Colombia aún en deuda con el cuidado de niños, niñas y adolescentes

Colombia aún en deuda con el cuidado de niños, niñas y adolescentes

Dejar los hijos e hijas al cuidado de otro, ya sea un vecino, un conocido e incluso un familiar, mientras los padres salen a trabajar para llevar el sustento al hogar, puede ser una situación riesgosa para ellos.

Y, cuando ocurren casos de violencia contra los menores de edad o hay otro tipo de abuso emergen preguntas como, ¿y en dónde estaba el Estado?, ¿qué servicios de ayuda le estaba ofreciendo a las familias para mejorar el cuidado de sus menores, no exponerlos a tal peligro y aportar a una mejor calidad de vida?

¿Qué ha pasado con el cuidado de niños niñas y adolescentes en Colombia?

El hacinamiento en las viviendas, una infraestructura inadecuada y deficiencia en servicios como atención médica, comercio, comida, transporte y educación, así como otros aspectos de necesidades básicas insatisfechas no solo se exacerbaron con la COVID-19, sino que salieron de la penumbra.

Según el informe La pandemia tiene en crisis los derechos de la niñez, del 2021 -realizado por la organización Niñez Ya-, varios entornos en los que transcurre la vida de los niños, niñas y adolescentes (NNA) se vieron afectados, poniendo en riesgo su bienestar con la experimentación de diferentes formas de violencia en medio del encierro y las nulas posibilidades de acceder a la educación por medio virtual.

Cuidado de niños, niñas y adolescentes en Colombia

El cuidado antes de la pandemia

Pero todas estas situaciones, que ocurren en el día a día de las familias colombianas y que siguen sumando tarjetas rojas en materia de protección y bienestar para los menores de edad, no aparecieron después de la pandemia, sino que ya venían ocurriendo históricamente.

Así lo pone en evidencia “La organización social del cuidado de niños, niñas y adolescentes (NNA) en Colombia: experiencias urbanas, una pesquisa en la que participaron más de veinte investigadoras  e investigadores de cinco instituciones del país, quienes durante seis años (2013-2019) analizaron la labor del cuidado de menores que se realiza en los hogares en Bogotá, Cartagena, Medellín, Bucaramanga y Cali.

Cuenta una de las investigadoras del proyecto y profesora del Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana, Amparo Hernández Bello: “nos preguntamos por la conservación de la vida de las nuevas generaciones, el papel de los hogares y el del Estado: ¿Cómo los grupos familiares cuidan a los NNA y cómo se articulan los hogares con el Estado, el mercado (quienes venden el servicio de cuidar), y la comunidad como red de apoyo para garantizar esta labor?”.

Las universidades Javeriana, Cartagena, del Valle, Industrial de Santander y la Pontificia Bolivariana se unieron para responder a estas preguntas. “Quisimos tomar las voces de quienes cuidan para saber cuáles son sus cargas, los tipos de actividades que realizan, los dilemas y angustias y las situaciones difíciles que genera el cuidar, y también escuchar a quienes son cuidados”, complementa Martha Lucía Gutiérrez Bonilla, directora del Observatorio Javeriano de Juventudes e investigadora del proyecto.

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Lo que encontraron

Entendiendo el cuidado como aquellas acciones que promueven el bienestar humano, la investigación hace el llamado a que esta labor sea puesta en la agenda pública del país, pues no es un asunto que concierne meramente a las familias, especialmente a las mujeres; es una responsabilidad pública en la que el Estado desempeña un papel importante ofertando servicios sociales que reduzcan la carga a los cuidadores y les brinde una alta protección a los NNA.

“Hay mujeres trabajadoras (jefas de hogar) que tienen dificultades para acceder a las pocas ofertas de cuidado que existen, por la distancia, el transporte o la posibilidad de encontrar a una persona para llevarlos -a los NNA-, recogerlos y cuidarlos en las tardes”, añade Gutiérrez. “Es ahí cuando el Estado debe promover iniciativas para tener centros de actividades escolares y extraescolares que estén cerca del lugar de trabajo de las madres, entre otras acciones que favorezcan el bienestar de nuestros niños”..

Existen muchas similitudes entre las ciudades del estudio que según Gutiérrez responden principalmente a algunas características compartidas sobre el contexto urbano, tales como la inseguridad, la violencia, la desigualdad y la desprotección o la baja cobertura de los servicios sociales.

Invisibilización y feminización del cuidado

En las zonas estudiadas el cuidado es invisibilizado, esto quiere decir que “si bien cuidar resulta un aspecto indispensable del bienestar, se asume como una labor privada y se desestima su contribución económica y social, por lo que no tiene reconocimiento social y económico y tampoco la protección social requerida, pese a las múltiples tareas que implica”, explica Hernández.

Asimismo, la experta reafirma la existencia de la naturalización de la división sexual del trabajo, estableciendo -casi que de forma obligatoria a nivel moral, social y cultural- que quienes cuidan en los hogares deben ser las mujeres.

Por otro lado, existe una gran tensión por situar a los hogares como escenarios principales de cuidado, desconociendo que esto no solo es responsabilidad de las familias, sino que hay otros sectores de la sociedad como las instituciones educativas, las organizaciones que promueven protección, el Estado y la población en general que influyen significativamente en la protección de los NNA.

El negocio del cuidado

En cuanto al papel de la mercantilización del bienestar, es decir, la necesidad de múltiples servicios privados de cuidado, explica Hernández que, “resulta de la insuficiencia o baja calidad de las acciones públicas en las que el mercado debe suplir la oferta que el Estado no provee”.

A estos servicios de cuidado privados pueden acceder solo quienes tienen los recursos económicos suficientes. La investigación revela que la posición social (estrato socioeconómico, nivel educativo, autonomía económica de la mujer y existencia de redes) es clave para la toma de decisiones frente al cuidado. “Quienes tienen más ingresos y una posición social más alta, pueden decidir si cuidan o no, tomar la decisión de quién cuida y en qué condiciones, lo que revela grandes inequidades frente a quienes no pueden decidir”, complementa la profesora Gutiérrez.

“Concluimos que el cuidado es central para la preservación de la vida y el sostenimiento económico y social, y en ese sentido es necesario trabajar desde una perspectiva pública y colectiva en acciones que acaben con la invisibilidad, la naturalización, la familiarización y la mercantilización del cuidado, rasgos principales que impiden la construcción de una sociedad cuidadora”, asegura Hernández.

¿Qué hacer para garantizar un mejor cuidado?

Con la intención de potenciar el bienestar de los menores del país, las recomendaciones de las investigadoras e investigadores inician por reconocer que el cuidado debe ponerse en la en la mesa de las políticas públicas, eliminar los mensajes que naturalizan el cuidado como un asunto de mujeres, aumentar la provisión de servicios sociales para NNA de salud, educación y recreación; mejorar la calidad de jardines infantiles e incluir jornada completa en colegios y actividades extracurriculares.

Asimismo, fortalecer la conciliación en la vida laboral y la vida familiar con equidad de género; compensar el cuidado en los hogares por medio de aportes a la seguridad social, subsidios, beneficios para cuidadores principales y reconocimiento social de la labor.

Por último, el camino planteado por los investigadores y expertos del proyecto invita a velar por el cumplimiento de lo que ya está establecido en la ley (licencias maternales y paternales de quienes participan del sector formal de la economía, cuotas alimentarias, etc.), así como democratizar el cuidado en la sociedad.

Viajar para innovar: Daniela Patiño y los viajes de una joven científica

Viajar para innovar: Daniela Patiño y los viajes de una joven científica

Producir conocimiento científico en neumología, geriatría, cuidado crítico y reumatología -una especialidad médica que se encarga de los trastornos relacionados con el aparato locomotor y el tejido conectivo- para y desde Colombia es la apuesta de esta joven investigadora dedicada a la medicina.

Daniela Patiño Hernández es residente del departamento de Medicina Interna en el Hospital Universitario San Ignacio, ubicado en Bogotá. A sus 27 años cuenta con más de 33 publicaciones científicas, ha participado en actividades académicas como congresos, intercambios internacionales y ha sido asistente de investigación.

Su motivación para entrar en el campo de la ciencia consiste en crear conocimiento. “Como médicos no podemos únicamente esperar la llegada de la literatura internacional y aplicar estos hallazgos en nuestros pacientes. Es importante crear soluciones a nivel local, conocer, por ejemplo, cuáles son los factores de riesgo en nuestra población y estudiar la aplicabilidad de los resultados de los grandes estudios en nuestro medio”, dice.

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El despegue de un vuelo científico

 Patiño nació en Bogotá y, debido al trabajo de su padre, a los ocho meses se mudó a Londres, donde vivió cinco años. Después migró a Quito, Ecuador, y allá vivió diez. En su último año de bachillerato regresó a Colombia con un objetivo claro: ser médica.

En el 2012 ingresó a la carrera de Medicina en la Pontificia Universidad Javeriana y en cuarto semestre entró al semillero de Neurociencias y Envejecimiento, dirigido por el geriatra Carlos Alberto Cano, lo que le permitió continuar viajando por el mundo pero, esta vez, para investigar y potenciar sus estudios.

En 2015 aterrizó en el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México con un compañero del semillero.

“Este viaje ocurrió en el marco de una investigación que se desarrollaba en Bogotá. La idea era evidenciar síndromes geriátricos como la fatiga y la sarcopenia, que es la pérdida de masa, fuerza y funcionamiento de los músculos que impide realizar actividades como caminar o comer”, explica Patiño.

Viajaron para aprender sobre pruebas estadísticas y manejo de software en el Instituto Nacional de Geriatría de la mano del médico Ulises Pérez. El objetivo era aplicar esos nuevos conocimientos en una encuesta que  se adelantaba en Bogotá.

Uno de los resultados fue la relación significativa entre la depresión y la enfermedad pulmonar obstructiva, EPOC, en los adultos mayores.

Durante el mes que estuvo en Ciudad de México, Patiño escribió su primer artículo científico. En ese momento, el doctor Pérez le dio un consejo que aún pone en práctica: “Para escribir, lo primero que hay que hacer es ponerle el título y los autores, si pones tu nombre, seguro que lo vas a acabar”.

Dos años después, cuando estaba en décimo semestre de Medicina, existía la posibilidad de viajar a Washington, Estado Unidos, al Congreso de la Sociedad Torácica Americana, ATS.

Patiño quería presentar una ponencia, pero aún no se había graduado. “Le pregunté a mis profesores si podía hacerlo y la respuesta lógica hubiera sido no, porque aún no tenía experiencia, pero me dijeron que sí. Tuve que prepararme un mes completo”, recuerda con emoción.

Al gigantesco centro de convenciones asistió con la profesora Alejandra Cañas, directora del Departamento de Medicina Interna y neumóloga de la Universidad Javeriana, para presentar la investigación científica que desarrollaron en el semillero, en conjunto con el Instituto Nacional de Geriatría de México, sobre cómo los adultos que padecen sarcopenia tienen mayores índices de mortalidad por EPOC. Este fue uno de varios artículos que resultaron de esta investigación.

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Producir conocimiento desde y para el país

Después de graduarse, en 2018, Patiño continuó en el semillero de investigación. Allí presentaron un proyecto que ampliaba la información sobre las condiciones sociodemográficas y de salud de los adultos mayores a nivel nacional, ya no solo en Bogotá.

En este proyecto participó como joven investigadora e innovadora del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y pudo evidenciar que entre el 54 % y el 58 % de esta población tiene acceso a las tres comidas diarias y que entre el 10 % y el 18 % de adultos mayores presentan síndromes geriátricos como la sarcopenia.

Más campos de acción

Aunque Patiño inició su carrera investigativa en el área geriátrica, ahora se desempeña en campos como la reumatología y el cuidado intensivo.

Sobre el primero realiza una investigación acerca de la cantidad de reumatólogos disponibles para cubrir la demanda de esta especialidad en Latinoamérica. Encontró que no hay muchos, razón por la cual inició el programa de Reumatología en la Universidad Javeriana.

Del segundo campo ha participado en diversos estudios que analizan el potencial rehabilitatorio que tiene un paciente al ingresar a una unidad de cuidado intensivo y los factores que influyen en la autoextubación de una persona –cuando un paciente está sedado, pero aún así se retira los tubos que le permiten respirar.

Daniela Patiño llega a las seis de la mañana al Hospital San Ignacio y visita a sus pacientes: pasa revista, revisa los exámenes de cada uno y sus historias clínicas. Después los examina y les explica qué medicamentos o procedimientos van a tener en el día. En la tarde está en consulta externa y una vez a la semana y durante sus tiempos libres se dedica a investigar.

“Eso es lo que más me gusta de mi trabajo: conocer tantas historias de vida, tener un impacto sobre ellas y acompañar a las personas en los procesos de enfermedad, que son tan difíciles muchas veces”, comenta.

Aunque hay casos en los que no hay respuestas inmediatas a algunas enfermedades, para esta joven la investigación brinda un abanico de soluciones que pueden resolver incógnitas o, por lo menos, permiten mejorar la calidad de vida de los pacientes. “Eso sí, lo más importante es continuar haciendo ciencia desde y para el país”, concluye.

Educación, más que las notas: salud, paz y bienestar

Educación, más que las notas: salud, paz y bienestar

Cuando se trata de educación es normal que se midan aspectos como el desempeño académico o la deserción escolar, pero poco se habla de las causas que podrían estar afectando estos indicadores.

Temas como la salud, la convivencia pacífica e incluso las mismas condiciones físicas de la escuela se dejan de lado en las mediciones oficiales aun cuando son determinantes para un buen proceso educativo.

Estos factores de bienestar son los que permiten un estado físico y mental de tranquilidad para que los estudiantes puedan tener mejores rendimientos en sus estudios.

Frente a este panorama, el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana, y Escalando Salud y Bienestar, una organización especializada en estos temas, realizaron durante el último año el estudio Índice Welbin Colombia 2021.

En este informe participaron 1373 establecimientos educativos privados, oficiales, urbanos y rurales de los 32 departamentos, los cuales atienden a más de 774 mil niños, niñas y adolescentes, entre los que hay estudiantes con discapacidad, migrantes y población indígena.

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El Índice Welbin es un instrumento técnico y práctico para monitorear y mejorar las condiciones en los entornos escolares y mide cinco dimensiones con puntajes del cero al cien: políticas, planes y estrategias para el cuidado de la comunidad educativa; los entornos; la educación para la salud; los servicios de alimentación y nutrición; y las alianzas con actores comunitarios.

Según el Ministerio de Educación, en Colombia hay 18.644 establecimientos educativos

La investigación revela que gran parte de los niños, niñas y adolescentes estudiantes del país no cuenta con las condiciones mínimas en su entorno formativo.

El 57 % de los colegios oficiales y el 71 % de los rurales incluidos dentro de la medición no tienen agua potable para beber o preparar alimentos. Además, el 12 % de las instituciones educativas del país carecen de servicio de acueducto y sus fuentes de agua son subterráneas, superficiales o de lluvia. Además, en el 22 % de los colegios rurales falta agua para el lavado de manos.

El informe que demuestra que los colegios encuestados cumplen con solo el 55 % los estándares de salud y bienestar escolar.

Para Luz Karime Abadía, codirectora del LEE, estos datos revelan grandes deficiencias en la educación de los niños del país. “Hay cosas que son básicas, es inadmisible que no estén y en cualquier colegio deberían ser la prioridad. En pleno siglo XXI deberíamos estar pensando en otras cosas, pero no hemos cumplido con los básicos como agua potable o baterías sanitarias”, dice.

Abadía hace un llamado a las autoridades nacionales para responder a las muchas necesidades que se viven en los colegios. “Se necesitan políticas y acciones urgentes del Ministerio de Educación que vayan en línea con las secretarías de educación para suplir estas deficiencias”, argumenta.

La investigación muestra que solo el 26 % de los colegios monitorea peso y talla de los estudiantes y el 42 % no tiene ningún estándar para promover la alimentación saludable y prevenir riesgos asociados.

También revela que solo el 60 % de los colegios evaluados sensibilizan a estudiantes sobre salud y cuidado menstrual; a pesar de que una de cada cuatro niñas ha faltado a clases por síntomas asociados a la menstruación, solo el 19 % provee materiales para su atención.

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¿Por qué evaluar el bienestar en los colegios?

Para Daniel Tobón, director de Escalando Salud y Bienestar, resulta fundamental conocer estos datos porque permiten el regreso normal a las clases presenciales, y más cuando por causa de la pandemia 3,5 millones de niños pasaron 18 meses sin asistir al colegio.

“Tenemos evidencia de que, por situaciones de salud, más o menos el 20 % de los niños desertan del colegio y, por ejemplo, puede subir hasta el 35 % en la población indígena. Las enfermedades gastrointestinales, respiratorias o depresión pueden explicar hasta el 20 % de la reprobación de año escolar y hasta el 25 % del ausentismo escolar. Son temas que tradicionalmente ocurren en estas edades”, explica el investigador.

Dentro del informe también preocupa la baja atención en salud mental, pues aunque el 88 % de escolares sufrieron de este tipo de afectaciones que pueden estar asociadas al aumento de 9 % de suicidios en el país, solo el 20 % de los colegios presta servicios para la identificación, derivación y atención para este tipo de situaciones y, en general, el 61 % de escuelas rurales y el 42% de los oficiales no tienen personal para acompañamiento psicosocial.

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Más bienestar, más rendimiento, mejores sociedades

Tobón expone que este tipo de evaluaciones apunta a mejorar la calidad de vida de los estudiantes, lo cual repercute en su rendimiento escolar.

“Programas muy estructurados de salud y bienestar en otros países muestran que podemos aumentar el desempeño académico, disminuir los síntomas de depresión, tristeza, autolesiones, intentos de suicidio, peleas y otros comportamientos de riesgo”, añade.

Según el estudio, los colegios con programas de salud y bienestar escolar han demostrado disminuir la depresión y la tristeza entre un 5 % y un 6 %, reducir el ausentismo escolar entre un 20 % y un 60 % y aumentar los indicadores de desempeño académico entre 0.45 y 0.6 puntos según las evaluaciones.

Para Luz Karime Abadía, condiciones más adecuadas en los entornos académicos promueven sociedades con mejores hábitos.

“En la medida en que desde muy pequeños les enseñemos cómo tener hábitos de autocuidado y cuidado colectivo, como sociedad, vamos a estar mejor. Por ejemplo, si aprenden cómo alimentarse bien, saben sobre salud sexual y reproductiva o de la importancia de lavarse las manos y lavar los alimentos, todos vamos a estar mucho mejor”, señala.

Además, Abadía afirma que la salud y la educación son dos de las áreas más importantes para medir el bienestar económico, aspectos que promueven e impactan directamente en la desigualdad social.

“En este índice encontramos las grandes desigualdades que siempre son evidentes en Colombia y que están acentuadas en términos de los colegios que están ubicados en el área rural que en su mayoría son oficiales”, dice.

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¿Una responsabilidad de todos?

Esta evaluación también permite identificar la responsabilidad de los diferentes actores relacionados con el proceso educativo y cómo cada uno puede contribuir a generar mejores condiciones para los estudiantes.

“Para nosotros, como investigadores, el colegio es un ecosistema donde confluyen múltiples actores, programas y servicios. Al colegio le corresponden algunas cosas, a los estudiantes otras, las familias también deben involucrarse en hacer una alianza familia-escuela, a los puestos de salud, pero también muchas responsabilidades más arriba: secretarías de educación, de salud y por supuesto a nivel nacional tenemos grandes responsabilidades”, manifiesta Tobón.

Sin embargo, Abadía es enfática en que el gobierno nacional debe hacer más esfuerzos por ofrecer mejores condiciones de los colegios en el país. Dice que por más que los actores locales tengan iniciativas propias, aún hay deficiencias considerables en infraestructura y políticas para garantizar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes.

Aprender de las buenas experiencias

Un colegio público fue el mejor calificado del país en el índice Welbin, a pesar de que en su mayoría son los colegios privados y urbanos los que obtienen mejores puntajes. Es por ello que los expertos ven en el intercambio de conocimientos una estrategia que permita compartir las buenas prácticas.

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Tanto Tobón como Abadía esperan que esta medición sea un incentivo para que a nivel local y regional mejoren sus indicadores y las condiciones para los estudiantes.

“Nosotros aspiramos a que cada año los rectores sepan que viene el índice y que hay que responder la encuesta. De esta forma pueden empezar a hacer acciones en las dimensiones que tienen más rezago o un puntaje más bajo. Así, en la siguiente medición se puede comparar a fin de mejorar”, expone Abadía.

Ambos investigadores coinciden en que el aporte de la academia con este tipo de iniciativas es proporcionar información que tal vez los gobiernos regionales o el nacional no tienen capacidad de recolectar porque están implementando otros planes, pero que en el futuro, se podrían complementar para reconocer a quienes lo hacen bien y apoyar a quienes todavía tienen falencias.

“Necesitamos generar unos incentivos para decir: esto lo están haciendo muy bien, entonces reconozcámoslo, apoyémoslo, llevemos recursos de manera focalizada. No todo el mundo necesita agua, algunos necesitan conectividad, otros requieren sistemas de ventilación. Se trata de utilizar la información y yo creo que entre todos podemos hacer que esta rendición de cuentas sea mucho más precisa”, finaliza Tobón.

Camino al sol: el juego de mesa para aprender de arquitectura prehispánica

Camino al sol: el juego de mesa para aprender de arquitectura prehispánica

Esta nota se publicó originalmente en la edición 57 de Pesquisa Javeriana con el nombre de Aprender jugando para llegar al sol.

El camino es circular y las fichas deberán moverse para ir ganando las propiedades que permitan construir una de las ocho ciudades prehispánicas seleccionadas. La última pieza se conseguirá al llegar al sol, pero primero habrá que hacer ofrendas y sacrificios, y enfrentar retos para recibir la gracia de los dioses mayas, aztecas, incas y taironas, que guiarán el tránsito a una de las estrellas sagradas en la cosmovisión de estas culturas.

El azar también será determinante. Los dados, ideados a partir de la numerología maya, que concebía el cero como una semilla o concha y el cinco como una barra horizontal, ayudan a completar las seis caras del poliedro que dirigirá el camino de quienes asuman este viaje, o Camino al Sol, un juego de mesa que combina la idea del patolli (un juego de apuestas popular en la Mesoamérica de la época prehispánica) con algunas características del Monopolio y que busca mejorar el aprendizaje de la historia del periodo prehispánico para estudiantes universitarios de arquitectura.

De Prehispanópolis a Camino al Sol

“No recuerdo haber aprendido con juegos en la universidad”, comienza a contar Yenny Real, creadora de Camino al Sol y arquitecta con maestría en Restauración de Monumentos Arquitectónicos de la Pontificia Universidad Javeriana: “Me acuerdo que en una ocasión, durante el pregrado, cuando estábamos estudiando historia árabe, llevamos algo de comer que representara a la ciudad que estábamos viendo, eso fue lo más raro, el resto eran exposiciones y diapositivas. Se apagaba la luz en el salón de arquitectura y el profesor empezaba a hablar”.

Real es profesora de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Javeriana y, en el primer semestre de 2018, junto con sus estudiantes, decidió crear un juego de mesa que contrarrestara la pasividad y la monotonía en la que se traducía la enseñanza tradicional (exposiciones y evaluaciones) de los contenidos relacionados con la materia de Historia de la Arquitectura y Urbanismo Prehispánico, Hispánico y Moderno.

“La primera versión se llamó Prehispanópolis. Fue un ejercicio muy intuitivo con los estudiantes. Estábamos en la lluvia de ideas y hablaban de un parqués, de un Monopolio, referentes de lo que ellos jugaban en casa. Eso fue en 2018. Tal vez si se hace con los estudiantes de hoy, los referentes sean otros, quizás digan que hagamos una aplicación, algo como Preguntados (un videojuego de cultura general), pero esa generación alcanzó a jugar parqués, el juego de mesa en el que se reunían con otras personas”, relata Real.

Los 19 estudiantes que tomaban esa asignatura se dividieron en equipos para crear el mapa, las tarjetas, las fichas, las instrucciones y los demás objetos del juego, que se puso a prueba luego de una serie de exposiciones sobre las ciudades prehispánicas.

La inclusión de los estudiantes en la creación del juego generó motivación e hizo que poco a poco se descubrieran posibles mejoras en la redacción de las preguntas y en las dinámicas del ejercicio, las cuales, un año después, se aplicaron en Camino al Sol, la nueva versión de Prehispanópolis que también lideró Real y que se construyó en colaboración con una diseñadora industrial, que se encargó de la elaboración de la caja y de las divisiones internas; una arquitecta, que diseñó la parte gráfica e ilustró el juego; y un estudiante de Arquitectura, que había participado en Prehispanópolis.

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Estudiar jugando

“El aprendizaje basado en el juego (ABJ) es una estrategia pedagógica que utiliza la lúdica como una herramienta para cumplir con los resultados de aprendizaje de la clase, una herramienta que invita a la emotividad a través de, por ejemplo, un juego de mesa. No es jugar por jugar: se espera un aprendizaje al final”, explica Juan Guillermo Yunda, director de la Maestría en Planeación Urbana y Regional de la Javeriana y coautor de la investigación.

Para medir el aprendizaje que se alcanza con Camino al Sol se realizaron encuestas, tres entrevistas personalizadas y grupos focales con los estudiantes participantes, con el fin de obtener resultados tanto cuantitativos como cualitativos. El 90 % dijo que el juego fue emocionante y animado, el 75 % reconoció que esta metodología ayudó a mejorar la relación con sus compañeros y el 95 % se sintió más motivado para participar.

“Cuando los ponía a jugar se emocionaban por la competencia sana, soplaban los dados, estaba el que ayudaba a dar la respuesta, varias veces me quedé pasiva mirándolos interactuar y funcionar solos. Yo únicamente debía coordinar unos detalles, pero ellos le daban la velocidad a ese aprendizaje. Pasé de decirles que participaran a pedirles que hicieran silencio”, recuerda entre risas la docente.

En cuanto a las calificaciones, los resultados se compararon con una cohorte de 2017 que no jugó Camino al sol. La nota promedio de ese grupo fue de 6,5 sobre 10, mientras que la de quienes sí lo jugaron (2019) fue de 8,1. En 2017 la nota mínima fue 1 y en 2019, 5.

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Una propuesta con más aplicabilidad

Cuando Real y Yunda realizaban la búsqueda de referentes para el juego se encontraron con que, a nivel pedagógico universitario, la literatura acerca del ABJ es mínima, “pues el juego está relacionado con la infancia y se piensa que, como estamos grandes, no deberíamos aprender jugando”, puntualiza Real, y añade que “cuando alguien dice: ‘Juguemos algo’, algunos profesores le restan importancia a lo académico o lo descartan de una vez, descalifican el aprendizaje lúdico al verlo solo como algo para los pequeños”.

En su investigación destacan la perspectiva de María Isabel Alba Dorado, arquitecta de la Universidad de Málaga y autora del artículo “Estrategias formativas en la iniciación del aprendizaje del proyecto arquitectónico”, en el que sostiene que “el juego nos saca del orden obligado, de percepciones y concepciones habituales; nos abre hacia lo otro, lo inventado, lo imaginado, lo antes imperceptible e inconcebible, y genera un ambiente propicio para el aprendizaje”.

A Camino al Sol aún le faltan algunas pruebas, así como implementar mejoras para reducir los tiempos de juego ―que, según los estudiantes, pueden ser muy extensos― y ajustar algunas de las preguntas y tarjetas de información, que, entre otras cosas, tienen códigos QR para ser consultadas digitalmente. El objetivo es perfeccionar el juego “para aplicarlo a otra temática, ya no solo en arquitectura prehispánica, sino en arquitectura antigua y clásica, del Medioevo o del Renacimiento, sus obras y otras variantes, y así crear una línea de juegos para otras asignaturas de historia”, finaliza Real.

Para leer más:

Real, Y. y Yunda J. G. (2021). “Aprendizaje basado en el juego aplicado a la enseñanza de la historia de la arquitectura prehispánica”. Revista de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Cuenca, 10(19). DOI: https://doi.org/10.18537/est.v010.n019.a06

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:

Aprendizaje basado en el juego aplicado a la enseñanza
de la historia de la arquitectura prehispánica

INVESTIGADORA PRINCIPAL:

Yenny Andrea Real Ramos

COINVESTIGADOR:

Juan Guillermo Yunda
Facultad de Arquitectura y Diseño
Departamento de Arquitectura

PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN:

2018-actualmente

Entomofagia: comer insectos para combatir la hambruna y el cambio climático

Entomofagia: comer insectos para combatir la hambruna y el cambio climático

Natalia Naranjo Guevara no es chef ni cocinera profesional pero recientemente aprendió a hacer curry con grillos, risotto con saltamontes y langostas cubiertas con chocolate. Es doctora en Entomología de la Universidad de São Paulo, en Brasil, profesora de Fontys University of Applied Sciences, en Holanda, y bióloga de la Pontificia Universidad Javeriana.

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Como entomóloga -la especialidad de la zoología que estudia los insectos- Naranjo hace parte de un grupo de científicos que investiga cómo incluirlos en nuestro menú y de paso combatir el cambio climático -pues no requieren grandes extensiones de tierra para su producción y generan menos gases de efecto invernadero- y también para favorecer la seguridad alimentaria -ya que poseen altos índices proteicos y vitamínicos-.

Países como China, México, Sudáfrica y Australia consumen insectos. En Colombia, desde hace más de 500 años se cocinan vivas en Santander las hormigas culonas (Atta leavigata), y uno de los platillos insignia en el Amazonas son los mojojoyes (Ancognatha scarabaeoides) rellenos de tomate.

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Las profesoras Natalia Naranjo (izquierda) y Sonja Floto-Stammen (derecha).

¿Por qué cambiar nuestra dieta?

Lo que más consume el mundo se resume en cuatro cultivos: arroz, maíz, trigo y soya. Hasta 2018, y según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, recopiladas por el Banco Mundial, solo los pastos y los cultivos ocupan el 36 % de la superficie de tierras en el mundo.

“Estas tierras no solo se utilizan para la producción de la comida humana, sino también para animales como el ganado, que consume pastizales o soya. Para cubrir las demandas de alimentos lo que ocurre constantemente es la expansión de la frontera agrícola, que se traduce en deforestación”, explica Naranjo.

Una frontera agrícola es un límite determinado para la producción de actividades agropecuarias que se separa de áreas protegidas o de importancia ecológica. Su ampliación implica talar bosques.

Según la FAO, en un sistema de producción ganadera en Estados Unidos una vaca requiere 10 kg de alimento por kilo de peso, es decir, una res que pesa 400 kg requiere 4.000 kg de alimento. Por su parte, un cerdo y un ave requieren 5 kg y 2.5 kg por cada kilo de peso, respectivamente.

Cuánto cuesta producir res, cerdo o pollo

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Algo similar ocurre con los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, óxido nitroso, metano y ozono. En total, una vaca produce 2.850 gramos de gases de efecto invernadero por kilo de peso.

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNEP, “el estiércol del ganado y sus liberaciones gastroentéricas” representan el 32 % de las emisiones de metano, un elemento responsable del 30 % del calentamiento global.

Por eso el consumo de insectos podría contribuir a reducir estos impactos, pues solo los saltamontes generan un gramo de gases de efecto invernadero por kilo de peso.

Insectos a la carta

Entre las formas más comunes de consumir y procesar insectos está comerlos enteros, molidos, en pasta o como extracto de proteína o grasa para fortificar alimentos.

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“Son supremamente eficientes en la conversión de su alimento en proteína. De allí viene la idea de la entomofagia: comer insectos. Esta es una forma sustentable y sostenible para cambiar nuestros patrones de alimentación”, explica Naranjo.

Según la FAO, los gusanos de harina contienen 16.2 g de proteína y 2.5 g de fibra, en comparación con un huevo que está compuesto por 19.2 g de proteína y nada de fibra. Aunque los gusanos tienen un poco menos de proteína que los huevos, aportan fibra, un componente que previene enfermedades cardiovasculares, controla los niveles de glucosa en la sangre y alivia los desórdenes gastrointestinales.

Estos pequeños organismos pueden ser grandes aliados para la seguridad alimentaria en el mundo.

Por ejemplo: 12 g de harina de grillo contienen 7 gramos de proteína, lo que equivale al 58.3 % del animal. Mientras que la carne de pollo contiene 18.8 % de proteína, el hígado vacuno 20 % y algunas especies de peces el 20.2 %.

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Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

“Si para el 2050 la FAO espera un incremento de la producción de comida a un 70 % por el aumento poblacional, lo que muchos nos preguntamos es, ¿realmente necesitamos producir más o deberíamos producir mejor?”, pregunta la entomóloga Naranjo.

Un proyecto innovador

Naranjo ha concentrado su trabajo en cuatro insectos para la obtención de proteínas alternativas: langostas (Locusta migratoria), grillos (Acheta domesticus), gusanos de harina (Tenebrio molitor) y, recientemente una especie de mosca (Hermetia illucens) para utilizarla como alimento de animales.

Este es un megaproyecto de la Unión Europea que busca proveer soporte a empresas y mejorar la información sobre la producción y consumo de insectos. “Es una forma de traer la ciencia a la aplicabilidad. Publicamos artículos, hacemos investigación y después la aplicamos y la difundimos”, comenta Naranjo.

Otro aspecto clave en la investigación es entender la actitud de las personas ante el consumo de insectos y cómo comunicar la necesidad de convertirlos en un componente crucial en las dietas del futuro.

Actualmente el estudio se lleva a cabo en varios países, en donde los expertos investigan desde cómo alimentar los insectos hasta cómo comunicar los hallazgos a través del marketing.

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“Los alimentos que consumimos tienen regulaciones en la producción y eso envía un mensaje de seguridad. Al mismo tiempo que educamos y distribuimos información sobre el impacto positivo que tiene comer insectos, también hay que crear hábitos de crianza y producción con estándares de calidad. Eso podría reducir muchas preguntas que las personas se hacen cuando piensan en comer un insecto: ¿De dónde viene? O ¿Dónde habrá estado?”, dice Naranjo.

Natalia Naranjo sigue experimentando múltiples recetas. Por estos días está creando, junto a sus estudiantes, platos de sushi a base de insectos que más allá de sonar como platillos exóticos hacen parte de un repertorio creativo, culinario y científico que busca mitigar el cambio climático y ampliar las opciones sustentables y sostenibles en el menú cotidiano. ¡A comer insectos!

Sushi de insectos

Deforestación y hoja de la coca amenazan los Parques Nacionales Naturales en Colombia

Deforestación y hoja de la coca amenazan los Parques Nacionales Naturales en Colombia

En Colombia hay un poco más de 17 millones y medio de hectáreas protegidas en 59 Parques Nacionales Naturales. El primer informe Parques Nacionales Cómo Vamos revela que estos espacios enfrentan varias amenazas para su normal funcionamiento.

Una de ellas, muy comentada a nivel internacional en los últimos días, es la deforestación. El informe revela que hay cuatro parques con cifras muy altas. Encabezan la lista El parque Tinigua -con 10.455 hectáreas-, La Macarena -con 3.636-, Chiribiquete -2.180- y Picachos -2.035-. Otros 29 parques también registran deforestación, pero con indicadores mucho menores.

Para Giovanny Fagua, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana y colaborador de este informe -que es producto de una alianza de nueve organizaciones de la sociedad civil-, no es coincidencia que los cuatro parques con más hectáreas deforestadas estén en la misma zona: el piedemonte amazónico.

En su opinión, esto responde a una estrategia para apropiarse de tierras estratégicas por su posición geográfica y porque tienen vías de acceso que facilitarían procesos extractivos y de ganadería extensiva en la región.

“En la zona se habla de que el costo promedio de deforestar una hectárea es de un millón de pesos. Que un campesino deforeste hasta 20 hectáreas, para hacer un terreno, es lógico. Pero para que llegue a deforestar 100 o 150, necesita un patrocinio fuerte. Hay alguien que está invirtiendo una cantidad considerable para deforestar esas áreas”, advierte Fagua.

El experto también señala que el manejo de este fenómeno no es sencillo porque en la región no hay fiscales especializados en crímenes ambientales, por lo que es poco probable que los procesos judiciales avancen.

A finales de julio de 2021 fue sancionada la ley 2111 de 2021 que introduce nuevos delitos en materia ambiental y aumenta la penas y multas que estaban contempladas desde el 2000. Sin embargo, se requiere preparar el aparato judicial local para que pueda responder ante este tipo de delitos.

“El problema no son los campesinos, ellos pueden beneficiarse de manera secundaria, pero no tienen los recursos para destruir las miles de hectáreas que se talan actualmente”, agrega Fagua y explica que en los parques donde hay resguardos indígenas y comunidades afrodescendientes, el impacto por deforestación y otras afectaciones es mucho menor.

Durante la reciente Cumbre Climática COP26, desarrollada en Glasgow, Escocia, más de un centenar de líderes mundiales se comprometieron a acabar con la deforestación para el 2030. Para esto se recolectaron 19.000 millones de dólares para proteger y replantar los árboles que han sido talados.

Los parques y la hoja de coca en Colombia

Otra problemática que afecta a los Parques Nacionales Naturales son los cultivos de coca, pues para establecer estas plantaciones también se deben deforestar las especies naturales. Pero la afectación no es solo ambiental, ya que este tipo de economías traen consigo actores armados, conflictos sociales y violencia.

Hay quince parques con presencia de este tipo de cultivos de uso ilícito. Los más afectados por cultivos de coca son La Macarena, con 1.840 hectáreas, Paramillo -1.786-, Nukak -1.375- y Catatumbo -872-, indica el informe.

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Fagua sostiene que se debe cambiar la visión sobre el consumo de cocaína y de todas las implicaciones que este tiene a nivel ambiental en materia de deforestación. “Cuando alguien consume esta sustancia, no solo está aspirando cocaína; al menos una hectárea de árboles fue talada y eso implica muerte y desplazamiento de pájaros, mamíferos, plantas, orquídeas, además de todos los conflictos sociales que vienen detrás.” afirma.

“Más allá de pensar en una solución militar, hace falta más presencia estatal en los parques con cultivos ilícitos”, Giovanny Fagua

Una figura que, a pesar de todo, funciona

Si bien la principal función de los parques nacionales naturales es conservar la biodiversidad en un país megadiverso, la declaración de este tipo de zonas termina beneficiando lo cultural, lo productivo y lo económico.

“Una función que parece no estar tan clara es la gran cantidad de servicios ecosistémicos que prestan. Tal vez no se tiene muy en cuenta que las zonas de los cultivos agroindustriales -o de ganadería del sur de Bolívar y Cesar- deben su productividad al agua que baja de la Sierra Nevada de Santa Marta-en donde queda el Parque Tayrona-; o por ejemplo, el impacto de los Farallones de Cali o el Parque Munchique sobre áreas tan productivas de caña en el Cauca y Valle del Cauca”, argumenta Andrea León, coordinadora de indicadores de Parques Cómo Vamos.

“Aunque algunos de los parques tienen procesos de intervención humana”, interviene Giovanny Fagua, “sí han garantizado bastante bien la protección de los ecosistemas y las especies”, y de paso, explica Andrea León, “son territorio de algunas comunidades indígenas y afrodescendientes. Esto es muy importante si se tiene en cuenta que en Colombia habitan casi dos millones de personas pertenecientes a 115 pueblos indígenas nativos”.

Otros datos que arrojó la investigación

El sistema de parques nacionales conserva el 64.5 % de los ecosistemas del país, entre ellos bosques y humedales que son fundamentales para la regulación del ciclo del agua y el almacenamiento de carbono, esto los convierte en una herramienta fundamental para reducir los impactos del cambio climático.

Sin embargo, dichos ambientes naturales también se ven amenazados por conflictos sociales. Parques como Catatumbo Bari, Paramillo, Tinigua, Macarena o Sierra Nevada de Santa Marta presentan altos niveles de deforestación, cultivos de coca y hechos de violencia en su interior o su entorno más cercano.

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Advierte el estudio que la brecha social e inequidad del país también es evidente dentro de estas zonas de protección. El 63 % de sus habitantes vive en la pobreza (medida en ingresos) y la pobreza multidimensional (que incluye mediciones de acceso a salud, educación, trabajo y servicios públicos) llega al 51,4 %.

“45 de los 59 parques del país tienen ecosistemas con algún tipo de amenaza, siendo los de la región Caribe los más afectados”, informe Parques Naturales Cómo Vamos.

Conocer para proteger

Tanto Giovanny Fagua como Andrea León coinciden en que una de las mayores amenazas para los parques es el desconocimiento de su valor real y del potencial de la biodiversidad que protegen. Además, piden que se sigan creando más parques en el país y que se aumente su presupuesto.

“Muchas veces en estas zonas y sus alrededores la única presencia que hace el Estado es a partir de los guardaparques. Parques Nacionales Naturales de Colombia, como entidad, es muchas veces la única representación del Estado. Reconocemos que ellos hacen muchísimo con muy pocos recursos”, afirma la profesora León y de la misma forma hace un llamado para que el Estado proteja lo que serán algunos de los bastiones más importantes en la lucha contra los efectos del cambio climático.

Por su parte, Fagua expone que “falta mucha investigación. No se sabe qué especies endémicas están en ellos ni el número. Los parques funcionan dentro de sus limitaciones administrativas y de presupuesto para mantener el área de la mejor forma posible, pero hacen falta recursos y sobre todo, investigación”.

Para León, este es el momento de la historia para estar alertas sobre la conservación de los parques. “Con este informe queremos dar a conocer todo lo que tiene el país en materia de biodiversidad dentro de los Parques Nacionales Naturales y hacer ver que así yo esté en una ciudad como Bogotá y que pareciera que no tengo ninguna relación con ellos, el agua que uso todos los días depende del nivel de cuidado de Chingaza o Sumapaz”.

Los investigadores finalizan haciendo un llamado para crear zonas de protección en regiones que tienen grandes vacíos de Parques Nacionales, especialmente en la Orinoquía o en La Mojana, cerca del nudo del Paramillo. “Aunque estos lugares están protegidos por otras zonas de manejo, sí creemos que deberían estar representados dentro del sistema de Parques Nacionales Naturales”, concluye León.
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Puede leer el informe completo aquí

El Sol: energía para la educación en la Alta Guajira colombiana

El Sol: energía para la educación en la Alta Guajira colombiana

Esta nota se publicó originalmente en la edición 57 de Pesquisa con el nombre de El Sol: energía para la educación.

Encender un bombillo, usar el computador, prender el televisor o cargar la batería del celular son acciones cotidianas cuya perspectiva cambia drásticamente cuando usted está en una de las cientos de poblaciones donde solo hay electricidad durante escasas horas al día, que en Colombia son alrededor de 1710 localidades rurales, según los datos del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas (IPSE).

En la Media Alta Guajira se encuentra una de estas zonas no interconectadas. En algún paraje dentro de esa hermosa “extensión desierta, bajo un cenit ardiente” que es el municipio de Uribia —como lo describe su himno—, a cinco horas en carro partiendo desde Riohacha, en el corregimiento de Taparragí, está Kuisa, una comunidad habitada por cerca de 900 wayúus.

Y aunque todos allí viven la escasez de energía eléctrica, podría decirse que los niños y jóvenes en edad escolar son los más afectados. Buena parte de las herramientas didácticas que facilitan el aprendizaje requieren de energía eléctrica: computadores, impresoras, proyectores, televisores y parlantes, sin contar con el apoyo que brinda una adecuada iluminación. Pero en la escuelas de Kuisa apenas disponían de 300 vatios al día, lo que les permitía conectar solo dos bombillos, un televisor y un parlante.

El Centro Etnoeducativo Nuestra Señora del Carmen de Kuisa es el único colegio de esa zona que tiene bachillerato aprobado por el Ministerio de Educación Nacional hasta 8.º, y actualmente busca que lo certifiquen hasta el grado 11.º. Funciona también como internado, pues hay niños y jóvenes que, dadas las largas distancias, no alcanzan a ir y volver a sus casas en el día. El colegio atiende a cerca de 80 niños internos y 270 de la comunidad; además, alberga a 14 profesores de diferentes regiones del país.

Mientras tanto, en las aulas javerianas

“Para la materia de Energía y Sostenibilidad le propuse a mi compañero Javier Areniz hacer un proyecto real para que, al terminar la materia, lo pudiéramos presentar a la convocatoria HAC Projects, Humanitarian Activities Committee, del Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE”, cuenta Johanna Castellanos, ingeniera mecatrónica y estudiante del Doctorado en Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana, al recordar el origen de un proyecto que trascendió las aulas y que, en febrero de este año, logró llevar a la comunidad de Kuisa un sistema solar fotovoltaico (basado en paneles solares), por valor de 60 000 dólares.

A partir de 2019, Castellanos empezó a gestionar este proyecto de clase que, en efecto, ganó la convocatoria del IEEE, con la que obtuvo los recursos económicos necesarios y que acaba de ganar el primer puesto del Concurso de Proyectos Humanitarios, convocado por la Sociedad Mundial de Aplicaciones Industriales de la IEEE, tras competir con iniciativas de todo el mundo.

El Concurso Proyectos Humanitarios reconoce iniciativas que en su implementación propongan soluciones viables a problemáticas relacionadas con la energía, el agua, la salud, el saneamiento, el transporte y la agricultura; y que además tengan una mirada humanitaria y de apoyo a comunidades.

Desde sus inicios, gracias a la pasión del equipo, se fueron integrando otros estudiantes con los que compartían materias y que tras escucharlos se iban sumando activamente, como Jimena Gómez y Camilo Prieto. También Roger Pimienta, quien los conoció en la materia de Eficiencia Energética y que de inmediato se puso a su disposición para ayudar en el almacenamiento de equipos y en el apoyo logístico en La Guajira.

Las energías alternativas son una gran oportunidad de progreso para regiones tan abandonadas como esta”, comenta Pimienta, guajiro e ingeniero electrónico que actualmente cursa el Doctorado en Ingeniería en la Javeriana: “En el caso de Kuisa, pueden ayudar a cientos de niños a educarse y a lograr mejores oportunidades para sus vidas. De verdad que este tipo de proyecto cambia vidas. Por mi parte, también cambió la mía”.

Y aunque en buena medida el trabajo ha sido gestionado y ejecutado por estudiantes, es la suma de muchos esfuerzos, por ejemplo, de sus profesores. Desde el principio, el equipo obtuvo el apoyo de docentes investigadores en energía y energías alternativas, como Diego Patiño y Carlos Adrián Correa, de la Javeriana, y Gabriel Ordóñez, de la Universidad Industrial de Santander, quienes ofrecieron su asesoría y el respaldo institucional de las universidades.

“Las energías alternativas pueden ayudar a cientos de niños a educarse y a lograr mejores oportunidades para sus vidas. Este tipo de proyecto cambia vidas. Por mi parte, también cambió la mía”. Roger PIMIENTA, Estudiante del doctorado en Ingeniería.

panelsolarEste proyecto se realizó con la participación activa de la comunidad wayuu de Kuisa, para quienes este ha sido “un sueño hecho realidad”.

El resto de la magia la hace el Sol (y la ingeniería)

¿Dotar de energía eléctrica a una escuela usando paneles solares consiste en comprar los paneles e instalarlos en el techo? La respuesta es no. Elaborar un sistema fotovoltaico parte de identificar el recurso solar presente en La Guajira ―departamento con la mayor riqueza en este recurso en el país―, analizando información del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), para luego realizar un sinnúmero de ecuaciones.

Determinar el número y el tipo de paneles y baterías necesarios requiere calcular la cantidad de energía eléctrica que se consume por día en la escuela. La cosa se complica porque dentro del sistema también hay un ‘inversor’, que es un dispositivo que convierte la ‘corriente continua’ generada por los paneles en ‘corriente alterna’, que es la que puede ser usada en el sistema. Este inversor solo puede procesar cierta cantidad de energía al tiempo, y, si se sobrecarga, se daña. Por eso hay que identificar cuál es el pico de máxima potencia, es decir, el momento del día en el que ocurre el mayor uso de energía.

El funcionamiento correcto del sistema depende de hacer muy bien todos los cálculos. “Salón por salón, espacio por espacio, identificamos qué dispositivos se iban a conectar, a qué horas y durante cuánto tiempo. Con base en eso, se genera lo que nosotros llamamos la ‘demanda o el cuadro de uso energético’”, explica Castellanos.

La comunidad debe ser cuidadosa de no conectar cosas que no estaban contempladas en el diseño inicial, por ejemplo, “más celulares o una licuadora o electrodomésticos con motores, ¡es gravísimo!”, agrega la ingeniera. Por eso, el ejercicio con la comunidad involucró una socialización, de manera que ellos puedan usar correctamente su nuevo sistema fotovoltaico, el cual actualmente les provee 9 kilovatios por día (9000 vatios), a través de cuatro subsistemas (conjuntos de paneles, inversor/conversor y baterías) que alimentan de electricidad a seis aulas, un taller artesanal, la sala de informática, la cocina y los dormitorios.

«La instalación de los paneles solares significa un sueño hecho realidad, avance y progreso”, comenta Adelco Larrada Ipuana, autoridad ancestral de la comunidad de Kuisa. “Antes se tenía que tratar de hacer todo temprano, nuestros niños se tenían que acostar temprano y levantarse con la luz del día, lo cual limitaba el horario de clases. Ahora nuestros alumnos realizan sus tareas con tranquilidad y utilizan los medios tecnológicos que antes no podían usar”, complementa Larrada. El nuevo sistema, además, es permitirá implementar clases nocturnas de alfabetización y validación del bachillerato.

 Desde los trabajos de clase se gestan cambios para un país que busca transformaciones apoyadas en el conocimiento, la pasión y la empatía.

solar3Antes la comunidad disponía de 300 vatios al día, pero gracias al proyecto aumentó a 9000 vatios diarios, los cuales mejoran las condiciones educativas y posibilitan las actividades nocturnas

El equipo de estudiantes javerianos espera continuar aportando muchos más cambios a la comunidad de Kuisa, a través de la construcción de nuevos espacios físicos, dotación de equipos para la educación e, incluso, el desarrollo de un sistema de riego automático con el apoyo del Instituto Javeriano del Agua, para tomar el líquido de la laguna que lleva el mismo nombre de la comunidad y llevarlo hasta la huerta de la población.

Así, queda demostrado que desde los trabajos de clase se gestan cambios para un país que busca transformaciones apoyadas en el conocimiento, la pasión y la empatía. Y ello es posible cuando, como indica Johanna Castellanos, las aulas conectan el conocimiento con el territorio: “Algo que me parece muy bonito es que esta iniciativa, en su ejecución, ha sido sobre todo con estudiantes. Tú puedes hacer una realidad al descubrir que Lo que ves en el aula sí se puede llevar a una comunidad, que es posible hacer un cambio, transformar la vida de las personas. Me encanta inspirar a que otros se motiven a hacer cosas parecidas. Cada uno desde sus talentos y habilidades puede aportar”.

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Mejorando las condiciones de educación de un colegio en La Guajira, Colombia.

INVESTIGADORES PRINCIPALES: Johanna Castellanos, Diego Patiño y Gabriel Ordóñez.

COINVESTIGADORES: Javier Areniz, Roger Pimienta, Jimena Gómez, Jonathan Rodríguez, Camilo Prieto, Carolina García Valencia, Carlos Adrián Correa.

COLABORADORES: IEEE sección Colombia, IEEE subsección Santanderes, IEEE EDS Colombia, Ejército Nacional de Colombia, Fundación Movimiento Ambientalista Colombiano y empresa WM SAS.

Doctorado en Ingeniería
Facultad de Ingeniería Pontificia
Universidad Javeriana
E3T
Universidad Industrial de Santander

PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2019-2021

Un mundo pequeño con mucho ruido: el oído medio de los lagartos

Un mundo pequeño con mucho ruido: el oído medio de los lagartos

Los científicos de esta historia advirtieron que esta podría ser de interés solo para unos pocos. ¿Quién podría interesarse en entender el oído medio de un lagarto? Sin embargo, se sorprenderán, pues su valor va más allá del imaginado. Los resultados de esta investigación son un aporte más que ayudará en el entendimiento de la evolución de las especies, y constituyen un incentivo para seguir escudriñando curiosidades del mundo que a veces pasan inadvertidas.

Tal vez usted recuerde sus clases del colegio cuando el profesor o la profesora, para explicar la evolución de las especies, se dirigía a la imagen de los homínidos, quienes representaban a nuestros antepasados más antiguos, hasta llegar al humano moderno. Pero ¿alguna vez imaginó que todos los seres vivos pasaron por una serie de cambios para llegar a las formas que actualmente conocemos?

Comparando la forma y la estructura interna de esta pequeña parte del organismo de 38 especies de estos reptiles, los biólogos Paola Sánchez y Julio Mario Hoyos, y el zoólogo Juan Diego Daza lograron caracterizar cómo han cambiado las estructuras del oído medio en diversos lagartos, aunque aún la respuesta de por qué sucedió ese cambio no es clara.

“Tendemos a pensar que todos los lagartos, las ranas o los murciélagos son iguales. Reconocemos a un representante y no distinguimos la gran diversidad que hay entre ellos. Pero, cuando nos damos cuenta de la gran variedad en sus formas, aprendemos a apreciarlos”, dice Sánchez, del Laboratorio de Sistemática Morfológica y Biogeografía de Vertebrados de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana.

Por su parte, el profesor Daza, del Departamento de Ciencias Biológicas de la Sam Houston State University, señala que esta variabilidad demuestra cómo una estructura que fue pasada por alto durante algún tiempo presenta una historia que no se conocía.

El órgano auditivo del lagarto

El oído es un sistema estructuralmente complejo que tiene la función tanto del equilibrio como de la audición y, según lo han descrito, se divide en oído externo, medio e interno. El primero y más superficial es el encargado de detectar las ondas sonoras y conducirlas al oído medio, compuesto por la membrana timpánica, la extracolumela y la columela, en el que las presiones sonoras se transforman en vibraciones que llegan hasta el oído interno.

El elemento cartilaginoso del oído medio recibe por nombre extracolumela y el elemento óseo, columela. De este último, que ha sido estudiado con mayor detalle, hoy se sabe que, por ejemplo, en los mamíferos, se originó de algunos elementos de la mandíbula de sus ancestros reptilianos que migraron hacia el oído medio, y que hoy forman parte de un sofisticado sistema de transmisión de sonido, cuyos elementos son tan pequeños como un grano de arroz, explica el profesor Daza.

En esta oportunidad, agrega la bióloga Sánchez, las estructuras estudiadas incluso alcanzaron a ser más pequeñas y, a diferencia de investigaciones previas, encargadas de identificar ciertas funciones o los músculos asociados al oído medio, llegaron hasta el detalle de describir los cambios estructurales en esta parte del órgano auditivo de algunos lagartos.

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Procesos para estudiar los pequeños oídos de los lagartos

El equipo de científicos trabajó con ejemplares de lagartos disponibles en colecciones de la Universidad Javeriana, en su mayoría, y otros de las universidades Nacional de Colombia y de Antioquia. Fueron 38 especies o taxones de lagartos de 24 géneros, los cuales se clasificaron en tres grupos, según las cualidades estructurales de su oído, que identificó el médico alemán Ernst Weber. Es decir, que, dependiendo del espécimen que observaban y sus particularidades en el oído, lo ubicaban en tres patrones diferentes: tipo geco, tipo iguánido o tipo escíncido, explica la investigadora Sánchez.

“Simplemente viendo cómo una estructura tan pequeñita evoluciona, podemos hacer conciencia de sus cambios y la diversidad que hay entre la misma especie”. Paola Sánchez

A pesar de que hoy en día existen tecnologías que no destruyen a los ejemplares, como las tomografías axiales computarizadas, y programas de computador sofisticados para crear imágenes en tres dimensiones, en el estudio no se utilizó esta metodología, porque la técnica de transparentación aún sigue siendo viable para este tipo de estudio, y así mismo se pueden utilizar muchos especímenes ya diafanizados en colecciones herpetológicas.

Escuche, ¡el oído evolucionó!

Lo que los investigadores identificaron, de acuerdo con Hoyos, de la Unidad de Ecología y Sistemática (Unesis) y profesor de la Facultad de Ciencias de la Javeriana, es que las estructuras del oído medio de los lagartos, a pesar de haber sido identificadas desde hace años, presentan diversos cambios que no habían sido descritos anteriormente.

“Logramos no solo reconocer la estructura, sino conocer en gran parte cuál es la variación morfológica que ha presentado dentro de un grupo”, aclara la bióloga Sánchez. Esto gracias a que los investigadores, además de obtener información de los ejemplares observados, ampliaron el número de especies con otras que encontraron en la bibliografía. Así, lograron describirlos cambios morfológicos de la estructura en cada especie y demostraron que la estructura ha cambiado dentro del grupo.

Esta investigación combina la morfología (disciplina que estudia la estructura interna y externa de un organismo, así como sus componentes característicos) y la sistemática (campo de la biología que busca establecer las relaciones de parentesco y la reconstrucción de las clasificaciones de los taxones), para estudiar en detalle los cambios en el oído medio de los lagartos.

Dentro de sus aportes complementarios, además de ver y entender la evolución de esta estructura en las especies, con este estudio también quedan abiertos otros interrogantes.

“Esta investigación es una puerta de entrada a varias opciones de pregunta, por ejemplo, ¿cómo estas diferencias morfológicas podrían o no influenciar en la función del oído? O ¿esta evolución tiene alguna relación con los hábitos de los lagartos?”, complementa Hoyos. Y finaliza diciendo, a modo de enseñanza, que así es el juego: “En la ciencia tú trabajas en algo y obtienes unas respuestas, pero sobre esas respuestas surgen otras preguntas de cosas que no conocemos o de las que tenemos poca información y que son potencialmente interesantes”.

Para leer más:
Sánchez – Martínez, P. M., Daza, J. D., Hoyos, J. M. (2021). “Comparative anatomy of the middle ear in some lizard species with comments on the evolutionary changes within Squamata”. Peer. J. 9. DOI: 10.7717/peerj.11722

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:

Estudio comparado del oído medio en anfibios (Anura y Urodela) y en lagartos (Squamata, Sauropsida) de Colombia

INVESTIGADOR PRINCIPAL:

Julio Mario Hoyos

COINVESTIGADORES:

Paola Sánchez (pasante posdoctoral) y Juan Diego Daza

Grupo de investigación Unidad de Ecología y Sistemática (Unesis), Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Laboratorio de Sistemática Morfológica y Biogeografía de Vertebrados

PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN:

2017-2018

Calidad de vida de niños y adolescentes con labio y paladar hendido

Calidad de vida de niños y adolescentes con labio y paladar hendido

Dominic tiene siete meses y Paola, su madre, ya teme por un futuro en el que el bullying sea el protagonista de la historia de su hijo. “¿Será que va a tener amigos?”, se pregunta, “¿se relacionará fácil?, ¿le costará hablar en público?”. A estos interrogantes se suman los de otras de las familias que experimentan la misma situación, ¿le dará pena ser fotografiado(a)?, ¿podrá socializar en el colegio?

El menor nació con fisura labio palatina (FLP), un defecto craneofacial producido por alteraciones en el embrión, que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), constituye la malformación congénita más frecuente de la región facial.

Su labio y paladar no están unidos y reflejan un aspecto diferente al convencional, pero eso no le impide soltar una sonrisa tras otra con confianza y frescura. No obstante, los pacientes con FLP, a medida que crecen y se relacionan con la sociedad, parecen tener una percepción diferente y no tan despreocupada de la vida.

Así lo demuestra un estudio realizado por el grupo interdisciplinario e interprofesional para la atención de pacientes con labio y paladar hendido (LPH) de la Pontificia Universidad Javeriana, conformado por un equipo de estudiantes y docentes de odontología, especialistas en odontopediatría, ortodoncia, cirugía maxilofacial, periodoncia, fonoaudiología y psicología, quienes se aproximaron a las experiencias de niños, niñas y adolescentes con fisura labio palatina para determinar su percepción y la de sus familias acerca de su calidad vida.

¿Qué encontraron en el estudio?

Los investigadores evidenciaron un impacto significativo en las diferentes áreas de la vida de menores entre los 10 y 20 años de edad con esta anomalía craneofacial. Determinaron que sus preocupaciones más comunes son los posibles efectos a nivel biológico, funcional, estético; y en mayor medida, en la dimensión psicológica, social y el área educativa.

Según el estudio, algunas de las características que pueden alterar la calidad de vida de las personas con FLP son las dificultades en la alimentación, problemas de fonación relacionados con el habla, alteraciones auditivas, dentales y en su fisionomía, explica María del Pilar Bernal, odontóloga javeriana, estomatóloga pediatra e investigadora del proyecto.

“Con esto también llega la dificultad de socializar asertivamente, la variación emocional y del estado del ánimo, tanto de la persona que lo padece como para la familia, entre otras situaciones difíciles de sobrellevar en un principio”, añade Bernal.

Según el, la prevalencia de labio y paladar hendido asociados es de 0.07 % en la población colombiana, mientras que estos eventos se presentan en menor proporción si se hace referencia a la fisura labial o paladar hendido por separado.

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¿Cómo es el tratamiento del labio y paladar hendido?

El camino para corregir esta condición puede llegar a ser muy tortuoso, pues los pacientes son sometidos a diversos procedimientos quirúrgicos reconstructivos de labio, paladar y nariz, además de otros tratamientos y terapias. A medida que crecen, todo parece tornarse más difícil en términos de calidad de vida, especialmente por la percepción de su autoimagen y la posibilidad de entablar relaciones sociales.

Así lo evidenciaron algunos participantes del estudio quienes, según indica Oscar Montaño, psicólogo y coautor de la investigación, reconocieron tener ansiedad y alta preocupación por su imagen con una tendencia a disminuir a medida que el proceso avanzaba bajo un acompañamiento integral del personal de salud.

“Esta condición genera retos estéticos y funcionales que requieren atención interprofesional e interdisciplinaria desde la primera infancia hasta la adolescencia tardía. Dichas intervenciones se encuentran dirigidas a restaurar, no solo la apariencia, sino también su función (la capacidad de alimentación, comunicación y escucha)”, asegura Bernal, quien además es docente del posgrado de Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la Universidad Javeriana.

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Los niños, niñas y adolescentes, así como sus acudientes, manifestaron en la investigación lo importante que es la intervención quirúrgica para ellos, pues les ayuda a enfrentarse al mundo con mayor seguridad y cambiar sus discursos de desesperanza por el surgimiento de pensamientos, sentimientos y emociones positivos.

No obstante, el sistema de salud colombiano -si bien incluye algunos procedimientos quirúrgicos y consultas como las de psicología y fonoaudiología en el Plan Obligatorio de Salud o POS- en realidad existen pocas EPS que ofrecen un tratamiento integrado y coordinado con un grupo interprofesional e interdisciplinario idóneo y preparado para la atención de esta población.

“Nos encontramos con atenciones que la mayoría de las veces ofrecen estos tratamientos de manera individual, lo que hace que estos pacientes y sus familias se enfrenten a barreras de acceso ante un servicio en salud que debe ser integral y desde el nacimiento hasta la adultez, de manera que asegure un acompañamiento en la rehabilitación del paciente y su integración a la sociedad de forma positiva”, explica la profesora Bernal.

María Claudia Martínez, ortodoncista y coordinadora del grupo, añade y es enfática al decir que, “todos los tratamientos van sumando, por ejemplo, en ortodoncia, cuando ellos se ven sonreír a sí mismos, hay un cambio impresionante. Hace poco llegó una niña con sus papás, estaba feliz porque ya había terminado su tratamiento. Verla tan adaptada y totalmente incluida en la sociedad -porque así se sentía-, fue especial”, cuenta.

Un camino espinoso

Las familias y el personal de salud reconocen que el camino para llegar a estos cambios físicos que les permite a los pacientes sentirse bien con su imagen, incluidos y adaptados, no es fácil.

La investigación demostró, en cuanto a la dimensión estética, que la apariencia física es más importante en adolescentes y en especial en las mujeres, hecho que contribuye a un mayor riesgo de ajuste psicosocial para ellas, problemas de comportamiento y angustia emocional.

Al ver la vulnerabilidad de los niños y adolescentes para la integración social, los expertos notan que, en muchos casos, a modo de compensación, los padres son permisivos y sobreprotectores, considerando que así los cuidan mejor.

Al respecto, Montaño dice que estos extremos tampoco son buenos: “La fisura labio palatina no es una enfermedad, es una condición o una diferencia craneofacial como lo dice ahora la OMS, con la que se aprende a vivir, teniendo como resultados a pacientes muy prósperos, productivos y sin complicaciones para desenvolverse en su vida cotidiana después de haber pasado por todos sus procesos”.

Para el psicólogo, la etiqueta de “diferente” la hacen más los demás y no las mismas personas que tienen la condición. Así, la invitación de los expertos es a acoger a esta población para que, motivados por la aceptación social, no tengan que experimentar la discriminación.

“No basta con entender de qué se trata y evaluar de dónde proviene, que de por sí es difícil, porque depende de múltiples factores, pues aparte de la predisposición genética están los factores ambientales, el tabaco, el alcohol, la alimentación, el uso de sustancias psicoactivas, entre otras. También es importante educar sobre esta condición que cualquiera puede experimentar”, dice la estomatóloga pediatra Bernal.

La experta explica que estos cambios inician desde un buen manejo del lenguaje, entendiendo, por ejemplo, que expresiones como “labio leporino” o “el boquete”, coloquialmente escuchadas en el argot popular, no deben promoverse, pues según explica, “la expresión ‘leporino’ viene de la palabra ‘leporum’ que es labio libre, como el labio que tienen los conejos; expresiones que promueven la discriminación y pueden dejar secuelas aún más significativas cuando provienen de experiencias infantiles”.

Ante esto, los expertos indican que ya hay un consenso dentro de las asociaciones que manejan esta anomalía a nivel mundial e invita a sumarse a este movimiento en el que desde el lenguaje se previene la discriminación.

Para leer más

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:  Aproximación a la percepción de la calidad de vida de los niños y adolescentes con Fisura labio palatina no Sindrómica (FLPNS) bajo tratamiento integral en la clínica de Labio y paladar hendido (LPH) de la Pontificia Universidad Javeriana- Bogotá- Colombia.  Estudio fenomenológico.
 

INVESTIGADORES: Niyireth Rocío Rocha Osorio, María del Pilar Bernal Pardo, Óscar Mauricio Montaño, Ángela Suárez y John Roberto Alba

Facultad de Odontología – Grupo Interdisciplinario para la atención de pacientes con lPH
 

PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN:  Artículo en proceso de publicación en revista indexada – segundo semestre 2021

Si desea conocer el artículo completo por favor comunicarse a alguno de los siguientes correos:

mbernalp@javeriana.edu.co

oscar_montano@javeriana.edu.co

Redes sociales de los investigadores:

Instagram: @dra_pilibernalp @osskarm06 @ps.johnroberto

Exiliados y excluidos: así viven los venezolanos LGBTI en las cárceles de Colombia

Exiliados y excluidos: así viven los venezolanos LGBTI en las cárceles de Colombia

Es un triple estigma: ser migrante, venezolano y pertenecer a la población LGBTI en una cárcel de Colombia. La cruda realidad tras las rejas, en un país con 96.386 prisioneros –a julio de 2021, según el informe estadístico del Inpec– apiñados por los excesos del delito. Un entorno que se hace más azaroso cuando el recluso cumple esa triple condición.

Cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) indican que, de 1.995 venezolanos presos en el país, 33 se reconocen como población diversa. El dato, sin embargo, no refleja toda la realidad, pues muchos prefieren esconder su orientación sexual para no lidiar con nuevas violencias. Pero más allá de los números, las historias de estas personas encarnan dramas que apenas están empezando a contarse.

Hace unas décadas eran los colombianos los que migraban hacia Venezuela a causa del conflicto armado o en busca de mejores oportunidades en una nación boyante, gracias al petróleo. De acuerdo con expertos, fueron alrededor de cinco millones de colombianos los que se instalaron allá. Pero la actual realidad social y política del vecino país le dio la vuelta a esa moneda y ahora la diáspora venezolana suma 5,4 millones de migrantes, de los cuales casi dos millones se han asentado en Colombia.

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Los testimonios

Su inserción no ha sido fácil y menos a una sociedad donde la discriminación aparece en cualquier momento. Yahir Pérez* lo sabe y lo ha padecido, porque además de ser venezolano, es gay y está detenido en la cárcel La Modelo de Bogotá, que alberga otros 174 reclusos oriundos de su país.

Pérez nació en el Estado Lara, noroccidente de Venezuela. En medio de la asfixia económica de su familia y agobiado por la discriminación en su tierra dada su orientación sexual, se vino a Colombia hace tres años. Apenas llevaba unos meses cuando cayó preso.

La mayor parte de su encierro la pasó en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la localidad de Kennedy, sur de Bogotá. Allí sufrió más de la cuenta. Si en las cárceles regulares existe hacinamiento –a julio de este año rondaba el 18%, con una sobrepoblación de casi 14.800 personas– en esa URI podía multiplicarse por cinco, explica Yahir.

Cuando lo trasladaron a la cárcel La Modelo pasó tres días deambulando entre pasillos, sin ningún patio asignado y recibiendo todos los insultos imaginados por su orientación sexual. “Cuando llegué me ofendían mucho, me insultaban, no me dejaban entrar. Casi todos los días me decían groserías y eso que hoy estoy en el patio de convivencia, pero parece que no fuera así”, relata.

Según él, es común que a la comunidad LGBTI no le dejen entrar encomiendas o ropa íntima femenina, para quienes se reconocen como mujeres transexuales. La vida detrás de los barrotes ya es suficientemente difícil, pero lo es más si eres venezolano y de orientación sexual diversa. Es como un doble estándar xenófobo.

Alicia Bustos* también lo padeció. Tiene 27 años, es venezolana, madre de dos hijos y bisexual. Llegó a Colombia en 2015 y terminó detenida al intentar transportar droga a Brasil, por lo que ya completa seis años en la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor, en Bogotá.

Bustos se mueve con propiedad en ese lugar, que no está exento del hacinamiento estructural de las cárceles colombianas: con capacidad para 1.246 reclusas, en agosto de 2021 albergaba 1.785.

Esta penitenciaría cuenta con más de medio siglo de historia, tiene hasta cinco pisos y en el centro de esa mole abigarrada hay una cancha de baloncesto y unos juegos infantiles para atender a los hijos de las internas, que están enrejados y sin uso por la pandemia. Por su antigüedad en la cárcel, Alicia duerme en la cama de arriba del camarote.

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Son cerca de las nueve de la noche y el pabellón en el que ella se encuentra empieza a moverse de forma convulsionada. El bullicio de fondo es evidente.

–¿Qué está pasando en este momento?, le preguntamos.

–Estamos haciendo aseo, lavando ropa, bañándonos, algunas están haciendo arepas y otras por aquí están bailando.

Suena de fondo música festiva.

–¿Y por qué tan activas en este momento?

–Porque solo a esta hora sube el agua al piso en el que estoy. Si uno quiere hacer estas cosas en otro momento no se puede, porque no llega el agua.

A pesar de las rutinas de la cárcel, de estar muy lejos de sus hijos y sentirse ajena como migrante, Alicia reconoce que aun con las carencias, el Inpec le ha ayudado con lo mínimo en aseo. “Ellos les colaboran a los migrantes con un kit cada tres meses, que consta de dos rollos de papel higiénico, una afeitadora, un jabón de baño, una crema y un cepillo de dientes. La embajada de Venezuela en Bogotá solo vino una vez, en 2015, y no volvió. Los venezolanos estamos abandonados”, dice.

Hacinamiento

Los números de la sobrepoblación carcelaria en Colombia no son nuevos. Estas condiciones derivaron en reportes de organismos nacionales e internacionales sobre permanentes violaciones a los derechos humanos y tratos indignos, hasta llegar a la declaratoria del estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria que decretó la Corte Constitucional desde 1998, en la Sentencia T-153/98. Desde entonces ha habido múltiples pronunciamientos del alto tribunal de seguimiento a esta crítica situación.

Pese a ello, el país alcanzó un hacinamiento máximo histórico del 55% en 2016 y 2019, según datos de los investigadores colombianos Manuel Iturralde, Nicolás Santamaría y Juan Pablo Uribe, reseñados en su informe “Covid-19 y la crisis estructural de las prisiones de Colombia: diagnóstico y propuestas de solución”.

Las condiciones de sobrepoblación se han sostenido en las últimas dos décadas.

Esto sigue siendo un problema mayúsculo y se acentúa en algunas regiones, como en los distintos centros penitenciarios del noroccidente del país, donde se reporta en el informe estadístico del Inpec divulgado en julio de 2021, un hacinamiento del 42,3 %, con 3.451 reclusos sin cama. La cifra contrasta con los centros del viejo Caldas, donde apenas es del 5,1 %, con 568 internos sin dónde dormir.

 

 

Discriminación

Aunque los venezolanos son los extranjeros con mayor presencia en estos establecimientos (pues 8 de cada 10 migrantes provienen del país vecino, seguidos por los ecuatorianos con 4,9% y otros países como México, Costa Rica y Nicaragua, que no llegan al 2 por ciento), hasta el 26 de agosto sumaban 1.995 presos. La mayoría por delitos como tráfico de estupefacientes, hurto y porte ilegal de armas. Lo que representa una porción ínfima frente a los casi dos millones de migrantes que viven en el país.

Esas cifras muestran que los migrantes están lejos de ser los principales responsables de la inseguridad en Colombia.

No obstante, cada vez que las autoridades se enfocan en la nacionalidad de un detenido, refuerzan un peligroso imaginario cargado de xenofobia, que no solo lo deben soportar los migrantes en las calles, sino en las cárceles, y con mayor intensidad si hacen parte de la población LGBTI.

Ulises Miranda es caleña, transexual y defensora de derechos humanos de la comunidad diversa. A sus 50 años de edad, acaba de recuperar su libertad y ha sido testigo de todas las complejidades que ha tenido que afrontar la población diversa en cárceles como La Modelo en Bogotá o Jamundí, en el Valle del Cauca.

Según ella, cuando estuvo recluida en la capital de la República la ultrajaron más. La pandemia del coronavirus SARS-COV-2 atizó el estrés de los internos y los guardias, siempre hacinados, pero la discriminación permaneció intacta.

Como representante de la comunidad LGBTI en La Modelo tuvo que soportar toda suerte de vejámenes. “Sentía mucho temor. Por ser de derechos humanos me decían: ¿derechos humanos?, ¿un travesti, negro y caleño?”. “Además, me tiraban estiércol con orines”.

Ulises dice que a los venezolanos diversos les iba peor: “Hay mucha xenofobia hacia ellos, incluso de panameños, mexicanos y guatemaltecos. Son muy agresivos. En Jamundí también vi mucho trato despectivo, un desprecio por los venezolanos y ahora en la calle lo veo más: muchas chicas venezolanas trans en la calle sufren agresiones físicas y verbales permanentemente”.

Por su parte, la mexicana Alejandra Martínez, exreclusa de El Buen Pastor, es enfática en decir que a los venezolanos los agreden mucho más. “Como mexicana nunca sufrí discriminación”, dice, y recuerda que ser migrante en una cárcel es sufrir la soledad del encierro sin el consuelo de su familia porque no pueden visitarlas. Además, “a los migrantes nos cobran más caro los trámites judiciales por el solo hecho de no ser de este país”.

Alicia complementa: “A nosotras las venezolanas nos dan muy duro. Hoy, por ejemplo, estaba en la pasarela en un evento de modelaje y llegó una venezolana que baila muy bien y es muy bonita. Cuando la vi, tenía morados. No me acerqué a ella, porque no me gusta, como se dice acá, ‘comprar problemas’. Simplemente observé todo y le pregunté qué le había pasado y me respondió: que por ser venezolana, que por perra, que porque las venezolanas son perras”.

La rutina del vilipendio, se diría. Pero es apenas una situación de las tantas que deben encarar los migrantes venezolanos detenidos. Sin plata, lejos de casa, sin un gobierno que se preocupe por ellos, sin embajada que los represente y con el estigma en 33 de los casos de ser miembros de una comunidad históricamente excluida.

Reclusión en pandemia

De vuelta al hacinamiento, que todo lo complejiza, Ulises sostiene que en la cárcel a veces la cama es lo de menos, pues hay otras condiciones de indignidad que van en contravía de cualquier resocialización posible. La investigación de Iturralde, Santamaría y Uribe aporta ideas para entender lo que ocurre en la mitad de una pandemia. Su conclusión es que el sistema penitenciario no cuenta “con las condiciones mínimas para garantizar los derechos de la población privada de la libertad y para propiciar su reintegración a la sociedad, que es su fin primordial”.

En esa línea, Leonardo Rodríguez Cely, psicólogo, doctor en criminología y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, añade que el hacinamiento, la deficiente atención en salud, la escasa oferta de programas especializados para la reintegración y el masificado trato inhumano contribuye a que los niveles de reincidencia sean muy altos. Un contexto que agrava las vulneraciones a la comunidad LGBTI y a los migrantes detenidos.

Linda Teresa Orcasita, psicóloga y experta en temas de género, pone el foco en otros asuntos claves: “La atención diferencial es necesaria en el contexto carcelario y más si estamos hablando de población migrante, pues allí existen diversas vulneraciones asociadas a diversos estereotipos vinculados al estigma y prejuicio sobre la población”.

Para ella ha venido aumentando el lenguaje discriminatorio y extendido, según el cual son los venezolanos el enemigo de hoy, lo cual refuerza las agresiones hacia esa población dentro de la cárcel. Y si esa población, además se reconoce diversa, todo se complica más.

En muchos casos la población LGBTI es víctima de abusos sexuales de internos, que erróneamente consideran dichas prácticas como “correctivas” de esas entidades de género y orientación sexual.

«Eso lamentablemente es una de las vulneraciones a los derechos humanos más graves que se comete contra ellos. La gente cree que eso se quita, que ser diverso es una moda o que se les va a pasar”, asegura la psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, Seccional Cali.

Salud y hormonización

Como respuesta a las dificultades de la población LGBTI, en el informe de julio 2021 del Inpec asegura que ha venido trabajando en desarrollo de un enfoque diferencial que garantice la vida y la dignidad de esta población, tal como se promulgó en la Ley 1709 de 2014.

“En materia normativa y de jurisprudencia para el reconocimiento y la protección de las personas con orientaciones sexuales e identidades diversas privadas de la libertad se han logrado varios avances”, dicta el documento al referirse a la Sentencia T-062/11 de la Corte Constitucional, por la cual se prohíbe a las instituciones penitenciarias restringir visitas íntimas, el corte de cabello, la tenencia de utensilios de belleza, entre otras disposiciones y sentencias.

Además, la Resolución 6349 de 2016 dio un mandato claro para la implementación de medidas especiales que permitan brindar condiciones de equidad y acceso a sus derechos en los centros penitenciarios. Frente a ello, la Dirección de Derechos Humanos y Enfoque Diferencial del Inpec explica que en el año 2019 los 132 establecimientos de reclusión del país elaboraron un reglamento interno, en consonancia con el enfoque diferencial.

En concreto, a través de la Dirección de Atención y Tratamiento –añadió la entidad en respuesta a una solicitud de información– desarrollan jornadas de autorreconocimiento dos veces por año en los establecimientos para identificar sus necesidades específicas y “adoptar programas y decisiones más acertadas para garantizar sus derechos fundamentales”.

Asimismo, la entidad sostiene que ha implementado medidas tendientes a “la visibilización, protección y garantía de los derechos de aquellas personas con orientación sexual e identidad de género diversa, específicamente en temáticas relacionadas con elementos de belleza, prendas de vestir y corte de cabello, criterios de clasificación para la ubicación, identificación, participación, requisas, trámite de quejas, reclamos y denuncias y visitas íntimas”.

Sin embargo, los testimonios recogidos para esta investigación periodística contradicen la versión institucional y, al contrario, evidencian un largo listado de vacíos por resolver que se vuelve más complejo cuando los internos son migrantes venezolanos. Gaby Luzardo, una mujer trans venezolana de 40 años, a quien capturaron llevando cápsulas de cocaína en su estómago y que estuvo detenida por cuatro años en las cárceles La Modelo, la Distrital de Bogotá y la de Acacías (Meta), advierte que la salud para la población LGBTI en Colombia es calamitosa.

En el famoso “patio milenio” de la cárcel bogotana, “decían que uno tenía que estarse muriendo más o menos para que lo sacaran del patio y si era de población LGBTI, peor”, afirma. Así lo vivió ella cuando se enfermó y recuerda que tuvo que pagar veinte mil pesos a un dragoneante para que la auxiliara. En la cárcel todo tiene un precio. Y sí que lo sabe la comunidad diversa, particularmente quienes están en proceso de transición de género.

Gaby, por ejemplo, no inició su proceso de hormonización en La Modelo pues este tratamiento, basado en el uso de medicación para modificar el cuerpo en función de la identidad de género autoreconocida, le salía demasiado caro. Las pastillas Activia 21, indicadas para ese proceso, le costaban en la cárcel cincuenta mil pesos, pero en la calle su costo promedio era de seis mil. Por ello, su “iniciación” se quedó en el maquillaje, el perfume, los tacones y la ropa femenina. Además, asegura que no tuvo asesoría ni acompañamiento para empezar este proceso, por ello lo hizo al salir de prisión.

Ulises Miranda agrega que en la cárcel de Jamundí su proceso de hormonización fue más benévolo. “Cuando se me olvidaba la cita médica, llegaba una enfermera al patio a decirme: vamos a que le den su medicación”. En cambio, cuenta que en La Modelo el trato fue siempre denigrante e indigno y que el cáncer de estómago que padecía apenas fue tratado con acetaminofén. “Eso es lo que hay, si quiere bien y si no de malas”, recuerda.

Pedro Ramos*, uno de los guardias del Inpec, sostiene que ellos también sufren por el hacinamiento y las precarias condiciones de las cárceles que custodian. “Nosotros trabajamos con las uñas, pero a pesar de eso a los internos se les acompaña en sus procesos de salud, en la medida de lo posible. Hay cosas de recursos que nosotros no podemos controlar”, y explica que los procedimientos quirúrgicos y hormonales para la población diversa no están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, lo que dificulta los procesos de transición al interior de la cárcel: “Eso ha cambiado un poco, hoy en día las personas pueden acceder más fácil a estos servicios y hay casos de internos que han logrado hasta cirugías de senos después de interponer acciones legales”.

La psicóloga Orcasita señala que urgen medidas estructurales para atender a la población LGBTI que está en tránsito de su género. Si un sistema penitenciario como el colombiano no permite hacer las consultas médicas necesarias para desarrollar bien la hormonización de estos pacientes, eso puede derivar en efectos negativos para su salud.

De ahí la importancia, para Orcasita, de que los internos puedan tener un monitoreo real de sus procesos, no solo de hormonización, sino de pruebas de VIH, educación positiva en prácticas sexuales y dotación de preservativos. “No se trata de un acompañamiento a algo cosmético, es un asunto de salud desde una perspectiva sistémica”, puntualiza.

Y en esa mirada redonda sobre esta comunidad, no pueden perderse de vista los estragos del maltrato diario por su condición sexual. Ulises cuenta que alguna vez su amiga Alana fue ultrajada por la guardia, porque su nombre en la cédula era Eduardo. “¡Que yo soy Alana!”, les gritaba ella con voz fuerte e indignada, mientras sorteaba una requisa en su celda. “Cuál Alana ni qué mierda, usted se llama Eduardo. Lo que pasa es que no tiene las güevas bien puestas. Usted es un pobre güevón vestido de mujer”, le contestaban y, enseguida, un bolillazo.

Un trato diferente

Ulises y Alana coincidieron en 2020 en la cárcel de Jamundí. Apenas una historia más de las múltiples que no trascienden más allá de los barrotes, con sutiles o sustanciales diferencias, dependiendo de las diversas identidades sexuales que se autorreconocen en prisión. “El hombre gay no sufre tanta discriminación como nos toca a las chicas trans”, asegura Gaby Luzardo.

Estudios de género son concluyentes en que la diferenciación entre el trato dirigido por hombres y mujeres que se autodenominan LGBTI puede atribuirse a la legitimación social de los afectos que se les ha dado a las mujeres y que históricamente se les ha negado a los hombres, centrada en las relaciones de poder.

“Si voy tomada de la mano de una mujer en las calles, seguramente se va a asociar con que es mi mamá, mi hermana o mi amiga. Es decir, que no atenta tanto contra ese mundo hegemónico que existe, porque a las mujeres se nos permite socialmente la expresión afectiva mediada por los abrazos, los afectos y los besos. Pero, en los hombres es diferente. La norma social les enseña que deben distanciarse del afecto y validar socialmente su masculinidad que, en muchos casos, incluye denigrar y estereotipar”, dice la psicóloga Orcasita.

Y en un contexto carcelario, normalizar estos comportamientos de maltrato hacia la población diversa es la regla en las cárceles de hombres. Ulises lo dice mejor: “El problema es que quien se atreve a exigir respeto o a luchar por unas condiciones básicas de bienestar, tiene que atenerse a las consecuencias. Por eso muchas personas prefieren callar, aguantarse u ocultar su identidad para evitar más maltratos y violencia”.

La crisis se agrava más para los venezolanos que hacen parte de la población LGBTI privados de la libertad en Colombia, pues además tienen que sortear la ausencia de sus familias y los líos económicos de la supervivencia misma en la cárcel.

“Cuando no tenía ropa ni trabajaba haciendo uñas y tintes acá, me vestía con lo que me regalaban las visitas. A veces los que venían a visitar a mis compañeras traían ropita de más y me regalaban”, cuenta Alicia Bustos.

En la otra orilla, Pedro, el guardia del Inpec, asegura que no todo es tan rotundo: “A las personas LGBTI les preguntamos quién quiere que las requise. Eso lo respetamos y si tienen sus citas médicas o procesos de hormonización, hágale. Pero hay muchas cosas del otro lado que no se ven”.

Y agrega que son señalados permanentemente de ser “los malos”, y comprende que piensen así: “Nadie quiere vivir la experiencia de estar privado de la libertad y bajo las condiciones que implica estarlo. Pero lo que no dicen es que algunos utilizan su identidad diversa para ponernos al límite y a nosotros nos toca aguantarnos. Por poner un ejemplo, cuando vamos a hacer requisas, como a ellos no se les puede tocar, muchas veces son los que se encargan de encaletar cosas en su ‘cajón’ [partes íntimas]. O cuando se cortan y nos amenazan con la sangre diciendo que tienen VIH y que nos van a contagiar”.

Avances insuficientes

La tutela ha sido un instrumento legal frecuente para tratar de balancear la reiterada violación a los derechos de la población carcelaria. Uno de los antecedentes históricos que marcó el rumbo de los reclusos LGBTI en Colombia fue el caso de Marta Lucía Álvarez.

Desde 1994, a pesar de sus legítimos requerimientos, le fue negado el derecho a la visita íntima por ser lesbiana. Como reclamó sus derechos, la humillaron, golpearon y trasladaron a doce cárceles del país, así queda documentado a lo largo de su libro “Mi historia la cuento yo”.

En mayo de 1996 acudió al Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA que después de analizar el proceso determinó, en 2014, que el Estado colombiano debía eliminar toda forma de discriminación contra las personas LGBTI privadas de su libertad, al tiempo que reconoció la extensa cadena de violaciones a los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero.

En 2016, ante la comunidad internacional, el Estado aprovechó la oportunidad para pedir perdón a la señora Marta Lucía Álvarez Giraldo por las afectaciones causadas, manifestándole además el compromiso y voluntad de repararla integralmente, así como para que hechos como estos no tengan ocurrencia en el futuro.

En 2017 se acordaron las medidas de reparación: compensación que incluye la indemnización tanto por daño material e inmaterial; un acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpas públicas; la publicación y difusión del diario de la víctima “Mi historia la cuento yo”, y medidas de no repetición que incluyen la modificación del Reglamento General Penitenciario y de los reglamentos internos de cada establecimiento de reclusión, entre otras.

Este pleito internacional abrió la puerta para que el Estado colombiano tratara de responder a los estándares de derechos humanos a nivel global, en relación con la población LGBTI detenida en cárceles.

Gustavo Pérez, representante de la Mesa de Seguimiento del caso Álvarez y miembro de Colombia Diversa, dice que, a pesar de múltiples retrasos, en 2019 por fin el Inpec adecuó su reglamento interno para atender esta obligación internacional y avanzar en los procesos de formación a sus funcionarios. “Estamos diseñando una metodología para hacer un seguimiento más sistemático de la situación de las personas LGBTI privadas de la libertad y, de este modo, medir el impacto real del cambio de los reglamentos y procesos de formación”, cuenta.

Más allá de lo que dicen los nuevos reglamentos del Inpec o los avances en materia de sentencias de tutela proferidas por la Corte Constitucional –en 2013, por ejemplo, reafirmó la visita íntima como un derecho fundamental–, lo cierto es que la discriminación abismal contra esta población no cesa.

Así lo revelan también los testimonios que fueron recogidos en diferentes centros penitenciarios de Colombia durante esta investigación periodística. En lugar de la protección que deberían tener, algunos internos manifiestan que los tipos y escalas de violencia se mantienen y varían según la cárcel, el patio o el sector en el que se encuentren o los niveles de hacinamiento, las jerarquías de poder entre unos internos y otros y si son hombres o mujeres.

Se trata de una normalización de la humillación por su identidad sexual o su lugar de origen. Y los venezolanos migrantes, diversos y detenidos sí que saben de ello.

* Nombres modificados para reservar la seguridad de las fuentes.

** Los datos entregados por el INPEC corresponden a agosto de 2021.

*** Nota: Esta investigación fue realizada como parte del especial periodístico de Consejo de Redacción: Salud en el exilio. Vea el artículo completo aquí.

https://consejoderedaccion.org/Especiales/salud-en-el-exilio/