La salud materna es un problema que golpea a las mujeres colombianas y preocupa a las entidades nacionales e internacionales, tanto así que el quinto Objetivo de Desarrollo del Milenio —de los ocho fijados por Naciones Unidas como meta para 2015— planteó reducir la mortalidad materna en un 75 % entre 1990 y 2015.
Para lograrlo, el Ministerio de Salud y Protección Social, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), lanzó en 2007 un modelo de vigilancia que apoyara la identificación y disminución de la morbilidad materna extrema (MME). En 2011 el Instituto Nacional de Salud (INS) la incluyó como un evento de reporte y notificación obligatoria para todo el país.
Con el objeto de apoyar a estas entidades gubernamentales y de verificar si el modelo lanzado se estaba implementando, un grupo de investigadores del Centro de Proyectos para el Desarrollo (Cendex), de la Pontificia Universidad Javeriana, adelantó, entre 2013 y 2014, un proyecto para determinar el comportamiento de 12 instituciones prestadoras de servicio (IPS) ante la morbilidad materna extrema, bajo el título “Evaluación del Modelo de Vigilancia de la Morbilidad Materna Extrema, incluida la gestión de la seguridad clínica de los procesos de atención y su relación con la reducción de la mortalidad materna y neonatal en los ámbitos institucionales y territoriales”. Liderado por el médico epidemiólogo Jorge Martín Rodríguez, este proyecto tuvo tres objetivos: evaluar la implementación del sistema de vigilancia que el UNFPA y el Ministerio habían propuesto en 2007, evidenciar la efectividad del modelo en las instituciones en las que se había implementado y verificar qué tanto se utilizaba la información para el mejoramiento continuo en la atención de las gestantes.
¿Por qué ocurren las muertes y cómo se propone evitarlas?
La MME ocurre en los embarazos en los que se presentan complicaciones graves que incluso llegan a involucrar la muerte de la mujer o del bebé. Sus principales causas son problemas infecciosos, que pueden conducir a lo que se denomina shock séptico; aumento en la tensión arterial durante el embarazo (eclampsia), y sangrados severos que lleven a una patología conocida como shock hipovolémico. Datos estadísticos previos a este estudio habían mostrado que alrededor del 15 % de los embarazos presentan estas patologías que, si no se detectan y controlan adecuadamente, pueden desencadenar la muerte de la madre.
En 2007 las entidades encargadas de la salud en el país lanzaron el protocolo de vigilancia para disminuir la MME, con el cual se buscaba que algunas IPS estuvieran alertas y conocieran cuáles son los momentos en los que deben intervenir para evitar el paso de una enfermedad materna de leve a grave. Si bien este protocolo se extendió a todo el país en 2011, pocas entidades lo habían implementado, razón por la cual el Cendex presentó una propuesta para conocer qué estaba pasando con el modelo.
Una vez aprobado el proyecto por parte del UNFPA, los investigadores seleccionaron seis IPS localizadas en distintas regiones del país que efectivamente habían reportado la aplicación del modelo. Como grupo comparativo, escogieron otras seis IPS, localizadas en las mismas regiones, en las cuales se desconocía la implementación del modelo de vigilancia de la MME.
Los investigadores trabajaron sobre la base de la siguiente hipótesis: si una IPS notifica un hallazgo de MME, debe activarse una cascada de eventos que permitan reconstruir la historia del caso y generar planes de acción y mejoramiento. Además, la detección y el reporte adecuado de estas patologías llevan a evitar situaciones similares futuras.
El estudio, de carácter descriptivo y comparativo, analizó los dos grupos: el piloto —conformado por las IPS que llevaban de cuatro a cinco años implementando el modelo— y el de comparación —integrado por las IPS que seguramente habían recibido la información respecto a cómo implementar el modelo pero de las cuales no se tenía información si lo habían hecho—. La mayoría de estas IPS y hospitales eran de carácter público y recibían gestantes del régimen subsidiado y del contributivo.
Durante los primeros tres meses del proyecto se realizaron encuestas semiestructuradas, entrevistas a profundidad, observación de procedimientos y recolección de información documental. Los resultados fueron analizados mediante estrategias de investigación cualitativa y cuantitativa. Se encontró que las IPS que habían apropiado el modelo respondían adecuadamente a las alertas; tomaban decisiones rápidas y certeras para evitar complicaciones; notificaban al sistema de salud y al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), del INS, y con esto se lograba disminuir la morbilidad extrema. Por el contrario, en la mayoría de las IPS comparativas no se implementaban estrategias tendientes a evitar la MME y los casos se reportaban en menor proporción al Sivigila.
Dentro de las IPS piloto se encontraban los hospitales de Kennedy en Bogotá; el de Maternidad Rafael Calvo en Cartagena, para la región de la costa atlántica; el Moncaleano de Neiva, para la región andina; el Departamental de Villavicencio, en la región de los Llanos Orientales; el Universitario de Santander en Bucaramanga, para la región nororiental, y la Clínica Valle de Lili en Cali, para la región suroccidental del país. En esas mismas regiones y como IPS comparativas, estuvieron los hospitales El Tunal (Bogotá), San Jerónimo (Montería), Federico Lleras Acosta (Ibagué), Regional de Granada (Granada), Regional del Magdalena Medio (Barrancabermeja) y la Clínica Rafael Uribe Uribe (Cali).
Hallazgos y propuestas de solución
En las IPS piloto se observó un proceso de notificación mucho más activo que en el grupo de comparación, con un indicador tres veces mayor. Las piloto realizan la vigilancia en el marco del protocolo del Ministerio y el UNFPA o de los lineamientos del INS. Las de comparación desconocen la existencia del protocolo y en su mayoría se rigen por las directrices del INS.
El modelo promueve la participación y articulación de diferentes actores con distintos perfiles, lo cual se cumplía en las IPS piloto. En general, en el grupo de comparación los equipos son más pequeños, o incluso esta responsabilidad recae en una sola persona, quien además tiene una baja remuneración. La falta de presupuesto, una reducida capacitación al personal y la baja asistencia técnica fueron algunos de los obstáculos encontrados en la investigación.
Como conclusión del estudio, Rodríguez resalta que la MME es una consecuencia de las condiciones sociales, económicas y culturales que tienen las mujeres en Colombia, así como en otros países del mundo. Una alta MME es un indicativo de la inequidad social y de un sistema de salud poco oportuno y resolutivo.
El resultado sugiere que las entidades de vigilancia, control y supervisión, que deben estar al tanto de lo que sucede en el país, generen alternativas que sean presentadas como políticas públicas tendientes a optimizar los procesos de atención y mejora continua; en últimas, a elevar la calidad de vida de los ciudadanos.
El trabajo también propone que los hospitales y direcciones regionales de salud fomenten la cualificación de sus empleados para contar con personal especializado y asertivo. Actualmente estas personas tienen contratos inestables y carecen de competencias para realizar tal labor. Es evidente que dentro de ellos se encuentran cuotas políticas de funcionarios del Gobierno que no tienen la formación necesaria, lo cual obstaculiza la adecuada implementación de un modelo de vigilancia.
En salud pública, concluye Rodríguez, Colombia está “en pañales” en comparación con otros países. “Para salir del subdesarrollo es importante generar políticas públicas que lleven a la elaboración de decretos, leyes, normas o reglas que deben ser cumplidas”, afirma. Cendex tiene como meta lograr que el Gobierno entregue al país uno o dos cambios regulatorios en políticas públicas anuales, fruto del resultado de sus investigaciones y sus recomendaciones.
Rodríguez aclara que el estudio recogió información para sugerir acciones y mejoras en los procesos, no para fiscalizar ni intervenir a las entidades, lo que no es de su competencia. “Nuestra responsabilidad no es implementar la política pública pero sí es entregar los resultados, socializarlos y estar al tanto de su implementación y su entrega al tomador de decisiones para que se realicen los cambios y mejore el problema”.
Para saber más:
- » Rodríguez, J. M. et ál. (2014). Modelo de Vigilancia de la Morbilidad Materna Extrema. Evaluación de la implementación. Bogotá: Ministerio de Salud y Protección Social; Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA).