Si miramos a América del Sur desde el espacio, a la derecha de la cadena montañosa de Los Andes, veríamos una enorme mancha verde oscuro desde la que fluye la arteria fluvial más larga y caudalosa del mundo: el río Amazonas. Pero en la Amazonía, esa región conocida por su biodiversidad, no solo corre el agua. De su subsuelo brotan petróleo y gas. Y la discusión por qué hacer con esa riqueza de debajo de la tierra, que involucra a una docena de países, tuvo a Bogotá como epicentro recientemente.
La selva amazónica se extiende desde el océano Atlántico hasta el otro lado del continente. Podría alcanzar la costa pacífica, pero la cordillera de los Andes la detiene. Su carácter extenso hace que su gestión quede en manos de nueve países. Seis de ellos se reunieron hace poco y sostuvieron una audiencia de la “Investigación parlamentaria global sobre el progreso en la eliminación gradual de los combustibles fósiles en la Amazonía”, una coalición de parlamentarios de distintos países, perteneciente a la red de Parlamentarios por un Futuro Libre de Combustibles Fósiles.
En concreto, estuvieron en el Capitolio colombiano 12 parlamentarios de Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Canadá y Venezuela. Estos funcionarios forman parte del Comité Amazónico de la red Parlamentarios por un Futuro Libre de Combustibles Fósiles, una red cuyo propósito es ejercer presión política para una transición energética rápida, equitativa y justa.
La audiencia, convocada por los representantes Juan Carlos Losada, de Bogotá, y Andrés Cancimance, del Putumayo, cierra la serie de cinco audiencias públicas que abordaron, entre otros temas: el estado actual de la explotación de gas y petróleo en la Amazonia, la financiación que recibe, la coherencia con los planes climáticos de los países amazónicos, el despliegue de energías renovables y los mecanismos internacionales de cooperación para proteger la Amazonía de las industrias extractivas.
“Donde hemos tenido más impacto es que en esta red hemos sido capaces de radicar de manera simultánea proyectos de prohibición de la exploración y explotación de yacimientos hidrocarburíferos en 4 países diferentes”, resaltó Losada en entrevista con Pesquisa Javeriana.
Una transición energética con perspectiva tradicional
Célia Xakriabá, una de las voces más fuertes dentro del activismo por los pueblos indígenas de Brasil, inició su intervención en el Capitolio colombiano cantando. Inundó la sala del Congreso e instauró el mensaje sobre el que trascurriría el resto de la reunión: los impactos de la economía extractivista no solo dañan la selva, sino que violentan a los pueblos originarios y tradicionales que la habitan.
“Los crímenes ambientales son crímenes espirituales”, afirmó Xakriabá, recordando que la defensa de la Amazonía es inseparable de la defensa de la vida espiritual y cultural de quienes la protegen.
En la misma línea, Oswaldo Muca y Óscar Daza, presidente y secretario de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), expusieron la perspectiva tradicional de la discusión alrededor de los hidrocarburos. “Si a mí, como humano, me cortan un brazo, quedo herido. Si me tocan un riñón, voy quedando más enfermo. Y si me tocan el corazón, me muero. Es igual lo que está sucediendo en la Amazonía. Nuestros sabedores y sabedoras han manifestado que lo que está allí, en la naturaleza, no hay que tocarlo. Ello cumple una función para la vida” explicó Muca.
“Los crímenes ambientales son crímenes espirituales”
Célia Xakriabá, parlamentaria brasilera.
Para ellos, el manejo de la Amazonía necesita enfocar su lente en las formas de vida tradicionales, en vez de en propuestas del mundo occidental enmarcadas en economías extractivistas que han afectado las dinámicas sociales de los pueblos indígenas. “Es preciso reconocer a los territorios indígenas, a la selva y a la Amazonía como las principales tecnologías y soluciones”, concluyó Xakriabá.
Las alternativas para dejar atrás la extracción de hidrocarburos
La economía de la Amazonía se ha basado históricamente en extractivismo y bonanzas. Es decir, en olas de explotación de recursos que desestabilizan los tejidos sociales, desangran los recursos de la zona para llevarlos a otras regiones del mundo, y que no depositan las ganancias económicas en el territorio, sino en otras partes de la cadena.
En este sentido, Joaquín Carrizosa, de la Red Panamazónica de bioeconomía, propone que el modelo económico de la Amazonía y de los países que la componen debe cambiar. Esto con el fin de que no solo se centre en los recursos, sino en las concepciones e identidades culturales, y que implique consecuencias ambientales mínimas.
En consecuencia, en doctor Kjell Kuhne, director de la iniciativa Leave it Underground (Déjenlo bajo la tierra), da algunas recomendaciones para que los países de mundo, en especial los amazónicos, dejen de depender gradualmente de los hidrocarburos:
- Los gobiernos deben armonizar las finanzas públicas con objetivos no financieros, como la salud y el ambiente.
- Involucrar a los países en incentivos para la no extracción de hidrocarburos.
- Financiamiento de la crisis ecológica y climática por parte de los bancos mundiales (conocido como climate bailout).
- Creación de reservas de estabilidad climática por parte de los bancos mundiales.
- Conservar el patrimonio minero, ya sea después de la extracción, o como reservas bajo tierra.
- Desarrollo de una hoja de ruta de los países amazónicos para salir de la dependencia al petróleo.
- Invitar respaldo político y financiero de países donantes y organizaciones filantrópicas para los incentivos para la no extracción.
- Incluir la no extracción en las discusiones previas a la COP 30.
En este sentido, el camino hacia una Amazonía libre de combustibles fósiles implica un cambio de paradigmas globales en términos de cómo se contabiliza el patrimonio, qué se financia y cómo se sostienen económicamente los países amazónicos.
Una posible utopía
El economista y profesor de la Facultad de Estudios Ambientales y rurales de la Pontificia Universidad Javeriana, Armando Sarmiento, advierte que dejar el petróleo bajo tierra, aunque es una decisión política que puede tomar el país, puede ser una decisión costosa. Para Sarmiento hay un problema fundamental: la humanidad aún no ha encontrado una fuente de energía capaz de reemplazar totalmente al gas y al petróleo.
Mientras no se encuentren alternativas lo suficientemente eficientes, costo-efectivas, y que puedan suplir la demanda energética global, estamos supeditados al uso de combustibles fósiles. “Que un país que exporta bienes agrícolas y bienes primarios, como Colombia, se vea obligado a comprar su energía tendría un impacto muy fuerte en el ingreso del país y de las personas”, opina.
La importación de energía es costosa e impactaría cada mínimo aspecto de nuestra vida: la comida, el transporte, la salud, y, en general, la prosperidad material. Sarmiento señala que, de no explorar y extraer los hidrocarburos de Colombia, tendríamos que aceptar un aumento de la pobreza y una disminución de la prosperidad material de los colombianos.
De otro lado, el profesor está de acuerdo con que la única forma de que el país pueda dejar de extraer hidrocarburos sin sufrir las consecuencias socioeconómicas de hacerlo es hacer un cambio en el modelo económico. En particular, el país debería pasar a producir bienes primarios para comenzar a producir bienes secundarios, es decir, que impliquen una transformación de la materia prima que aumente su valor agregado. “Para eso se necesita población educada y condiciones en que favorezcan la innovación y la inversión”, concluye.
El estado de la extracción petrolera en la Amazonía colombiana
Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Amazonía Colombiana cuenta con 52 bloques petroleros, es decir, áreas delimitadas con potencial para la extracción de gas y petróleo. De ellos, 12 se encuentran en producción, 39 en exploración y 1 en etapa de evaluación técnica. Además, 36 de los bloques están traslapados con 73 resguardos indígenas, un 33% de los resguardos de la región.
Todos estos bloques se encuentran en los departamentos de Putumayo o Caquetá, a través de la región que conecta la cordillera de los Andes con el bioma amazónico, conocido como piedemonte andino-amazónico. De hecho, Putumayo es el quinto mayor productor de petróleo en el país, con alrededor de 25.930 barriles diarios.
“Esto ha generado impactos ambientales enormes en nuestro departamento, desplazamientos forzados, despojo de tierras y las comunidades indígenas plantean que nunca se les ha tenido en cuenta en procesos de consulta previa, libre e informada, así que tenemos muchos problemas asociados a esta economía extractivista”, denunció el representante Cancimance, en diálogo con Pesquisa.
De las 10 empresas que extraen hidrocarburos en la Amazonía colombiana, solo una es nacional, el resto provienen de Estados Unidos, Barbados, Reino Unido, China y Canadá. Si bien la llegada del gobierno de Gustavo Petro frenó la firma de nuevos contratos de exploración petrolera en 2023, los contratos firmados previamente siguen activos, y la decisión del presidente puede ser revocada en cualquier momento, pues no cuenta con una normativa robusta que la respalde.
En este sentido, Colombia se ve entre dos modelos de desarrollo: mantener su prosperidad material a costa de las comunidades que conviven con economías extractivistas en sus territorios, o arriesgarse a seguir recomendaciones como las de la iniciativa Leave it Underground y las comunidades tradicionales.
