La desigualdad social es comparable con la económica, que desemboca en un problema socioeconómico, producto de la mala distribución de la renta en la población. La noción de igualdad se refiere a la manera en que se distribuye un bien entre una población.
Para medir este tipo de desigualdades se habla de la curva Lorenz y el coeficiente de Gini. La primera es una representación gráfica utilizada para plasmar la distribución relativa de una variable en un dominio determinado: por ejemplo, el conjunto de hogares o personas de una región o país y la variable cuya distribución se estudia puede ser el ingreso de los hogares o las personas.
El coeficiente de Gini es una medida que busca evaluar la desigualdad en los ingresos dentro de un país. Es un número entre 0 y 1, en donde 0 corresponde a la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y 1 corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás nada). El Índice de Gini es expresado en referencia a 100 como máximo, en vez de 1, y es igual al coeficiente de Gini multiplicado por 100.
De acuerdo con los datos del Banco Mundial, entre el grupo con desigualdad más alta y mayor acumulación de riqueza en el mundo se encuentra Colombia (índice del 50,4 en 2018 y aumentando debido a la pandemia) que, comparativamente en Latinoamérica, sería el segundo país con peor distribución de ingresos, después de Haití –incluso estaríamos peor que Venezuela con un índice de 46,9, y que se nos ha convertido en un referente por los medios de comunicación-.
A su vez, este índice también puede ser calculado al interior del país. Tomando como base Bogotá y los estudios del Departamento Nacional de Planeación (DNP), en Chocó y Vaupés los ingresos de las personas equivalen a un 30 % de los de una persona de la capital colombiana, viéndose una clara desigualdad entre regiones.
Para ser didácticos, esta acumulación de riqueza y desigualdad es comparable con el fútbol. Por ejemplo, James Rodriguez –que en su momento le costó 80 millones de dólares al Real Madrid- no tenía oportunidad de jugar habitualmente, puesto que este equipo tiene en su nómina a los mejores jugadores del planeta. Él, seguro, en otro equipo podría ser protagonista sin problemas. Esto evidencia que la acumulación de riqueza de este equipo daría un índice de Gini muy alto y genera desigualdades marcadas que le permiten ganar los campeonatos que disputa, acumular trofeos y reconocimientos, ampliando la brecha mencionada.
A partir de esta situación se podría decir que este tipo de desigualdad social, relativa a los ingresos, genera otros tipos de inequidades como las de género, racial, regional, educativa, entre otras tantas que causan la famosa frase “de los ricos más ricos y los pobres más pobres”, como sucede en el fútbol.
Por su parte, la Innovación Social (IS), que fue formulada por Wolfang Zapf y primariamente sustentada con la teoría del cambio social de William Osburng en 1923, ha tenido un crecimiento y trabajo relativo a su concepto, definición y medición. Este ha sido estudiado desde enfoques económico, psicológico, sociológico y antropológico.
La IS permite relacionar las perspectivas prácticas y conceptuales, lo que se refiere a trabajar en pro de las necesidades sociales, con el ánimo de generar beneficios a las comunidades por medio de la creación de productos, servicios, estructuras organizacionales o actividades que son “mejores” o “más efectivas” que las tradicionales. Esto se traduciría en satisfacción de necesidades, reconfiguración social de las relaciones, empoderamiento o movilización social, que no necesariamente persiguen un rédito económico.
Así, dicho concepto es una apuesta alternativa a la idea de innovación, basada en lo tecnológico y el crecimiento económico, puesto que esta ha sido dominada como una concepción volcada hacia el mercado y la comercialización para generar bienestar, pero también beneficios monetarios.
La reflexión que trae consigo la Innovación Social es que con el ánimo de cerrar brechas de desigualdad no solo se puede pensar en el crecimiento económico, sino que hoy en día debemos decantarnos por nuevas formas de definir el desarrollo, no desde una lógica de la generación de dinero, sino desde poner al ser humano en diálogo permanente con sus pares, con el ambiente que lo rodea y la búsqueda para mejorar el entorno en el que se encuentra sin destruir el medioambiente que lo sustenta. Esto nos pone en la tarea de reconocer lo específico, llevar la mirada a los territorios con la intención de anteponer los problemas locales a los nacionales, y estos a su vez a los globales.
Todo lo anterior serviría para centrar la atención en las zonas de frontera, en las que generalmente la presencia del Estado se ha dado de distintas maneras, y en las que hay que revisar cómo se han establecido nuevas formas asociativas de organización social y de mercado (como los modelos de economía campesina). Esto se complementa desde el agenciamiento de las mismas comunidades, lo que equivaldría a poner atención a propuestas que nacen desde la base, de la resistencia, la resiliencia y la asociatividad como las economías solidarias, redes de protección para la población vulnerable y marginada, en las que se incluirían sistemas de trueque, bancos de tiempo, el concepto de “buen vivir” de los quechuas y monedas locales, entre otros, todo esto como una apuesta a unas formas alternativas de relacionamiento y empoderamiento.
De esta forma, la Innovación Social se presenta como una alternativa de cerrar brechas por medio de innovaciones incrementales –mejoras paso a paso en comunidad y diálogo, no revolucionarias o disruptivas-, en las cuales se experimenta, produce y colabora; no se compite, se comparte el conocimiento (con licencias libres y repositorios abiertos), se provocan encuentros de diferentes saberes, la apertura es tal que cualquier persona más allá de su formación académica, experiencia o procedencia no solo participa sino que hace innovación.
* Profesional en Economía, con Maestría en Estadística y Econometría y Máster en Dirección Financiera, y aspirante a Doctor en Ciencias Sociales y Humanas. Profesor y asistente del Vicerrector de Investigación en la Pontificia Universidad Javeriana.
Por años, economistas de todo el mundo han defendido la idea de que no es necesario ponerle un impuesto al capital. Es decir, si usted es dueño de una empresa, no tendría por qué contribuir monetariamente al Estado por sus activos (maquinarias, instalaciones, materias primas, trabajo, entre otros). Sin embargo, investigaciones recientes sobre el tema, han demostrado que en algunos casos podría ser apropiado, tal y como lo afirmó el profesor Iván Werning, durante su visita con motivo del evento de lanzamiento del programa de doctorado en economía de la Pontificia Universidad Javeriana.
Para comprender este argumento, Werning, quien es reconocido como uno de los economistas jóvenes más influyentes en el escenario mundial, según la revista The Economist, señaló la diferencia entre los conceptos capital y trabajo. Si los impuestos a los ingresos laborales son comunes, ¿por qué debería ser diferente con los derivados del rendimiento del capital? Por un lado, los impuestos a los ingresos juegan un rol redistributivo más directo, lo que ayudaría a mejorar la distribución de los ingresos. Por otro, la acumulación de capital proviene de ahorros e inversiones pasados. Impuestos al capital podrían generar distorsiones indeseadas que afecten negativamente al crecimiento de la economía. En estos argumentos se escudaban los economistas que recomendaban no gravar al capital, pero sí a los ingresos laborales.
Sin embargo, hay razones para reconsiderar este antiguo consenso. Si la consolidación de las firmas más exitosas se debe al esfuerzo y trabajo de los empresarios, entonces el valor de estas empresas proviene del fruto del trabajo y, como tal, debería ser gravado como los demás salarios.
Otro argumento a favor de los impuestos al capital es que, al ser utilizados para evitar que la riqueza de un país termine concentrada en pocas manos, pueden contribuir a que por la vía democrática no ascienda al poder algún gobierno con la bandera de expropiar las grandes fortunas. Esto sería aún peor para los incentivos al ahorro y al emprendimiento.
“La propuesta que estamos escuchando en los países de Latinoamérica es ponerle impuestos a la riqueza, en algunos casos hasta el 6% del patrimonio. Si no tuviéramos ningún impuesto al capital, la desigualdad en la riqueza sería muy grande e incluso crecería en el futuro”, afirmó Werning.
Iván Werning. Impuestos en tiempos modernos: robots, riqueza y comercio
Impuestos a los robots
Por su parte, la utilización de robots en el proceso productivo de las empresas modernas es una forma de progreso tecnológico al que se enfrentan las economías de hoy. ¿Son bienvenidas estas tecnologías a pesar de realizar las tareas tradicionalmente a cargo de los trabajadores? ¿Deberían ser reguladas? ¿De qué forma? Los resultados de las investigaciones más recientes del profesor Werning son concluyentes en afirmar que las sociedades deberían abrazar las nuevas tecnologías, y que su efecto sobre la distribución del ingreso puede ser contrarrestado con un sistema óptimo de impuestos sobre las empresas que se beneficien de ellas. Argumentos similares pueden ser aplicados a la regulación del comercio internacional frente a la globalización.
Cabe mencionar que la participación de Werning en el lanzamiento del Doctorado en Economía busca incentivar en los candidatos a este programa el poder abordar durante el desarrollo de sus agendas de investigación, este y otros temas de relevancia social. Al respecto, el profesor Werning lamenta la escasez de doctorados en América Latina “…porque hay muchas preguntas de investigación que son particulares a los países, a sus instituciones y a su situación […] Muchas veces se ha dicho que es muy difícil competir con el resto del mundo, pero no hay que quedarse con la idea de que hay que competir en la misma dimensión, en el mismo margen; hay otras dimensiones donde los posgrados locales pueden agregar valor”, concluye.
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Tan pronto se toma la carretera, aparece el vasto océano verde. Son cientos y cientos de hectáreas de caña de azúcar que dan una silenciosa bienvenida al visitante que llega por aire a la región, contraste que va reduciéndose a medida que se acerca a la zona metropolitana de la ciudad. Santiago de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca y la tercera ciudad más grande de Colombia en términos económicos, se ha consolidado como el polo de la economía en la región Pacífico, reuniendo una población de 2,44 millones de personas para 2018, con una tasa de ocupación (empleados) del 58,1% y una de informalidad del 45,6% para febrero de 2019, según el DANE. La ‘sucursal del cielo’ representa una nueva oportunidad (laboral, económica, social, etc.) no solo para los vallecaucanos, también para los pobladores del Pacífico o para los visitantes que creen hallar en ella el rumbo de su destino.
Y sin embargo, Cali tiene vacíos para entender cómo crece día a día. No se trata de una preocupación menor: la falta de datos más certeros, actualizados, puede poner en problemas a quienes dirigen las riendas de una ciudad de estas dimensiones. Por ejemplo, ¿cómo se pueden concertar políticas que fomenten el empleo si no se sabe a ciencia cierta qué sectores de la economía enfrentan problemas? ¿O cómo se pueden anticipar los desafíos para el presupuesto local sin entender los ritmos propios del crecimiento económico? ¿De quién es el problema?
Una primera respuesta se encuentra en la forma en la cual se consolida la información estadística del país: en Colombia, el Departamento Nacional de Estadística (DANE) es el encargado de levantar los datos –principalmente a través de encuestas– de las principales actividades económicas del país, como la generación de empleo, la productividad, el aumento en los precios de los alimentos o, especialmente, el número de habitantes. Pero todo este trabajo se hace de forma centralizada, en Bogotá, y se retroalimenta a las regiones de forma dispar.
Es el caso de la información sobre crecimiento económico. “Nosotros queríamos conocer de forma más oportuna cómo iba la economía del Valle del Cauca, debido a que el DANE nos daba información solamente anual del PIB departamental, no trimestral o mensual. Y la información que obteníamos era muy rezagada, casi de15 meses después de pasado el año”, explica Lya Paola Sierra, doctora en economía, profesora asociada del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana, sede Cali, y una de las creadoras del indicador que permite, precisamente, acortar distancias entre los datos oficiales y la realidad de una ciudad con una dinámica económica propia, muy diferente a la del departamento.
Se llama Indicador Mensual de Actividad Económica para Santiago de Cali, o IMAE Cali, y se lanzó el pasado mes de febrero en conjunto con la Alcaldía de Santiago de Cali. Es un informe estadístico y de análisis económico de dos páginas en el que se explica que la ciudad creció 3% en 2018 frente al año anterior, con lo cual certifica la recuperación que viene registrándose desde el segundo semestre de 2016, cuando la economía se situó ligeramente por encima de 1%; de hecho, la ciudad se situó por encima de la proyección nacional de DANE para el país (2,8%).
Crecimiento económico de Cali en los últimos años. / Javeriana Cali
Este resultado se debió, principalmente, al aumento en la actividad industrial de la ciudad, a la creación de nuevas microempresas y la buena salud de su sistema financiero, representado en una óptima calidad de la cartera de préstamos; sin embargo, una nota de alerta se encuentra en el sector exportador, pues las ventas al exterior cayeron 8% en todo 2018, un posible signo de la apreciación del peso frente al dólar.
Consolidando cifras
Todos estos porcentajes y cifras, de momento positivas, hacen parte del trabajo de un grupo de investigadores económicos de la Javeriana Cali que desde 2014 viene tomándole el pulso a la actividad económica de los departamentos. “Lo que hemos hecho es un proceso de adaptación, de llevar estas metodologías, que normalmente se aplican en un contexto macroeconómico, de país, a la disponibilidad de datos y estructura de las economías regionales”, explica Pavel Vidal, profesor asociado, doctor en economía y por muchos años consultor de organismos internacionales como el Banco Central de Cuba o el Banco Interamericano de Desarrollo.
El IMAE se basa en los modelos factoriales dinámicos, una técnica que la profesora Sierra había puesto a prueba en su tesis doctoral para estimar el precio de las materias primas, y que convenció a los miembros del Banco de la República en Cali para crear ese año un modelo que permitiera medir el crecimiento de la economía del Valle del Cauca. Así, ella y su equipo de trabajo en la Javeriana pasaron un año entero reuniendo toda la información de las variables que definían la actividad económica del departamento para, después, elegir las más determinantes y ponderar su peso de acuerdo con su aporte al PIB departamental.
Su primera publicación salió a la luz en 2015 y, desde entonces, han venido publicando trimestralmente el avance o deterioro de la economía en el Valle del Cauca; de hecho, en su más reciente informe determinaron que el departamento creció 3,5% en 2018, una cifra que sobrepasa el 2,7% registrado por el DANE para todo el país.
Desde entonces, su metodología fue acogida por la sede del Banco de la República en Medellín para crear el IMAE Antioquia; por la Cámara de Comercio de Cúcuta para conformar el IMAE Norte de Santander; y más recientemente por la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali para darle forma al IMAE Cali, el primero de sus indicadores municipales. La medición y el posterior análisis económico recaen sobre los hombros de Sierra y Vidal, que desde la Javeriana Cali han constituido un pequeño grupo de trabajo con estudiantes allegados para producir cada uno de sus informes.
“Como no todas las economías que analizamos tienen la misma estructura económica, las variables que componen los indicadores no son exactamente las mismas. En el caso de Cali, los sectores financiero y de servicios tienen un mayor peso dentro de la estructura de la economía local, y por eso tienen una mayor representación que en el IMAE Valle, donde la caña de azúcar tiene un mayor peso, o en el IMAE Antioquia con el oro”, explica Vidal.
Relación de crecimiento económico de Cali y el Valle del Cauca en los últimos años. / Javeriana Cali
Para el caso de Cali, el equipo de trabajo analizó durante seis meses un total de 103 variables económicas que obtuvieron de varios estamentos de la ciudad, como la Alcaldía, gremios económicos, el Banco de la República, entre otros. Se analizaron variables ligadas directamente a la actividad económica de la ciudad como, por ejemplo, datos sobre la recogida de basuras, peajes, créditos bancarios, etc. Tras una depuración, se quedaron con las 11 que más representan la economía caleña: producción industrial, consumo de energía, licencias de construcción, vehículos matriculados, cartera bancaria, sobretasa a la gasolina, exportaciones, gasto público, nuevas microempresas, ocupación hotelera y asistentes a cine.
Al igual que el IMAE Valle, el equipo de la Javeriana Cali publicará de manera trimestral sus informes para aportarle a la ciudad y al país información certera sobre la economía en la sucursal del cielo. El objetivo a largo plazo es que su trabajo pueda incidir en las decisiones que afectan tanto a la ciudad como sus habitantes. “Solamente conociendo la información se puede hacer un seguimiento y monitoreo de cómo va la economía, y se puede realizar política a nivel municipal. Sin datos o información esto es imposible”, asegura Sierra.
¿El valor de las cifras?
Cali no es la primera ciudad del país en consolidar sus propias mediciones estadísticas para entender la evolución de sus ciclos económicos con el fin de tomar decisiones de cara a su futuro. Metrópolis como Bogotá y Medellín también han desarrollado sus propios estudios para entender aspectos significativos de su cotidianidad, como la calidad de vida en la urbe, sus mercados de finca raíz o la pujanza de ciertos sectores de cara a nuevos desafíos (vale la pena destacar el caso de Manizales, que estableció en 2007 el Centro de Información Estadística, CIE, el cual aporta periódicamente todo tipo de datos sobre sectores estratégicos del municipio).
Todos estos esfuerzos, incluso los de organizaciones privadas, contribuyen a generar datos que son de esencial importancia para el ejercicio de gobierno, tanto a nivel nacional como local, y que fortalecen la imagen del país de cara al escenario internacional.
“Las estadísticas no pertenecen a los gobiernos, no pertenecen a los funcionarios y, por lo tanto, no pertenecen al Estado: son parte de los bienes públicos a los cuales los ciudadanos, las empresas, las asociaciones y las universidades debemos acceder de la manera más amplia posible porque ese sistema de información está financiado con nuestros impuestos”, explica César Caballero, politólogo, estudiante del doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la Javeriana (sede Bogotá), director de la firma de datos Cifras y Conceptos, y director del DANE entre 2002 y 2004.
La responsabilidad de consolidar unas cifras confiables reside hoy sobre el Sistema Estadístico Nacional (SEN), el conjunto de entidades y organismos privados e independientes que aportan información sobre múltiples temas y se encargan de su difusión. Aunque su espíritu se incluyó en la Ley 79 de 1993, con la que se creó el DANE, todo su funcionamiento y articulación se consignaron en la Ley 1753 de 2015, resultado de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2015. El SEN cuenta hoy con alrededor de 1.500 integrantes entre los que se encuentran entidades como ministerios y gobernaciones, empresas mixtas como las cámaras de comercio, órganos de control y, entre otros, organismos privados como gremios.
El gran objetivo es que entre todos ellos se dé un diálogo armónico, donde prime el libre acceso a la información (sin importar quién ni cómo la recopile) que beneficie la difusión de datos esenciales para diferentes sectores. Una cualidad que rompería el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, cuya aprobación avanza hoy en el Congreso, ya que en su artículo 94, parágrafo 1°, la convierte en mandatoria: “Los integrantes del SEN deberán poner a disposición del DANE, de manera inmediata y de forma gratuita, las bases de datos completas de los registros administrativos que sean solicitados por el departamento, para lo cual no será oponible la reserva legal, especialmente la contenida en el Estatuto Tributario”.
Para expertos como Caballero, más allá de la forma en la que está redactado, el artículo no ejercería mayor influencia en la forma de actuar del SEN sencillamente porque aquellas disposiciones, así como su conformación y funcionamiento (que recoge, nuevamente, el PND 2018-2022) ya están consignadas en la legislación vigente. De hecho, en su opinión, todo se debe a una cuestión de estilo en el proceder del actual Gobierno.
“El Plan de Desarrollo se convirtió en una colcha de retazos en donde muchas entidades le pusieron artículos sin que haya habido un filtro de parte de Planeación Nacional”, asegura, y argumenta que la planeación actual se sustenta en tres documentos: uno donde se encuentra la narrativa política, los sectores que el Palacio de Nariño quiere intervenir o fomentar; el segundo es el presupuesto, que determina adónde va a parar el dinero; y el tercero es el mismo articulado, que plantea la forma en la cual se ejecutará el discurso político y la asignación de recursos. Y en estos tres hay serias inconsistencias.
“Las personas que han visto estos tres documentos se dan cuenta de que es una colcha de retazos y de que no hay articulación entre ellos. En la narrativa, el tema de la equidad es enormemente importante y, en articulado y la asignación presupuestal, no existe; en la narrativa existe el tema de consolidar los acuerdos con las FARC pero no hay un solo peso en el presupuesto para eso”, añade.
Al final, el articulado del Plan Nacional de Desarrollo, , al menos en el tema estadístico, reafirma lo que leyes previas, estudios técnicos ya realizados y discusiones legislativas anteriores habían aprobado.
Contar con estadísticas certeras y actualizadas permite que alcaldes y gobernadores tomen mejores decisiones en tema de política pública. /Wikimedia
Falencias similares se encuentran en la propia gestión del DANE, en temas sensibles como el dato de crecimiento o el censo poblacional. En el primer caso, basta recordar la reunión bilateral que el presidente Iván Duque mantuvo en febrero pasado con su similar estadounidense, Donald Trump, en la que aseguró que el crecimiento de la economía colombiana en 2018 sería de 3,4% cuando la información no se había terminado de consolidar; lo más preocupante es que el actual director del DANE, Juan Daniel Oviedo, asegurara que la del mandatario era una “opinión informada” cuando, en realidad, el país terminó el año con una expansión del 2,8% (cifra proyectada por la entidad).
Y en el segundo, Oviedo tuvo que salir públicamente a reconocer que la entidad se había desviado en su proyección de 50 millones de habitantes para 2018, y que, de momento, se contaban 45,5 millones de personas; sin embargo, no hay un dato oficial final sobre este asunto. Este tipo de situaciones bien podría generar un manto de dudas sobre el manejo de las estadísticas oficiales.
“Ese es un ejemplo de no prudencia, de no rigurosidad, de no ser cuidadoso. Aquí se presentan ruidos que se corrigen con que uno, como funcionario, sea más prudente y más riguroso”, concluye Caballero.
En esa vía del rigor se ubican, precisamente, ejercicios como los consolidados desde la Javeriana Cali con sus diferentes mediciones departamentales y, ahora, municipales. Un aporte académico para construir una información pública robusta, que conduzca a alcaldes y gobernadores a tomar decisiones informadas sobre lo que realmente está ocurriendo en sus territorios. Ese es el verdadero valor de las cifras estadísticas en un país.
