Líderes territoriales y académicos de la Pontificia Universidad Javeriana concuerdan en que el Acuerdo de Paz, firmado entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC-EP, necesita repensarse y proponen figuras legales para respaldarlo.
Una de ellas es la iniciativa legislativa, un derecho político de los ciudadanos que les permite proteger proyectos normativos como el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVRJNR), incorporado a la Constitución Política en abril del 2017 y que tiene como fin garantizar procesos legales frente a graves violaciones de los derechos humanos y asegurar el esclarecimiento de la verdad y la rendición de cuentas por lo ocurrido, entre otros propósitos.
El pasado 24 de noviembre el país conmemoró cuatro años desde la firma del Acuerdo de Paz para la Terminación Definitiva del Conflicto entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP); sin embargo, durante este periodo han surgido fuertes posiciones políticas alrededor de su implementación y del papel del SIVRJNR, administrado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Ante esto, el Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la Pontificia Universidad Javeriana llevó a cabo el conversatorio El sistema de reparación integral: avances y contradicciones entre la implementación y las reformas a través de referendos. Se trató de un encuentro en el que líderes de instituciones territoriales, académicos de otras universidades y estudiantes del programa doctoral javeriano conversaron sobre los avances y dificultades del Acuerdo de Paz desde un enfoque social y territorial y las implicaciones que tendría un referendo sobre su consolidación.
Orlando Pantoja, director de Cococauca, organización de Guapi que trabaja por los derechos de las comunidades afro en el litoral, considera que para comprender la implementación del proceso de paz con un enfoque territorial es necesario recordar que el Gobierno instauró en 1959 la Ley 02 con el fin de apostarle a la economía forestal y la protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre en Colombia; sin embargo, esta legislación también dio paso a la segmentación de tierras baldías. “De un plumazo desconocen y rompen lo que significa la presencia de los grupos étnicos asentados en el Pacífico, principalmente de negros e indígenas. Bajo el rótulo del ‘desarrollo del país’ se han violentado otras formas de vida y por eso la discusión debe estar centrada en tomar acciones políticas que reafirmen lo planteado en la Constitución de 1991 y el estado social de derechos en el que la democracia no es representativa, sino participativa”, puntualizó este líder, que también es Secretario de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico.
Asimismo, Albeiro Parra, sacerdote y director de la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano, señaló que en el Pacífico, particularmente en el Chocó, ha habido una violación constante y sistemática del estado social del derecho, y que, además de nada sirve habitar el territorio si sus pobladores no tienen derecho a él. “Acá nunca se ha hecho una reforma agraria real. A las víctimas se les deben devolver sus derechos y repararlas, y a las comunidades negras entregarles el derecho a la territorialidad”, explicó Parra.
El Estado Social de Derecho es el marco jurídico y político propuesto en la Constitución de 1991 que promueve el respeto de la dignidad humana y la prevalencia del interés general sobre el particular.
Una apuesta por el diálogo y el compromiso como país
Ante estas preocupaciones, varios asistentes evidenciaron distintas iniciativas a las que pueden recurrir las comunidades para enfrentar los problemas territoriales que dificultan la implementación del Acuerdo de Paz. Por ejemplo, el fortalecimiento intercultural regional a través de alianzas entre instituciones culturales; el apoyo y reconocimiento para la construcción de la pos verdad de las colectividades frente a la violación de sus derechos y la importancia de “mantener estos temas en la agenda mediática y de entender el territorio como la forma de vida de los pueblos colombianos”, según dijo Clara Ávila, comunera del Resguardo Indígena de Canoas, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca.
En esta misma vía, Luis Fernando Sánchez, miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, aseguró que a pesar de que pareciera que la Constitución Política de 1991 está escrita para abogados, existen mecanismos de participación ciudadana que respaldan no solo la protección de los derechos fundamentales, sino también los derechos económicos, sociales y culturales, y que además protegen la incorporación de cualquier acto legislativo en la Constitución como es el caso del SIVJRNR. Lo afirma en respuesta al posible referendo derogatorio de la JEP, propuesto recientemente por el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez.
“Existen seis herramientas de participación política: el referendo, plebiscito, voto, cabildo abierto, revocatoria del mandato y la iniciativa legislativa, esta última es la vía mediante la cual las comunidades pueden proponer proyectos de ley y activar al sector legislativo para ponerlo a trabajar en defensa de la constitucionalidad”, especificó Sánchez.
Este conversatorio cerró con una mirada optimista y a la vez desafiante frente al papel que debe desempeñar la ciudadanía en las grandes urbes y las comunidades en las regiones, y una mirada crítica en relación con la responsabilidad del Gobierno de cumplir sus compromisos de Estado con las víctimas del conflicto armado.
“Si algo les hemos aprendido a los pueblos indígenas es que con el diálogo y la palabra se llega a acuerdos. Por eso, para construir paz en el territorio necesitamos que el Gobierno trabaje en el cese bilateral y cumpla los pactos a los que se ha comprometido con las regiones”, finaliza Albeiro Parra, quien es pieza clave en la construcción de diálogos de paz territoriales y de acuerdos humanitarios en el Pacífico.
