La pobreza energética en Chocó se vive así. Los gallos cantan por la mañana, aunque en muchos hogares no hay otro despertador. La oscuridad persiste, densa y húmeda aún al amanecer. Una madre se levanta, guiada por el tacto, para encender el fogón de leña. Los niños se alistan para la escuela. No hay luz para revisar las tareas, así que empacan sus maletas con afán. La linterna de baterías, un tesoro, se guarda para la noche. El padre, pescador, prepara su piragua. Sin nevera, el pescado se vende rápido o se pierde. Al caer la noche nuevamente, la oscuridad envuelve a la comunidad. Las velas y las linternas parpadean, insuficientes para iluminar el trabajo o el estudio.
Este tipo de pobreza impacta la salud, la higiene, la alimentación, la seguridad, la productividad, la educación, el entretenimiento y el bienestar general de los habitantes del departamento. Adicionalmente, dificulta que los lugareños puedan mejorar sus condiciones de vida en el tiempo. Con el objetivo de encontrar soluciones a esta problemática y hacer una revisión de las iniciativas para superarla, surgió el proyecto de la Pontificia Universidad Javeriana en Cali “Pobreza energética en el contexto del Chocó”, que lideró Claudia Lorena Esquivel, doctora en ciencias en el área de sistemas de potencia.
El proyecto buscaba, en un primer momento, revisar la validez jurídica de las decisiones asociadas con el fenómeno de pobreza energética en el departamento del Chocó. Y, en una segunda instancia, verificó las capacidades institucionales a nivel nacional y del Chocó para erradicar la pobreza energética.
Pobreza energética desde una perspectiva multidimensional
La pobreza energética desde una perspectiva multidimensional es definida por la doctora Claudia Esquivel como “la inviabilidad económica, ambiental y social de los hogares para acceder a los recursos energéticos para satisfacer sus necesidades básicas tales como cocción de alimentos, calefacción, salubridad, educación, dependiendo de la calidad de vida de cada país o región”. Según el Ministerio de Minas y Energía (2020), aproximadamente 500.000 hogares (3% de la población) aún no tienen acceso continuo al servicio de energía eléctrica. Es así como, aunque jurídicamente Colombia no cuenta con un concepto que permita abordar un trabajo institucional con este enfoque específico, la pobreza energética es una realidad en Colombia.
La validez jurídica neoinstitucional (VJN) se refiere a todas las decisiones que toman las instituciones para cumplir con lo que establece la Constitución y las leyes. Desde esta perspectiva, las normas deben cumplir dos condiciones: deben estar vigentes dentro del sistema jurídico y deben servir para reconocer derechos y exigir deberes. Además, explica la doctora Claudia Esquivel, las normas deben ser eficaces: útiles para resolver el problema por el cual fueron creadas. Esa eficacia depende de que las normas se apliquen correctamente, lo cual está relacionado con las capacidades que tienen las instituciones —ya sean del nivel nacional o local— para ponerlas en práctica.
Con esta mirada los investigadores encontraron múltiples factores institucionales que influyen en las condiciones de la pobreza energética. Por ejemplo, la capacidad institucional, las problemáticas de las localidades y los diferentes intereses políticos y económicos de los actores involucrados.
Los desafíos para superar la pobreza energética
Los investigadores identificaron que existen unas asimetrías de información muy grandes entre las comunidades afectadas y los actores gubernamentales y empresariales. Hay proyectos eléctricos que llegan con sus pasos de gigante, con maquinarias y con expertos ajenos al territorio que irrumpen con las dinámicas comunitarias. En muchos casos no se realiza el debido proceso de comunicación con las comunidades, en los que se les informe sobre los beneficios y prejuicios de los proyectos.
Los desequilibrios informativos impiden que se adelanten procesos democráticos en los esfuerzos por erradicar la pobreza energética. “Si las personas de las comunidades no entienden la dimensión de los proyectos y no entienden sus implicaciones, entonces no son tenidos en cuenta en la toma de decisiones” explica la doctora Claudia Esquivel.
Adicionalmente, existen otros desafíos incluyen las divergencias significativas entre las planeaciones realizadas por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) — la entidad administrativa que se encarga de planear el desarrollo de los recursos mineros y energéticos del país — y los operadores de red que están en los territorios. Los investigadores encontraron que se han tomado decisiones institucionales para mejorar los indicadores de cobertura de energía eléctrica, para conectar las regiones vulnerables energéticamente al Sistema Interconectado Nacional (SIN). Pero muchos proyectos de energía eléctrica no se materializan.
La UPME ha identificado al Chocó como un departamento problemático, pues muchas de las localidades de la región hacen parte de las Zonas No interconectadas (ZNI), es decir, municipios, corregimientos y localidades que no están conectados al SIN. El problema es que la UPME, planifica, pero no ejecuta. Los operadores de red, los distribuidores de energía son quienes efectúan los proyectos, pero muchas veces, o no cuentan con la capacidad económica, o, se abstienen de hacerlo dado que la cuota de mercado es insuficiente para tener un retorno en sus inversiones.
El sistema energético en Colombia tiene una institucionalidad robusta. Pero departamentos periféricos como el Chocó, La Guajira, Amazonas, Vichada y Vaupés presentan dificultades para cumplir con los objetivos de la prestación de servicios públicos: universalidad del acceso a la energía, calidad, eficiencia económica, entre otros. De modo que “la estructura organizacional está bien, pero los problemas se mantienen, pues se están combatiendo, pero no con la velocidad que exige la coyuntura”, asegura la investigadora principal del proyecto.
“Para cerrar las brechas entre la planeación y la ejecución hacen falta inversiones, que exista una seguridad jurídica, que se formen asociaciones público-privadas y que se empodere a la comunidad”.
Doctora Claudia Lorena Esquivel
El empoderamiento de las comunidades: clave para el éxito de proyectos energéticos
La investigación asegura que es fundamental que haya un empoderamiento de las comunidades para que cuando se lleven proyectos energéticos a sus territorios, estos sean aceptados socialmente y se pueda realizar la transferencia tecnológica. Con este fin, aseguran, es necesaria la formación de miembros de la comunidad en la gestión y el mantenimiento de los activos energéticos instalados por los operadores de red, de modo que puedan asegurar la continuidad de los servicios, sin la necesidad del seguimiento de un técnico externo a la comunidad.
El sueño de los investigadores es que se disminuyan las asimetrías de información con relación a los recursos energéticos, que los miembros de las comunidades conozcan las formas de explotación de sus recursos y se conecten con los aspectos que incrementarían su calidad de vida. De modo que, acepten los proyectos energéticos que se lleven a cabo en su región, se apropien de los recursos y tras una transferencia tecnológica, hagan el debido mantenimiento y preservación de los bienes de energía eléctrica.
La meta para el futuro cercano es que se puedan llevar a cabo acciones concretas que disminuyan la pobreza energética en el Chocó; que las madres puedan usar un fogón eléctrico para preparar el desayuno, que los niños puedan hacer sus tareas con luz e internet, que los alimentos se puedan almacenar de manera segura y que las linternas y las velas no sean las únicas que iluminen las veladas en comunidad. Todo esto con el fin de que los habitantes más afectados del departamento puedan mejorar sus condiciones de vida.
