La ciencia le dice no a la cadena perpetua para violadores

La ciencia le dice no a la cadena perpetua para violadores

Los titulares son aterradores: A la cárcel profesor de escuela de fútbol que abusaba sexualmente de sus alumnos, Capturan abogado comprometido en abuso sexual y pornografía infantil, A prisión hombre que secuestró, abusó y asesinó a una niña de nueve años… Las cifras que muestran el panorama de la situación no son para nada optimistas: según Medicina Legal, entre enero y abril del año pasado (2019) se reportaron más de ocho mil casos de este delito. Aunque en la mayoría de estas denuncias el victimario es familiar del menor o lo conoce, lo que de entrada ya limita la denuncia, más del 80% de estos casos no pasa de la indagación preliminar y las víctimas terminan sin ser reparadas y nuevamente puestas en peligro ante su agresor.

El monstruo existe. Está ahí. Ha estado desde hace muchísimos años, cada vez toma más fuerza y nada parece controlarlo. Por eso, para el gobierno y algunos congresistas lo único que se podría hacer es aprobar el proyecto de Acto Legislativo 21 de 2019 del Senado, acumulado con el proyecto de acto legislativo 047 de 2019 de la Cámara, que busca modificar la Constitución para darle hasta cadena perpetua a quienes abusen sexualmente de niños, niñas y adolescentes. Según sus defensores, este proyecto garantizará y protegerá definitivamente los derechos de los menores, y así se solucionaría un problema que parece infinito.

Pero esa misma propuesta ha generado debate en el país desde hace más de una década, pues para varios expertos las penas dispuestas para este delito ya son lo suficientemente altas y coinciden en decir que se trata de un acto facilista que no le atina al blanco. Yesid Reyes Alvarado, exministro de Justicia y profesor del área de derecho penal de la Universidad de los Andes, asegura que una ley como esta da una falsa sensación de tranquilidad. Según él, “se hace uso del derecho penal para satisfacer las demandas populares de justicia haciendo creer que ya hubo una intervención del problema, pero detrás de eso están absolutamente descuidadas y no intervenidas las causas del delito”.

El profesor Norberto Hernández, tutor del semillero en derecho penitenciario de la Pontificia Universidad Javeriana, califica esta medida como una cortina de humo y afirma que la propuesta obedece al uso del nefasto populismo punitivo. La razón, según él, es que “este tipo de iniciativas son utilizadas por los gobiernos para generar votos y aceptabilidad política, más en tiempos de crisis como el actual, generando en el pueblo una percepción de seguridad que no es cierta”.

A la fecha el proyecto ha pasado por siete de los ocho debates necesarios en el Congreso para ser aprobado. Aun así y suponiendo que sea votado a favor en último debate, algunos expertos en derecho penal como Hernández aseguran que existe una alta probabilidad de que la Corte Constitucional declare inexequible esta pena, “por lo que esto puede significar un mal uso del tiempo y recursos legislativos invertidos en una propuesta que no tiene viabilidad”, afirma el profesor.

Y es que incluso quienes redactaron el proyecto saben que la cadena perpetua es un trato cruel, inhumano, degradante, inconstitucional desde muchos puntos de vista y además viola tratados internacionales de derechos humanos. Por esa razón, decidieron aclarar en el proyecto que la pena, después de cumplidos 25 años de prisión, puede ser revisada para determinar si la persona condenada continúa recluida o pasa a otra medida sustitutiva de la pena como la libertad condicional.

Pero la inconstitucionalidad no es el único problema que tiene el proyecto, porque la investigación científica ha demostrado que el incremento de penas no logra disminuir la incidencia del delito, y asegura que esta medida no es más que un despropósito político por su ya comprobada ineficacia.

 

Ni viable ni funcional

Uno de los argumentos del acto legislativo para instaurar la cadena perpetua es la reincidencia o la reiteración del delito por parte del victimario, o sea la probabilidad de que una vez salga en libertad, después de pagar su pena, vuelva a abusar sexualmente de algún menor. Esa preocupación queda justificada en el papel al explicar que, en los últimos años, ha habido un alto incremento de delitos sexuales y violentos en contra de niños, niñas y adolescentes. Pero lo que hay que tener en cuenta también, como explica el profesor Manuel Iturralde, ¿de dónde? es que “las denuncias por este tipo de delitos han aumentado de manera notable, pero no hay estudios rigurosos que expliquen por qué ha sido así”. Con esto, el experto se refiere a que el hecho de que haya más denuncias no responde al interrogante de si los victimarios son reincidentes o no.

Pero vamos más allá. En 2005 en Colombia se expidió una ley que castiga el abuso sexual seguido de la muerte del menor con 60 años de prisión – una de las penas más altas en el país – y rebajas de hasta 20 años por estudio, trabajo o enseñanza. El abogado Reyes reflexiona con un ejemplo de una persona condenada justo en el momento en el que salió dicha ley: “si tiene 30 años y logra reducir la pena, saldrá de la cárcel en el 2045. De tal manera que el primer momento en el que vamos a saber si la ley expedida en el 2005 funcionó y se evitó la reincidencia será a partir del 2045, cuando esta persona tenga 70 años y salga libre”. Por esa razón, según Reyes, antes de aprobar tal proyecto el Congreso debe darse la oportunidad de verificar si su última gran reforma legislativa funciona, y agrega que “asumir anticipadamente, 25 años antes, que la ley no va a servir para que con base en esto se incrementen las penas es, a mi modo de ver, populismo punitivo”.

Por otro lado, es claro que en un estado social de derecho, específicamente el colombiano, la finalidad de la detención carcelaria es la de resocializar a las personas privadas de la libertad, pero eso no se logra hoy en día por las precarias condiciones del sistema penitenciario colombiano. “Si actualmente no logramos la resocialización en un sistema que no tiene cadena perpetua, mucho menos lo vamos a poder hacer con la cadena perpetua, e implementar esta medida agudizaría la crisis”, indica el profesor javeriano Hernández.

 

Hacinamiento carcelario

Las condiciones en las que viven la mayoría de las personas privadas de la libertad en Colombia vulneran constantemente sus derechos fundamentales. Bruno*, un recluso de la cárcel La Modelo de Bogotá, ha visto con sus propios ojos la desigualdad y la corrupción que cobijan al sistema penitenciario del país. Cuenta que allí hay gente que gracias a sus recursos puede hacer compras en el expendio oficial de la cárcel, adquirir tarjetas para hacer llamadas y acceder a ciertas comodidades. Pero al mismo tiempo, él asegura que “de forma ilegal, especialmente en los patios donde hay hacinamiento y debido a la corrupción, hay personas que pueden comprar una celda adjudicada de forma exclusiva, así tengan que sacar a dos o tres personas que estaban ahí y hacerlas dormir en los pasillos”.

Llegó a la cárcel en 2017 por cuestiones muy diferentes a la violencia sexual contra menores, y desde que puso un pie ahí se dio cuenta de la crisis: “debido al hacinamiento nos tocaba esperar en fila para ir avanzando hacia la zona del patio donde había menos humedad. Si yo hubiera tenido dinero, seguramente habría llegado directo a una celda, pero no. Luego de un tiempo se hizo el esfuerzo y logré comprar un espacio para vivir con dos personas más”. Bruno asegura que no todos los internos cuentan con esa suerte. Incluso hay personas que no pueden pagar por una celda y tienen que dormir en los baños, al lado de los inodoros, que muchas veces no tienen agua y sus colchonetas terminan llenas de deshechos humanos. Es tanta la gente que ni siquiera hay cupos para trabajar, hacer otro tipo de actividades o incluso caminar por el patio.  En cuanto a la alimentación, dice que ha venido mejorando progresivamente, pero que los alimentos no cumplen con las porciones adecuadas y a veces pueden estar crudos.

Está demostrado con la experiencia estadounidense que, contrario a lo esperado, “las personas que están condenadas a cadena perpetua son muy problemáticas por algo racionalmente normal y es que no tienen nada que perder”, asegura Hernández, quien coincide con la postura de Iturralde: “pueden ser personas que se vuelvan aún más antisociales, mucho más reacias a seguir órdenes e incluso negadas a recibir un proceso de resocialización”.

A esto hay que añadirle el costo económico que representa para el sistema el encarcelamiento de una persona. Según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), una persona privada de la libertad puede costar aproximadamente dos millones de pesos mensuales, es decir, 24 millones al año, y no hay suficiente dinero para hacerlo sostenible. En los países nórdicos, donde hay menor comisión y reincidencia del delito, las cárceles tienen un modelo ejemplar. En Noruega, la prisión de alta seguridad de Halden lo representa: tiene tan solo 258 internos con penas no mayores a 30 años y con todas las condiciones dignas para estar ahí: espacios físicos adecuados, talleres altamente especializados, acompañamiento profesional personalizado, ayuda de las empresas para conseguir empleo y funcionarios cualificados con especialidad en el manejo del sistema penitenciario. Como en Colombia no existe nada parecido a esto, los expertos coinciden en que es iluso creer que con las condiciones y recursos con los que se cuenta actualmente pueda generarse la resocialización dentro de una cárcel.

Por último, y como punto esencial de lo que se espera con esta medida hay que mencionar que para varios expertos, contrario a quienes defienden el proyecto, la prisión perpetua para violencia sexual contra menores no garantiza ni protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes, incluso puede resultar peligroso para la víctima. Por un lado, y aunque como dice la senadora Angelica Lozano, “imaginarlo suene aberrante”, delitos como el homicidio podrían llegar a ocultar el abuso sexual, pues al cometer un crimen que tiene menos años de condena como el homicidio, el atacante podría abusar sexualmente y luego recurrir al asesinato para que sea condenado por este último y así evitar la cadena perpetua. Por otro lado, el abuso sexual, al ser un delito cometido dentro del entorno familiar o cercano del menor, puede incrementar la impunidad por la omisión de denuncias para evitar las consecuencias de la cadena perpetua.

En palabras de Yesid Reyes, “es imposible hablar de que se protege la vida de un niño al encerrar en la cárcel de por vida a quien cometió el delito cuando la vida del niño no estuvo protegida previamente”. Para no ir muy lejos, a modo de llamado de atención, Ómar Bravo, doctor en psicología y profesor de la Universidad ICESI, recuerda el imborrable caso Garavito: “la pregunta es ¿qué pasa en una sociedad en la que decenas de niños y niñas pueden ser victimizados sin que esto genere un escándalo? ¿Por qué el alboroto solo se genera cuando se identifica esta monstruosa brutalización?”.

 

¿Qué medidas tomar?

No hay discusión en que el bienestar de los niños, niñas y adolescentes debe primar en la sociedad y los actos de violencia contra ellos no son justificables. Sin embargo, la dignidad humana no puede ser sacrificada en un estado social de derecho. “Lo que tenemos que entender es que hay unas necesidades especiales de una población que ha sido victimizada y hay una serie de garantías de derechos que debemos respetar. Son dos problemáticas que debemos atender”, asegura Luis Vélez Rodríguez, profesor de derecho penal y criminología de la Universidad de Manizales.

Considerando las medidas que se deben tomar cuando el delito ya se ha cometido, los expertos aseguran que la apuesta del sistema penal debe estar encaminada a la resocialización y acompañamiento de las personas privadas de la libertad para que puedan reinsertarse a la sociedad y evitar que vuelvan a cometer el delito. Para esto, insisten en que es necesario pensar en una política criminal basada en la resocialización y no en el populismo punitivo e incremento de penas que de por sí ya son altas.

Adicionalmente, los programas de protección a víctimas tienen que fortalecerse, pues una de las preocupaciones centrales dentro de la administración de justicia es la operatividad del sistema vigente. Tal como dice Gloria Carvalho, representante de la alianza para la niñez, “el proceso de investigación contra un agresor sexual puede durar hasta siete años y la administración de justicia en ese sentido es negligente”, y eso sin profundizar en que el 94% de los casos que dice Carvalho quedan impunes y hacen parte de la cifra negra de criminalidad al nunca ser conocidos por el sistema judicial.

Antes que pensar en la condena hay que preocuparse por la impunidad, y para acabarla totalmente es necesario primero fortalecer los mecanismos de investigación judicial especializada para la niñez, así como garantizar la formación de los jueces para la adecuada aplicación de las medidas de justicia. Por eso, los científicos afirman que es mucho más sensato ocuparse de intervenir las causas del delito, que finalmente es lo único que puede evitarlo, y así realmente proteger los derechos de los niños. Además, en este proceso hay que prestarle mayor atención al hecho de que el 83% de los victimarios son personas que pertenecen al entorno familiar o íntimo de las víctimas, de las cuales en su mayoría son mujeres. Entonces, ¿qué está pasando en los núcleos familiares?, ¿se está haciendo el debido seguimiento? Es necesario buscar una solución real a ese problema antes de que los derechos de los menores sean vulnerados, insiste Carvalho.

La violencia sexual a niños, niñas y adolescentes es un monstruo que, sin discusión, hay que atacar. Sin embargo, los expertos se mantienen en que no vale la pena perder el tiempo en proponer falsas soluciones que al final terminan dándole largas a una problemática que requiere de otras acciones puntuales. Algunas recomendaciones de los investigadores para prevenir este delito se basan en el seguimiento a los núcleos familiares vulnerables, así como una mayor inversión social destinada a educación sexual y reconocimiento de comportamientos que puedan ser señal de abuso. También se podrían tener en cuenta medidas como el fortalecimiento del ICBF, de canales de atención a víctimas y campañas de reivindicación de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Sea como sea, es muy importante que los congresistas que están votando el proyecto tengan en cuenta estas propuestas y la investigación científica para tomar decisiones que logren cambios significativos.

*Nombre ficticio por solicitud de la fuente.

Virus del Papiloma Humano, un drama más allá de lo estadístico

Virus del Papiloma Humano, un drama más allá de lo estadístico

Son las 10:45 de la mañana y Magnolia está sentada en la sala de espera del hospital departamental mientras mueve su pie al ritmo de las manecillas del reloj.  A sus 40 años y con dos pequeños a su cargo, su mayor preocupación es llegar a casa. Está nerviosa. Quizá porque los dejó solos, porque no tiene dinero para pagar el arriendo que vence ese mismo día o, tal vez, porque está a punto de recibir una noticia que cambiará su vida. Anuncian su nombre en alto, se pone de pie e ingresa al consultorio mientras el doctor toma entre sus manos un sobre blanco y, en él, la frase: resultado de cáncer de cuello uterino por biopsia para detección del Virus de Papiloma Humano (VPH), positivo.

Magnolia hace parte de los 36 casos en cada 100.000 mujeres que presentan cáncer de cuello uterino anualmente en Colombia, según un estudio de la Universidad del Rosario, ya que al tratarse de un virus de transmisión sexual su patrón de propagación depende de la ubicación geográfica de la población; en el caso de Colombia, ocurre en las áreas cercanas a los ríos navegables, zonas de frontera –como el golfo de Urabá y la serranía del Baudó– o regiones con bajo acceso a educación y servicios de salud. Estas condiciones incrementan la probabilidad de que una mujer sea portadora del VPH y, posteriormente, desarrolle cáncer de cuello uterino, tal como lo indica el Atlas de mortalidad por cáncer en Colombia de 2017.

“El cáncer de cuello uterino es un problema de países en desarrollo, de países pobres como lo son la mayoría de lugares donde se desarrollan enfermedades infecciosas, y esta es la situación que se presenta para Colombia”, asegura Raúl Murillo, director del Centro Javeriano de Oncología y exdirector del Instituto Nacional de Cancerología  (INC), quien llama la atención sobre las implicaciones del cáncer: “Es una enfermedad asociada a la pobreza y a las deficiencias socioeconómicas de la  nación”.

Por eso, para comprender por qué Magnolia y aproximadamente 528.000 mujeres presentan esta enfermedad anualmente, es importante tener presente que, además del factor ‘promiscuidad sexual’ en comunidades es necesario que se presenten otros co-factores para que esta progrese hasta el desarrollo de la enfermedad incluyendo la paridad, el tabaquismo, las infecciones concomitantes y el uso de anticonceptivos orales entre otros.

Una persona con deficiencia inmunológica  es más propensa a ser portadora de virus. Por eso, Juan Manuel Anaya, del Centro de Estudio de Enfermedades Autoinmunes (CREA) de la Universidad del Rosario, indica que “un paciente con enfermedad autoinmune tiene el riesgo de disminuir diez años de sobrevida respecto a una persona sin complicación autoinmune de su mismo sexo y edad”. Esta es una cifra alarmante considerando que el estimado de vida para las mujeres en Colombia es de 81 años, según el estudio anual sobre la Carga Mundial de la Enfermedad (GBD), y que el cáncer de cuello uterino afecta, principalmente, a las poblaciones más alejadas y pobres del país, al igual que a las mujeres del régimen subsidiado de salud.

Si bien factores como el consumo de anticonceptivos orales, el tabaquismo y el número de hijos están relacionados con el desarrollo de cáncer de cuello uterino, el VPH es una causa necesaria pero no suficiente para su aparición. Al menos 12 genotipos del virus, de los 40 que existen en su especie, están asociados directamente con el desarrollo de estas lesiones malignas. En ese sentido, el Ministerio de Salud y Protección Social indica que el serotipo (microorganismo infeccioso) número 18 del VPH causa aproximadamente el 70% de todos los casos de cáncer de cuello uterino en el mundo.

Por eso, no debe ser extraño considerar que este virus de transmisión sexual fue la segunda causa de muerte de mujeres en Colombia entre 2007 y 2013, según el Instituto Nacional de Cancerología, y el responsable de al menos el 12% de todos los cánceres producidos en mujeres en el mundo de acuerdo con la Organización Mundial para la Salud.

De los 40 tipos diferentes de VPH, 12 están relacionados con lesiones severas que derivarían en cáncer de cuello uterino. /Felipe Abondano
De los 40 tipos diferentes de VPH, 12 están relacionados con lesiones severas que derivarían en cáncer de cuello uterino. /Felipe Abondano


El eterno debate

A pesar de que el cáncer de cuello uterino es un asunto que preocupa a los expertos por la tasa de mortalidad en mujeres, 7 de cada 100.000 personas en el país, según cifras oficiales, también se ha convertido en un tema de debate ético y académico sobre la implementación de la vacuna contra el VPH.

De acuerdo con Francisco Yepes, profesor titular del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana, “como en toda vacuna y medicamento, la eficacia y la seguridad son criterios fundamentales para la aprobación de su uso”. Sin embargo, “…la evidencia para la decisión del país no es robusta ya que se fundamentó en un estudio de costo-efectividad realizado por la Universidad Nacional de Colombia, basado en una serie de supuestos epidemiológicos y poblacionales que están por ser verificados”.

Hay quienes sugieren que esta vacuna no garantiza una efectividad comprobable, como tampoco tiene efectos positivos en el organismo de una mujer luego de su aplicación. Respecto a este tema, Yepes afirma que entre los argumentos de quienes cuestionan la seguridad de la vacuna se encuentran al creciente número de casos clínicos de enfermedades autoinmunes iniciadas después de su aplicación, reportados en la literatura; los estudios experimentales que comprueban el efecto disparador de fenómenos autoinmunes por parte del aluminio; y “la magnitud inusitada de los efectos adversos de las vacunas contra el VPH documentados en los sistemas de reporte de varios países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido y Japón”, dice.

Un caso relacionado con los efectos de la vacuna es el que ocurrió en Carmen de Bolívar en 2014, cuando más de 200 niñas presentaron reacciones adversas como desmayos y adormecimiento de extremidades. Ante esto, el Instituto Nacional de Cancerología presentó un documento en el que asegura que “los hallazgos y la diversidad de factores sociales, ambientales y culturales que hacen parte del entorno en el cual se desenvuelve la población de niños y adolescentes en el municipio, no aportan la suficiente evidencia para afirmar que la fuente común de exposición que explique la presencia del cuadro clínico se deba a la administración de la vacuna contra el VPH”.

Por eso hay quienes afirman que es necesario intervenir rápidamente en la sociedad, especialmente en las comunidades de zonas vulnerables que no tienen acceso a la educación o a centros de salud para reducir la tasa de muerte por cáncer de cuello uterino.

“El país lleva haciendo citologías por más de 50 años tratando detectar las lesiones precancerosas tipo NIC3 (el estado más desarrollado del VPH), a fin de tratarlas y evitar que progresen a cáncer”, explica Murillo, quien también asegura que “la aparición de síntomas tras la aplicación de la vacuna no es evidencia suficiente de sufrir efectos adversos, ya que podría estar asociado a cualquier evento o antecedente previo cercano a la inoculación”.

Comprender las implicaciones individuales, sociales y culturales que se originan por portar el VPH –como le ocurrió a Magnolia–, o por ser diagnosticado con cáncer de cuello uterino, es una de las tantas razones por las cuales el Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana, junto al Hospital Universitario San Ignacio y el Instituto Nacional de Cancerología – ESE, organizaron el simposio internacional Debates en torno a la salud pública: El control del cáncer, una mirada desde la academia, que tuvo lugar en la Javeriana los días 6 y 7 de febrero.

Investigadores nacionales y extranjeros se reunieron en la Pontificia Univerisdad JAveriana para analizar la realidad del VPH. /Philip Charry
Investigadores nacionales y extranjeros se reunieron en la Pontificia Univerisdad Javeriana para analizar la realidad del VPH. /Philip Charry

En ese espacio, investigadores nacionales e internacionales debatieron los logros y retos en términos del control del cáncer, las controversias sobre la vacunación contra el VPH, el porqué de las enfermedades autoinmunes y sus implicaciones sociales, y la efectividad y seguridad de las vacunas contra el cáncer de cuello uterino.

El simposio también sirvió de escenario para hacer un llamado al Gobierno e instituciones promotoras del cuidado de la salud con el fin de prestar atención a la creciente tendencia de víctimas que deja el cáncer de cuello uterino en el país, al igual que el importante rol que debe desempeñar un profesional de la salud al momento de recomendar o no el uso de la vacuna. Cabe destacar que al menos un millón de personas contraen una infección de transmisión sexual al día y aproximadamente 290 millones de mujeres están contagiadas con el virus del Papiloma Humano, de acuerdo con la OMS.

Pero más allá de la frialdad de estas cifras, la realidad muestra que mujeres como Magnolia, que trabaja y cuida de su familia todos los días sin recibir una compensación a cambio, y que, entre muchos proyectos, espera estar presente en el paso de sus hijos a la adultez, deben enfrentarse no solo a la incertidumbre de no cumplir este sueño sino también al estigma social por contraer una enfermedad de transmisión sexual.