Las fallas en el sistema de justicia en Colombia han sido ampliamente diagnosticadas. Sin embargo, investigadores de la Pontificia Universidad Javeriana consideraban que en todos esos diagnósticos faltaba una voz importante. Hacía falta la visión de un actor que vive los reveses de la rama judicial y al cual, en muchas ocasiones, un proceso interminable le puede costar su existencia misma: las empresas.
Con ese vacío en mente, profesores de la Facultad Ciencias Jurídicas de la Universidad e investigadores del centro de pensamiento Atlantic Council se pusieron en 2024 a la tarea de estudiar cuál es la experiencia que tienen las empresas cuando acceden a la justicia en Colombia. Sus resultados fueron publicados en el informe Iniciativa de Juego Limpio en la Justicia, en el que hacen recomendaciones sobre cómo incluir esta voz en la mejora de problemas de la justicia como la desconfianza, la idoneidad de los jueces o la demora de los procesos.
En Pesquisa Javeriana hablamos con la profesora Tania Luna, una de las autoras del estudio para entender mejor cómo es que el sector privado vive su paso por el sistema de justicia. Lo primero que aclaró es que, “las empresas entienden que la justicia es necesaria para tener predictibilidad en sus negocios, para saber a qué atenerse en sus unidades económicas y productivas”. En contraste, se encuentran con una justicia laberíntica, que los puede llevar a la quiebra.
Luna, quien también dirige el doctorado en Ciencias Jurídicas, había pasado buena parte de su carrera académica estudiando el acceso a la justicia de comunidades vulnerables, pero con esta investigación se enfocó en los empresarios. Junto al equipo de investigadores revisaron encuestas pasadas, realizaron las suyas e hicieron mesas de trabajo con líderes del sector.
En el camino encontraron una realidad preocupante: a muchos empresarios les preocupa un largo litigio, porque puede costarles su unidad productiva. La profesora explica que, en ese sentido, “el problema no es solo acceder o entrar al proceso judicial o al proceso administrativo, sino lo que se vive por dentro: las particularidades del día a día, el tiempo invertido, la justicia que parece laberíntica, llena de obstáculos, y que, a veces, les toca padecer incluso teniendo una unidad jurídica con abogados a su disposición, etc.”.
En este video, Luna explica a mayor detalle los hallazgos del estudio:
La justicia que viven los empresarios
Independientemente de si las empresas atravesaron el sistema judicial o acudieron a entidades administrativas, como superintendencias, las preocupaciones son similares. Los encuestados reportaron obstáculos como multiplicidad de instancias, demoras injustificadas, complejidades del proceso, vacíos legales o contradicciones e incompetencia de los expertos.
De allí que los mecanismos de justicia que tienen una mejor reputación entre los encuestados son la tutela, por su rapidez, y mecanismos alternativos como el arbitraje, porque es un proceso transparente en el que pueden acceder a un juez que tiene el conocimiento específico para decidir sobre el tema en cuestión. En contraste, las superintendencias recibieron peor calificación que los jueces, en especial, porque perciben que no toman las decisiones con independencia y un porcentaje importante (34%) de las empresas sienten que es difícil acceder a sus mecanismos, aunque reconocieron que suelen ser más rápidos.
“En pocas palabras, lo que los empresarios no quieren es estar atrapados en cuadernillos o expedientes eternos, envueltos en cuerdas procesales que pueden tomarles una década para ser resueltos”, añade Luna. Esto tiene un matiz adicional dependiendo del tamaño de la empresa, pues el estudio subraya que las pequeñas y medianas empresas que enfrentan obstáculos en la justicia se ven obligadas a dedicar mucho tiempo y recursos por extensos periodos, en lugar de invertir en expandir sus negocios y crear empleos.
Al respecto, una de las recomendaciones que hicieron los investigadores fue incorporar la tecnología de manera más amplia en los procesos judiciales. Si bien los jueces que entrevistaron les dijeron que la pandemia fue fundamental para incorporar audiencias o expedientes virtuales, que permiten agilizar los procesos, Luna fue clara en señalar que esos recursos son apenas un comienzo y que deberían abrir la mano a otros: “Por ejemplo, buscadores integrados, inteligencia artificial que puede apoyar los análisis probatorios, o los sistemas de precedentes, la estructuración del pasado, la oficialización de fichas”.
En concreto, una medida que los investigadores sugieren implementar es un “triaje” de casos, un concepto que toman prestado del sistema de salud y que traducen al sistema judicial como una forma de priorizar los casos más urgentes, respetando el derecho a la igualdad. Como señala Luna, “si en el sistema de salud yo pongo al paciente en una lista de espera interminable, sin tener en cuenta sus particularidades de urgencia, pues entonces lo puedo condenar a acabar con su vida”.
Y añade: “Nosotros hablamos del paseo de la muerte en la salud y lo prohibimos, pero se nos olvida que también hay paseo de muerte en la justicia. Una persona que pueda estar condenada a un expediente interminable, pues podría, en el caso de las empresas, perder su unidad productiva, cerrar para siempre”.
