Continúa la falta de transparencia en el manejo de dineros de la pandemia

Continúa la falta de transparencia en el manejo de dineros de la pandemia

El 17 de marzo de 2020 se declaró el estado de emergencia económica, social y Ecológica, una figura jurídica que se aplica en casos excepcionales que constituyan una grave calamidad pública, y que le permite al Gobierno nacional modificar los procesos normales en que se mueven los dineros de la nación. En este caso, se dio por la pandemia de la Covid-19.

Para hacer frente a un reto de semejante magnitud, el Gobierno creó el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), administrado por el Ministerio de Hacienda. Su misión es atender las necesidades en salud, los efectos adversos en la actividad productiva, mantener el empleo y buscar el crecimiento económico.

El FOME obtiene sus recursos de tres fuentes principales: el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) , el Fondo de Pensiones Territoriales (Fonpet) y del Presupuesto General de la Nación. Con corte al pasado 7 de abril se habían desembolsado 30,8 billones de pesos.

¿Transparencia en el gasto?

Al cumplirse un año de la declaración del Estado de Emergencia y de la creación del FOME, el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana presentó un informe que evalúa la transparencia en el manejo de los recursos públicos asociados a la pandemia.

Este informe actualiza la información publicada en 2020, en donde el Observatorio ya le había dado una mirada a la transparencia de estos recursos.

En esta revisión se le hizo seguimiento a los movimientos presupuestales del FOME, según los documentos reflejados en la página web del Ministerio de Hacienda y el Portal de Transparencia Económica.

El informe prende las alarmas en cuanto al cumplimiento de los principios de la ley de transparencia. “No es posible conocer el destino específico de los recursos ejecutados – peso por peso”, señala. Esto porque los resultados presentados son del nivel nacional y por sector (agricultura, justicia, trabajo, comercio, etc.) pero no se especifican los gastos de los programas de cada sector.

El documento también recalca que es importante conocer esta información, ya que algunos sectores han administrado recursos que en condiciones normales estarían a cargo de otros sectores, como el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, adscrita a la Presidencia de la República, que está administrando la mayoría de recursos de salud pública, incluyendo el plan de vacunación. Lo mismo ocurre con los dineros del programa Ingreso Solidario, que están a cargo del Departamento para la Prosperidad Social, pero que en un principio fueron administrados por el Ministerio de Hacienda.

La publicación advierte que la información de todas las entidades que están ejecutando presupuestos del FOME no están unificadas en una sola base de datos. Si bien esto no es una infracción a la Ley de Transparencia, hace un llamado para que se facilite el proceso de seguimiento y control.

“Para que la información sobre el gasto del Gobierno sea verdaderamente transparente, no solo tiene que ser técnicamente pública, sino que no debe requerir de días enteros de trabajo para que un ciudadano conozca su desglose”, se señala en el informe.

Por esta razón, el Observatorio Fiscal, junto a dos programadores informáticos, desarrollaron una herramienta que permite compilar todos los datos en una base de datos unificada que está disponible para facilitar esta búsqueda del destino y a la que puede acceder en este enlace.

Las páginas web que exponen esta información no incluyen documentos del proceso de contratación ni los contratos o las modificaciones a dichos documentos. Por lo tanto, no es posible hacer el seguimiento de forma detallada.

El informe es contundente al afirmar que en el FOME no están todos los recursos disponibles, contrario a su objetivo inicial que era ser un fondo común para la atención de esta emergencia. Esto ha llevado a que varias entidades de nivel nacional hayan tenido que emplear dineros propios.

Asimismo, advierte sobre la ausencia de un plan de gasto detallado de los billonarios recursos presupuestados a futuro.

“En el Observatorio Fiscal hemos documentado cómo la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos para atender la emergencia ha sido sistemática”, se lee en informe. Es clara la falta de transparencia por la opacidad en el reporte del gasto, especialmente en los procesos del Ministerio de Hacienda, la limitada información disponible y los formatos de difícil acceso.

“Tras un año de la declaración del Estado de Emergencia, no es claro por qué el Gobierno nacional no ha publicado un registro de información completo y unificado. Tampoco se sabe por qué acceder a la información disponible es una tarea imposible por lo dispendiosa para la ciudadanía en general” finaliza el documento.

Puede encontrar el informe completo aquí.

En este video, Juan David Oviedo, asesor de finanzas públicas del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, cuenta más detalles del informe.

Transparencia y lucha contra la corrupción: decisión de país

Transparencia y lucha contra la corrupción: decisión de país

¿Es la corrupción una causa o un efecto? Desde la apreciación de la ruptura de los valores y principios, es lo segundo. ¿Efecto con base en qué causa?

La evidencia ha demostrado que esta consecuencia, denominada corrupción, ha migrado de escenarios locales (vicios en los programas de alimentación escolar, entrega de servicios de salud, tráfico de influencias en todos los ámbitos, caso Interbolsa, ‘Cartel de la Toga’, etc.) a convertirse en operaciones transnacionales como el caso Odebretch; Operación Lava Jato (Brasil); las controversias de empresas como Enron y Parmalat, ‘Fifa Gate’, ‘Paradise papers’, Siemens y sus gastos útiles, entre otros, generando consecuencias de mayor implicación y efectos en la economía y el desarrollo social de los países en donde esta práctica es un flagelo.

Mediante el Índice de Retorno Social de la Inversión se ha estimado que por cada unidad monetaria implicada en casos de corrupción se dejan de invertir tres unidades monetarias en políticas sociales.

Son diferentes los índices que miden la percepción de la corrupción. El más conocido es el de Transparencia Internacional, que sitúa a Colombia en la más reciente métrica del 2019 en el puesto 96 de 180 países, con 36 puntos sobre 100. El comportamiento del país en este índice ha estado alrededor de los 36 y 37 puntos, desde 2012 (2016: puesto 90 con 37 puntos; 2017: puesto 96 con 37 puntos; 2018: puesto 99 y 37 puntos).

Más allá de las posiciones ocupadas por Colombia, el planteamiento de los gobiernos de turno debe estar dirigido hacia qué estrategias implementan las naciones, no para mejorar la posición, sino para aumentar la eficacia de la administración de los recursos públicos y privados dentro el contexto de la transparencia.

La sociedad colombiana está en mora de plantear la reconstrucción de la caracterización de principios y valores que identifiquen a cada ciudadano, apropiarse de ellos y reconocer la reputación del país a nivel mundial.

Es innegable que aquí se ha realizado un copioso ejercicio de lucha contra la corrupción desde lo jurídico en diferentes entornos. En el orden internacional se destacan los diferentes compromisos como la Convención de las Naciones Unidas de la Lucha contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con base en la inclusión de Colombia como país miembro de la OCDE, la nación debe cumplir con los requerimientos que esta organización tiene alrededor del tema, de manera específica, la Convención Anticohecho o las directrices en materia de Lucha Contra La Corrupción e Integridad en las Empresas Públicas, entre otros.

A nivel interno, las herramientas legales generadas por los diferentes poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) son numerosas. Una de las más recientes es el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011), que busca fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

Esta normativa presenta diferentes reformas que implican modificaciones en temas como trámites innecesarios en la administración pública; modernización de la organización y funcionamiento de los municipios; responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional; nuevo código disciplinario (Ley 1952 de 2019); Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1955 de 2019); fortalecimiento del control fiscal; adopción de cambios en las medidas sobre contratación estatal en el marco Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica (Decreto Legislativo 537 de 2020).

Lo que se observa con este tejido jurídico es buscar la sanción de la corrupción y la prevención, en la que no se ha llegado a la base de la causa.

Hay que encontrar la sostenibilidad de la administración de los recursos públicos con probidad y su distribución de forma equitativa en políticas públicas sociales, que garanticen la oportunidad de mejores índices de desarrollo humano en sectores como educación, salud, justicia y desarrollo. Incluso, en el ejercicio de la democracia que demanda un país como Colombia, debe haber una política de transparencia que se vea reflejada en los comportamientos de la célula núcleo de la sociedad: la familia. A partir de ella se deben escalar, crear y desarrollar herramientas en los escenarios educativos (primaria, secundaria, universidad).

Esta política pública de transparencia debe buscar la cohesión de sus tres clases (activa, pasiva y participativa) y propender por patrocinar los resultados propositivos de forma individual y grupal mediante el empoderamiento de los ciudadanos con su ejercicio sin indiferencia, buscando el bien común y que consolide resultados y efectos prospectivos en lo social, económico y ambiental.

A partir de lo anterior, hay que tener los ojos bien abiertos: a raíz de la COVID-19, todos los mecanismos de control están activos pues los recursos destinados para cubrir las necesidades de partidas para mitigar los riesgos de la propagación del virus están alrededor de los 117 billones de pesos, según declaraciones emitidas por el Ministro de Hacienda, valor que fue confirmado por el Contralor General de la República en un foro denominado “¿Cuánto le ha costado la pandemia a Colombia? A su vez, la Contraloría evidenció una adición presupuestal por 28,9 billones de pesos.

*Doctora en Ciencias Empresariales, docente de cátedra Pontificia Universidad Javeriana, consultora en sostenibilidad corporativa y administración del riesgo.