avanzando hacia la zona del patio donde había menos humedad. Si yo hubiera tenido dinero, seguramente habría llegado directo a una celda, pero no. Luego de un tiempo se hizo el esfuerzo y logré comprar un espacio para vivir con dos personas más”. Bruno asegura que no todos los internos cuentan con esa suerte. Incluso hay personas que no pueden pagar por una celda y tienen que dormir en los baños, al lado de los inodoros, que muchas veces no tienen agua y sus colchonetas terminan llenas de deshechos humanos. Es tanta la gente que ni siquiera hay cupos para trabajar, hacer otro tipo de actividades o incluso caminar por el patio.  En cuanto a la alimentación, dice que ha venido mejorando progresivamente, pero que los alimentos no cumplen con las porciones adecuadas y a veces pueden estar crudos.

Está demostrado con la experiencia estadounidense que, contrario a lo esperado, “las personas que están condenadas a cadena perpetua son muy problemáticas por algo racionalmente normal y es que no tienen nada que perder”, asegura Hernández, quien coincide con la postura de Iturralde: “pueden ser personas que se vuelvan aún más antisociales, mucho más reacias a seguir órdenes e incluso negadas a recibir un proceso de resocialización”.

A esto hay que añadirle el costo económico que representa para el sistema el encarcelamiento de una persona. Según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), una persona privada de la libertad puede costar aproximadamente dos millones de pesos mensuales, es decir, 24 millones al año, y no hay suficiente dinero para hacerlo sostenible. En los países nórdicos, donde hay menor comisión y reincidencia del delito, las cárceles tienen un modelo ejemplar. En Noruega, la prisión de alta seguridad de Halden lo representa: tiene tan solo 258 internos con penas no mayores a 30 años y con todas las condiciones dignas para estar ahí: espacios físicos adecuados, talleres altamente especializados, acompañamiento profesional personalizado, ayuda de las empresas para conseguir empleo y funcionarios cualificados con especialidad en el manejo del sistema penitenciario. Como en Colombia no existe nada parecido a esto, los expertos coinciden en que es iluso creer que con las condiciones y recursos con los que se cuenta actualmente pueda generarse la resocialización dentro de una cárcel.

Por último, y como punto esencial de lo que se espera con esta medida hay que mencionar que para varios expertos, contrario a quienes defienden el proyecto, la prisión perpetua para violencia sexual contra menores no garantiza ni protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes, incluso puede resultar peligroso para la víctima. Por un lado, y aunque como dice la senadora Angelica Lozano, “imaginarlo suene aberrante”, delitos como el homicidio podrían llegar a ocultar el abuso sexual, pues al cometer un crimen que tiene menos años de condena como el homicidio, el atacante podría abusar sexualmente y luego recurrir al asesinato para que sea condenado por este último y así evitar la cadena perpetua. Por otro lado, el abuso sexual, al ser un delito cometido dentro del entorno familiar o cercano del menor, puede incrementar la impunidad por la omisión de denuncias para evitar las consecuencias de la cadena perpetua.

En palabras de Yesid Reyes, “es imposible hablar de que se protege la vida de un niño al encerrar en la cárcel de por vida a quien cometió el delito cuando la vida del niño no estuvo protegida previamente”. Para no ir muy lejos, a modo de llamado de atención, Ómar Bravo, doctor en psicología y profesor de la Universidad ICESI, recuerda el imborrable caso Garavito: “la pregunta es ¿qué pasa en una sociedad en la que decenas de niños y niñas pueden ser victimizados sin que esto genere un escándalo? ¿Por qué el alboroto solo se genera cuando se identifica esta monstruosa brutalización?”.

 

¿Qué medidas tomar?

No hay discusión en que el bienestar de los niños, niñas y adolescentes debe primar en la sociedad y los actos de violencia contra ellos no son justificables. Sin embargo, la dignidad humana no puede ser sacrificada en un estado social de derecho. “Lo que tenemos que entender es que hay unas necesidades especiales de una población que ha sido victimizada y hay una serie de garantías de derechos que debemos respetar. Son dos problemáticas que debemos atender”, asegura Luis Vélez Rodríguez, profesor de derecho penal y criminología de la Universidad de Manizales.

Considerando las medidas que se deben tomar cuando el delito ya se ha cometido, los expertos aseguran que la apuesta del sistema penal debe estar encaminada a la resocialización y acompañamiento de las personas privadas de la libertad para que puedan reinsertarse a la sociedad y evitar que vuelvan a cometer el delito. Para esto, insisten en que es necesario pensar en una política criminal basada en la resocialización y no en el populismo punitivo e incremento de penas que de por sí ya son altas.

Adicionalmente, los programas de protección a víctimas tienen que fortalecerse, pues una de las preocupaciones centrales dentro de la administración de justicia es la operatividad del sistema vigente. Tal como dice Gloria Carvalho, representante de la alianza para la niñez, “el proceso de investigación contra un agresor sexual puede durar hasta siete años y la administración de justicia en ese sentido es negligente”, y eso sin profundizar en que el 94% de los casos que dice Carvalho quedan impunes y hacen parte de la cifra negra de criminalidad al nunca ser conocidos por el sistema judicial.

Antes que pensar en la condena hay que preocuparse por la impunidad, y para acabarla totalmente es necesario primero fortalecer los mecanismos de investigación judicial especializada para la niñez, así como garantizar la formación de los jueces para la adecuada aplicación de las medidas de justicia. Por eso, los científicos afirman que es mucho más sensato ocuparse de intervenir las causas del delito, que finalmente es lo único que puede evitarlo, y así realmente proteger los derechos de los niños. Además, en este proceso hay que prestarle mayor atención al hecho de que el 83% de los victimarios son personas que pertenecen al entorno familiar o íntimo de las víctimas, de las cuales en su mayoría son mujeres. Entonces, ¿qué está pasando en los núcleos familiares?, ¿se está haciendo el debido seguimiento? Es necesario buscar una solución real a ese problema antes de que los derechos de los menores sean vulnerados, insiste Carvalho.

La violencia sexual a niños, niñas y adolescentes es un monstruo que, sin discusión, hay que atacar. Sin embargo, los expertos se mantienen en que no vale la pena perder el tiempo en proponer falsas soluciones que al final terminan dándole largas a una problemática que requiere de otras acciones puntuales. Algunas recomendaciones de los investigadores para prevenir este delito se basan en el seguimiento a los núcleos familiares vulnerables, así como una mayor inversión social destinada a educación sexual y reconocimiento de comportamientos que puedan ser señal de abuso. También se podrían tener en cuenta medidas como el fortalecimiento del ICBF, de canales de atención a víctimas y campañas de reivindicación de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Sea como sea, es muy importante que los congresistas que están votando el proyecto tengan en cuenta estas propuestas y la investigación científica para tomar decisiones que logren cambios significativos.

*Nombre ficticio por solicitud de la fuente.

Mujeres migrantes en Colombia: entre desafíos y dificultades

Mujeres migrantes en Colombia: entre desafíos y dificultades

En los últimos diez años, la entrada de ciudadanos extranjeros al país se ha incrementado, siendo la capital el principal destino. Según datos de Migración Colombia, a diciembre de 2019 habían ingresado 1.032.016 venezolanos, de los cuales el 45% son mujeres. Como lo explica la profesora Camila Esguerra Muelle, del Instituto Pensar, de ese porcentaje la gran mayoría de ellas terminarían realizando labores de cuidado precarizado y no reconocido.

Este tipo de trabajos se conocen como empleos inseguros o de poca calidad que exponen a sus trabajadores a situaciones de riesgo constante. Esto sucede en el ejercicio del cuidado, pues como argumenta la investigadora, el empleo doméstico es uno de los que más riesgos laborales implica pues se enfrentan a circunstancias ergonómicas, físicas, psicosociales, de acoso y explotación laboral.

Bajo este contexto social, Esguerra realizó la investigación ‘Migración y cadenas globales de cuidado’, resumida a través del ‘working paper’ Se nos va el cuidado, se nos va la vida: Migración, destierro, desplazamiento y cuidado en Colombia. “Cuando hablamos de cuidado nos referimos a la reproducción material y simbólica de la vida; es la dependencia en las relaciones con los territorios y la naturaleza que lo rodea”, aclara la entrevistada. Ejemplos visibles de estas acciones son las labores domésticas, familiares, agrarias, de la tercera edad y cuidado personal.

En su estudio, la antropóloga analiza la formación de las cadenas globales de cuidado y explica que cuando son escasas, las mujeres en condiciones de pobreza del mismo país o migrantes rurales se encargan de cubrirlas; ellas a su vez, al emigrar, dejan un vacío en el cuidado de sus propios hogares, el cual es cubierto por otras personas.

Aunque el cuidado no es valorado, este hace parte de la economía del mundo, pues según la ENUT (Encuesta Nacional del Uso del Tiempo), el 20% del Producto Interno Bruto (PIB) en Colombia se produce a partir de los trabajos de cuidado no remunerado. De este, el 16% es realizado por mujeres en situación de pobreza.

Un ejemplo cotidiano de los retos a los que se enfrentan las niñas en condición de vulnerabilidad es que en algunos casos son entregadas desde pequeñas a familias con alta capacidad adquisitiva, con el fin de que cumplan con labores domésticas y a cambio de una promesa de educación. Según explica Esguerra, las personas que hacen estos intercambios no son conscientes de que realizan trata de personas, muchas veces con menores de edad.

Además, si se tiene en cuenta que existen aproximadamente ocho millones de personas desplazadas en el país, la migración no es exclusivamente venezolana. “Más de la mitad de los desplazados por la violencia y el narcotráfico son mujeres que vienen a las grandes ciudades a cuidar y muchas de las que llamamos venezolanas son en realidad colombianas retornadas, que el conflicto armado de este país sacó hace 20 años”, complementa.

El problema principal de estas mujeres es que carecen de cuidado, el cual se evidencia en enfermedades físicas y psicológicas como depresión, ansiedad, insomnio y dolores físicos. A esto se le suma otro escenario: ellas trabajan en promedio un mes más por cada año que los hombres y son peor remuneradas, según la ENUT. “Eso es lo que configura las profundas desigualdades de género en el mundo. Nadie cuida a las cuidadoras porque esto se ha asumido como un asunto privado, que se naturaliza como una labor propia de las mujeres”, argumenta la investigadora.

Esguerra concluye que se debe aceptar el reconocimiento de las labores de cuidado como un asunto de Estado. “No basta con hacer pactos de redistribución del trabajo en la casa. El Estado debe asumir el cuidado como un derecho y un bien social, entendiendo que todos los seres vivos necesitamos de este, de lo contrario seguirá habiendo un mercado informal y precarizado, que pone en riesgo a las migrantes y seguirá soportado en la explotación de mujeres y personas feminizadas”, puntualiza.

¿Por qué Colombia sigue “rajada” en las Pruebas Pisa?

¿Por qué Colombia sigue “rajada” en las Pruebas Pisa?

La falta de un modelo de innovación educativa y el ausentismo de los profesores en escuelas y colegios de Colombia, principalmente en zonas apartadas, son los principales motivos que pueden impactar en los deficientes resultados que arrojaron las pruebas Pisa, presentadas esta semana. Así lo sostiene a Pesquisa Javeriana Luz Karime Abadía, directora de posgrados en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana. Y agrega que si el país trabajara sobre esos dos factores, seguro generaría cambios estructurales para brindarles una educación cualificada a sus estudiantes y respondería a sus necesidades actuales.

Dice que no se deben “seguir usando los mismos métodos de enseñanza y aprendizaje tradicionales porque nuestros jóvenes son diferentes, porque requieren habilidades diferentes y porque estos métodos tradicionales ya no responden a los problemas complejos que tenemos en el mundo actual.

Literatura infantil, clave para resolver conflictos de niños y niñas

Literatura infantil, clave para resolver conflictos de niños y niñas

Había una vez una niña bonita, bien bonita.
Tenía los ojos como dos aceitunas negras, lisas y muy brillantes.
Su cabello era rizado y negro, muy negro, como hecho de finas hebras de la noche.
Su piel era oscura y lustrosa, más suave que la piel de la pantera cuando juega en la lluvia”.

Este es el inicio del cuento Niña Bonita, escrito por la brasileña Ana María Machado. Es uno de los ocho cuentos que los profesores de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana, Andrea Escobar y Mario Gutiérrez, utilizaron como herramienta para entender el rol que asumen los niños frente a conflictos o situaciones que se les presentan en la cotidianidad a partir de la literatura. Buscan con ello trabajar temas como la ansiedad por el abandono o el encuentro con los amigos, entre otros.

Su interés por conocer cómo los niños se posicionan frente a los conflictos nace de diversas preguntas: ¿Cómo están resolviendo sus problemas? ¿Cómo hablan de sus puntos de vista? ¿Cómo los transforman? “Este proceso se da por medio del uso de herramientas que pertenecen a su cotidianidad, no por herramientas pedagógicas o psicológicas. El cuento resulta ser un mediador muy importante que propicia entender al otro y, gracias a éste, surgen posiciones diferentes en el diálogo, encuentros y desencuentros acerca de lo que pasa en la narración”, explica Escobar.

La metodología de investigación se concentró en varios espacios de lectura con los niños de un colegio en el barrio El Codito, al norte de Bogotá. En estos momentos compartidos por niños de transición a quinto de primaria, leyeron con ellos varios cuentos para ver cómo interactuaban con la historia teniendo en cuenta que hay un conflicto subyacente a lo largo del cuento y posiciones diferentes entre los personajes.

Niña Bonita, por ejemplo, cuenta la historia de un conejo blanco que ha quedado sorprendido por la belleza de una niña afrodescendiente, especialmente por su color de piel, que considera hermoso. Esta situación puso en conflicto a los niños no solo por su concepción de la belleza, sino de la mentira, pues cada vez que el conejo le preguntaba a la niña “Niña bonita, niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita?”, la niña inventaba alguna respuesta. La resolución de conflictos en los niños se da desde aceptar que el otro puede equivocarse, y al ponerse en sus zapatos -en este caso de los personajes- entender que los demás sienten y piensan igual que ellos. A la vez hay cosas que les duelen, desarrollan comprensión y aceptación frente a quienes los rodean.

A partir de esta experiencia notaron reacciones particulares por cursos. Inicialmente, les llamó la atención que “el niño pequeño está mediado por el punto de vista del adulto y cuenta mucho más lo que pasa con éste. A la vez, lo que más rescatan suele ser la apariencia física del conejo o de la niña, pero más relacionados con me gusta o no me gusta, o con experiencias de la vida de ellos”, continúa Escobar. Por el contrario, a medida que aumenta la edad, la descripción de personajes pasa a un segundo plano y se van introduciendo temas nuevos, “por ejemplo, hablar de racismo fue algo que apareció hasta tercero de primaria y es traído por ellos gracias a la manera como los niños conversan frente al cuento infantil. Eso nos llevó a pensar si realmente los niños más pequeños estaban hablando de racismo en algún punto, y encontramos que no. Es algo que se va construyendo, entre otras cosas por el contacto del niño con el entorno, o con otros actores sociales”, agrega.

También resultó llamativo que la edad no impedía a los niños disfrutar de la lectura del adulto, pues, como dice la escritora infantil Yolanda Reyes, “el cuento lo que le genera al niño es la sensación de que mientras él esté con el adulto y el cuento dure, el vínculo no se va a acabar”. De ahí la importancia de leer cuentos con niños y niñas; es ese vínculo con el adulto lo que realmente lo hace interesarse por la historia del cuento.

Durante los momentos de reflexión que se llevaron a cabo después de leer los cuentos, los psicólogos notaron que aunque los niños tendían a ser quienes guiaban las conversaciones, las niñas aportaban comentarios con mayor contenido temático para las discusiones. Y aunque hubiese algunos niños que parecían distraídos o tímidos frente a la conversación propuesta, al conectarse, aportaban puntos de vista que muchas veces cambiaban el ritmo de la discusión e introducían otros temas de debate. Esto se encontró principalmente en los cursos superiores, es decir, niños de tercero, cuarto y quinto realizaron un análisis con mayor profundidad frente a la historia misma y la implicación de las identidades múltiples de los personajes en el desarrollo del cuento, lo cual demuestra que a medida que los niños crecen tienen mayor posibilidad de realizar análisis de los conflictos, contando con muchos más elementos que enriquecen la trama, y al leer cuentos con historias conflictivas podrán situarse desde muchas más perspectivas y entender el conflicto desde diferentes puntos de vista.

Desde el psicoanálisis, Escobar concluye: “Hay que tener cuidado con la estereotipación de los marcos teóricos. Muchas veces, en el afán de clasificar características, se fuerza un marco teórico sobre un hallazgo, y en este caso no podemos decir que todos los niños tendrían más o menos el mismo tipo de posicionamiento de la identidad frente a conflictos ni podemos hablar de una identidad única, total, acabada, íntegra, sino más bien de posiciones de la identidad de acuerdo con los temas que asumen”.

Una de las conclusiones principales de esta primera fase de la investigación es que es fundamental generar conversaciones desde la literatura con los niños. Desde las que se les permita no solo interactuar con la historia misma, sino con los conflictos que puedan vivir los personajes para reconocer al otro como un ser diferente de sí mismo. Además, dicen, se generan espacios de reflexión y aprendizaje en la vida propia, especialmente en el contacto con el otro que le permiten al niño desarrollar múltiples posibilidades para su identidad a un ritmo único en cada caso.