¿La producción campesina permitiría superar la pobreza en zonas rurales? Hasta hace poco la información recolectada por organismos oficiales y diversos análisis respondían con un contundente no. Sin embargo, una investigación de la Pontificia Universidad Javeriana centrada en los ingresos y la eficiencia de la agricultura campesina demuestra que la agricultura familiar es viable económicamente, incluso en condiciones poco favorables.
El estudio se centró en tres regiones del país con mediano y bajo dinamismo productivo agrícola; y medianos y altos niveles de pobreza rural: La Capilla, en Boyacá; y San Marcos y San Benito Abad, en Sucre.
Este trabajo ratificó que la mayor fuente de ingresos de los campesinos proviene de las actividades agropecuarias en sus propias parcelas. Los demás ingresos están asociados a actividades como jornales, tiendas, mototaxismo, caza, pesca, remesas y subsidios.
“Calculamos con alto nivel de detalle los ingresos campesinos y los números demuestran que la actividad agropecuaria en estas zonas sigue siendo el sustento de muchas familias”, afirma Claudia Sofía Rodríguez, investigadora principal y quien realizó el doctorado en Estudios Ambientales y Rurales de la Javeriana con este trabajo.
Agricultura familiar, una opción para superar la pobreza
La agricultura familiar fue establecida bajo la ley 135 de 1961. Allí se definió la Unidad Agricultura familiar—UAF—como la explotación agraria que depende directa y principalmente del trabajo de la familia hasta el segundo grado de consanguinidad. Este puede requerir, eventualmente, la contratación de mano de obra extraña al núcleo familiar según se requiera.
Entonces, la UAF sería la extensión mínima de tierra que debe permitir a un campesino obtener un ingreso aproximado de dos salarios mínimos legales vigentes. Se calculan de acuerdo con las condiciones del suelo, clima, desarrollo socioeconómico regional, infraestructura vial, entre otras variables.
Con el tiempo ha habido más reglamentaciones, la más reciente fue publicada a finales de 2021 por el Ministerio de Agricultura, en donde se actualizan las normas de acceso a la tierra que se supone, permiten la producción campesina.
Pero un factor determinante en los ingresos que pueden obtener las familias que trabajan en el campo es el acceso efectivo a la tierra porque de esta depende la cantidad y diversidad de productos que pueden producir.
La investigación javeriana demostró que a medida que los productores tienen mayor disponibilidad de tierra, las actividades agropecuarias aportan la mayor parte de los ingresos de sus hogares.
El análisis se basó en 143 estudios de caso con los que se analizaron igual número de fincas para conocer la realidad económica de los campesinos de las tres zonas. Para la estratificación se tuvo en cuenta la Unidad Agrícola Familiar —UAF— de cada zona seleccionada, y se definieron tres estratos: microfundistas, minifundistas y pequeños productores.
“Los datos son contundentes en este sentido, ya que los pequeños productores agrícolas, estrato que para el estudio son los que tienen mayor disponibilidad de tierra, superan la línea de pobreza en el 100 % de los casos. Por su parte, los minifundistas (con menos tierra que los anteriores) la superan en el 75 %, y los microfundistas (con mínimas parcelas) en el 39 %”, explica Rodríguez.
Indica, además, que el Excedente Familiar de Producción Neto —EFPN—, o “lo que le queda” efectivamente a una familia por el trabajo invertido en sus sistemas productivos agropecuario (fincas, parcelas) descontando los costos, intereses pagados a los bancos o prestamistas y las rentas de la tierra (arrendamientos o pago con parte de lo producido al propietario del predio), supera, en promedio en un 80 % la línea de pobreza. Sobre el total de casos analizados, el 58 % obtiene ingresos que superan esta línea.
Adicionalmente la investigación estimó el indicador Remuneración Día del Trabajo Familiar-RDTF que sintetiza la potencialidad de los sistemas agropecuarios familiares de generar ingresos. Este encontró que por jornada en su propia finca, cada familia obtiene un ingreso en promedio, 2,6 veces superior al salario mínimo legal vigente – SMLV. Más aún, el 90% de los casos superó esta cifra.
“Esto contradice completamente la idea que se tiene de que el campesinado es siempre pobre y marginal, porque incluso en estas tres zonas, que no tienen condiciones tan favorables, la viabilidad de los sistemas de producción es muy alta”, sostiene Forero. La información la recolectaron en 2016 pero fue proyectada a precios de 2019, cuando el salario mínimo colombiano era de $828.000.
Con estos resultados, los investigadores resaltan que la pobreza rural de ninguna manera es producto de la ineficiencia en la producción. “Está explicada fundamental y determinantemente en el acceso a la tierra. La mitad de los campesinos colombianos tienen menos de una hectárea y un poco más del 70 % tiene menos de una Unidad Agrícola Familiar – UAF, es decir, no cuentan con la extensión mínima para generar los ingresos básicos de la familia”, aclara el profesor Forero. En las tres zonas del estudio, únicamente se encontraron dos sistemas productivos que alcanzaron a tener la UAF, menciona Rodríguez.
El pasado 18 de agosto La Corte Constitucional emitió un fallo en el que señala que los campesinos sin tierra tienen derecho a acceder a terrenos baldíos de la nación. Además, le ordena a la Agencia Nacional de Tierras recuperar estos terrenos que hayan sido entregados a particulares, una decisión que les facilita el acceso a la tierra.
Los campesinos incluidos en la investigación demuestran ser muy eficientes cuando trabajan en sus propios sistemas productivos agropecuarios y llegan a reportar ingresos más altos que cuando realizan actividades como el jornaleo u otro tipo de trabajos. Esto los sitúa como actores protagónicos, no solo en la superación de la pobreza rural, sino también en el sistema alimentario del país, ya que abastecen masivamente los mercados urbanos al mismo tiempo que, en promedio, ofrecen doce productos diferentes por finca.
“Si bien pareciera que la actividad campesina del país quizás tiende a acabarse, lo que hemos encontrado en estas décadas es que los sistemas de producción campesina, o si se quiere, las fincas o parcelas de los campesinos son viables económicamente”, afirma Jaime Forero, profesor del Departamento de Desarrollo Rural y Regional de la Javeriana.
Una política pública que no responde a las necesidades de la agricultura familiar
Las entidades del Estado basan sus análisis en la información recolectada en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) realizada por el DANE. Para establecer los ingresos de los agricultores familiares se hacen dos preguntas: ¿cuál fue la ganancia neta en esta actividad, negocio, profesión o finca el mes pasado? Y la que utilizan principalmente: ¿cuál fue la ganancia neta del negocio o de la cosecha durante los últimos doce meses
Al responder la última inquietud, los encuestados declaran ingresos muy inferiores a los detectados por esta investigación. “Las encuestas no están dando cuenta de los ingresos de los agricultores familiares, los cuales son drásticamente subvalorados” dice Rodríguez.
Por ejemplo, para el caso de La Capilla, Boyacá, la estimación de la pobreza —si se utilizara la información del DANE — sería de 96,2 % mientras que, con la metodología de balances de los sistemas productivos del estudio javeriano, es del 46,2 %, es decir, la diferencia es casi del doble.
“Esto nos lleva a una hipótesis y es que la pobreza rural en Colombia es mucho menor de lo que están reportando las estadísticas. Las preguntas realizadas en las encuestas presentan limitaciones, ya que tienen un sesgo urbano”, sostiene Forero. “Los ingresos y la realidad económica productiva de los agricultores familiares y campesinos no están lo suficientemente bien dimensionados y calculados. Esto afecta directamente las políticas para esta población”, añade.
Este estudio ganó una mención de honor en la sexta edición del Premio Antonio Restrepo Barco a la investigación sobre Familia en Colombia en julio de 2022.
Otro tema que llamó la atención de los investigadores es que hay elementos adicionales que impiden a ciertas poblaciones superar la pobreza: la avanzada edad de los productores, así como las enfermedades o discapacidades (asociadas a la no utilización de equipos de protección, al mal manejo de plaguicidas y a accidentes en el trabajo) que dificultan el normal desarrollo de la actividad agrícola.
En estos casos, quienes tienen tierra prefieren arrendar sus fincas y dedicarse a otras actividades porque no cuentan con un sistema de protección social que les ayude aliviar atender estas necesidades particulares.
Si bien son varios aspectos que hay que mejorar, como la protección y la seguridad social, el crédito, la tecnología, la asistencia técnica y los mercados, este trabajo demuestra que el problema central de la producción para los campesinos sigue siendo el acceso a la tierra.
“Este estudio con representatividad estadística a nivel de las zonas estudiadas, ratifica lo que hemos encontrado en décadas de investigación: que aún en condiciones poco favorables, la economía campesina tiene todas las potencialidades para superar la pobreza rural, a cambio de que se haga efectivo su derecho a la tierra que les pertenece desde la colonia” finaliza Forero.
