No es digno vivir así, no es digno morir así: el debate de la eutanasia en Colombia

No es digno vivir así, no es digno morir así: el debate de la eutanasia en Colombia

“No es digno vivir así”, se dice alguien que está pasando por una larga y tortuosa enfermedad terminal; así que piensa en la eutanasia para acabar con su dolor. “No es digno morir así”, se dice alguien que está pasando por una larga y tortuosa enfermedad terminal; así que piensa en resistir hasta que su cuerpo aguante. Sobre la mesa se despliega el debate: la libertad de elegir cómo morir.

“Para unos, la eutanasia puede ser una forma digna de morir, pero para otros resulta indigno dependiendo de sus creencias”, explica Eduardo Díaz Amado, médico, doctor en Filosofía y director del Instituto de Bioética de la Pontificia Universidad Javeriana. “Hay que tener presente que en una sociedad plural y multicultural tenemos que respetar las diferencias. Eso es lo que ha hecho la Corte Constitucional. Acá no se ha dicho que todos los que tengan una enfermedad terminal deben pasar por la eutanasia”.

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«Eutanasia – sufrimiento sin fin». Vivir o morir dignamente es un concepto personal y lo que debe garantizarse es la libre elección.

Díaz Amado se refiere a la sentencia que la corte emitió el pasado 22 julio de 2021, en la que amplió el derecho a solicitar la eutanasia. Antes, solo quienes demostraran tener una enfermedad terminal -y cumplieran otros requisitos- podían aplicar al procedimiento, ahora puede hacerlo el paciente que padezca un intenso sufrimiento físico o síquico proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable. Es decir: se eliminó la condición de enfermedad terminal.

“En el marco del respeto por la dignidad humana no puede obligarse a una persona a seguir viviendo cuando padece una enfermedad grave e incurable que le produce intensos sufrimientos, y ha adoptado (el paciente) la decisión autónoma de terminar su existencia ante condiciones que considera incompatibles con su concepción de una vida digna”, señaló la Corte Constitucional en un comunicado de prensa.

El homicidio por piedad

“En un sentido histórico, la eutanasia se ha referido a la muerte que se le ocasiona a alguien por piedad o misericordia. En la Edad Media, los caballeros tenían un cuchillo pequeño al que le decían ‘misericordia’, con el cual le daban muerte a quienes estaban malheridos. Era un acto de piedad”, recuerda Díaz Amado quien, además, es autor de la investigación La despenalización de la eutanasia en Colombia: contexto, bases y críticas.

En nuestro país el homicidio por piedad se condenaba con penas menores a las de los otros tipos de homicidio -con sanciones entre seis meses y tres años de prisión-, algo incomprensible para el ciudadano José Eurípides Parra, quien creía que terminar con la vida de alguien, de la forma que fuera, debía condenarse de la misma manera; así que entabló un proceso que en 1997 llegó hasta la Corte Constitucional, específicamente a las manos del exmagistrado Carlos Gaviria Díaz (1937-2015).

“El resultado fue irónico”, apunta Díaz Amado.  “La corte dijo: ‘hay unas razones que justifican este proceder’, y fue más lejos, pues eliminó la pena para quien le ocasionara a otro la muerte por motivos de piedad y bajo ciertas circunstancias”.

Así, Colombia se convirtió en el primer país de mayoría católica que despenalizó la eutanasia con base en argumentos constitucionales, incluso antes de países que históricamente habían sido referentes en esta práctica, como Holanda, que lo hizo en el 2002.

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Las angustias de la eutanasia

Aunque el tema lleva décadas en un agitado debate, el Congreso sigue sin reglamentarlo. “La Corte Constitucional es la que ha tenido que ir dando puntadas para los desarrollos. En 2015 llegó la resolución del Ministerio de Salud que le indicó a las EPS cómo hacer el procedimiento – la corte se lo ordenó mediante la sentencia 970 de 2014-; en 2017, a través de la sentencia 544 vino el derecho de los menores para pedir la eutanasia; y la última sentencia es la que nos tiene hablando de la terminalidad”, explica Díaz Amado.

El experto, además, centra en el foco una amplia cantidad de preocupaciones que surgen ante la falta de normatividad. “¿Qué tal si se abusa? ¿Qué tal que cuando sea abuelito y no pueda hablar mi familia termine diciéndole al doctor que me hagan la eutanasia porque soy un estorbo? ¿Qué tal que el sistema de salud, para no pagar los tratamientos médicos, que son costosos, recomiende la eutanasia en vez del tratamiento? Hay angustias legítimas que hay que tener cuenta”.

Díaz Amado señala con inquietud que, de todas formas, así haya un marco legal que organice el asunto, se necesita más que eso: se requiere un cambio estructural en el sistema de salud y, además, en la relación del médico y su paciente.

“Estamos terminando una investigación con la Unidad de Epidemiología de la Javeriana y colegas de otras instituciones -como el Hospital Universitario San Ignacio, el Instituto Nacional de Cancerología y el Hospital San José de Popayán-, sobre pacientes oncológicos terminales. Les hicimos entrevistas a ellos, a sus familias y a médicos sobre el tema del morir”, describe el médico.

“Muchos contemplan la eutanasia porque están desesperados, porque no los atienden bien. Se sienten abandonados. En el estudio vimos que sigue habiendo médicos que no hablan con sus pacientes. Uno diría que los médicos saben de la muerte, pero no, no hablan de eso, muchos lo evaden. Tenemos un cuerpo médico con el que habría que trabajar mucho todavía el tema de la sensibilidad frente al dolor, el sufrimiento y la muerte”, añade.

Y esta ausencia de empatía, quizás, se puede ver en el comunicado del Instituto Colombiano el Dolor, que reversó la eutanasia de Martha Sepúlveda luego de que se populariza una entrevista realizada por Noticias Caracol, en la que la paciente hablaba de su situación de forma tranquila, sin exhibir visiblemente un gran dolor.

“Eso va muy en la ética de nuestra época, donde si te ven sonriente en el trabajo, silbando, piensan que no trabajas, debes estarlo sufriendo. Lo mismo pasó con Sepúlveda, el hecho de que haya decidido su muerte de manera feliz no es argumento para quitarle el derecho de hacerlo, podemos llegar a la muerte felices”, puntualiza el director del Instituto de Bioética de la Javeriana.

En diciembre de 2020, un juez volvió a autorizar la eutanasia de Martha Sepúlveda y le ordenó a la IPS respectiva que se comunicara con ella para definir los trámites restantes.

Martha Sepúlveda murió luego se una eutanasia llevada a cabo el sábado 8 de enero.

La eutanasia: ¿Desde la ética, la ciencia, la religión o lo jurídico?

Díaz Amado propone el debate desde las posturas tradicionales, y plantearse preguntas en torno a ¿Por qué estamos en esta discusión? ¿Qué tiene que ver con nuestra época? “Antes los médicos decidían todo y desde el siglo XX hay una transformación de cómo se entiende la medicina y va hacia la autonomía de las personas. La constitución de 1991 establece, en el artículo 16, el libre desarrollo de la personalidad. En nuestro país la autonomía tiene un rango constitucional”, señala.

Según él, tanto los avances tecnológicos como la masificación en la prestación de salud cambiaron el escenario en el que el médico conocía y era amigo de toda la familia de su paciente, “ahora pasamos al médico que hace parte de una gran estructura burocrática y los pacientes quedamos chiquitos, perdidos; nos volvimos un dato. Ocurrió una alienación: dejamos de pertenecernos: somos un papel, un dato, un diagnóstico. Algunos lo llaman la deshumanización de la salud”.

Eso, según el especialista, fue trayendo un malestar que derivó en que cada persona encuentre mayor sentido en decidir por sí mismo, de manera autónoma, antes de seguir a ciegas una indicación médica. La decisión de una vida -o muerte- digna ya no estaba en manos de un médico.

¿Cómo reconciliarse?

Para Díaz Amado la cuestión pasa, más allá de los acuerdos jurídicos, por crear una cultura del respeto a la decisión de morir. “Necesitamos instituciones más sensibles, médicos y personal administrativo que tengan cuidado al decidir para responder a la situación de un paciente desesperado que de pronto lo que necesita es apoyo y acompañamiento, más que una eutanasia”.

Allí, señala el médico, los cuidados paliativos podrían entrar a jugar un papel importante. “Cuando hay buenos servicios de cuidados paliativos, las solicitudes de eutanasia disminuyen. Pero eso no quiere decir que porque los haya se le vaya a negar el derecho a morir de cierta manera a las personas”, aclara.

En Colombia, desde 2014 se encuentra vigente la Ley Devis Saavedra, que establece el derecho a recibir este tipo de cuidados, “pero para acceder al servicio siguen ocurriendo cosas como que una señora de 70 años deba hacer una fila en la madrugada para que le den un Dolex. Tenemos una especie de violencia estructural. Todo el que se haya enfermado sabe el calvario que significa ir al sistema de salud. Sería irónico que tuviéramos un excelente servicio de eutanasia en Colombia y continuáramos con un pésimo servicio de salud que no les brinda a los pacientes con enfermedades incurables o terminales el servicio que necesitan”, puntualiza Díaz Amado.

En 2015, una encuesta realizada por diferentes medios de comunicación reveló que el 73 % de los colombianos estaba de acuerdo con la eutanasia. Desde ese año, y hasta el 31 de agosto de 2021, según el Ministerio de Salud y Protección Social, se han realizado 157 eutanasias.

“El setenta y pico por ciento está de acuerdo porque se ha ido identificando con las personas que sufren por cuenta de una patología que es terminal o incurable, y que les ocasiona sufrimiento y dolor”, resalta el médico, y añade que “a pesar de los avances tecnológicos y los tratamientos de los que disponemos hoy; porque comparten la idea de que debemos decidir y nadie debe hacerlo por uno; además, esta cifra señala el divorcio entre la sociedad y ciertas autoridades desde la religión, el derecho y otros sectores que deberían preocuparse más por comprender qué significa esto que está pasando, escuchar a las personas y la época, que en solo oponerse”.

Preguntas y respuestas rápidas

Para finalizar, Eduardo Díaz Amado respondió algunas de las preguntas más comunes sobre eutanasia que hace la gente en redes sociales y en los buscadores de internet.

¿Cuál es la diferencia entre la eutanasia y el suicidio?

La eutanasia se refiere a una muerte que se solicita a un médico en el contexto particular de una persona con enfermedad terminal, incurable o que le está ocasionando sufrimiento, mucho dolor y la haya llevado a considerar que su vida, de esa manera, no puede continuar.

El suicidio es una muerte que no necesariamente está enmarcada en lo que acabo de decir. A veces está relacionado con la depresión, con un estado en el que la persona ha perdido el deseo de vivir, aunque podría recuperarlo con algún tratamiento o el apoyo requerido. Aun así, algunos defienden la idea de que hay personas que podrían decidir no vivir más por diferentes motivos, más allá de estar sufriendo de alguna enfermedad física o mental.

¿Es diferente una eutanasia a un suicidio médicamente asistido?

El suicidio médicamente asistido es aquel que acude a la ayuda de un médico para que se dé, pero la persona que lo solicita no está en el marco de una enfermedad incurable que le ocasione sufrimiento y dolor.

Se habla de tipos de eutanasia directa, activa, pasiva e indirecta, ¿cuál es la diferencia?

Esa terminología ha entrado en desuso, pero sigue existiendo. Se habla de eutanasia activa cuando el médico hace algo -a través de una inyección, por ejemplo- para causar la muerte de una persona en estado terminal, que lo ha solicitado libremente y cumpliendo con ciertos requisitos. En cambio, en la eutanasia pasiva es dejar de hacer por el paciente todo o parte del tratamiento que se venía haciendo, y cuyo resultado será su muerte.

Carlos Gaviria Díaz, magistrado ponente de la sentencia C-239 de 1997 que despenalizó el homicidio por piedad en Colombia, decía que esa distinción no tenía sentido. Era como pensar que dejar de hacer era menos grave que hacer, pero que tenía mucho más mérito decir explícitamente que voy a hacer algo por conciencia y para liberar a alguien de un sufrimiento intolerable, de manera directa, a simplemente no hacer nada.

¿En qué consiste el concepto de muerte digna?

La muerte digna está ligada a los valores personales. Y creo que morir dignamente está relacionado con vivir dignamente. Parece una paradoja en el mundo de hoy: hay quienes viven indignamente no porque quieran, sino porque son pobres, no han tenido acceso a servicios, han vivido en condiciones indignas desde siempre, ¿cómo pretendemos curar eso en el último momento con una muerte digna?

Una muerte digna puede ser morir naturalmente luego de sufrir estoicamente. Pero otros pueden decir que es no pasar por ese dolor y que resulta mejor pedir ayuda para morir.

¿Quiénes deciden si se aplica o no una eutanasia? ¿Pasa por un comité?

La corte ha definido unos requisitos que verifican comités médicos. No toman la decisión, solo verifican. Regular la eutanasia es una ventaja porque la saca de la oscuridad, de la clandestinidad y se ayuda a evitar excesos y abusos. Ahora Minsalud debe recibir los reportes de cómo se hizo, cuál fue el proceso, así se regula y vigila.

¿Un médico puede rehusarse a aplicar la eutanasia?

Tenemos el derecho a la objeción de conciencia, un derecho a no hacer un procedimiento cuando eso atenta contra mis valores más profundos. Pasa con la eutanasia y el aborto. Nadie me podría obligar a hacer un procedimiento en contra de mis propias convicciones morales y éticas.

Lo que no quiere decir que se niegue el servicio…

Primero, el hecho de que un médico tenga ese derecho no significa que lo use como excusa para no brindar un servicio que es un derecho fundamental de las personas en Colombia; debe ser una verdadera expresión de mis valores; segundo, no me da derecho a decirle a alguien: mire, yo no hago una eutanasia y además regañarlo, insultarlo o agredirlo, como a veces también pasa con las mujeres que solicitan un aborto. La objeción de conciencia no da derecho de impartir castigos.

Tercero, se debe garantizar el derecho por parte de las instituciones (EPS e IPS) porque si no, se minaría y fracturaría la integridad moral de la medicina, es decir, el que las personas independientemente de sus creencias puedan confiar en sus médicos y que harán todo de acuerdo con las necesidades y valores de los pacientes. El sistema debe garantizar que, si un médico no lo hace, debe haber otro que lo haga.

 

Grano a grano:  un retrato de la informalidad

Grano a grano: un retrato de la informalidad

Lo primero que hace Noé Perilla en el día es ir por las mazorcas. Sale bien temprano de su casa, se protege del frío y camina hasta la plaza de mercado. Allí recorre los puestos de hortalizas y negocia el mejor precio; después va a la carnicería. Más tarde llega a su sitio de trabajo: un andén amplio en la calle 40 D sur con carrera 89 B en Patio Bonito, al sur de Bogotá. Su escritorio es un pequeño asador, sus implementos, un tarro de mantequilla, un cuchillo, un abanico improvisado para avivar las brasas. Siempre se viste con un delantal blanco y un sombrero para atender a los primeros clientes.

Su esquina es concurrida: rodeada de almacenes de muebles y algunas tiendas, Noé atiende a buena parte de los conductores de camiones que parquean frente a su puesto. Les vende mazorcas asadas y envueltos de maíz, a $1.500 cada uno, o, si el hambre es mayor, un corte delgado de carne asada a $3.000. Sus manos suelen impregnarse de pequeñas pelusas negras que desprenden del asador. “En un día puedo hacerme entre $20.000 y $15.000. Ahí medio se defiende uno, por fortuna me ayudan mis hijos”, afirma.

Noé es uno de miles. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), pertenece a los 5,7 millones de trabajadores informales que se identificaron como tal entre mayo y junio de 2016 (de ellos, cinco millones se encuentran en Bogotá). Al presentar el resultado, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, lo promulgó como un logro: la estadística decía que la informalidad, definida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como toda actividad de trabajo sin la formalidad de contar con un contrato y seguridad social, había bajado al 47,8%.

“Hoy estamos viendo que el empleo en Colombia es 50% informal, 50% formal, pero hace cinco años las estadísticas mostraban que era 40% formal y 60% informal, lo cual ha sido un cambio importante”, aseguró en declaraciones a la prensa. Su afirmación, no obstante, tiene un matiz: se refiere a un periodo específico. Al mirar atrás, el panorama preocupa: a partir de los años noventa, Colombia se propuso entrar al mundo globalizado con firmeza. Y lo hizo dándole un nuevo enfoque a su economía.

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“Hubo un desestímulo enorme a la producción industrial y, particularmente, a los sectores industriales intensivos en mano de obra. Hubo también un desincentivo a la producción agropecuaria, agravado por estos procesos aperturistas, y un privilegio por actividades extractivistas que no son intensivas en mano de obra”. Con esas palabras, Román Vega, economista médico, estudioso de las políticas de salud y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, resume las causas que en los últimos 26 años han llevado a miles de colombianos a los brazos de la informalidad.

Vega lideró la investigación conjunta con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Estudio de caso de informalidad y acceso a la seguridad social, Colombia 2013, para estudiar el fenómeno de la informalidad y el acceso de su población a los servicios de salud. El trabajo contó con una fase de análisis estadístico y otra de grupos focales con las poblaciones informales.

El estudio detalló cómo, a finales de los años 80, Colombia implementó una serie de reformas económicas, políticas y sociales para volverse más competitiva en el nuevo panorama mundial, que comenzaba a profesar el libre comercio y la desregulación de los mercados; todo esto debido a la falta de recursos de los industriales para modernizar y multiplicar su producción, lo cual a su vez era producto del debilitamiento de la economía cafetera, agrícola e industrial, y de las políticas de liberalización y apertura económica impulsadas por agencias multilaterales en el marco de la globalización. “Es con el gobierno de César Gaviria Trujillo (1990-1994), con todo el conjunto de medidas que se empiezan a adoptar, que inicia un proceso sistemático de cambio del modelo económico”, explica Vega.

Para ese entonces, Noé Perilla estaba muy lejos de Bogotá. Hijo de campesinos boyacenses, pasó buena parte de su vida buscando la fortuna en las minas de esmeraldas de Muzo y Coscuez. Alguna vez la encontró, otras, le fue esquiva. Pero su vida siempre estuvo del lado de la informalidad. Eso sí, con las gemas que encontraba y vendía les dio a sus siete hijos la educación que él no pudo disfrutar.

Progresivamente se hizo más difícil encontrar esmeraldas. Por un lado, las dinámicas propias del negocio impulsaron a más gente a encontrar la piedra que les aliviara las carencias; por otro, tras la muerte de Víctor Carranza, el ‘zar’ de las esmeraldas, buena parte del dominio quedó en manos de la empresa estadounidense Minería Texas Colombia. En los últimos tres años se restringió la búsqueda y la zona esmeraldífera comenzó a convertirse en sinónimo de crisis económica. Para Noé, esto se dio justo con la llegada de la vejez. “Nunca me he visto enfermo, pero tuve que operarme de las ‘vistas’. Gracias a Dios mi hijo me tiene afiliado en la EPS”, comenta.

EPS. Una sigla que se hizo infamemente famosa en los últimos 26 años. Como parte de las reformas a la economía, y debido a la crisis del sistema público de salud, Colombia liberalizó el sector, permitiendo la entrada de capitales privados. Así se privatizó la afiliación de la población a una empresa, que funciona como aseguradora, y la contratación de los servicios con hospitales y clínicas; mientras, para la población no afiliada al régimen contributivo, se garantizó un sistema subsidiado que protege a las poblaciones de escasos recursos. Desafortunadamente, la lógica del negocio permeó la obligación del Estado de garantizar el derecho a la salud.

“Hay barreras de acceso de todo tipo, pero también problemas de calidad en la atención en salud en cuanto a la oportunidad, al trato y a la calidad técnica”, resume Vega, quien encontró que las más vulnerables son las poblaciones informales urbanas y, con mayor agravamiento, rurales: “Las EPS reciben un monto fijo de recursos y obtienen una renta mientras menos lo gaste. Por eso no solo controlan al médico en cuanto a lo que debe formular y qué problemas debe atender, también restringen la formulación, la solicitud de procedimientos diagnósticos, la remisión a especialistas. Generalmente contratan un prestador lejano al sitio donde vive el paciente y a una población pobre le es difícil movilizarse no solo por los gastos de transporte, sino por los costos de oportunidad que tiene la pérdida de tiempo”.

Estas poblaciones tienen además una muy precaria relación con el sistema pensional y de riesgos laborales. Todo se debe a otra reforma, impulsada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) para ‘flexibilizar’ el empleo: hacerlo más barato para ser competitivos. Para Vega, las consecuencias fueron contraproducentes: “Se golpean fuertemente las garantías de los trabajadores como la negociación colectiva, se desestimula la afiliación de trabajadores a sindicatos, se producen dinámicas de tercerización e intermediación laboral, se facilita el despido, con lo cual, debido a los bajos salarios, se hace imposible cotizar para pensiones y riesgos laborales, cuya gestión, como en el caso de la salud, también fue privatizada por la ley 100 de 1993”.

Noé cuenta que nunca ha abonado a una pensión y que en tres años, calcula, más gente vendrá a la ciudad: “El campo está abandonado”. Su día a día transcurre frente al asador hasta que se terminan los envueltos, la carne y las mazorcas, tratando de hacer “lo del arriendo y para comprar mis cositas”. Enfermarse no es una opción. Noé ha tenido que soportar las filas largas, las citas para el próximo mes y las quejas constantes de otros afiliados que, como él, viven el día a día, estiran los minutos y llegan con el dinero suficiente a fin de mes para apoyar a sus hijos con la esperanza de que no tengan que repetir su historia.

Para leer más

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2016). Empleo informal y seguridad social. Recuperado de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-portema/mercado-laboral/empleo-informal-y-seguridadsocial

 

Editorial: ¿qué hacer con la salud en Colombia?

Editorial: ¿qué hacer con la salud en Colombia?

¿Qué hacer con la salud?

A mediados del pasado mes de febrero, y a propósito de los decretos de emergencia social expedidos por el Gobierno Nacional en diciembre de 2009, la Pontificia Universidad Javeriana convocó a un foro académico en torno al polémico y delicado tema de la salud de los colombianos. A este evento asistió el ministro de la protección social, Diego Palacio Betancourt, y un número considerable de médicos, enfermeras, odontólogos, pacientes, directores de instituciones prestadoras de salud, investigadores y analistas de la salud pública, así como no pocos estudiantes, profesores y directivos universitarios.

Es difícil resumir resultados o conclusiones de un foro que se distinguió por su alta calidad académica, su incontrovertible pertinencia social y –no menos importante– por el respeto de todos a opiniones y puntos de vista diferentes, adversos, incluso contradictorios, pero nunca hostiles. El Ministro, como era de esperar, intentó justificar y explicar el contenido de los cuestionados decretos, a partir de la lógica propia del gobernante. Diagnosticó de manera asertiva la gravedad del enfermo: nuestro sistema de salud, tal y como existe actualmente (resultado de los desarrollos de la Ley 100), es financieramente insostenible; de no hacer nada, en poco tiempo, habrá de colapsar. Por eso el Gobierno decidió tomar las decisiones de la emergencia social, asumir la responsabilidad por las medidas que se consideran oportunas y darle la cara al país, aun con los riesgos que implicaba hacerlo en medio de un proceso electoral.

La reacción de los académicos javerianos fue casi unánime. Si bien se reconoció que el diagnóstico podía ser acertado y la gravedad del problema estaba lejos de ser una exageración, el enfoque general de las soluciones propuestas por el Gobierno en los decretos no convenció a un auditorio de académicos que, al igual que el Gobierno, tiene una lógica propia: la de la crítica. En efecto, a los decretos de emergencia social se les puede criticar o apoyar desde muchos puntos de vista, desde muchos intereses, por lo general legítimos, pero no siempre evidentes o explícitos. La verdad es que médicos y trabajadores de la salud, aseguradores del sistema (EPS), hospitales y prestadores de servicio (IPS), laboratorios de investigación y producción farmacéutica, productores y comercializadores de medicamentos genéricos, asociaciones de pacientes, sindicatos del sector de la salud, intermediarios financieros y de servicios y políticos de profesión (que no es lo mismo que políticos por vocación, como diría Max Weber): todos ellos tienen intereses propios y legítimos que afectan los diagnósticos, los análisis y las propuestas de solución a los múltiples problemas que aquejan el sistema de salud y seguridad social de los colombianos.

Sin embargo, las críticas que se le plantearon a los decretos de emergencia social en la Javeriana no obedecían a ninguno de estos intereses. El enfoque interdisciplinario que nos distingue, así como nuestro compromiso innegociable con la defensa de la vida y la dignidad humana, nos permitieron asumir posiciones que se legitiman con la calidad académica de la investigación y por el interés exclusivo de servir a la comunidad. De allí que la principal conclusión del foro académico sobre la salud en Colombia sea esta: sin investigación seria, informada y honrada, y sin una depuración de intereses ocultos que enturbian los análisis y las soluciones propuestas, los servicios de salud de los colombianos continuarán en estado de emergencia y pronto habrá que prepararse para sus exequias.

Vicente Durán Casas, S.J.
Vicerrector Académico

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