Cuando hay manifestaciones que obstaculizan las vías públicas es común encontrarse con frases como: “Esas no son formas de protestar”, “están afectando al mismo pueblo”. En el marco del paro nacional que comenzó el pasado 28 de abril, parte de la discusión nacional ha sido cuál es la mejor forma de expresar las inconformidades.

Aunque el debate inspire las posiciones más opuestas, en la Constitución colombiana existen consagrados cinco mecanismos de participación ciudadana que eventualmente podrían ayudar a conseguir los cambios que se procuran durante las manifestaciones.

Patricia Inés Muñoz es profesora y directora de posgrados del Departamento de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana. Una de sus áreas de investigación es la cultura política del país. Para la docente es necesario revisar el estatuto de participación ciudadana (ley 1757 de 2015), pues si bien los mecanismos están estipulados, los requisitos incluyen creación de comités, recolección de firmas, umbrales de votación y otra serie de procedimientos que los hacen complicados.

“En términos generales los mecanismos fueron concebidos bajo una serie de requisitos que la mayoría de las veces hacen difícil el éxito del uso del mecanismo por parte de los ciudadanos”, dice Muñoz.

Y las cifras parecen respaldarla. Desde 1991, que existen estos mecanismos, solo un alcalde ha sido removido de su mandato a través del mecanismo popular de revocatoria. Fue en el municipio de Tasco, Boyacá, en 2018. Esto a pesar de las decenas de solicitudes que llegan a la registraduría. En 2017 se presentaron 47 y actualmente cursan 67 solicitudes contra alcaldes. Estos procesos se vieron frenados por la pandemia ante la imposibilidad de recolectar firmas.

En referendos las historia no es muy diferente. En diálogo con El Espectador, Clara Rodríguez, profesora e investigadora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia, recordó que en el país solo se ha votado un referendo a nivel nacional. Este fue propuesto por Álvaro Uribe en 2003, constaba de 14 preguntas y solo una alcanzó el umbral de aprobación: la de la muerte política a condenados.

Adicionalmente, estos procesos están lejos de ser prácticos. Su aplicación puede tomar más de un año, por lo que no serían una alternativa efectiva para cierto tipo de decisiones que requieren mayor urgencia y sin contar los costos que implican.

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil los procesos de revocatorias del mandato que están hoy en curso costarían cerca de $200 mil millones. Solo en una ciudad como Medellín, este proceso estaría rondando los 1500 millones de pesos.

La cifra aumenta si se consulta una decisión a nivel nacional. El plebiscito que refrendó los acuerdos de paz con las FARC (única vez que se ha usado esta figura) costó $350 mil millones según la misma Registraduría.

¿Por qué la gente prefiere manifestarse en las calles?

La docente Muñoz expone que como los mecanismos existentes son útiles en muy reducidos espacios, “la movilización de los ciudadanos en las calles es la única forma de hacerse escuchar porque sienten que no hubo otros espacios o mecanismos para interactuar”.

Esta situación ha sido evidente durante los últimos días en el país, que aún en medio de la pandemia, ha vivido una movilización ciudadana en diversas regiones, de diferentes sectores sociales y con múltiples reclamos.

En este caso la investigadora analiza un malestar social generalizado por demandas que ya se venían presentando desde el paro del 2019 y que fueron interrumpidas por la cuarentena. Esta inconformidad se incrementó por el contenido y la forma como se presentó la reforma tributaria y los impactos que iba a tener sobre la economía diaria. Un tercer factor, analiza la experta, es la pérdida de confianza en la institucionalidad, el gobierno y los actores políticos por parte de los ciudadanos.

Según el Barómetro de Confianza de Edelman, para el cual se encuestaron a más de 33 mil personas en 28 países del 19 de octubre al 18 de noviembre de 2020, en Colombia, la confianza en el gobierno está 20 puntos por debajo del promedio global, siendo el cuarto país que más desconfía después de Nigeria, Sudáfrica y Argentina.

La encuesta revela que la confianza en los líderes políticos llega apenas al 24 %, tres puntos porcentuales menos que en 2020 y que la credibilidad en los voceros del gobierno es del 21 %, dos puntos menos que el año anterior.

“Todos estos estudios de cultura política vienen mostrando una pérdida progresiva de la confianza en las instituciones por parte de los ciudadanos en Colombia”. Paricia Muñoz

Muñoz argumenta que todo este malestar finalmente generó reacciones más alteradas por el mismo contexto de la pandemia, y fue canalizado hacia las manifestaciones en vía pública.

Para la investigadora los mecanismos existentes se quedan cortos para, por ejemplo, consultar a la ciudadanía sobre el contenido de la reforma tributaria. El gobierno requiere, de forma urgente, recaudar recursos por los gastos que ha dejado la pandemia, pero no puede esperar los 12 o 18 meses que tomaría consultar a la ciudadanía mediante dichos mecanismos.

Ante tal complejidad para el uso de las herramientas constitucionales, ¿qué hacer?

La Ley 1757 de 2015 hizo más flexibles los requisitos de algunos de estos mecanismos, norma que para la investigadora Patricia Muñoz es necesario revisar de nuevo buscando que sea más efectiva. “Estamos en mora de evaluarla porque creo que ha habido algunos logros, revocatorias de mandato, por ejemplo, que nos pueden mostrar que efectivamente estuvieron al alcance de los ciudadanos, pero quizás le podamos introducir mejoras para hacerlos todavía más flexibles”, explica.

Pero el problema de fondo, continúa Muñoz, pasa por la relación entre los actores políticos y los ciudadanos. Afirma que más allá de los mecanismos formales que ya existen, lo importante es la voluntad política de los gobernantes para identificar las demandas, necesidades y expectativas de los ciudadanos.

Esta relación se puede construir por fuera de dichas herramientas. “Siempre habrá la posibilidad de convocar mesas de trabajo con partidos políticos, centrales obreras, organizaciones de la sociedad civil, gremios, academia, grupos organizados. Lo importante es la voluntad política de los mandatarios de abrir canales de diálogo”, manifiesta.

Si bien estas discusiones pueden tomar tiempo, la investigadora sostiene que cuando los gobiernos tienen en cuenta a sus ciudadanos al momento de tomar las decisiones, la norma expedida contará con acogida y respaldo, y eso es finalmente lo que construye la legitimidad de los gobiernos.

“Cuando se quiere gobernar de espalda a la ciudadanía, uno de los efectos es lo que estamos viviendo, ¿por qué?, porque al imponer una reforma tributaria sin consultar y con la gente agotada y empobrecida, allí los ánimos llegan a un punto en que se generan otras reacciones, como las que hemos visto estos días”, dice Muñoz.

La investigadora resalta que aun cuando no exista un mecanismo que se llame movilización, este es por esencia un acto de participación ciudadana, el más sencillo para el ciudadano porque no requiere atender una serie de procedimientos para hacerlo efectivo. Finaliza haciendo un llamado a los diferentes gobiernos a mantener el diálogo con los ciudadanos para planificar mejor las decisiones.