La emergencia sanitaria generada por la Covid-19 ha impactado a diferentes sectores de la sociedad de manera indiscriminada, pero no al mismo nivel. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) revela que ciertos grupos sociales que ya se encontraban en condiciones de vulnerabilidad, como el de las mujeres, se han afectado más, agudizando las desigualdades sociales y de género.

Con la intención de comprender esta problemática, en el marco del conversatorio Violencia contra las mujeres en Colombia, emergencia nacional, el Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana habló con Linda Cabrera, directora de la Corporación Sisma Mujer, Adriana Benjumea Rúa, directora de la Corporación Humanas Colombia; y Alejandra Coll, integrante del grupo de trabajo en género de la Comisión de esclarecimiento de la verdad. Las tres son abogadas, feministas, promotoras y defensoras de los derechos humanos de las mujeres.

La Covid-19 pone la lupa a la difícil situación de las mujeres en Colombia

En términos de género, las desigualdades han quedado en evidencia durante la pandemia, por ejemplo, con el incremento de la tasa de desempleo del país, especialmente en mujeres.

Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el desempleo de los hombres para el periodo de septiembre a noviembre del 2020 fue de 10,9 % frente a 19,6 % para las mujeres. Durante este mismo trimestre del 2019 las tasas habían sido de 7,6 % y 12,6 %, respectivamente. No solo creció el desempleo en general, sino que el mayor impacto ocurrió en la población femenina.

Sin embargo, esto no significa que las mujeres estén desocupadas; la realidad es que ellas siguen trabajando, es decir, “están sin trabajo en términos de que no son remuneradas, pero se encuentran día a día ejerciendo labores de cuidado (acompañamiento a los niños en el aprendizaje desde casa; cuidado de los niños, adultos mayores; tareas domésticas; entre otras). Entonces, la llamada economía del cuidado es una explosión, estamos produciendo y trabajando más, pero sin recibir un reconocimiento económico por esto”, aseguró Linda Cabrera, de la Corporación Sisma Mujer, durante el diálogo.

Ahora bien, los sectores generalmente feminizados han sido los más golpeados, explica Cabrera, trabajos como los hoteleros, domésticos y restaurantes, son algunos de los más fáciles de suspender debido a las restricciones, lo que además implica que más mujeres no puedan pagar y acceder a los servicios de salud. A esto se adhiere otro efecto secundario de quedarse sin trabajo: la falta de independencia económica.

“Perder el empleo, para nosotras y a diferencia de los hombres, no solo significa pasarla mal, sino que para una mujer es un riesgo inminente de violencia contra ella y sus hijos e hijas, porque pasa a depender económicamente de alguien y es aquí cuando se activan relaciones de poder que terminan escalando a escenarios de agresión, maltrato y las diferentes formas de violencia”, describió Cabrera.

Un problema de cifras

En el informe de la Situación de los derechos humanos en Colombia, la ACNUDH explica que aunque los registros de los hechos violentos hacia la mujer demuestran un considerable descenso, esto no se debe precisamente a la disminución de dichas prácticas, sino a las limitaciones para acceder a servicios de denuncia durante la crisis sanitaria.

El sistema para denunciar presenta falta de recursos tecnológicos para la atención virtual en Comisarías de Familia, colapsan las líneas telefónicas de atención y no hay facilidades de acceso a las valoraciones médico legales. También hay ausencia de cupos en las casas de refugio e insuficiente número de estas casas especializadas para acoger a las mujeres víctimas.

Lo anterior podría explicar la discordancia que hay entre unas cifras y otras, pues durante la pandemia no hay un consolidado certero de la totalidad de casos reportados. Linda Cabrera explicó que la institucionalidad ordinaria, encargada de notificar la denuncia de estos casos de forma oficial, como la Fiscalía o Medicina Legal, reporta una disminución de los casos.

Pero para otras instituciones dedicadas a cubrir género como Sisma Mujer, estos números no coinciden con la realidad. En sus reportes indican que líneas de atención y orientación para mujeres víctimas de violencia como la Púrpura y la 155, entre otras, registran un  incremento del 96,74 % de las llamadas por violencia intrafamiliar en comparación al 2019,  pasando de 12.543 casos (marzo del 2019 al 18 de febrero del 2020), a 24.677 en los mismos once meses del 2020 al 2021.

Por su parte, Alejandra Coll, de la Comisión de esclarecimiento de la verdad, comentó en el evento que, por ejemplo, según disposiciones estatales, todos los municipios deberían tener una casa refugio para atender y acompañar estos casos; sin embargo, de los 1.103 municipios que hacen parte del territorio nacional, son cerca de ocho los que cuentan con estas casas y otros diez tienen convenios con hoteles. Con eso se infringe uno de los preceptos de la Ley 1257 del 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres.

Las abogadas coincidieron en que en el marco de la pandemia uno de los grandes errores fue no prever medidas diferenciales: “las mujeres se quedaron encerradas con sus agresores sin poder denunciar, llamar, sin saber cuáles eran los números a los que podían recurrir, o sin tener acceso a una de estas casas a pedir ayuda. Sin embargo, las instituciones dedicadas a apoyar a las mujeres y las entidades feministas hicieron lo posible por acompañar”, dice la directora de Sisma Mujer.

Ante las distintas problemáticas aquí mencionadas, para las expertas lo que hizo la pandemia fue visibilizar y poner la lupa a aquello que por años permaneció oculto.

Qué acciones implementar para combatir la pandemia que ataca a las mujeres

La invitación de Adriana Benjumea Rúa, directora de la Corporación Humanas Colombia, fue a cuestionar la estructura de la sociedad, sus relaciones de poder y la participación política de la mujer.

En esto coincidió la abogada Cabrera, quien dice que “las respuestas no funcionan porque las normas las siguen dictando los hombres, porque los puestos del poder público los siguen ocupando ellos, la distribución del poder está mal y mientras esto siga así será difícil alcanzar un gran cambio”, y añadió que no se trata de excluir a los hombres sino de tener una igualdad de condiciones y de participación política para construir una mejor sociedad.

Durante el conversatorio las expertas llegaron a la conclusión de que parte de la solución implica un gran cambio social. Este no es un problema solo de las feministas, dijo Benjumea: “para avanzar en la erradicación de las violencias contra las mujeres, el país y el mundo deben participar en la transformación”.

Al respecto, la directora de Sisma Mujer enfatizó: “es necesario que el Estado empiece a trabajar de manera decidida en el tema de la cultura ciudadana, por ejemplo, desde la primera infancia en los sistemas educativos, en los cuales se pueda abordar el tema de la no violencia hacia las mujeres. Hay que generar cambios sociales que implican rediseños en el sistema educativo, en las políticas ciudadanas, de vigilancia, castigos efectivos y no impunidad, entre otros; mientras esto siga siendo así no habrá motivación para que los agresores dejen de cometer prácticas de violencia contra la mujer”.