La universidad es escenario académico por excelencia para la formación básica y avanzada en el campo de la salud, y para el desarrollo de la investigación. ¿Cómo afectan los decretos de la emergencia social, el ser y la naturaleza de la universidad?
Los decretos de la emergencia social no afectan en forma directa el ser y la naturaleza de la universidad. Esta debe continuar en su proceso de búsqueda de la excelencia tanto en la formación profesional en salud como en la investigación, con o sin decretos de emergencia social.
Sin embargo, sí lo hacen en forma indirecta a través de dos mecanismos: a) al restringir la autonomía profesional en una forma indebida mediante el establecimiento de la obligatoriedad de las guías y la aplicación de sanciones por su no cumplimiento. Si esto se aplicara en la manera que los decretos lo establecen, quedaría sin campo de aplicación el juicio crítico de los profesionales y su formación universitaria, ya que bastaría un técnico que aplicara lo establecido en las guías. b) Al politizar la generación y aplicación del conocimiento científico que queda en manos de un organismo técnico científico en salud manejado por políticos y sin autonomía científica. En mi opinión este es un manejo irrespetuoso y un desconocimiento de la academia.
En un foro recientemente realizado en la Universidad Javeriana se expresó que las universidades sobrarían y que los médicos y los odontólogos se convertirían en simples técnicos sin poder de raciocinio, crítica o innovación. Se afirmó que la erosión que las presiones funcionales del sistema causan en los valores alrededor de los cuales se estructuran las profesiones de la salud afecta sensiblemente la educación médica y el desarrollo de la investigación. ¿La tendencia será entonces a formar médicos como mera fuerza de trabajo corporativo, desdibujando su formación en el pensamiento crítico y la ética profesional?
Las pretensiones de los decretos en lo que atañe a la autonomía profesional y al desarrollo y aplicación del conocimiento científico son inaceptables desde la perspectiva universitaria. Los decretos expedidos a partir de la emergencia social no solucionan los serios problemas éticos que el actual sistema está planteando, tanto desde la perspectiva de la ética social en la formulación de políticas públicas como de la ética profesional en el ejercicio de las profesiones de la salud y los administradores de salud. Por el contrario, los agravan.
Actualmente la mayor amenaza a la autonomía profesional no proviene de la aplicación extrema de las guías sino de las condiciones laborales que exponen a los médicos a presiones indebidas de aseguradores y prestadores para reducir costos, aún a costa de la calidad de los servicios y en detrimento de la salud de los pacientes, con serias violaciones a la ética profesional.
La Medicina y la Odontología, como ciencias, son actividades humanísticas orientadas a la creación, transmisión, sistematización y aplicación del conocimiento biomédico, con el compromiso de trabajar por el bien de los enfermos, con altos estándares y una rigurosa autorregulación. Parecería que los decretos lesionan estos elementos fundamentales.
El eje de los decretos es el equilibrio financiero de los actores del sistema y deja de lado al ciudadano, al usuario, al paciente que debería ser el sujeto principal del sistema de salud.
Los valores éticos son un elemento central en el debate para la búsqueda de salidas a la actual crisis del sistema de salud que ha olvidado que su razón de ser es la salud de la población antes que la salud de los agentes financieros. Me parece que un aporte fundamental que la universidad puede y debe realizar es abrir el debate sobre la ética social en la formulación de las políticas públicas.
Los decretos ignoran que el objetivo principal de un sistema de salud es mantener y mejorar la salud de la población. Pero en aras de la protección de los agentes financieros se han establecido medidas que van en contra del derecho a la salud, profundizan la fragmentación del sistema, aumentan las barreras y la inequidad en el acceso a los servicios de salud.
Si se tiene en cuenta que la evidencia científica cambia muy rápidamente, ¿cómo explicar, desde el quehacer académico y de la investigación, el rumbo de las determinaciones establecidas en los decretos de la emergencia social?
No tiene una explicación lógica. A mi modo de ver hay un interés manifiesto en favorecer a algunos actores del sistema sin importar los objetivos centrales de “salud de la población”.