Interdisciplinariedad ante la pandemia y el confinamiento

Interdisciplinariedad ante la pandemia y el confinamiento

Un panel de expertos convocado por la revista Lancet evidenció la importancia del trabajo interdisciplinario para dar respuesta en forma eficiente a los diversos y crecientes problemas que surgen en medio de esta pandemia. Creemos que la necesidad de este llamado surge de una conceptualización fracturada del ser humano, una separación arbitraria y artificial de la salud física y la salud mental, que genera problemas a la hora de producir acciones para afrontar las múltiples consecuencias derivadas de los temas de salud en general y en particular de la crisis ocasionada por el Covid-19, las medidas de aislamiento y la recesión económica que empieza a vislumbrarse. Resulta evidente que necesitamos una perspectiva interdisciplinar, multidimensional y ecosistémica para dar soluciones que atiendan a la complejidad creciente del problema.

Aunque para muchos profesionales y para las entidades internacionales de salud resulta clara la artificialidad de la separación entre la salud física y psicológica, un anacronismo reduccionista del dualismo mente/cuerpo, aún encontramos dificultades para articular en la práctica un concepto integral de salud, que se refleje en acciones efectivas en la formación, la investigación, el desarrollo de políticas públicas y, en especial, en la articulación del trabajo de profesionales en diversos campos de actuación.

La actual situación que atraviesa el mundo es un buen ejemplo de cómo las dinámicas comportamentales (los hábitos de alimentación de un grupo poblacional), pueden tener efecto en la salud (la trasmisión de un virus y el número creciente de muertos e incapacidad de respuesta del sistema de salud), la economía (la pérdida de empleos y quiebra de empresas, el deterioro de los ingresos de los trabajadores), la política (el deterioro de las democracias y las amenazas contra los derechos humanos, entre otros), la seguridad (el incremento de hurtos y otros delitos, parcialmente relacionados con la búsqueda de alimento y del aseguramiento de condiciones mínimas de supervivencia) y en las condiciones de riesgos denominados psicosociales, que favorecen el despliegue de comportamientos como el consumo de sustancias, los conflictos de pareja, las diversas formas de violencia intrafamiliar e incluso violencias que surgen de la convivencia en comunidades que, de nuevo, inciden en la salud, la economía, la política y otras áreas de la vida humana.

Consideremos un ejemplo, Perú, que a pesar de ser uno de los países de Latinoamérica que más oportuna y estrictamente estableció límites en el confinamiento, se ha convertido en el segundo país con mayor número de casos de COVID-19 del continente. Para entender esto, debemos tener en cuenta algunas dinámicas comportamentales.

Por ejemplo, el hecho de que sólo cerca de una quinta parte de las familias del país cuenten con un refrigerador se relaciona con la necesidad de buscar constantemente comida fresca, aunque quizás ¿es el aprecio por la comida fresca la que facilita que las familias no cuenten con refrigeradores? Las compras de los alimentos se realizan en mercados que se convirtieron rápidamente en focos de contagio, esta situación se empeoró con las restricciones que estableció el gobierno, buscando enlentecer la pandemia, en la apertura de estos mercados, que lejos de cumplir su cometido llevó a concentrar la aglomeración. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que también influyen el hacinamiento, la informalidad y otras tantas variables que serían imposibles de enumerar. Es claro cómo las dinámicas para adquirir bienes básicos, la forma como preparamos nuestros alimentos y hasta los mismos elementos de nuestra dieta, pueden tener un efecto directo en la transmisión de un virus, incluso cuando este no se transmite en la comida.

Estamos presenciando cómo la expansión de un virus y las medidas que se han establecido para contenerlo están incidiendo en un aumento sistemático de trastornos de ansiedad, depresión y estrés postraumático, así como también de la violencia, el consumo de alcohol y las conductas de autolesión. Se ha reportado un aumento en los factores de riesgo en salud tales como desconexión social, pérdida del sentido de vida, sensaciones de agobio y agotamiento por el cambio en las condiciones laborales, angustia ante la pérdida del empleo, baja de ingresos, deterioro de la calidad de vida y problemas derivados de la dificultad de elaborar duelos luego de las pérdidas al no seguir rituales culturales. Estos aspectos psicológicos tendrán una repercusión directa en la salud y la economía, dando inicio de nuevo a un ciclo de interacciones múltiples que se alimentará de forma permanente.

En el contexto de una visión ecosistémica, interdisciplinar, diferencial y multidimensional aparecen un sin número de preguntas y desafíos de investigación. Por ejemplo, estudiar la eficacia diferencial de las intervenciones en telesalud, en particular la teleorientación, como estrategia mediadora en la promoción y prevención de la salud, y la telemedicina, como herramienta para desarrollar el trabajo terapéutico, evaluando su utilización en atención psicológica, contención emocional e incluso acompañamiento. Se identifica también la necesidad de evaluar el efecto que tiene la mediación virtual en el desarrollo de vínculos afectivos y su efectividad como alternativa para el fortalecimiento de redes de apoyo social, al igual que los efectos del teletrabajo en la salud.

De igual modo, estas perspectivas también exigen nuevas condiciones. Es ineludible diseñar nuevas infraestructuras de conocimiento, organizacionales, tecnológicas e incluso sociales que permitan la evaluación, intervención e investigación interdisciplinaria. Es necesario establecer controles éticos sobre el quehacer de los profesionales y demarcar los límites de lo que podemos hacer, en cuanto al efecto que tiene en las comunidades, en razón de su eficacia y efectividad. El uso que se le ha dado a las tecnologías como estrategia de evaluación de la expansión del virus abre un debate sobre la privacidad, lo cual tiene también importantes connotaciones psicológicas y sociales.

Igualmente, es preciso pensar estrategias de comunicación y de rendición de cuentas a la sociedad. En este sentido, hoy, como nunca, estamos viendo que los procesos de transferencia responsable de conocimiento son una parte determinante de la supervivencia de la sociedad. Se ha hecho certera la necesidad de fortalecer las estrategias de comunicación, de manera que permitan, en forma más inmediata, conocer las necesidades de las personas y las comunidades, identificar sus carencias y recursos, y hacer un seguimiento a la compleja interacción entre factores biológicos, psicológicos y sociales que tienen.

Estamos, por tanto, ante un momento en el que se requiere asumir una perspectiva ecosistémica, multidimensional, interdisciplinar y transdisciplinar, que permita generar, desde ese mismo enfoque, investigación e intervención, de forma que sea inevitable un dialogo entre académicos y profesionales de diversos campos y se construyan soluciones que realmente den cuenta de la compleja y critica coyuntura que estamos transitando.

*Wilson López López: Profesor titular de la Universidad Javeriana. lopezw@javeriana.edu.co
**Pedro Pablo Ochoa: Director del equipo de respuesta psicológica frente al Covid-19 en Colombia. Colegio Colombiano de Psicólogos.

¿Cómo atender a un menor que ha sido víctima de abuso sexual?

¿Cómo atender a un menor que ha sido víctima de abuso sexual?

“Tengo muy presente el caso de una niña que fue víctima de abuso sexual y su madre empezó a rechazarla después del evento”, cuenta Vanessa Suelt, profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana y una de las investigadoras del proyecto Atención a víctimas de violencia sexual. Según recuerda Suelt, esta madre que acudió al Consultorio Jurídico de la Javeriana no pudo volver a ver a su hija con los mismos ojos, y la relación que había entre ambas se disolvió. Aunque la profesora nunca tuvo contacto con la niña, sí pudo imaginarse el dolor que podría estar sintiendo no solo por el delito del que fue víctima, sino también por la pérdida de su mamá.

Lo más preocupante es que “este era un patrón que se veía mucho en las entrevistas con las mamás que iban al Consultorio a denunciar casos similares”, asegura la investigadora, quien añade que hasta ese momento no era consciente de lo que este delito causaba en el menor y en su círculo social. Julio Andrés Sampedro, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y coinvestigador del proyecto, agrega que, si bien ya se trabajaba desde el Centro de Estudios de Criminología y Victimología el tema de atención a víctimas, desde hace unos años empezaron a notar “una problemática con respecto a los casos de violencia sexual a menores que desbordaba la capacidad de los estudiantes del Consultorio Jurídico”.

Familia Conejo triste
Según Medicina Legal, en 2016 se practicaron 17.908 exámenes médico-legales a niños que habrían sufrido violencia sexual.

De acuerdo con Sampedro, el Consultorio debía adaptar su estructura y su atención para poder cumplir con los protocolos necesarios a la hora de tener contacto con personas que hubieran sido afectadas por delitos sexuales. Por eso, en 2011 los investigadores decidieron, por un lado, evaluar los casos recogidos por el Consultorio Jurídico a través de entrevistas semiestructuradas a los padres o acudientes de los niños y, segundo, identificar los criterios que orientan la atención a víctimas de abuso sexual a menores desde las directrices nacionales e internacionales. Todo esto con el fin de crear “un manual dirigido tanto a estudiantes de ciencias jurídicas como a autoridades judiciales y prejudiciales que presentan la misma problemática”, aclara Suelt.


Víctima: un concepto amplio

Las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses son aterradoras. En 2016 se registraron en todo el país 17.908 exámenes médico-legales por presunta violencia sexual a menores de edad, lo que quiere decir que el 86% de las personas que sufren por este delito en Colombia tienen entre 0 y 17 años de edad. En 2017 los números siguen subiendo: solo en el primer trimestre se contabilizaron 4.315 situaciones similares. Además, se evidencia que los agresores más comunes, al representar el 44% de los casos, son los mismos familiares.

En el proyecto se deja claro que las consecuencias físicas y psicológicas del abuso sexual infantil afectan todas las áreas de la vida del menor. Pero, aunque el niño es claramente la víctima, no es la única persona que debe llamarse así. En Colombia, y gracias a la Sentencia C-516 de 2007 de la Corte Constitucional, se modificó la definición de víctima para así “incluir a las víctimas indirectas, los familiares y ampliar el concepto más allá de lo que contemplaba el sistema penal hasta ese momento”, asegura Sampedro.

Esto llevó a los investigadores a entender que, además de existir una atención diferencial entre el menor de edad y su familiar, también deben tenerse en cuenta factores como género, etnicidad, orientación sexual, nivel de vulnerabilidad, etc. Como lo describe la profesora Suelt, “nos dimos cuenta de que era necesario ofrecer una atención integral, porque mientras lo jurídico busca más una persecución judicial del victimario, el campo psicológico trabaja en comprender a la víctima y orientarla adecuadamente”.

 

“Nos dimos cuenta de que era necesario ofrecer una atención integral, porque mientras lo jurídico busca más una persecución judicial del victimario, el campo psicológico trabaja en comprender a la víctima y orientarla adecuadamente”.

Vanessa Suelt
Investigadora principal


La lucha contra la revictimización

La victimología —que ha sido estudiada por los investigadores desde 1996, cuando se creó el Centro de Estudios de Criminología y Victimología de la Facultad de Ciencias Jurídicas— establece tres niveles de victimización. El primero es el daño que sufre la víctima directamente; el segundo es cuando tienen contacto con las instancias de control formal del Estado (Policía, Fiscalía, jueces, etc.), lo que genera una serie de consecuencias negativas por la mala atención, y el tercero hace referencia a la estigmatización, rechazo e incomprensión social que siguen al delito. “En pocas palabras, se trata de una revictimización tras otra”, dice Sampedro.

Los agresores sexuales más comunes de los menores, en un 44%, son los familiares.
Los agresores sexuales más comunes de los menores, en un 44%, son los familiares.

En el caso de este proyecto interdisciplinar, se prestó particular atención al segundo nivel de victimización. Los investigadores de la Facultad de Psicología entrevistaron a los representantes legales de 26 menores víctimas de delitos sexuales cuyos casos fueron documentados por el Consultorio Jurídico durante un año. Además, se hizo lo mismo con funcionarios que trabajan en las diferentes instancias de control y expertos en el tema. Dicho proceso identificó que las personas son revictimizadas por las autoridades debido al desconocimiento de los protocolos internacionales y a la falta de políticas públicas que resuelvan la problemática.

La Corte Constitucional, la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras autoridades nacionales e internacionales, han indicado ciertos estándares y protocolos como darles siempre prioridad a estos casos, evitar la evocación de los hechos dañosos en repetidas ocasiones y capacitar muy bien a los profesionales que atienden a las víctimas. Ahí radica la importancia del manual que resultó de esta investigación y que va dirigido tanto al Consultorio Jurídico como a otras instancias. En palabras de Sampedro, “con guías como esta sí es posible hacer un adecuado acompañamiento de las víctimas y así evitar que el daño recibido se haga más fuerte”.

Casos como el que impactó a la profesora Suelt aparecen todo el tiempo, pero este en particular la sorprendió “porque la madre había dejado de ver la figura infantil de su hija y había perdido la necesidad de protegerla”. El Consultorio es un espacio prejurídico en el que se brinda orientación legal a quienes llegan allí, por lo que la investigadora no supo cómo terminó esta historia. Sin embargo, insiste en que muchas de estas personas acuden a este lugar no solo con la idea de hacer pagar a su victimario por lo que hizo, sino con la esperanza de entender lo que les pasó y de encontrar un apoyo que las ayude a sobrellevar los daños.


Para leer más

Guía para la atención a víctimas de violencia sexual en escenarios jurídicos, en  https://cienciasjuridicas.javeriana.edu.co/consultoriojuridico


 

INVESTIGADORES PRINCIPALES: Vanessa Suelt y Fernando Díaz
COINVESTIGADORES: Julio Andrés Sampedro, Consuelo Quiñones, Pilar García, Leonardo Rodríguez, María Consuelo Moreno y Javier Coronado
Facultad de Ciencias Jurídicas y Facultad de Psicología
Departamentos de Derecho Público y Derecho Procesal
Doctorado en Ciencias Jurídicas
Consultorio Jurídico
Área de Psicología Jurídica
Grupos de investigación Estudios en Derecho Público y Psicología Jurídica: Retos y Perspectivas
PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2011-2013