El 17 de marzo de 2020 se declaró el estado de emergencia económica, social y Ecológica, una figura jurídica que se aplica en casos excepcionales que constituyan una grave calamidad pública, y que le permite al Gobierno nacional modificar los procesos normales en que se mueven los dineros de la nación. En este caso, se dio por la pandemia de la Covid-19.

Para hacer frente a un reto de semejante magnitud, el Gobierno creó el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), administrado por el Ministerio de Hacienda. Su misión es atender las necesidades en salud, los efectos adversos en la actividad productiva, mantener el empleo y buscar el crecimiento económico.

El FOME obtiene sus recursos de tres fuentes principales: el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) , el Fondo de Pensiones Territoriales (Fonpet) y del Presupuesto General de la Nación. Con corte al pasado 7 de abril se habían desembolsado 30,8 billones de pesos.

¿Transparencia en el gasto?

Al cumplirse un año de la declaración del Estado de Emergencia y de la creación del FOME, el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana presentó un informe que evalúa la transparencia en el manejo de los recursos públicos asociados a la pandemia.

Este informe actualiza la información publicada en 2020, en donde el Observatorio ya le había dado una mirada a la transparencia de estos recursos.

En esta revisión se le hizo seguimiento a los movimientos presupuestales del FOME, según los documentos reflejados en la página web del Ministerio de Hacienda y el Portal de Transparencia Económica.

El informe prende las alarmas en cuanto al cumplimiento de los principios de la ley de transparencia. “No es posible conocer el destino específico de los recursos ejecutados – peso por peso”, señala. Esto porque los resultados presentados son del nivel nacional y por sector (agricultura, justicia, trabajo, comercio, etc.) pero no se especifican los gastos de los programas de cada sector.

El documento también recalca que es importante conocer esta información, ya que algunos sectores han administrado recursos que en condiciones normales estarían a cargo de otros sectores, como el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, adscrita a la Presidencia de la República, que está administrando la mayoría de recursos de salud pública, incluyendo el plan de vacunación. Lo mismo ocurre con los dineros del programa Ingreso Solidario, que están a cargo del Departamento para la Prosperidad Social, pero que en un principio fueron administrados por el Ministerio de Hacienda.

La publicación advierte que la información de todas las entidades que están ejecutando presupuestos del FOME no están unificadas en una sola base de datos. Si bien esto no es una infracción a la Ley de Transparencia, hace un llamado para que se facilite el proceso de seguimiento y control.

“Para que la información sobre el gasto del Gobierno sea verdaderamente transparente, no solo tiene que ser técnicamente pública, sino que no debe requerir de días enteros de trabajo para que un ciudadano conozca su desglose”, se señala en el informe.

Por esta razón, el Observatorio Fiscal, junto a dos programadores informáticos, desarrollaron una herramienta que permite compilar todos los datos en una base de datos unificada que está disponible para facilitar esta búsqueda del destino y a la que puede acceder en este enlace.

Las páginas web que exponen esta información no incluyen documentos del proceso de contratación ni los contratos o las modificaciones a dichos documentos. Por lo tanto, no es posible hacer el seguimiento de forma detallada.

El informe es contundente al afirmar que en el FOME no están todos los recursos disponibles, contrario a su objetivo inicial que era ser un fondo común para la atención de esta emergencia. Esto ha llevado a que varias entidades de nivel nacional hayan tenido que emplear dineros propios.

Asimismo, advierte sobre la ausencia de un plan de gasto detallado de los billonarios recursos presupuestados a futuro.

“En el Observatorio Fiscal hemos documentado cómo la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos para atender la emergencia ha sido sistemática”, se lee en informe. Es clara la falta de transparencia por la opacidad en el reporte del gasto, especialmente en los procesos del Ministerio de Hacienda, la limitada información disponible y los formatos de difícil acceso.

“Tras un año de la declaración del Estado de Emergencia, no es claro por qué el Gobierno nacional no ha publicado un registro de información completo y unificado. Tampoco se sabe por qué acceder a la información disponible es una tarea imposible por lo dispendiosa para la ciudadanía en general” finaliza el documento.

Puede encontrar el informe completo aquí.

En este video, Juan David Oviedo, asesor de finanzas públicas del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, cuenta más detalles del informe.