Los titulares son aterradores: A la cárcel profesor de escuela de fútbol que abusaba sexualmente de sus alumnos, Capturan abogado comprometido en abuso sexual y pornografía infantil, A prisión hombre que secuestró, abusó y asesinó a una niña de nueve años… Las cifras que muestran el panorama de la situación no son para nada optimistas: según Medicina Legal, entre enero y abril del año pasado (2019) se reportaron más de ocho mil casos de este delito. Aunque en la mayoría de estas denuncias el victimario es familiar del menor o lo conoce, lo que de entrada ya limita la denuncia, más del 80% de estos casos no pasa de la indagación preliminar y las víctimas terminan sin ser reparadas y nuevamente puestas en peligro ante su agresor.
El monstruo existe. Está ahí. Ha estado desde hace muchísimos años, cada vez toma más fuerza y nada parece controlarlo. Por eso, para el gobierno y algunos congresistas lo único que se podría hacer es aprobar el proyecto de Acto Legislativo 21 de 2019 del Senado, acumulado con el proyecto de acto legislativo 047 de 2019 de la Cámara, que busca modificar la Constitución para darle hasta cadena perpetua a quienes abusen sexualmente de niños, niñas y adolescentes. Según sus defensores, este proyecto garantizará y protegerá definitivamente los derechos de los menores, y así se solucionaría un problema que parece infinito.
Pero esa misma propuesta ha generado debate en el país desde hace más de una década, pues para varios expertos las penas dispuestas para este delito ya son lo suficientemente altas y coinciden en decir que se trata de un acto facilista que no le atina al blanco. Yesid Reyes Alvarado, exministro de Justicia y profesor del área de derecho penal de la Universidad de los Andes, asegura que una ley como esta da una falsa sensación de tranquilidad. Según él, “se hace uso del derecho penal para satisfacer las demandas populares de justicia haciendo creer que ya hubo una intervención del problema, pero detrás de eso están absolutamente descuidadas y no intervenidas las causas del delito”.
El profesor Norberto Hernández, tutor del semillero en derecho penitenciario de la Pontificia Universidad Javeriana, califica esta medida como una cortina de humo y afirma que la propuesta obedece al uso del nefasto populismo punitivo. La razón, según él, es que “este tipo de iniciativas son utilizadas por los gobiernos para generar votos y aceptabilidad política, más en tiempos de crisis como el actual, generando en el pueblo una percepción de seguridad que no es cierta”.
A la fecha el proyecto ha pasado por siete de los ocho debates necesarios en el Congreso para ser aprobado. Aun así y suponiendo que sea votado a favor en último debate, algunos expertos en derecho penal como Hernández aseguran que existe una alta probabilidad de que la Corte Constitucional declare inexequible esta pena, “por lo que esto puede significar un mal uso del tiempo y recursos legislativos invertidos en una propuesta que no tiene viabilidad”, afirma el profesor.
Y es que incluso quienes redactaron el proyecto saben que la cadena perpetua es un trato cruel, inhumano, degradante, inconstitucional desde muchos puntos de vista y además viola tratados internacionales de derechos humanos. Por esa razón, decidieron aclarar en el proyecto que la pena, después de cumplidos 25 años de prisión, puede ser revisada para determinar si la persona condenada continúa recluida o pasa a otra medida sustitutiva de la pena como la libertad condicional.
Pero la inconstitucionalidad no es el único problema que tiene el proyecto, porque la investigación científica ha demostrado que el incremento de penas no logra disminuir la incidencia del delito, y asegura que esta medida no es más que un despropósito político por su ya comprobada ineficacia.
Ni viable ni funcional
Uno de los argumentos del acto legislativo para instaurar la cadena perpetua es la reincidencia o la reiteración del delito por parte del victimario, o sea la probabilidad de que una vez salga en libertad, después de pagar su pena, vuelva a abusar sexualmente de algún menor. Esa preocupación queda justificada en el papel al explicar que, en los últimos años, ha habido un alto incremento de delitos sexuales y violentos en contra de niños, niñas y adolescentes. Pero lo que hay que tener en cuenta también, como explica el profesor Manuel Iturralde, ¿de dónde? es que “las denuncias por este tipo de delitos han aumentado de manera notable, pero no hay estudios rigurosos que expliquen por qué ha sido así”. Con esto, el experto se refiere a que el hecho de que haya más denuncias no responde al interrogante de si los victimarios son reincidentes o no.
Pero vamos más allá. En 2005 en Colombia se expidió una ley que castiga el abuso sexual seguido de la muerte del menor con 60 años de prisión – una de las penas más altas en el país – y rebajas de hasta 20 años por estudio, trabajo o enseñanza. El abogado Reyes reflexiona con un ejemplo de una persona condenada justo en el momento en el que salió dicha ley: “si tiene 30 años y logra reducir la pena, saldrá de la cárcel en el 2045. De tal manera que el primer momento en el que vamos a saber si la ley expedida en el 2005 funcionó y se evitó la reincidencia será a partir del 2045, cuando esta persona tenga 70 años y salga libre”. Por esa razón, según Reyes, antes de aprobar tal proyecto el Congreso debe darse la oportunidad de verificar si su última gran reforma legislativa funciona, y agrega que “asumir anticipadamente, 25 años antes, que la ley no va a servir para que con base en esto se incrementen las penas es, a mi modo de ver, populismo punitivo”.
Por otro lado, es claro que en un estado social de derecho, específicamente el colombiano, la finalidad de la detención carcelaria es la de resocializar a las personas privadas de la libertad, pero eso no se logra hoy en día por las precarias condiciones del sistema penitenciario colombiano. “Si actualmente no logramos la resocialización en un sistema que no tiene cadena perpetua, mucho menos lo vamos a poder hacer con la cadena perpetua, e implementar esta medida agudizaría la crisis”, indica el profesor javeriano Hernández.
Hacinamiento carcelario
Las condiciones en las que viven la mayoría de las personas privadas de la libertad en Colombia vulneran constantemente sus derechos fundamentales. Bruno*, un recluso de la cárcel La Modelo de Bogotá, ha visto con sus propios ojos la desigualdad y la corrupción que cobijan al sistema penitenciario del país. Cuenta que allí hay gente que gracias a sus recursos puede hacer compras en el expendio oficial de la cárcel, adquirir tarjetas para hacer llamadas y acceder a ciertas comodidades. Pero al mismo tiempo, él asegura que “de forma ilegal, especialmente en los patios donde hay hacinamiento y debido a la corrupción, hay personas que pueden comprar una celda adjudicada de forma exclusiva, así tengan que sacar a dos o tres personas que estaban ahí y hacerlas dormir en los pasillos”.
Llegó a la cárcel en 2017 por cuestiones muy diferentes a la violencia sexual contra menores, y desde que puso un pie ahí se dio cuenta de la crisis: “debido al hacinamiento nos tocaba esperar en fila para ir avanzando hacia la zona del patio donde había menos humedad. Si yo hubiera tenido dinero, seguramente habría llegado directo a una celda, pero no. Luego de un tiempo se hizo el esfuerzo y logré comprar un espacio para vivir con dos personas más”. Bruno asegura que no todos los internos cuentan con esa suerte. Incluso hay personas que no pueden pagar por una celda y tienen que dormir en los baños, al lado de los inodoros, que muchas veces no tienen agua y sus colchonetas terminan llenas de deshechos humanos. Es tanta la gente que ni siquiera hay cupos para trabajar, hacer otro tipo de actividades o incluso caminar por el patio. En cuanto a la alimentación, dice que ha venido mejorando progresivamente, pero que los alimentos no cumplen con las porciones adecuadas y a veces pueden estar crudos.
Está demostrado con la experiencia estadounidense que, contrario a lo esperado, “las personas que están condenadas a cadena perpetua son muy problemáticas por algo racionalmente normal y es que no tienen nada que perder”, asegura Hernández, quien coincide con la postura de Iturralde: “pueden ser personas que se vuelvan aún más antisociales, mucho más reacias a seguir órdenes e incluso negadas a recibir un proceso de resocialización”.
A esto hay que añadirle el costo económico que representa para el sistema el encarcelamiento de una persona. Según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), una persona privada de la libertad puede costar aproximadamente dos millones de pesos mensuales, es decir, 24 millones al año, y no hay suficiente dinero para hacerlo sostenible. En los países nórdicos, donde hay menor comisión y reincidencia del delito, las cárceles tienen un modelo ejemplar. En Noruega, la prisión de alta seguridad de Halden lo representa: tiene tan solo 258 internos con penas no mayores a 30 años y con todas las condiciones dignas para estar ahí: espacios físicos adecuados, talleres altamente especializados, acompañamiento profesional personalizado, ayuda de las empresas para conseguir empleo y funcionarios cualificados con especialidad en el manejo del sistema penitenciario. Como en Colombia no existe nada parecido a esto, los expertos coinciden en que es iluso creer que con las condiciones y recursos con los que se cuenta actualmente pueda generarse la resocialización dentro de una cárcel.
Por último, y como punto esencial de lo que se espera con esta medida hay que mencionar que para varios expertos, contrario a quienes defienden el proyecto, la prisión perpetua para violencia sexual contra menores no garantiza ni protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes, incluso puede resultar peligroso para la víctima. Por un lado, y aunque como dice la senadora Angelica Lozano, “imaginarlo suene aberrante”, delitos como el homicidio podrían llegar a ocultar el abuso sexual, pues al cometer un crimen que tiene menos años de condena como el homicidio, el atacante podría abusar sexualmente y luego recurrir al asesinato para que sea condenado por este último y así evitar la cadena perpetua. Por otro lado, el abuso sexual, al ser un delito cometido dentro del entorno familiar o cercano del menor, puede incrementar la impunidad por la omisión de denuncias para evitar las consecuencias de la cadena perpetua.
En palabras de Yesid Reyes, “es imposible hablar de que se protege la vida de un niño al encerrar en la cárcel de por vida a quien cometió el delito cuando la vida del niño no estuvo protegida previamente”. Para no ir muy lejos, a modo de llamado de atención, Ómar Bravo, doctor en psicología y profesor de la Universidad ICESI, recuerda el imborrable caso Garavito: “la pregunta es ¿qué pasa en una sociedad en la que decenas de niños y niñas pueden ser victimizados sin que esto genere un escándalo? ¿Por qué el alboroto solo se genera cuando se identifica esta monstruosa brutalización?”.
¿Qué medidas tomar?
No hay discusión en que el bienestar de los niños, niñas y adolescentes debe primar en la sociedad y los actos de violencia contra ellos no son justificables. Sin embargo, la dignidad humana no puede ser sacrificada en un estado social de derecho. “Lo que tenemos que entender es que hay unas necesidades especiales de una población que ha sido victimizada y hay una serie de garantías de derechos que debemos respetar. Son dos problemáticas que debemos atender”, asegura Luis Vélez Rodríguez, profesor de derecho penal y criminología de la Universidad de Manizales.
Considerando las medidas que se deben tomar cuando el delito ya se ha cometido, los expertos aseguran que la apuesta del sistema penal debe estar encaminada a la resocialización y acompañamiento de las personas privadas de la libertad para que puedan reinsertarse a la sociedad y evitar que vuelvan a cometer el delito. Para esto, insisten en que es necesario pensar en una política criminal basada en la resocialización y no en el populismo punitivo e incremento de penas que de por sí ya son altas.
Adicionalmente, los programas de protección a víctimas tienen que fortalecerse, pues una de las preocupaciones centrales dentro de la administración de justicia es la operatividad del sistema vigente. Tal como dice Gloria Carvalho, representante de la alianza para la niñez, “el proceso de investigación contra un agresor sexual puede durar hasta siete años y la administración de justicia en ese sentido es negligente”, y eso sin profundizar en que el 94% de los casos que dice Carvalho quedan impunes y hacen parte de la cifra negra de criminalidad al nunca ser conocidos por el sistema judicial.
Antes que pensar en la condena hay que preocuparse por la impunidad, y para acabarla totalmente es necesario primero fortalecer los mecanismos de investigación judicial especializada para la niñez, así como garantizar la formación de los jueces para la adecuada aplicación de las medidas de justicia. Por eso, los científicos afirman que es mucho más sensato ocuparse de intervenir las causas del delito, que finalmente es lo único que puede evitarlo, y así realmente proteger los derechos de los niños. Además, en este proceso hay que prestarle mayor atención al hecho de que el 83% de los victimarios son personas que pertenecen al entorno familiar o íntimo de las víctimas, de las cuales en su mayoría son mujeres. Entonces, ¿qué está pasando en los núcleos familiares?, ¿se está haciendo el debido seguimiento? Es necesario buscar una solución real a ese problema antes de que los derechos de los menores sean vulnerados, insiste Carvalho.
La violencia sexual a niños, niñas y adolescentes es un monstruo que, sin discusión, hay que atacar. Sin embargo, los expertos se mantienen en que no vale la pena perder el tiempo en proponer falsas soluciones que al final terminan dándole largas a una problemática que requiere de otras acciones puntuales. Algunas recomendaciones de los investigadores para prevenir este delito se basan en el seguimiento a los núcleos familiares vulnerables, así como una mayor inversión social destinada a educación sexual y reconocimiento de comportamientos que puedan ser señal de abuso. También se podrían tener en cuenta medidas como el fortalecimiento del ICBF, de canales de atención a víctimas y campañas de reivindicación de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Sea como sea, es muy importante que los congresistas que están votando el proyecto tengan en cuenta estas propuestas y la investigación científica para tomar decisiones que logren cambios significativos.
*Nombre ficticio por solicitud de la fuente.
