Una mirada a los daños del conflicto armado en la educación rural colombiana

Una mirada a los daños del conflicto armado en la educación rural colombiana

Ya son cinco años desde que se firmó el Acuerdo de Paz entre miembros del gobierno y las FARC-EP, y aunque se creería que la situación de violencia en espacios rurales ha cambiado por completo, la realidad es otra.

Según el informe Colegios de la guerra: otras víctimas del conflicto, publicado en el portal periodístico Rutas del Conflicto,  “se encuentran 331 casos, entre 1990 y el 2020, de tomas o ataques violentos a instituciones educativas por parte de guerrillas, paramilitares y fuerzas del Estado”.

Las conclusiones allí presentadas fueron un punto de partida de la investigación Educación rural en Colombia, retos y oportunidades a partir de las afectaciones del conflicto armado, realizada por el profesor Óscar Julián Cuesta Moreno, junto con un grupo de investigadores del departamento de formación de la Pontificia Universidad Javeriana y presentada en la edición XVI del Congreso La Investigación, que se desarrolló del 14 al 17 de septiembre.

Educación rural y conflicto armado

La investigación documenta de qué manera se ha abordado la relación entre educación rural y conflicto armado y, para responder a dicho cuestionamiento, el grupo de investigación Formación, Subjetividades y Políticas de la Facultad de Educación de la Javeriana propuso un estudio de tipo descriptivo con técnica de revisión documental para filtrar publicaciones científicas que han abordado el tema de la educación rural y conflicto armado en Colombia (desde 1991 hasta 2020) con el fin de identificar las secuelas experimentadas por la educación rural a lo largo del territorio nacional.

¿Por qué el tema es relevante?

Para el profesor Óscar Cuesta hay dos razones claves. En primer lugar: “El conflicto armado, en mayor parte, ha sido de naturaleza rural”; y, en segundo lugar, “la educación rural ha sido un tema muy desplazado por la investigación en educación y necesita ser pensada aún más cuando se mira que hoy las mismas zonas rurales siguen viviendo nuevas formas de conflicto, lo que algunos han llamado las nuevas conflictividades”.

Para llevar a cabo esta búsqueda se usaron palabras clave o descriptores como “educación rural”, “educación rural y conflicto armado” etc., en diferentes bases de datos, abiertas o pagas (en el caso de las pagas se usaron las ofrecidas por la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J.). Con estos criterios fue posible hallar un aproximado de 80 documentos.

La importancia de resignificar la educación rural

La investigación sirvió para problematizar los conceptos de ruralidad y educación que resultan “ambiguos e imprecisos», pues “se asocia la educación al sistema escolar o las normales, pero las investigaciones necesitan una mayor precisión conceptual, ya que a veces los autores relacionan lo rural como un opuesto a lo urbano. También, cuando hablamos de educación rural consideramos que en el caso de la misma educación, no debe entenderse solo como una práctica institucionalizada en el sistema escolar, sino como una práctica social y por lo tanto amerita una comprensión más amplia”, afirma el profesor Cuesta.

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Además, es importante resaltar la pluralidad significativa de la escuela rural a lo largo de este estudio, pues en estos documentos se encontró que la escuela rural ha sido epicentro de reclutamiento forzado, escenario para la guerra (pues ha sido usado como trinchera), en sus alrededores hubo campos minados, los profesores fueron víctimas de asesinato, e incluso, las fuerzas armadas del Estado tomaron las escuelas como parte de operaciones militares. Se usaron como helipuertos, zonas de desembarque, hospitales improvisados, etc.

Estos resultados generan preocupación, ya que como asegura el profesor Cuesta, “se amenaza a rectores y profesores para censurar temas del conflicto y de la historia nacional en las aulas, por lo que estos dejan de asistir y la escuela debe cerrar, los niños también dejan de ir porque se presentan combates en los alrededores. De igual forma, hay casos donde el Estado invierte recursos para reparar las escuelas, pero profesores y alumnos no regresan por miedo”.

Estos problemas de corte administrativo y pedagógico -así como el profesor Cuesta los llama-  revelan una situación delicada en la libertad educativa dentro de las escuelas rurales que aún se sigue presentando, y es que “hay unas formas de amenaza pedagógica que afectan la enseñanza y lo curricular, quedan vacantes los cargos de profesores que tuvieron que abandonar la escuela y no hay nadie que los tome porque ningún profesor quiere ser nombrado en esa zona”.

Se necesitan más investigaciones y cifras más claras

La investigación del profesor Cuesta es un trabajo que pone en discusión la importancia de reconocer y resignificar la educación rural y la ruralidad en Colombia, ya sea dentro o fuera del contexto del conflicto armado, puesto que es una problemática que no solo responde al sistema escolar, sino que también hace parte de una estrategia cultural y política ejercida por las comunidades rurales.

Y es que los documentos estudiados demostraron que la bibliografía se queda corta, ya que “gran parte de las investigaciones carece de una mayor sistematicidad estadística, hay una necesidad de seguir investigando el tema puesto que los hechos que se publican en estos documentos, por lo general, se centran en ciertos casos como la situación del Putumayo, el Cauca, Antioquia, la Guajira y el Atlántico, pero hace falta una herramienta que logre hacer un inventario y cuantifique, de tal forma que las cifras permitan comprender en mayor medida cuál ha sido el efecto del conflicto armado en la educación rural”, afirma Cuesta.

Datos recientes del Ministerio de Educación, analizados por el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE), de la Pontificia Universidad Javeriana, revelan que “de los 2.400.000 estudiantes de colegios rurales del país, solo el 17 por ciento tiene acceso a internet”. Otros estudios como el censo educativo realizado por el DANE, en 2017, muestra que “el 70 % de los niños y jóvenes que no acceden a la educación en Colombia provienen de las zonas rurales y regiones apartadas del centro del país”.

Estos datos que dan cuenta de la realidad de la educación rural colombiana, sumados a los hallazgos del profesor Cuesta refuerzan más la problemática del abandono que existe a la hora de comprender la ruralidad, su subjetividad y, sobre todo, la urgencia de atender sus necesidades actuales.

“La educación rural ha sido abandonada por el Estado, las políticas que ha puesto para la educación rural se han quedado en palabras porque se desconoce el tipo de ruralidad del país; no hay, hace falta una suerte de comprensión de las ruralidades”, concluye Cuesta. Es clave que los investigadores dediquen sus esfuerzos a ampliar la forma de entender las ruralidades, así como de plantear estrategias de mitigación de daños causados por el conflicto armado, en cuyo caso resulta clave el liderazgo del Estado, y que hoy día siguen afectando directamente el libre desarrollo de la educación rural.

La matrícula cero no es suficiente: ideas para una mejor educación en Colombia

La matrícula cero no es suficiente: ideas para una mejor educación en Colombia

Colombia atraviesa tiempos difíciles, no solo por la pandemia que ataca a todo el mundo, sino porque ya se completó un mes de paro nacional. En medio de esto se volvió a hablar de educación, una demanda histórica por la que actualmente muchos jóvenes están marchando, y para la cual el presidente Iván Duque, junto con la ministra de Educación, María Victoria Angulo, anunciaron el pasado 11 de mayo que habrá matrícula cero para los jóvenes de estratos 1, 2 y 3 en educación superior pública.

Por primera vez en la historia del país el 97 % de los estudiantes de educación pública superior, técnica y tecnológica tendrán matrícula gratuita para el segundo semestre de 2021 y, además, quedó expresa la intención del gobierno de hacer de la gratuidad de la educación pública, una política de estado sostenible y permanente.

Según el Ministerio de Educación, estos recursos se gestionarán a través del Fondo Solidario para la Educación, creado mediante el Decreto Legislativo 662 de 2020, que se suma al capital ya destinado a programas como Generación E.

¿Una medida insuficiente?

Luz Karime Abadía, codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana, llama la atención sobre el filtro que se hará para tener acceso a estos beneficios, pues “el estrato es una característica de la vivienda, no de los ingresos de las personas, por lo que si se va a volver algo permanente, no debería usarse este mecanismo de selección, pues podríamos estar generando incentivos para que las personas se cambien de lugar de residencia con el fin de acceder al beneficio”.

Al respecto, la ministra de Educación se refirió en entrevista con El Espectador diciendo que “inicialmente se ha optado por este mecanismo de estratificación. No obstante, de manera coordinada con el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento de Prosperidad Social, avanzaremos en la construcción de una política que integre estos mecanismos de focalización”.

También hay que tener en cuenta que esto no implica aumento de cobertura, lo que quiere decir que la matrícula cero no va permitir el ingreso de muchos más jóvenes a la educación superior. Abadía expone que esto responde a que las instituciones oficiales tienen una fuerte restricción de cupos, recursos e infraestructura. Por otro lado, dice la profesora javeriana que “para muchos de estos jóvenes, la principal barrera económica, quizás, más que las matrículas, es el sostenimiento diario en la institución”.

La mitad de los jóvenes entre 17 y 21 años logra ingresar a la educación superior, es decir, cerca de dos millones de estudiantes. El 40 % deserta entre el primer y el décimo semestre por falta de recursos y también por deficiencias en las bases que traen desde el colegio. Luz Karime Abadía, LEE

Si bien este avance representa un logro que beneficiará a 693 mil estudiantes de casi un millón cien mil matriculados actualmente en las instituciones oficiales, “no es lo más urgente dadas las grandes carencias que tenemos en el sistema de educación colombiano y que pasan no solo por consolidar estas iniciativas como políticas de estado, sino por atender múltiples deudas históricas y necesidades en términos de inequidad, calidad y otros más que aquejan al país”, opina Abadía.

¿Cuáles son las deudas con la educación en Colombia?

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Se ha dicho que la educación es el arma más poderosa, sin embargo, el rezago en materia de acceso y calidad ha desprovisto al país de la posibilidad de usar la educación como arma. En su lugar, según indica Óscar Julián Cuesta, máster en Educación y profesor del Departamento de Formación de la Javeriana, la educación ha sido sinónimo de una lucha histórica que se ha hecho más visible con la pandemia.

Para Cuesta la primera gran deuda es la educación rural, pues el Estado colombiano entiende la educación rural como algo precario que necesita alcanzar los niveles de la educación urbana, desconociendo que no se trata solo de las inequidades entre el sector urbano y rural en términos tecnológicos y de acceso, entre otros, sino del contexto y las necesidades de cada territorio del país.

En segundo lugar, “se piensa que el problema de Colombia es del aula, entonces, ‘la educación está mal porque a los estudiantes les va mal en las pruebas estandarizadas’, y no. El problema educativo va más allá, es social, económico, cultural. En ese sentido, tenemos una deuda con la comprensión del fenómeno educativo”, dice Cuesta.

El experto insiste en que hay dificultades de fondo que están asociadas a los malos resultados como, por ejemplo, si un niño o niña está desnutrido, sufre la violencia directa o le enseñan realidades que nada tienen que ver con la suya como sucede con los estudiantes de zonas rurales.

“Por más que los profesores se esfuercen, estas otras variables influirán para que no tengan los resultados esperados. Para los gobiernos es fácil decir, ‘mejoremos a los profesores para mejorar la educación’, pero de nada sirve tener buenos profesores si los estudiantes tienen una complejidad social que no les permite ir al aula con la disposición requerida”, comenta.

Como tercer punto está la gran deuda con los maestros. El profesor javeriano asegura que después de la década del 80, cada vez han sido más las políticas que marginan al profesor, “el docente no piensa el currículo, no tiene momentos para discutir la enseñanza; ahora el proceso educativo viene prefijado por currículos preestablecidos; cada vez se pierde el rol de intelectual y trabajador de la cultura y su labor no es bien remunerada”.

Luz Karime Abadía, del LEE, resalta la deuda con la educación básica y media, en donde están, para ella, los rezagos más grandes en términos de educación pública y privada y los métodos de enseñanza, “seguimos siendo muy tradicionales, nuestros planes de estudio son los mismos de hace 50 años. Seguimos enseñando de memoria, conceptos y asignaturas en lugar de enseñar habilidades para el mundo”.

¿Cuáles deben ser los cambios para una transformación estructural?

Tras años de investigar las diferentes problemáticas educativas del país, de forma soñadora pero posible, los investigadores consultados para este artículo proponen varias alternativas:

Un proyecto para la educación rural que motive a los profesionales a irse a territorios rurales, “personas que quieren hacer su proyecto de vida en territorio, que formulen una pedagogía de compromiso social en donde los currículos respondan a las necesidades y memoria histórica del lugar. Eso partiría de un compromiso por parte del Ministerio de Educación para generar condiciones favorables para estos profesionales”, dice Cuesta. Hecho que se une a la necesidad de reivindicar la práctica docente.

“La sociedad se tiene que dar cuenta de que los profesores hacen una labor irremplazable, si no hay docentes, no hay escuela, y esto, a su vez, implica una mejora salarial equiparable a su trabajo, porque educar va más allá de generar aprendizajes, es un proceso de formación”, enfatiza Cuesta. De esta manera se genera un efecto motivador para que los mejores estudiantes y futuros profesionales se animen a participar de esta labor, complementa Abadía.

Los expertos también resaltan la necesidad de abandonar los currículos estandarizados para pensar en unos más contextualizados y territorializados, y de la misma manera encontrar nuevos mecanismos de evaluación que permitan valorar el progreso, por ejemplo, de la educación en la ruralidad. Asimismo, metodologías basadas en experiencias y desarrollo de habilidades, más que en la memoria.

Una mirada fuera de las aulas

Para el profesor Cuesta, nada de esto es posible si no se resuelven los problemas sociales, no solo de acceso, infraestructura y calidad educativa, sino también situaciones elementales en las que la sociedad se comprometa a educar como una responsabilidad de todos.

“No es deber de la escuela resolver los problemas sociales (violencia, pobreza, discriminación, exclusión migratoria, entre otros) para que la escuela se dedique a hacer lo que debería hacer. Padres de familia, iglesias, medios de comunicación y sociedad civil en general deben formar a los nuevos sujetos en convivencia, respeto, cuidado al prójimo y demás valores, así como la cobertura de las necesidades básicas por parte de las familias y el Estado”, argumenta el profesor javeriano.

Tanto Abadía como Cuesta coinciden en que educar es un asunto que debe ser de debate público e interés común. Sobre esto último, el profesor invita a la comunidad a participar y a pensar en la educación que queremos y necesitamos; en los sujetos que estamos formando para darle a este debate la dimensión política que merece.