Colombia abarca una superficie territorial de 1 141 748 km², y en cerca de 920 km² (0,08 %) ha habido explotaciones aluviales de oro. A simple vista, no parecería que el terreno dedicado a este tipo de minería fuera significativo. Pero con la mirada aguzada de quienes viven en estas zonas y de quienes las estudian con rigor académico, el impacto en el medio ambiente es monumental, no solo como consecuencia, entre otros factores, de la deforestación provocada, sino del uso de mercurio, un elemento esencial en el proceso de obtención de oro.
“Los efectos que genera la minería son gravísimos porque dañan el suelo, la vegetación, la fauna y los componentes hídricos, entre otras consecuencias que alteran en gran medida los ecosistemas”, sostiene el biólogo José Ignacio Barrera, director de la Escuela de Restauración Ecológica de la Pontificia Universidad Javeriana.
No en vano, entre 2001 y 2018 la minería legal contribuyó en 3,4 % a la tala de bosques, tomando en cuenta que, conforme a un estudio de la Universidad del Rosario, “durante ese periodo 121 819 hectáreas fueron deforestadas dentro de concesiones mineras legales”, a lo que habría que sumarle lo causado por la minería ilegal.
Y con respecto al mercurio, según un reporte del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por su sigla en inglés) de 2019, Colombia libera al ambiente unas 75 toneladas anuales de este metal pesado y muy contaminante, la cifra per cápita más alta del mundo. Pese a ello, Barrera es consciente de que la minería es un oficio que durante siglos ha ejercido el ser humano y del cual se derivan unos recursos importantes, y por eso piensa que no hay que vetarla por completo. Lo perentorio es determinar cómo se hace y en qué zonas, calculando previamente sus impactos y la labor restaurativa correspondiente.
¿Cómo hacerlo?
Es justamente a esta última fase a la que este biólogo ha dedicado más de tres décadas de investigación y trabajo, y a ello se pliega una de sus más recientes publicaciones científicas: un estudio de lo ocurrido en la cuenca del río Nechí, en los municipios de El Bagre y Zaragoza, en el noreste de Antioquia, que fue explotada por una empresa minera en busca de oro y que, al cabo de su trabajo extractivo, implementó un plan de rehabilitación forestal del área.
La investigación, liderada por Barrera y uno de sus estudiantes de pregrado en Ecología, Sergio Esteban Lozano-Báez —hoy oficial de proyectos en PUR Project, empresa francesa de soluciones basadas en la naturaleza—, consistió en evaluar y comparar la estructura y la vegetación de bosques de la región a partir de los dos principales enfoques para restaurar zonas posmineras: la recuperación técnica —o restauración activa—, en la que el hombre interviene directamente en ese proceso, y la sucesión espontánea —o restauración pasiva—, en la que se deja que la naturaleza haga sola el trabajo.
Así, el estudio se focalizó en cuatro bosques: uno de 29 años de sucesión espontánea; dos que fueron técnicamente recuperados al cabo de 2 y 10 años, respectivamente, de terminar la extracción de oro aluvial; y uno más, en el que no se había llevado a cabo actividad minera alguna y que fue tomado como referencia, al conservarse en su estado original.
Las dos conclusiones fundamentales son que “la riqueza de especies fue significativamente mayor en el bosque de sucesión espontánea”, y que “la recuperación técnica incrementó significativamente los atributos de la vegetación”, es decir, que la altura de los árboles y el grosor de los troncos fue mayor en el terreno recuperado que en el que creció libremente.
La riqueza promedio de especies fue un 25 % mayor en el bosque de sucesión espontánea. Por el contrario, en las áreas de recuperación técnica los árboles fueron 5,2 metros más altos y tenían un grosor 12 % mayor, en promedio.
Se emplearon especies de rápido crecimiento: una exótica —Acacia mangium, conocida como acacia— y dos nativas —Samanea saman y Schizolobium parahyba, llamadas, por lo general, samán y tambor, respectivamente—, las cuales resultaron muy apropiadas para revegetar la zona degradada y, así mismo, fomentar proyectos agrocomunitarios.
La empresa que operó en esas áreas —y aún lo hace en zonas circundantes— es Mineros S. A., cuya presencia en el Bajo Cauca antioqueño data de hace más de cuatro décadas, y que a partir de 2008 comenzó a implementar un plan de manejo y recuperación ambiental. “En esta área, la empresa desarrolló parcelas agroforestales [los bosques de 2 y 10 años] sobre las zonas explotadas y se las entregó a campesinos afectados por la violencia para que las trabajaran y recuperaran.
En ese proceso acompañó a la comunidad y, en paralelo, la apoyó con opciones de negocio, como ocurrió en este caso con la Acacia mangium, una especie con un gran potencial, no solo para rehabilitar el ecosistema, sino también para la industria maderera y la apicultura, dado que es muy melífera”, explica Lozano-Báez, para quien es claro que en este caso particular la acacia, considerada como especie invasora, sí tiene un potencial rehabilitador, al aportar rápidamente biomasa, crecer en suelos extremadamente degradados y ofrecer una utilidad económica para la comunidad.
Lecciones aprendidas
Pese a que la actividad minera legal está conminada a ejecutar planes de compensación y manejo ambientales, no basta con hacer plantaciones forestales para pretender reverdecer a rajatabla y cuanto antes un terreno. Es esencial analizar y diagnosticar cada zona para determinar cuáles se deben intervenir con plantíos de árboles y arbustos (y de qué manera hacerlo), y en cuáles es más conveniente permitir que la naturaleza actúe por sí misma, favoreciendo las condiciones para que eso suceda.
Esa es la razón que alienta la existencia de la restauración forestal, rama del conocimiento que, según Barrera, en nuestro país viene desarrollándose con mayor ahínco desde principios del siglo XXI. “Los ecosistemas no funcionan siempre de la misma manera, y si uno se mueve 200 o 300 metros en una misma área puede toparse con comportamientos diferentes.
Para decidir qué hacer sobre un terreno es crucial valorar tres variables determinantes: el sustrato (si hay o no materia orgánica que estimule y permita el crecimiento de vegetación), la oferta de semillas de la zona circundante (si hay plantas que puedan enviar sus semillas al sitio por recuperar) y el clima (si existen buenas condiciones de humedad)”, sostiene el docente.
Del 14 al 16 de junio de 2023 la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá será sede del V Congreso Colombiano y VI Congreso Iberoamericano y del Caribe de Restauración Ecológica (adjunto) Cuando hay intervenciones humanas sobre zonas degradadas, con frecuencia se apela a especies exóticas, pensando en acelerar el proceso, pero en muchos casos se convierten en elementos invasores que atentan contra la flora nativa, y eso va en desmedro de la salud de un ecosistema.
“Ninguna especie es mala, lo que pasa es que los humanos no hemos gestionado bien ese proceso al trastear de un lugar a otro especies que no deben ser implantadas. Aunque a las especies invasoras también les toca pagar un precio para adaptarse, una semilla que logre establecerse puede ser suficiente para convertirse en una gran competidora por hábitat frente a especies nativas o endémicas”, advierte Barrera.
De ahí la necesidad de llevar a cabo una rehabilitación ‘con pinzas’, más allá de los manuales y guías desarrollados por entidades públicas para el abordaje de áreas degradadas. Al respecto, la bióloga y ecóloga Ana María Aldana, docente de la Universidad del Rosario, afirma que “es poco lo que se sabe sobre las intervenciones que son más efectivas, en costo y en tiempo, para los ecosistemas degradados en Colombia, no solo por minería, sino en general.
Los recursos para las investigaciones de largo plazo son casi inexistentes y los procesos de restauración que se implementan por cumplimiento de la ley pocas veces incluyen monitoreo de indicadores ecológicos a largo plazo. Esto hace que esta investigación sea valiosa, porque permite conocer, después de cierto tiempo, el efecto de algunas intervenciones para la restauración”.
A su juicio, además de restablecer la cobertura vegetal, hay que recuperar el funcionamiento de los suelos, la macrofauna y los microorganismos de los ecosistemas originales, sobre lo cual no solo es escasa la investigación en el país, sino muy limitada, en cuanto a la capacidad de evaluación y monitoreo de las autoridades ambientales.
Para leer más:
§ Lozano-Báez, S. et al. (2021). Key gaps in soil monitoring
during forest restoration in Colombia. Restoration Ecology,
29(10). DOI:10.1111/rec.13391
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Forest restoration after alluvial gold mining can recover vegetation structure. A case study in Colombia
INVESTIGADORES PRINCIPALES: Sergio Esteban, Lozano-Báez y José Ignacio, Barrera-Cataño, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología. Pontificia Universidad Javeriana
PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2012-2016
