Una estudiante en una zona rural puede tener computador, una escuela puede tener internet y un municipio puede aparecer como conectado en las estadísticas nacionales. Sin embargo, ninguna de estas condiciones garantiza por sí sola que esa estudiante pueda acceder efectivamente a educación de calidad, desarrollar habilidades digitales o participar de la economía del conocimiento.
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) ha comenzado a utilizar el concepto de conectividad significativa para describir una realidad sencilla: no basta con tener acceso a internet. También se requieren dispositivos adecuados, calidad del servicio, habilidades digitales, seguridad y asequibilidad para que la conectividad genere beneficios reales.
Esa diferencia entre estar conectado y beneficiarse realmente de la conectividad es una de las discusiones más importantes de la transformación digital en Colombia.
Actualmente, el país está viviendo una transformación digital acelerada. Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2025 del Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), el 73,9 % de los hogares del país cuenta con acceso a internet, el 91,9 % de la población utiliza teléfono celular y el 82,3 % de las personas mayores de cinco años usa internet. Incluso las zonas rurales registraron uno de los mayores avances recientes: el acceso a internet pasó de 41,9 % de los hogares en 2024 a 56,9 % en 2025.
Aunque estas son cifras que reflejan avances importantes, detrás de estos resultados emerge una pregunta cada vez más relevante: ¿por qué, a pesar de las inversiones realizadas durante la última década, muchas comunidades siguen sin beneficiarse plenamente de la conectividad?
La respuesta obliga a mirar más allá de la cobertura.
Durante años, el éxito de la política pública digital se ha medido principalmente en kilómetros de fibra óptica, número de antenas instaladas o cantidad de conexiones habilitadas. Estos indicadores son importantes, pero no necesariamente evidencian si la conectividad está transformando efectivamente las condiciones de vida de las personas.
Evaluaciones de la Contraloría General de la República sobre diversas instituciones educativas rurales beneficiarias de programas de conectividad dan cuenta de esta realidad. Algunas instituciones educativas que recibieron computadores a través de programas públicos no cuentan con una conexión estable para utilizarlos. También ocurre lo contrario: hay escuelas con acceso a internet, pero sin suficientes dispositivos para que estudiantes y docentes puedan aprovechar la red. Asimismo, existen otros lugares con infraestructura tecnológica instalada, pero sin recursos para su mantenimiento y soporte técnico, o la formación de los usuarios. La experiencia demuestra que la conectividad no puede entenderse únicamente como la existencia de una señal o una red.
Esto sin mencionar las dificultades en la ejecución de megaproyectos de conectividad. Entre 2024 y 2026, el Ministerio TIC impulsó el proyecto Centros PotencIA, concebido para construir 60 centros tecnológicos orientados a formación digital, innovación y apropiación de tecnologías emergentes. Aunque la iniciativa contempla inversiones cercanas a $234.399 millones, para abril de 2026 reportaba avances físicos cercanos al 2 %, situación atribuida a dificultades asociadas con estructuración de proyectos, disponibilidad de predios, trámites administrativos y coordinación institucional entre actores nacionales y territoriales.
Esto obedece en gran parte a que las capacidades institucionales incluyen aspectos tan diversos como la posibilidad de disponer de predios adecuados, formular proyectos, gestionar licencias, adelantar procesos contractuales, garantizar mantenimiento posterior o coordinar diferentes actores públicos y privados. Municipios pequeños o rurales, en los que se centró esta política pública, suelen enfrentar limitaciones importantes en varios de estos aspectos.
Para comprender mejor el desafío es útil pensar la conectividad como un ecosistema. La infraestructura es apenas una de las piezas. También se requieren dispositivos, energía eléctrica confiable, habilidades digitales, recursos financieros, capacidades institucionales y mecanismos que garanticen la sostenibilidad de las soluciones en el tiempo. Cuando alguna de estas piezas falta, los beneficios esperados difícilmente se materializan.
La evidencia territorial proveniente de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE y de diversos ejercicios de seguimiento institucional muestra esta realidad. Aunque el promedio nacional de hogares conectados alcanza el 73,9 %, algunos departamentos siguen profundamente rezagados. Vaupés registra apenas un 18,6 % de hogares con acceso a internet y Vichada un 23,3 %. No es casualidad que estos mismos territorios enfrenten dificultades históricas en acceso a educación superior, infraestructura, presencia institucional y oportunidades económicas.
Aquí resalta un factor que suele pasar desapercibido en el debate público: las capacidades institucionales de los territorios. Muchas políticas públicas continúan diseñándose como si todos los municipios tuvieran las mismas condiciones administrativas, financieras y técnicas. Sin embargo, mientras algunas ciudades cuentan con equipos especializados para estructurar y ejecutar proyectos complejos, numerosos municipios rurales enfrentan limitaciones para gestionar contratación, adecuar predios, obtener permisos o garantizar sostenibilidad financiera.
La discusión es particularmente importante porque la conectividad dejó de ser una política exclusivamente tecnológica. Hoy condiciona oportunidades educativas, acceso al empleo, productividad empresarial, inclusión financiera y relacionamiento con el Estado. En otras palabras, se ha convertido en una plataforma fundamental para el desarrollo económico y social.
Por eso el desafío de Colombia ya no consiste únicamente en conectar más territorios. Consiste en lograr que esa conectividad genere oportunidades reales para aprender, trabajar, emprender y participar en la sociedad digital.
Esto implica diseñar políticas públicas diferenciadas, capaces de reconocer que los territorios tienen capacidades distintas y enfrentan desafíos diferentes. También exige avanzar hacia esquemas de articulación entre programas de conectividad, educación, innovación y desarrollo territorial, de manera que las inversiones públicas funcionen como un sistema y no como iniciativas aisladas.
Porque, en el fondo, la conectividad no es solamente una política tecnológica. Es una política educativa, económica y territorial. Y probablemente una de las herramientas más apropiadas para reducir desigualdades en el siglo XXI.
La pregunta ya no es cuántos hogares tienen internet.
La verdadera pregunta es cuántos colombianos pueden convertir esa conexión en oportunidades reales de educación, productividad, movilidad social y desarrollo.
