El retiro de varias piezas del Museo Nacional de Colombia desató controversia sobre la memoria histórica y la censura en el país. Investigadores de la Universidad Javeriana analizan las implicaciones de esta decisión, el papel de los museos en la construcción del relato nacional y los límites del poder político sobre el patrimonio cultural.
No todo lo que se exhibe en un museo está allí para ser admirado. También hay lugar para lo que incomoda, para lo que duele y para aquello que nos hace sentir orgullosos. En el Museo Nacional de Colombia conviven las historias que nos unen y las que nos dividen, porque todas hablan, de algún modo, de lo que somos. Sin embargo, algunas de esas historias han sido retiradas de sus salas, pese al trabajo que durante décadas han realizado equipos de profesionales para construir, bajo criterios curatoriales rigurosos, una representación cada vez más amplia de la historia del país.
El pasado 15 de octubre, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes ordenó retirar 63 piezas del Museo Nacional de Colombia. Entre ellas están los afiches de campaña de Bernardo Jaramillo Ossa, candidato presidencial de la Unión Patriótica asesinado en 1990, y de Carlos Pizarro, excomandante del M-19, asesinado durante la misma campaña presidencial; una bandera del orgullo LGBTIQ+; documentos y publicaciones relacionados con las luchas feministas y los derechos de las mujeres; el bolígrafo utilizado para firmar el Acuerdo de Paz de 2016 y el tarjetón de la Séptima Papeleta, movimiento ciudadano que impulsó la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.
Afiches de Carlos Pizarro y Bernanrdo Jaramillo Ossa, campaña presidencial 1990. Foto: ___GDM___!, con licencia como CC BY-SA 2.0.
Inmediatamente, diversas organizaciones académicas, sociales y culturales del país señalaron este hecho como un acto de censura, cuestionando que no hubo criterios ni procedimientos curatoriales que sustentaran el retiro. Cuatro días después, el 19 de octubre, el Juzgado 24 de Familia de Bogotá ordenó como medida provisional no destruir, alterar ni trasladar las piezas fuera del Museo y ordenó que no se retiraran ni intervinieran nuevas piezas por razón de su contenido sin actos administrativos que justifiquen esas decisiones.
Esta controversia plantea una discusión sobre quiénes tienen la autoridad para construir y modificar el relato histórico de la Nación y qué implicaciones tiene dejar de exponer en un museo obras y objetos que documentan momentos reales vividos en un país, por ejemplo, las luchas sociales, la violencia política y los procesos de paz.
Para profundizar en estas cuestiones, Pesquisa Javeriana conversó con Amada Carolina Pérez, doctora en Historia y profesora del Departamento de Historia y Geografía de la Pontificia Universidad Javeriana, sede Central, quien ha trabajado en el Museo Nacional; Erika Parrado Pardo, profesora del mismo Departamento e investigadora de los movimientos sociales latinoamericanos y los estudios de la memoria; y Ricardo Toledo, profesor del Departamento de Artes Visuales e investigador en historia y teoría del arte.
“Cuando entré a trabajar al Museo Nacional hace 25 años, las salas estaban pobladas de próceres, retratos de hombres, presidentes y literatos. Había muy pocas mujeres y escasa representación de la diversidad del país”, recuerda Amada Pérez, quien además señala que las disputas por la representación de la historia nacional no son nuevas. “Durante buena parte del siglo XIX, por ejemplo, Francisco de Paula Santander ocupó un lugar central en el relato histórico, y fue el movimiento de la Regeneración, hacia finales de ese siglo, el que volvió a situar a Simón Bolívar como uno de sus principales protagonistas”, explica la historiadora.
Fue a partir de la Constitución de 1991, la cual reconoció el carácter pluriétnico y multicultural de Colombia, cuando el Museo Nacional comenzó a replantear la manera de representar la diversidad del país en sus exposiciones. Esta ampliación al interior del Museo tomó más de dos décadas y requirió el trabajo de historiadores, museólogos, investigadores y profesionales de distintas disciplinas.
Vista aerea del Museo Nacional de Colombia. Foto: Carlos Gustavo Suárez Cruz, CC, Wikimedia Commons.
Según Pérez, el proceso incluyó la creación de comités especializados para gestionar las colecciones y decidir qué piezas se exhibían y cómo debían presentarse. Además, se desarrollaron espacios de diálogo con pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, organizaciones de mujeres y movimientos sociales, con el propósito de incorporar sus experiencias y perspectivas al relato de la historia nacional.
“Esta renovación no es un proyecto de un gobierno en particular, sino un proceso de Estado que se ha construido a lo largo del tiempo”
Amada Pérez
Contar con esa pluralidad de voces y actores en un museo, además de responder al reconocimiento de la diversidad establecido en la Constitución de 1991, permite comprender la complejidad de los procesos históricos. Según Erika Parrado, un museo nacional “debe mostrar las exclusiones, las violencias y las desigualdades históricas, pero también las luchas por ampliar la democracia y la participación política, las movilizaciones sociales, los distintos procesos de paz y las iniciativas locales de paz. La función de un espacio como este es abrir preguntas, no cerrarlas”.
Sin embargo, la ministra de las Culturas, Paola Holguín, defendió el retiro de las piezas en una comunicación publicada en su cuenta de X el 16 de octubre en el que sostuvo que la vocación institucional del Museo “no consiste en servir como instrumento de adoctrinamiento político, foco de difusión de versiones sesgadas de nuestra historia, ni mucho menos en medio multiplicador de la agenda gubernamental”. También afirmó que “el Museo Nacional no puede ser un espacio de apología al delito o revictimización, tiene que observar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.
Sala “Hacer sociedad” en Museo Nacional de Colombia. Fotografía cortesía: Santiago Lemus.Sala “Memoria y nación” en Museo Nacional de Colombia. Fotografía cortesía: Paula Torres Mejía.
Frente a estos argumentos, Parrado explica que la presencia de un personaje o un objeto en una exposición no implica necesariamente su glorificación. Su inclusión permite dar lugar, a través de la exposición, a voces que dan cuenta de momentos específicos de la historia del país. “Pensemos, por ejemplo, en los líderes de la Unión Patriótica que fueron asesinados, o en Carlos Pizarro, excomandante del M-19, firmante de paz y candidato presidencial, que también fue asesinado. Borrar estos hechos no los saca de la historia, lo que hace es contribuir a su invisibilización y al borramiento político, lo que empobrece la comprensión del conflicto y de la historia del país”, afirma.
Para Parrado, el desmonte de las piezas tiene un costo institucional importante, pues el Museo puede dejar de percibirse como un patrimonio común, en el que es posible reconocer la diversidad de voces que hemos sido como país, y pase a entenderse como un relato sobre el cual el gobierno de turno tiene la potestad de decidir. “El Museo Nacional no puede convertirse en un altar a la patria, ni en un tribunal de verdades históricas”, reitera Parrado.
El arte, la memoria y los límites del poder
El Museo Nacional está dedicado a la historia del país y parte de sus colecciones incluyen obras de artistas que han representado, cuestionado e interpretado acontecimientos de distintas épocas. Entre las piezas retiradas se encuentran trabajos de figuras reconocidas en la historia del arte colombiano, como Alfonso Quijano y Carlos Correa. Para el profesor Ricardo Toledo, el retiro de estas obras es especialmente preocupante porque también afecta el patrimonio artístico del país y el reconocimiento de artistas fundamentales en su historia.
La cosecha de los violentos (1968), del artista Alfonso Quijano, fue una de las obras retiradas de la exposición del Museo Nacional de Colombia. La xilografía representa cuerpos sin vida dispuestos sobre mesas, bajo un árbol retorcido, en alusión a la violencia en el país. Imagen: Colección de Arte del Banco de la República, Bogotá, Colombia. https://colecciones.banrepcultural.org/es/documento/la-cosecha-de-los-violentos-obra-grafica/63a069015d96b8790f25a3a3
Además, “el arte tiene un carácter disruptivo, no llegó para acomodarse a los relatos. Llegó para presentar otras perspectivas y para inaugurar problemas”, afirma Toledo, quien considera que las autoridades deben mantener una posición de neutralidad frente al contenido estético y simbólico de las obras. Desde su perspectiva, proteger la libertad artística implica permitir la circulación de expresiones con las que una parte de la sociedad, o incluso quienes ejercen el poder, pueden estar en desacuerdo.
Como antecedente a esta discusión, Toledo cita la Sentencia T-202 de 2026 de la Corte Constitucional, que abordó la controversia por el mural Las cuchas tienen razón. La expresión surgió en Medellín tras el hallazgo de restos humanos en La Escombrera, como homenaje a las mujeres buscadoras de personas desaparecidas, y fue replicada en distintas ciudades. En Manizales, organizaciones sociales y de víctimas realizaron un mural en enero de 2025, pero días después el entonces concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez Puerta cubrió parte de la obra con pintura negra, lo que motivó una acción de tutela.
Durante la revisión del caso, la Facultad de Artes de la Universidad Javeriana presentó un concepto técnico, recogido en los numerales 160 a 162 de la Sentencia, en el que advirtió que borrar una expresión artística vinculada con la memoria de las víctimas y reducirla a propaganda partidista puede constituir una forma de censura indirecta y revictimización simbólica. También señaló que el arte urbano permite cuestionar las versiones oficiales de la historia y dar visibilidad a voces tradicionalmente excluidas. Por ello, sostuvo que las autoridades deben mantener una posición de neutralidad frente al contenido de las obras, reconocer su carácter crítico y disruptivo, y justificar rigurosamente cualquier restricción a su circulación.
Al resolver el caso, la Corte Constitucional ordenó a Rodríguez Puerta ofrecer disculpas públicas, reconocer el origen del mural como una expresión legítima de memoria de las víctimas y abstenerse de promover o ejecutar nuevas acciones destinadas a borrar, cubrir o sabotear manifestaciones artísticas relacionadas con el conflicto armado y las mujeres buscadoras. Asimismo, exhortó a los servidores públicos a participar activamente en la protección de estas expresiones, al reconocer su importancia para la reparación simbólica y la construcción de una sociedad democrática.
Aunque la Sentencia se refiere a una intervención sobre una obra de arte urbano y no al retiro de piezas de una colección museística, Toledo encuentra en sus consideraciones un punto de referencia para analizar lo ocurrido en el Museo Nacional.
La disputa por la memoria más allá del Museo Nacional
El retiro de las piezas del Museo Nacional se inscribe en una política más amplia que se ha denominado “batalla cultural”, una expresión con la que distintas administraciones de derecha en América Latina y Estados Unidos han planteado disputas sobre la memoria histórica, la educación, la cultura y la representación de determinados sectores sociales.
Para Pérez, la llamada “batalla cultural” que proponen estas derechas busca imponer una lectura única del pasado y reducir la presencia de las distintas voces que conforman las sociedades. Por su parte, Toledo advierte que sus implicaciones pueden ir más allá de las instituciones culturales: “las batallas culturales suelen ser la avanzada de otras formas de violencia que vienen después de ellas”, señala el investigador.
Sin embargo, el retiro de las obras también ha generado respuestas que van en una dirección distinta a la pretendida por sus promotores. Se han realizado manifestaciones pacíficas que han incluido muestras artísticas, plantones e incluso sesiones de clase a la calle frente al Museo.
Pérez insiste en la importancia de mantener abiertos los espacios de diálogo y reconocer las formas de exclusión que afectan a diferentes comunidades del país: “si bien hemos recibido con tristeza y preocupación la noticia del desmonte de las piezas, por lo que representa para la libertad museológica y curatorial del país, también vemos en esta situación una oportunidad para poner en circulación obras que muchos no conocíamos y seguir construyendo lecturas complejas y diversas de la historia”, afirma.
“Cada vez que se refinen las formas de censura, se van a refinar las formas de creación”
Ricardo Toledo
En esa misma línea, Parrado recuerda que a lo largo de la historia de Colombia las comunidades y los territorios han sostenido iniciativas de memoria que trascienden las instituciones nacionales. Estos procesos, explica, permiten que diferentes sectores sociales participen en la construcción y apropiación de sus propios relatos sobre el pasado, incluso cuando sus experiencias no encuentran un lugar en las narrativas oficiales.
Finalmente, para Pérez, las consecuencias de estas disputas no se limitan a lo que ocurre dentro de las instituciones culturales: “entendemos que este borrado simbólico es grave, pero también nos preocupa el que se sigue produciendo desde las acciones del gobierno contra comunidades diversas, movimientos LGBTIQ+ y comunidades afro, campesinas e indígenas. Finalmente, este borrado simbólico hace parte de una política de Estado más amplia”, concluye Pérez.
La disputa por las piezas del Museo Nacional recuerda que la historia no es un relato terminado ni una verdad inquebrantable, sino una construcción colectiva tan frágil que puede transformarse a merced de la voluntad de quienes detentan el poder, pero tan firme que resiste gracias a la fuerza de comunidades cuyo reconocimiento consagrado en la Constitución de 1991, más de tres décadas después, sigue siendo una promesa por cumplir.
