¿Qué hacer con la salud?
A mediados del pasado mes de febrero, y a propósito de los decretos de emergencia social expedidos por el Gobierno Nacional en diciembre de 2009, la Pontificia Universidad Javeriana convocó a un foro académico en torno al polémico y delicado tema de la salud de los colombianos. A este evento asistió el ministro de la protección social, Diego Palacio Betancourt, y un número considerable de médicos, enfermeras, odontólogos, pacientes, directores de instituciones prestadoras de salud, investigadores y analistas de la salud pública, así como no pocos estudiantes, profesores y directivos universitarios.
Es difícil resumir resultados o conclusiones de un foro que se distinguió por su alta calidad académica, su incontrovertible pertinencia social y –no menos importante– por el respeto de todos a opiniones y puntos de vista diferentes, adversos, incluso contradictorios, pero nunca hostiles. El Ministro, como era de esperar, intentó justificar y explicar el contenido de los cuestionados decretos, a partir de la lógica propia del gobernante. Diagnosticó de manera asertiva la gravedad del enfermo: nuestro sistema de salud, tal y como existe actualmente (resultado de los desarrollos de la Ley 100), es financieramente insostenible; de no hacer nada, en poco tiempo, habrá de colapsar. Por eso el Gobierno decidió tomar las decisiones de la emergencia social, asumir la responsabilidad por las medidas que se consideran oportunas y darle la cara al país, aun con los riesgos que implicaba hacerlo en medio de un proceso electoral.
La reacción de los académicos javerianos fue casi unánime. Si bien se reconoció que el diagnóstico podía ser acertado y la gravedad del problema estaba lejos de ser una exageración, el enfoque general de las soluciones propuestas por el Gobierno en los decretos no convenció a un auditorio de académicos que, al igual que el Gobierno, tiene una lógica propia: la de la crítica. En efecto, a los decretos de emergencia social se les puede criticar o apoyar desde muchos puntos de vista, desde muchos intereses, por lo general legítimos, pero no siempre evidentes o explícitos. La verdad es que médicos y trabajadores de la salud, aseguradores del sistema (EPS), hospitales y prestadores de servicio (IPS), laboratorios de investigación y producción farmacéutica, productores y comercializadores de medicamentos genéricos, asociaciones de pacientes, sindicatos del sector de la salud, intermediarios financieros y de servicios y políticos de profesión (que no es lo mismo que políticos por vocación, como diría Max Weber): todos ellos tienen intereses propios y legítimos que afectan los diagnósticos, los análisis y las propuestas de solución a los múltiples problemas que aquejan el sistema de salud y seguridad social de los colombianos.
Sin embargo, las críticas que se le plantearon a los decretos de emergencia social en la Javeriana no obedecían a ninguno de estos intereses. El enfoque interdisciplinario que nos distingue, así como nuestro compromiso innegociable con la defensa de la vida y la dignidad humana, nos permitieron asumir posiciones que se legitiman con la calidad académica de la investigación y por el interés exclusivo de servir a la comunidad. De allí que la principal conclusión del foro académico sobre la salud en Colombia sea esta: sin investigación seria, informada y honrada, y sin una depuración de intereses ocultos que enturbian los análisis y las soluciones propuestas, los servicios de salud de los colombianos continuarán en estado de emergencia y pronto habrá que prepararse para sus exequias.