Tras casi dos años, el máximo órgano judicial de Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya (Países Bajos), emitió una opinión consultiva determinante para la carrera por frenar la crisis climática. El magistrado Yuji Iwasawa, presidente de la Corte dio lectura documento que, para algunos analistas, se convierte en el documento más importante sobre las responsabilidades de los estados frente al cambio climático.
El alto tribunal determinó: “El incumplimiento de un Estado en adoptar medidas apropiadas para proteger el sistema climático de las emisiones de gases de efecto invernadero incluyendo la producción y el consumo de combustibles fósiles, la concesión de licencias para su exploración o la provisión de subsidios a dichos combustibles podría constituir un acto internacionalmente ilícito imputable a ese Estado”.
La decisión asegura que los Estados deben defender el derecho humano a un medioambiente limpio, saludable y sostenible por ser inherente al ejercicio de otros derechos fundamentales. Es decir, lo declara como una condición previa para la garantía de derechos como a la vida y la salud.
Por ello, determina que todos los Estados del planeta tienen el deber de prevenir daños significativos al medio ambiente actuando con la debida diligencia y de utilizar todos los medios a su alcance para impedir que las actividades realizadas bajo su jurisdicción o control causen daños significativos al sistema climático y otras partes del medio ambiente. Además, la Corte considera que el incumplimiento de las obligaciones climáticas por parte de los Estados es un acto internacionalmente ilícito y puede dar lugar a reparaciones al país perjudicado. Para ello, estudiarán caso por caso las denuncias que se interpongan de ahora en adelante.
¿Qué implica este concepto de la CIJ sobre la crisis climática?
Un grupo de profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas se reunieron unas horas más tarde de conocerse la opinión consultiva para reflexionar sus efectos. Y lo primero que aclararon es que la decisión es una opinión consultiva que, por sus características, no es vinculante. Es decir, no es de obligatorio cumplimiento para los miembros de la ONU. Sin embargo, los expertos javerianos consideran que es una herramienta muy poderosa para la lucha contra la crisis climática.
Fabián Cárdenas, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, asegura que esta es la decisión más importante de la humanidad en materia de cambio climático. No solo porque 80 Estados de todo el planeta presentaron sus intervenciones, sino porque se trata de un pronunciamiento del máximo tribunal judicial del planeta. “Es imposible decir que eso es apenas un criterio moral o que es interpretativo. Esto por supuesto va a delinear el futuro de las decisiones judiciales en esta materia”, aseguró.
Para Juan Camilo Mejía, abogado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, este documento es casi una alerta sobre cómo evaluará dicha corte las demandas que se presenten en contra de los Estados por no cumplir con lo hoy publicado. “La CIJ está anunciando que es con estos criterios que van a analizar todos los casos que lleguen de ahora en adelante. Bajo esa interpretación llama a los Estados a tomar medidas en el mismo sentido para que no sean sancionados a futuro”, aseguró.
Uno de los puntos en los que más fue enfático el grupo de académicos, es que la Corte Internacional de Justicia de la Haya no solo reconoce la gravedad de la crisis climática que afecta al planeta, sino que ofrece unas herramientas para que sociedad civil, académicos, activistas o comunidades afectadas, puedan entablar acciones legales para hacer valer sus derechos. “A partir de hoy hay miles de herramientas jurídicas para perseguir a Estados renuentes frente a las obligaciones ambientales. La CIJ declaró que las obligaciones ambientales están intrínsecamente ligadas a los derechos humanos. Hoy se puede demandar a los Estados que no cumplan por vía de los derechos humanos”, sostuvo el profesor Cárdenas.
Frente a la posición de varios gobiernos de negar los efectos del cambio climático, Mejía aclaró que ya hay una línea demarcada y que esta sobrepasa los postulados de los escépticos. “El daño climático constituye una violación al derecho de los jóvenes. Esto ya no se trata de creer o no creer en el cambio climático. Por más que los gobiernos sean negacionistas, esto es una norma de derecho imperativo a la que no se le puede hacer caso omiso porque tiene unas consecuencias jurídicas importantes”, dijo.
Otro punto que resaltaron tiene que ver con la evidencia científica que estudió la Corte para sustentar su decisión. Los magistrados usaron la información levantada por el Panel Intergubernamental de expertos sobre Cambio Climático, una entidad de científicos que durante 27 años se ha dedicado a levantar y compartir información técnica de los impactos, riesgos naturales, políticos y económicos del cambio climático.
“La CIJ tomó nota de los reportes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático y lo entiende como el estado de la ciencia, o la mejor ciencia disponible. Es basado en este conocimiento que procede a hablar de derecho. Este fallo está basado en la ciencia para resolver unas preguntas jurídicas”, manifestó el profesor Cárdenas.
Sin embargo, la decisión de la corte de La Haya no se queda ahí. “Además de estar basada en información científica, reconoce también los saberes locales tradicionales”, afirmó Joaquín Garzón, director del departamento de Filosofía e Historia del Derecho de la Javeriana. “Hay una multiplicidad de actores que producen saberes sobre el cambio climático y la Corte hoy los ha incluido a todos en la conversación”, añadió.
A su vez, resaltaron que no es la primera vez que un tribunal internacional se pronuncia sobre la crisis climática. “No ha pasado mucho desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en el mismo sentido. Este es un mensaje al mundo: la crisis climática es un problema que debe ser atendido. Qué mejor forma de hacerlo que los altos tribunales de derecho internacional. Esto es casi un consenso global en la comunidad jurídica internacional”, afirmó Garzón.
¿Cómo se dio el juicio al cambio climático?
El profesor Cárdenas explicó que este es un proceso que viene de años atrás. En 2021 varios estados, principalmente islas en el Océano Pacífico lideradas por Vanuatu, denunciaron en la Asamblea General de Naciones Unidas los efectos del cambio climático que los estaban afectando: donde la gente tenía sus casas, ahora solo hay agua, porque el nivel del mar ha venido subiendo y sus territorios se estaban hundiendo.
El 29 de marzo de 2023, en la asamblea general de la ONU, 132 países apoyaron la iniciativa de consultar al tribunal. Finalmente, el 12 de abril de 2023 el secretario general de la ONU trasmitió las preguntas a la Corte Internacional de Justicia sobre las obligaciones de los Estados en el derecho internacional para luchar contra el cambio climático y cuáles serían las consecuencias legales de no acatarlas. Durante estos años los 15 jueces de la corte escucharon a la diplomacia oficial de 80 estados.
Sin embargo, los docentes javerianos resaltaron que este fue un proceso abierto a la participación diversa, más allá de las voces de gobiernos, que suele ser lo habitual en estos casos. “Quienes promovieron la opinión consultiva fue un grupo de jóvenes estudiantes de estos países. Esto da cuenta de la capacidad de agencia de las generaciones actuales y futuras ante la posibilidad de perder sus territorios y con ellos su identidad. Es un trabajo muy importante de diplomacia blanda frente a Naciones Unidas para que las minorías sean escuchadas”, aseguró Camila Mariño, profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas.
Para los expertos este proceso rompe la tradición del derecho internacional público, en el que solamente son los Estados los que intervienen. En este caso hubo una participación de las comunidades y de la población civil. “Lo que acaba de pasar es extraordinario en este tipo de decisiones. Hay una movilización que llega a instancias de la Corte Internacional, pero en la que participaron pueblos indígenas, afrodescendientes, universidades, activistas, organizaciones”, dijo el profesor Garzón.
Como quiera que se vea, esta opinión consultiva abre nuevos horizontes, estrategias y herramientas para combatir la crisis climática que atraviesa el planeta. El debate apenas inicia y se espera ver cómo se empezará a implementar esta disposición.
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