¿Cuánto vale un bosque? ¿Qué precio ponerle al agua que purifican los riachuelos, a los insectos que polinizan las flores o a los árboles que capturan el dióxido de carbono y le devuelven oxígeno a la atmósfera? ¿Y qué hay del bienestar de aquellos que viven de él, sus culturas o sus tradiciones milenarias?
Probablemente no exista un número lo suficientemente significativo para cuantificar el valor de la biodiversidad de la tierra. pero desde los inicios de la política ambiental internacional organizaciones como Naciones Unidas o el Banco Interamericano de Desarrollo, han buscado formas de incentivar económicamente la protección del medioambiente.
Entre estas estrategias se encuentran los proyectos REDD+ (Reducción de emisiones de la deforestación y la degradación) y los bonos de carbono, pero su ejecución ha traído consigo desafíos imprevistos.
Estos proyectos fueron creados por la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) para ofrecer incentivos económicos que financien acciones de conservación, restauración ecológica, disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, entre otros.
Se venden internacionalmente como “bonos de carbono”, para que empresas y entidades emisoras puedan mitigar de cierta forma su contribución al cambio climático.
“Es un mecanismo financiero que pone en contacto dos partes: una que conserva y otra que contamina. Es un instrumento de valoración de la naturaleza, porque entiende que esta vale más en sentido económico estando viva que muerta”, explica Julián Trujillo, profesor de historia del derecho en la Pontificia Universidad Javeriana y abogado de la Fundación Gaia Amazonas.
“Se supone que los bonos de carbono sirven para generar incentivos económicos de los países y entidades con más recursos y que más contaminan para los territorios con menor desarrollo, pero mayor conservación de la naturaleza”, añade.
Idealmente, ambas partes se beneficiarían de este intercambio, pues una consigue el dinero para realizar proyectos ambientales y proteger sus recursos naturales y formas de vida, mientras que la otra puede disminuir su huella de carbono y acceder a la buena publicidad y demás beneficios de apoyar este tipo de iniciativas.
Pero los proyectos REDD+ no solo se limitan al vendedor y al comprador, existen varias figuras que participan en distintas etapas del proceso.
“Hay actores privados y públicos: primero, las comunidades locales e indígenas que viven del territorio y lo gobiernan; segundo, las organizaciones de la sociedad civil que son aliadas de esos pueblos; tercero, los intermediarios que ponen en contacto a las comunidades con los financiadores y venden los bonos de carbono; cuarto, los organismos de validación y verificación de los proyectos; quinto, los agentes que emiten, como las empresas, y sexto, las instancias legales nacionales e internacionales que establecen las regulaciones sobre el tema” describe Trujillo.
Entonces, el ciclo ideal de la formulación de un proyecto REDD+ y su respectivo bono de carbono consta de una estrategia de conservación o restauración propuesta por una comunidad local, la cual es verificada y certificada para cuantificar los beneficios que genera en términos ambientales, con lo que su “bono” puede ser comercializado y adquirido por entidades contaminantes. Luego, la venta de este bono ayuda en la realización del proyecto y contribuye a las comunidades y el ecosistema del que dependen.
Combatir fuego con fuego: los problemas en la implementación de los bonos de carbono
Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta. Al haberse diseñado desde una escala global, los proyectos REDD+ y los bonos de carbono se han encontrado con todo tipo de obstáculos cuando se llevan a la práctica en espacios locales.
“Lo que es paradójico de este tipo de mecanismos es que utilizan un modo de producción capitalista para mitigar los efectos que este mismo sistema económico ha causado en la naturaleza, […] hay serias dudas sobre si el objetivo realmente es el cambio climático o más bien el desarrollo económico. Se ha dicho que los bonos de carbono son también una palanca para el desarrollo de los ´territorios periféricos´, entonces ya no es únicamente un tema ambiental, sino de política económica”, plantea Trujillo.
El abogado identifica tres problemáticas principales con los bonos de carbono. La primera es que permiten la continuidad de relaciones coloniales entre quienes diseñaron el mecanismo de los proyectos REDD+ y las comunidades locales a las que iban dirigidos.
“Quienes hicieron este diseño fueron principalmente los países más desarrollados y contaminantes. No tuvieron en cuenta ni a los países “periféricos” ni mucho menos a las comunidades campesinas o indígenas. Pero lo problemático es que estos proyectos solo pueden funcionar si se realizan en los territorios de estos pueblos excluidos, entonces vienen de una perspectiva ajena y en varias ocasiones contraria a las formas de vida donde los proyectos tienen lugar”, afirma.
La segunda es la violación de los derechos de las comunidades. Al ser con frecuencia ajenos a los territorios, los proyectos pueden excluir completamente a los pueblos indígenas o a los campesinos del proceso de formulación, ejecución y comercialización del bono de carbono.
También, muchas veces se pasa por alto el derecho a la consulta previa de estas comunidades, lo cual aseguraría la toma de decisiones sobre lo que se decida en sus territorios o aquello que pueda amenazar su integridad cultural, física, social o económica.
“Se establecen mecanismos para que el derecho a la participación efectiva y plena y el derecho a la información de los territorios no se satisfagan. Ejemplos de esto son proyectos donde no hay consulta previa y no pasan por las autoridades indígenas, sino que toman un camino irregular donde se hacen contratos privados con líderes particulares y la comunidad no se entera de que existen hasta cuando ya están en funcionamiento”, ilustra.
“No hay Amazonía sin pueblos indígenas, ellos han sido como sus jardineros”, afirma Trujillo.
Además, se desconocen los sistemas de conocimiento y las prácticas culturales de estos grupos, los cuales han tenido un papel fundamental en la conservación y el manejo sostenible de la naturaleza durante incontables generaciones. “No hay Amazonía sin pueblos indígenas, ellos han sido como sus jardineros. Estos ecosistemas son sistemas bioculturales donde la distinción entre hombre y naturaleza no existe, entonces tampoco puede haber pueblos amazónicos sin Amazonía.”
Las chagras son un ejemplo de esto, pues a pesar de ser un modelo de agricultura sostenible utilizado por los indígenas, los proyectos REDD+ lo consideran una forma de deforestación. El modelo consiste en talar y quemar un área de selva para fertilizar el suelo y cultivar alimentos. Cuando el suelo se agota, la chagra es abandonada y se le permite a la selva volver a crecer sobre ella por sí misma.
“Esto ha hecho posible la conservación de la diversidad biológica, la seguridad y la soberanía alimentaria, al igual que la transmisión de saberes en las comunidades. Un proyecto puede decir que se tienen que reducir las chagras entre un 30 y 40 %, porque a ojos externos eso parece deforestación, y se ofrece una plata para reemplazar la actividad, pero una relación cultural nunca se va a poder sustituir por dinero”, destaca.
La tercera problemática que enumera Trujillo es la distribución desigual de los beneficios que generan los bonos de carbono. El abogado explica que el dilema viene de qué se entiende como beneficio en el modelo de los proyectos REDD+: “¿Quién define qué es un beneficio? ¿El dinero, la reducción del cambio climático o el fortalecimiento de los procesos de gobierno indígena? El problema es que en estos casos se ha tendido a reducir a un asunto estrictamente económico, y eso es un conflicto en varios lugares.”
Al considerar únicamente el beneficio económico que viene de la venta del bono de carbono, los proyectos REDD+ se prestan a que intervengan un número de intermediarios que buscan sacar grandes tajadas por “contribuir” a su realización. “Es un negocio que está siendo desigual, los agentes externos obtienen altas ganancias en comparación a quienes son dueños del territorio y lo cuidan”, argumenta.
Gaia Amazonas y el trabajo de Julián Trujillo para defender a las comunidades locales
El pasado 19 de septiembre de 2023, la Universidad Javeriana fue sede de un diálogo sobre los proyectos REDD+ en la Amazonía colombiana, donde voces de comunidades indígenas, la academia y ONG se reunieron para dar a conocer sus experiencias con este tipo de proyectos.
Uno de los organizadores fue Gaia Amazonas, una ONG que trabaja hace 30 años en la Amazonía oriental colombiana, donde acompaña a las comunidades indígenas en la construcción de estrategias ambientales, territoriales, gubernamentales y culturales basadas en su conocimiento tradicional.
Los pueblos indígenas hacen parte de las autoridades del Estado, por eso Gaia centra una de sus líneas de trabajo más fuertes en el apoyo en la constitución de entidades territoriales indígenas. Este se realiza a partir de la puesta en funcionamiento de estas entidades, la creación de estrategias defensivas y la gestión de proyectos de bonos de carbono formulados desde las comunidades a partir de sus sistemas culturales.
Y no es para menos, las entidades territoriales indígenas son bombardeadas constantemente por proyectos que los ignoran como autoridad y ponen en riesgo su constitución, tales como los bonos de carbono, la minería, la deforestación y la municipalización. “Crear un municipio en la Amazonía significa que no va a haber una entidad territorial indígena”, explica Trujillo.
Una de las conclusiones del encuentro es la necesidad de implementar un sistema de salvaguardas robusto, con normas e instituciones, que evite y sancione las violaciones actuales y, sobre todo, que haga posible que los indígenas sean dueños de sus proyectos.
El trabajo de esta ONG es el primer caso sobre bonos de carbono en llegar a la Corte Constitucional en Colombia, donde se vendió un bono para un proyecto en el territorio indígena del Pirá Paraná, en el departamento del Vaupés, sin el consentimiento ni la participación de las autoridades indígenas.
El sistema de conocimiento de este territorio es considerado patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO, y Trujillo espera que el caso pueda definir el futuro del problema en el país.
Trujillo hace parte del equipo de Gaia Amazonas, donde investiga y lleva los casos relacionados con los bonos de carbono desde un ámbito legal. Sin embargo, ahí no termina su lucha, también es profesor de la Javeriana, donde junto a un equipo de trabajo conforman la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio (CJD&T).
La CJD&T acompaña jurídicamente a comunidades que enfrentan conflictos territoriales donde hay una asimetría de poder y cuyo desenlace puede cambiar totalmente el territorio, y, de paso sus vidas, como el desvío del cauce de un río, o el establecimiento de una empresa minera. Este grupo, que ganó el Premio Bienal Javeriano en Investigación 2023, se ha convertido en un aliado de Gaia, “ambos comparten el mismo objetivo político y de investigación”, aclara Trujillo.
¿Hay esperanza en los proyectos REDD+?
Para Trujillo es difícil que los bonos de carbono se conviertan en una alternativa contra el cambio climático. Incluso considerando los múltiples estudios que cuestionan su efectividad, la razón está en la propia formulación de este sistema, que en sus cimientos es profundamente colonialista.
Pero más allá de que estos proyectos cumplan o no con sus promesas de conservación y restauración, ya están aquí y hay que lidiar con ellos. “Decir que no y aislarnos en una especie de gueto anti-REDD+ no va a solucionar nada y los proyectos seguirán llegando a la Amazonía; es una presión global” asegura Trujillo.
La única opción, dice, está en incidir políticamente en el modelo de estos proyectos para equilibrar las cargas y reestructurar las relaciones de poder para que los dueños y protagonistas sean las comunidades indígenas, sin intermediarios. Y aunque valorar la naturaleza poniéndola en un mercado sigue siendo una paradoja, tal vez esta sea una manera de hacerla más llevadera.
“Las comunidades indígenas, que son portadores de sistemas de conocimiento, deben tener un lugar central en la toma de decisiones sobre el cambio climático. Ellos son los que más conocen sobre protección de la naturaleza y, paradójicamente, han sido los más excluidos de la búsqueda global de soluciones sobre el cambio climático” plantea Trujillo. En el caso colombiano es necesario tomar medidas de reglamentación y de intervención estatal en la economía para equilibrar el poder. Sin estas modificaciones, los proyectos REDD+ son inviables y deben ser evitados.
