La influencia de Elinor Ostrom

La influencia de Elinor Ostrom

Col Daniel Castillo
Conocí a Elinor Ostrom en 2005, en su taller de análisis de políticas públicas en la Universidad de Indiana. Yo había sido invitado a participar en un seminario en el que se hablaba de los retos de la gobernanza de los recursos de uso común; acostumbrado a los típicos espacios académicos con figuras muy importantes haciendo presentaciones y desapareciendo del escenario, esperaba algo similar, pero fue sorprendente. Me encontré en un lugar realmente interdisciplinar con todo el espacio para poner sobre la mesa mi perspectiva y discutir con los demás participantes, en especial con la profesora Ostrom, presente y disponible permanentemente.

Así, tuve con ella una de las conversaciones más significativas de mi vida académica sobre mis estudios de doctorado. Fue una charla en la que no hablamos casi de asuntos técnicos sino más de temas personales en cuanto a mis expectativas con el doctorado y sus opiniones al respecto. De este encuentro salí con un plan claro, incluido director de tesis al que conocí en la misma reunión, además de un proyecto dentro del cual desarrollaría mi investigación y del cual la profesora Ostrom era codirectora. Lo interesante es que, en un grupo de aproximadamente quince asistentes al evento, ella tuvo conversaciones del mismo tipo con todos; al final cada uno de los participantes regresó a su casa con una luz nueva para sus tránsitos vitales, que incluían desde estudios futuros, proyectos y preguntas de investigación hasta opciones de cambio de lugar de trabajo.

En 2012 conocí al antropólogo Fikret Berkes en Estambul, a quien después de saludar me dijo: “Ah, usted es uno de los afortunados de haber estado cerca de ella y beneficiarse de su influjo”. Eso significaba Elinor Ostrom, una especie de faro al cual, en cada oportunidad que uno se acercaba, tenía una respuesta, una idea o una orientación, simple, clara y amorosa; lo mismo ocurrió durante los diferentes encuentros con ella, en 2006 en la Javeriana, en 2009 y 2010 en el Centro para el Estudio del Comportamiento, Instituciones y Ambiente de la Universidad de Arizona, del cual era codirectora y cofundadora.

Después de conocer a la profesora Ostrom, uno entendía el profundo significado de la cooperación y de la interdisciplinariedad, elementos que hicieron parte inherente de su vida y que practicaba diariamente. Incluso,  uno pasaba a hacer parte del grupo de personas elegibles para contribuir mediante inversión de tiempo con su esposo, el politólogo Vincent Ostrom, de más de 90 años, mientras ella estaba en reuniones y charlas académicas; como Vincent no podía estar solo, nos turnábamos acompañándolo y oyendo sus historias mientras la profesora Ostrom volvía. Me correspondió el turno una mañana durante la cual se encargó de explicarme las razones por las cuales lo más importante es que la gente pueda ser autónoma y que se les permita resolver sus propios problemas.

Los esposos Ostrom iniciaron su relación de pareja durante la investigación de doctorado de ella, siendo Vincent su director. Él fue un influyente politólogo, quien, entre otras cosas, ayudó a impulsar la Constitución de Alaska, la cual tiene una dimensión muy importante en recursos naturales. Entre los dos desarrollaron el concepto de gobernanza policéntrica, entre otros temas, además de ser pioneros en la puesta en práctica del trabajo interdisciplinario por medio de su taller de análisis de políticas públicas. Esta relación fue muy productiva en el campo académico, donde se fue madurando la pregunta que orientaría la investigación de la profesora Ostrom y a la que dedicó su vida profesional: ¿Cómo hacen los usuarios directos de los recursos de uso común para manejar y resolver los problemas asociados a su utilización y mantenimiento? Las respuestas comenzaron a tomar forma a principios de los años 90.

Estos hallazgos tienen que ver con el autogobierno y la necesidad de permitir y crear espacios propicios para que las personas diseñen sus propias reglas de juego sin que el Estado las imponga, lo cual ha tenido consecuencias importantes en la teoría del diseño de políticas públicas, pues la idea de fondo consiste en la inconveniencia de diseñarlas como si fueran panaceas y, más bien, entender los contextos locales y particulares de cada comunidad, compartir el poder y permitir esquemas de co-manejo Estado-comunidad para, realmente, generar sostenibilidad.

Sin ser economista, y por demostrar esta idea, Elinor Ostrom ganó el Premio Nobel de Economía en 2009, la única mujer en obtenerlo hasta el momento.

 


*Profesor asociado del Departamento de Desarrollo Rural y Regional, en la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales.

Premio al protector de aves

Premio al protector de aves

Luis Miguel Renjifo, actual vicerrector de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana, recibió el Premio al Servicio Distinguido, sección América Latina y el Caribe, durante el Congreso Internacional Biología para la Conservación 2018 que se realizó entre el 25 y el 27 de julio en St. Augustine, en Trinidad y Tobago.

Este biólogo y ecólogo ha concentrado sus estudios e investigaciones en las aves con especial énfasis en aquéllas en peligro de extinción, lo que lo llevó a publicar el Libro Rojo de Aves de Colombia, el cual ha venido actualizando gracias a sus permanentes salidas de campo, trabajos con sus estudiantes y con el apoyo de la ciencia ciudadana, actividad que ha promovido en los colombianos.

El premio que entrega la Sociedad de Biología para la Conservación (SCB por sus siglas en inglés), reconoce individuos, grupos o instituciones que se hayan distinguido por su dedicación en cualquier campo asociado con la biología de la conservación, y cuyo trabajo haya aportado nuevo conocimiento a la conservación de la diversidad biológica del planeta.

En el caso del vicerrector, investigador y profesor Renjifo, el premio le reconoció tres “contribuciones extraordinarias”:

Por la evaluación del riesgo de extinción de especies de la avifauna colombiana.


Por influir en las políticas de conservación.


Y por promover la capacitación en esta disciplina científica, la ornitología, en la región.


En 1987, cuando fue entregado por primera vez este reconocimiento, lo recibió el ambientalista británico Norman Myers; en 1991, el biólogo y naturalista estadounidense E.O. Wilson, autoridad mundial en hormigas; en 2002, la ecóloga y conservacionista británica Georgina M. Mace, de la Fundación Charles Darwin de las Islas Galápagos; en 1994, el exvicepresidente de los Estados Unidos y ambientalista Al Gore; y en 2003, la ambientalista y ecóloga marina Jane Lubchenco, que dirigió en Estados Unidos la Administración Nacional del Océano y la Atmosfera (NOOA por sus siglas en inglés) y formó parte del equipo asesor de ciencia del expresidente Barak Obama.

En 2018, Luis Miguel Renjifo se suma a este selecto grupo de ganadores.

 

Las revistas y editoriales universitarias en la política de CT&I

Las revistas y editoriales universitarias en la política de CT&I

Las universidades colombianas han publicado revistas académicas desde hace sesenta años. Algunas revistas tuvieron su ciclo natural de nacimiento, crecimiento y muerte; otras se han consolidado gracias a un esfuerzo sostenido de calidad en su contenido y en su diseño editorial. Para 2014 se contaba con cerca de 540. Desde hace tres décadas se vienen consolidando las editoriales universitarias como alternativa a las casas comerciales, buscando acercarse a la comunidad académica y a sus autores. De allí que la asociación que las reúne (ASEUC) cuente con 60. Sin embargo, revistas y editoriales universitarias colombianas juegan en un mundo en el que tienen la partida perdida, y las políticas públicas no ayudan lo suficiente para que puedan competir en un escenario de contienda despiadada.

En un contexto global, el sistema que cualifica las revistas académicas determina la visibilidad y aceptación de los autores. En 1964, el Institute for Scientific Information (ISI) desarrolló un Índice de Citación Científica (SCI) en el que el número de citas de terceros sobre los artículos publicados (denominado “factor de impacto”) se convirtió en el parámetro de calidad científica. Como era de preverse, las revistas Nature y Science se ubicaron en los primeros puestos.

Los directores de bibliotecas universitarias del mundo empezaron a suscribirse a las revistas con mejor posición en dicho índice, muchas de las cuales eran propiedad de las mismas editoriales y, en el caso de Reuters y Elsevier, además eran productoras de los índices que miden impacto. Esto creó un mercado inelástico que produjo un aumento en los precios de aquellas mejor posicionadas.

Las grandes empresas editoriales se volvieron dueñas de revistas y jueces en índices de citación. Estar por fuera de ellas significó no participar en la divulgación científica y académica. Como en todo mercado, las editoriales que publican estas revistas aprendieron a manejar los índices y los autores empezaron a publicar artículos, buscando más la citación que la contribución al país o la región. Para finales de los noventa, la evaluación de la calidad de la producción académica quedó supeditada a su capacidad de publicar en las revistas con mayores índices de citación. Esto ha llevado a una tremenda competencia entre los autores por publicar en las revistas ubicadas en los primeros lugares (cuartiles) y a un marcado sesgo de los sistemas de evaluación de los académicos por su capacidad de publicar en ellos. Este mercado también presenta otro sesgo evidente: las revistas en inglés representan el 80% del conjunto de títulos indexados y las de un solo país, EE. UU., el 40% de ellas.

Mientras tanto, las revistas latinoamericanas producidas en universidades están desfinanciadas, los editores son profesores convertidos empíricamente en tales, el tiempo para la tarea editorial se disputa con las ya complicadas tareas de investigador, docente y gestor, y la visibilidad de la publicación se ve mermada por la lengua en la cual se escribe. La competencia está, de partida, perdida.

En 1996, Colciencias estableció un sistema de in-dexación de las revistas académicas colombianas,
la Base Bibliográfica Nacional, Publindex, y en 1998 reconoció 45 revistas. Las políticas cambiaron y desde 2005, a nombre de la internacionalización, las revistas en las categorías superiores ya no eran las mejores a nivel nacional, sino aquellas que habían ingresado a sistemas de indexación (Sires) extranjeros como Web of Science, Medline, Econlit y PsyINFO. De un tajo, las mejores posiciones nacionales quedaron relegadas a los servicios de indexación extranjeros.

Ante la falta de visibilidad de las revistas de la región, editores latinoamericanos crearon la iniciativa SciELO en Brasil, en 1997, y Redalyc en México, en 2003, con una clara opción por el acceso abierto. Entretanto, había surgido Scopus en 2004. El movimiento a favor de la Ciencia Abierta empezó a tomar fuerza para un acceso libre a los artículos.

Las editoriales universitarias fueron objeto, también, de su propia indexación en la primera década del 2000, hasta llegar a ser reconocidas en distintas categorías, de manera que un académico que publicara en ellas tenía garantizada la categoría de su libro o capítulo de libro por la certificación de la casa que los imprimía. Pero, en 2014, Colciencias dejó de certificar editoriales universitarias, de manera que dejó que cada capítulo o libro completo en la convocatoria de medición tuviera que demostrar el proceso editorial arbitrado y documentado que había sufrido.

En este ámbito abigarrado de grandes casas editoriales, de la geopolítica del conocimiento y de la hegemonía de países y del idioma inglés, la situación de nuestras revistas y editoriales universitarias es de enorme desventaja. Necesitan, como lo hizo la agenda pública entre los años cuarenta y sesenta con la industria nacional, de una política similar a la de “sustitución de importaciones” para la protección de la producción científica y académica del país, mientras se crea la capacidad instalada que nos ponga en condiciones de competir en ese escenario desigual.

Consuelo Uribe Mallarino
Vicerrectora de Investigación
Pontificia Universidad Javeriana

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Disminuir la mortalidad materna: meta sin cumplir en 2015

Disminuir la mortalidad materna: meta sin cumplir en 2015

La salud materna es un problema que golpea a las mujeres colombianas y preocupa a las entidades nacionales e internacionales, tanto así que el quinto Objetivo de Desarrollo del Milenio —de los ocho fijados por Naciones Unidas como meta para 2015— planteó reducir la mortalidad materna en un 75 % entre 1990 y 2015.

Para lograrlo, el Ministerio de Salud y Protección Social, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), lanzó en 2007 un modelo de vigilancia que apoyara la identificación y disminución de la morbilidad materna extrema (MME). En 2011 el Instituto Nacional de Salud (INS) la incluyó como un evento de reporte y notificación obligatoria para todo el país.

Con el objeto de apoyar a estas entidades gubernamentales y de verificar si el modelo lanzado se estaba implementando, un grupo de investigadores del Centro de Proyectos para el Desarrollo (Cendex), de la Pontificia Universidad Javeriana, adelantó, entre 2013 y 2014, un proyecto para determinar el comportamiento de 12 instituciones prestadoras de servicio (IPS) ante la morbilidad materna extrema, bajo el título “Evaluación del Modelo de Vigilancia de la Morbilidad Materna Extrema, incluida la gestión de la seguridad clínica de los procesos de atención y su relación con la reducción de la mortalidad materna y neonatal en los ámbitos institucionales y territoriales”. Liderado por el médico epidemiólogo Jorge Martín Rodríguez, este proyecto tuvo tres objetivos: evaluar la implementación del sistema de vigilancia que el UNFPA y el Ministerio habían propuesto en 2007, evidenciar la efectividad del modelo en las instituciones en las que se había implementado y verificar qué tanto se utilizaba la información para el mejoramiento continuo en la atención de las gestantes.

¿Por qué ocurren las muertes y cómo se propone evitarlas?

La MME ocurre en los embarazos en los que se presentan complicaciones graves que incluso llegan a involucrar la muerte de la mujer o del bebé. Sus principales causas son problemas infecciosos, que pueden conducir a lo que se denomina shock séptico; aumento en la tensión arterial durante el embarazo (eclampsia), y sangrados severos que lleven a una patología conocida como shock hipovolémico. Datos estadísticos previos a este estudio habían mostrado que alrededor del 15 % de los embarazos presentan estas patologías que, si no se detectan y controlan adecuadamente, pueden desencadenar la muerte de la madre.

En 2007 las entidades encargadas de la salud en el país lanzaron el protocolo de vigilancia para disminuir la MME, con el cual se buscaba que algunas IPS estuvieran alertas y conocieran cuáles son los momentos en los que deben intervenir para evitar el paso de una enfermedad materna de leve a grave. Si bien este protocolo se extendió a todo el país en 2011, pocas entidades lo habían implementado, razón por la cual el Cendex presentó una propuesta para conocer qué estaba pasando con el modelo.

Una vez aprobado el proyecto por parte del UNFPA, los investigadores seleccionaron seis IPS localizadas en distintas regiones del país que efectivamente habían reportado la aplicación del modelo. Como grupo comparativo, escogieron otras seis IPS, localizadas en las mismas regiones, en las cuales se desconocía la implementación del modelo de vigilancia de la MME.

Los investigadores trabajaron sobre la base de la siguiente hipótesis: si una IPS notifica un hallazgo de MME, debe activarse una cascada de eventos que permitan reconstruir la historia del caso y generar planes de acción y mejoramiento. Además, la detección y el reporte adecuado de estas patologías llevan a evitar situaciones similares futuras.

El estudio, de carácter descriptivo y comparativo, analizó los dos grupos: el piloto —conformado por las IPS que llevaban de cuatro a cinco años implementando el modelo— y el de comparación —integrado por las IPS que seguramente habían recibido la información respecto a cómo implementar el modelo pero de las cuales no se tenía información si lo habían hecho—. La mayoría de estas IPS y hospitales eran de carácter público y recibían gestantes del régimen subsidiado y del contributivo.

Durante los primeros tres meses del proyecto se realizaron encuestas semiestructuradas, entrevistas a profundidad, observación de procedimientos y recolección de información documental. Los resultados fueron analizados mediante estrategias de investigación cualitativa y cuantitativa. Se encontró que las IPS que habían apropiado el modelo respondían adecuadamente a las alertas; tomaban decisiones rápidas y certeras para evitar complicaciones; notificaban al sistema de salud y al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), del INS, y con esto se lograba disminuir la morbilidad extrema. Por el contrario, en la mayoría de las IPS comparativas no se implementaban estrategias tendientes a evitar la MME y los casos se reportaban en menor proporción al Sivigila.

Dentro de las IPS piloto se encontraban los hospitales de Kennedy en Bogotá; el de Maternidad Rafael Calvo en Cartagena, para la región de la costa atlántica; el Moncaleano de Neiva, para la región andina; el Departamental de Villavicencio, en la región de los Llanos Orientales; el Universitario de Santander en Bucaramanga, para la región nororiental, y la Clínica Valle de Lili en Cali, para la región suroccidental del país. En esas mismas regiones y como IPS comparativas, estuvieron los hospitales El Tunal (Bogotá), San Jerónimo (Montería), Federico Lleras Acosta (Ibagué), Regional de Granada (Granada), Regional del Magdalena Medio (Barrancabermeja) y la Clínica Rafael Uribe Uribe (Cali).

Hallazgos y propuestas de solución

En las IPS piloto se observó un proceso de notificación mucho más activo que en el grupo de comparación, con un indicador tres veces mayor. Las piloto realizan la vigilancia en el marco del protocolo del Ministerio y el UNFPA o de los lineamientos del INS. Las de comparación desconocen la existencia del protocolo y en su mayoría se rigen por las directrices del INS.

El modelo promueve la participación y articulación de diferentes actores con distintos perfiles, lo cual se cumplía en las IPS piloto. En general, en el grupo de comparación los equipos son más pequeños, o incluso esta responsabilidad recae en una sola persona, quien además tiene una baja remuneración. La falta de presupuesto, una reducida capacitación al personal y la baja asistencia técnica fueron algunos de los obstáculos encontrados en la investigación.

Como conclusión del estudio, Rodríguez resalta que la MME es una consecuencia de las condiciones sociales, económicas y culturales que tienen las mujeres en Colombia, así como en otros países del mundo. Una alta MME es un indicativo de la inequidad social y de un sistema de salud poco oportuno y resolutivo.

El resultado sugiere que las entidades de vigilancia, control y supervisión, que deben estar al tanto de lo que sucede en el país, generen alternativas que sean presentadas como políticas públicas tendientes a optimizar los procesos de atención y mejora continua; en últimas, a elevar la calidad de vida de los ciudadanos.

El trabajo también propone que los hospitales y direcciones regionales de salud fomenten la cualificación de sus empleados para contar con personal especializado y asertivo. Actualmente estas personas tienen contratos inestables y carecen de competencias para realizar tal labor. Es evidente que dentro de ellos se encuentran cuotas políticas de funcionarios del Gobierno que no tienen la formación necesaria, lo cual obstaculiza la adecuada implementación de un modelo de vigilancia.

En salud pública, concluye Rodríguez, Colombia está “en pañales” en comparación con otros países. “Para salir del subdesarrollo es importante generar políticas públicas que lleven a la elaboración de decretos, leyes, normas o reglas que deben ser cumplidas”, afirma. Cendex tiene como meta lograr que el Gobierno entregue al país uno o dos cambios regulatorios en políticas públicas anuales, fruto del resultado de sus investigaciones y sus recomendaciones.

Rodríguez aclara que el estudio recogió información para sugerir acciones y mejoras en los procesos, no para fiscalizar ni intervenir a las entidades, lo que no es de su competencia. “Nuestra responsabilidad no es implementar la política pública pero sí es entregar los resultados, socializarlos y estar al tanto de su implementación y su entrega al tomador de decisiones para que se realicen los cambios y mejore el problema”.


Para saber más:
  • » Rodríguez, J. M. et ál. (2014). Modelo de Vigilancia de la Morbilidad Materna Extrema. Evaluación de la implementación. Bogotá: Ministerio de Salud y Protección Social; Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA).

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