Ahora o nunca: el mensaje para proteger realmente el medioambiente

Ahora o nunca: el mensaje para proteger realmente el medioambiente

En el 2021 muchos temas ambientales se posicionaron en la agenda del debate público. Ya no solo en niveles locales, sino que eventos como la Conferencia sobre cambio climático -COP26-, en la que Pesquisa Javeriana tuvo un enviado especial, revelan que el cuidado del medio ambiente es una preocupación mundial. Habrá que ver si en unos años se refleja algún cambio con las decisiones allí tomadas.

Por otro lado, investigaciones sobre flora, fauna, ecosistemas e iniciativas internacionales que buscan cuidar la naturaleza pasaron por la páginas virtuales e impresas de Pesquisa Javeriana, todas con sello javeriano. Hoy traemos los temas a destacar de este año en materia medioambiental.

Colombia aún no ratifica el Acuerdo de Escazú

Van más de 500 días sin que el gobierno colombiano ratifique la iniciativa latinoamericana que plantea objetivos para la protección del medioambiente, el acuerdo de Escazú.

Firmar este acuerdo es de suma importancia porque es el convenio regional de políticas ambientales que protege a los líderes sociales y encamina normas básicas para la regulación ambiental en América Latina y el Caribe.

Este acuerdo busca más garantías de protección para quienes protegen la naturaleza, la estandarización de derechos de acceso a la información ambiental, la justicia en casos ambientales, la creación y fortalecimiento de capacidades y la cooperación entre los países firmantes.

Aunque el presidente envió el proyecto de ley con mensaje de urgencia, parece que para el Congreso no era tan urgente porque nunca fue priorizado en las sesiones del Senado y no se tiene certeza de cuándo ocurra. Una tarea pendiente.

Un país lleno de ecosistemas en riesgo

Los efectos del cambio climático son evidentes en todos lados. Dos investigaciones javerianas así lo demuestran. La primera de ellas alerta sobre los ecosistemas terrestres.  El profesor de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, Andrés Etter, fue el investigador principal de un estudio que evaluó la situación de 81 ecosistemas del país, de los cuales, 20 de ellos están en estado crítico, pues perdieron el 80 % de su superficie y otros 16 están en peligro.

Más de la mitad de los ecosistemas colombianos se encuentran en alto nivel de riesgo.

Esta investigación, que ganó el premio Alejandro Ángel Escobar en medio ambiente y desarrollo sostenible, aplicó la metodología de la Lista Roja de ecosistemas para medir el estado de salud de los ecosistemas terrestres continentales del país.

Por su parte, otra pesquisa de la misma facultad revela que el 70 % de los ecosistemas marinos y costeros de Colombia están en alto riesgo de colapso. El investigador principal fue Edwin Uribe, quien acompañado de la profesora Andrea Luna y del profesor Etter, demuestran que la intervención humana y los efectos del cambio climático, amenazan la estabilidad del medioambiente marino.

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Este estudio también aplicó la metodología de Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza – UICN–, un estándar internacional para medir la afectación de los ecosistemas. Entre los resultados se evidencia que los manglares y las playas de arena del Caribe oceánico son los ecosistemas en estado más crítico.

La fauna que tampoco se salva

Y si los ecosistemas están amenazados, la fauna que en ellos habita también lo está. A inicios del 2021 la noticia del ataque de un Jaguar, en el que murieron dos indígenas de la comunidad u’wa, en Boyacá, ocupó los titulares de los medios de comunicación. Varios ataques del felino prendieron las alarmas de la población del departamento y de los expertos.

El biólogo javeriano Federico Mosquera explica que estos ataques ocurren por una problemática estructural: las altas tasas de deforestación en su hábitat, ausencia de regulación de su caza, aumento demográfico y el establecimiento de poblaciones humanas en zonas de recarga hídrica y corredores biológicos de estas especies, han llevado a que una especie tímida, esté atacando a los humanos.

En otra región, esta vez en Antioquia y el Magdalena Medio, otro gran animal representa una amenaza para el ambiente y la población. Los hipopótamos traídos por Pablo Escobar en la década de los 80, se han reproducido tanto que investigadores y autoridades locales se debaten entre la esterilización, la repatriación y la cacería de control.

Esta especie invasora llegó a Colombia con tres hembras y un macho. Hoy se calcula que hay entre 80 y 90 individuos que rondan entre Puerto Triunfo y Yondó, ambos municipios de Antioquia. Esto demuestra un crecimiento exponencial, que es aún más preocupante por su alto consumo de alimento, la alta contaminación que causan en los ríos por heces y agitación de sedimentos y varios ataques a pobladores.

Y si en tierra la situación es preocupante, en el mar no deja de serlo. Una investigación internacional, en la que participó la profesora Andrea Luna, revela que en uno de cada cinco arrecifes del mundo ya no hay tiburones. En el estudio participaron 58 países y se recolectaron 15 mil horas de grabación en 371 arrecifes, esto sugiere que la pérdida de tiburones en estos ecosistemas es generalizada a nivel mundial. Un resultado preocupante porque estos animales son la punta de la cadena trófica o alimenticia.

Su desaparición, en su mayoría por caza, pone en alto riesgo la salud de los ecosistemas. Esto porque las especies de las que se alimenta se multiplicarían sin control y acabarían con la estabilidad de dicho ambiente. Además, su pesca indiscriminada puede ponerlos en riesgo de extinción.

¿Y ahora?

Ante este desalentador panorama frente al planeta, una de las alternativas es retornar a prácticas sostenibles en donde la investigación y la agricultura se den la mano.

Este artículo publicado en la edición 57 de la revista Pesquisa Javeriana impresa (Campesinos y científicos: dos sabidurías para enfrentar el cambio climático), aporta voces como la de Neidy Clavijo, directora de la Maestría en Desarrollo Rural, y la de don Marco Aurelio Farfán, que orientan sobre modos de vida y de cosecha que generen menos afectaciones al ambiente.

Académicos de todo el mundo concuerdan en que es ahora o nunca. Es en este momento que debemos exigir a los gobiernos de todo el mundo y generar cambios que reduzcan los impactos ambientales que por décadas ha causado el ser humano, o en unos años tendremos un planeta con condiciones mucho más hostiles, menos especies naturales, menos ecosistemas y cada vez menos habitable.

Van casi 500 días y Colombia no ratifica el Acuerdo de Escazú

Van casi 500 días y Colombia no ratifica el Acuerdo de Escazú

Treinta días. El artículo 163 de la Constitución Política de Colombia establece que los trámites de urgencia de un proyecto de ley propuesto por el presidente de la República deben resolverse en el Congreso en máximo treinta días. El 20 de julio de 2020 Iván Duque radicó la propuesta para ratificar el Acuerdo de Escazú, sin embargo, el pasado 20 de junio finalizó el periodo legislativo y el convenio no se sometió a votación, lo que significa que su ratificación se hundió en el Congreso sin siquiera estar en la agenda.

Algunos senadores como Iván Cepeda insistieron en la necesidad de incluirlo en las sesiones extraordinarias, pero no se hizo y con esto Colombia incumplió un compromiso internacional que ya había sido asumido el gobierno de Iván Duque.

Recientemente, con el inicio de la nueva legislatura, y aunque ha sido en las comisiones segundas del Congreso en donde se ha discutido el acuerdo, la Comisión Quinta (a quien le competen temas ambientales) citó un debate de control político para que el Gobierno aclare qué gestiones ha hecho para ratificar el acuerdo. Sin embargo, el futuro del acuerdo en Colombia aún no es claro, pues a pesar de que la intención expresa del ejecutivo es ratificarlo, aún no hay fechas para su votación.

¿Qué es el Acuerdo de Escazú?

El Acuerdo de Escazú es la forma corta de nombrar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, firmado el 4 de marzo de 2018 en Costa Rica y que entró en vigencia el pasado 22 de abril. Aunque lo han firmado 24 países, 12 aún no lo ratifican, entre ellos, Colombia.

El documento plantea algunos objetivos para proteger el medioambiente y a quienes le apuestan a su conservación en América Latina y el Caribe al garantizar la implementación de los derechos de acceso a la información ambiental y a la justicia en asuntos ambientales, así como a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales.

La propuesta también procura “la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.

Se trata del primer convenio regional en materia de políticas ambientales y, como lo sostiene en el prólogo del acuerdo el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, “tiene el potencial de catalizar el cambio estructural y dar respuesta a algunos de los principales desafíos de nuestros tiempos. Es un instrumento poderoso para prevenir conflictos, lograr que las decisiones se adopten de manera informada, participativa e inclusiva y mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y la buena gobernanza”.

¿Cuáles son los aspectos claves?

“En principio, el objetivo del acuerdo es fortalecer la implementación de los estándares de democracia ambiental para lograr el derecho a un ambiente sano”, explica Natalia Gómez Peña, abogada con máster en Estudios Legales Internacionales de la American University Washington College of Law, oficial de incidencia para América latina de Civicus (una organización sin ánimo de lucro dedicada a fortalecer la acción ciudadana y la sociedad civil en todo el mundo) y representante del público en el proceso de negociación del Acuerdo de Escazú.

Para Gómez Peña este instrumento es clave porque sienta unas bases regionales en regulación ambiental. “Hay una gran diferencia entre los estándares de unos países frente a otros. Argentina tiene una ley de acceso a la información específica para el sector ambiental, Colombia cuenta con leyes generales de acceso a la información, pero hay otros del Caribe que no las tienen, así que es una unificación de estándares”.

Además, según Gómez Peña, el acuerdo también brinda instrumentos de cooperación internacional para facilitar la implementación y seguimiento de estos compromisos.

Más garantías para los defensores del medioambiente

En julio de 2020, el mismo mes en el que Iván Duque llevó el acuerdo al Congreso, la ONG Global Witness documentó que en 2019 Colombia fue el país en el que más defensores del medioambiente fueron asesinados: 212. Además, el Atlas de Justicia Ambiental, un proyecto que documenta y cataloga los conflictos sociales en torno a problemáticas ambientales ubica al país en el sexto lugar, con 130 casos reportados, detrás de India, Brasil, Estados Unidos, México y China.

Atlas de Justicia Ambiental

La situación para los líderes ambientales en Colombia es alarmante pero no es menor para los otros países de la región, pues 7 de los 20 países con más casos reportados en el Atlas de Justicia Ambiental, son latinoamericanos.

“El Acuerdo de Escazú da protección a los activistas ambientales, quienes están siendo amenazados y asesinados”, explica Carlos Devia, profesor asociado de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana. “Este acuerdo da más garantías al acceso a la justicia ambiental porque pondría bajo la mirada internacional todo lo que sucede en términos ambientales en Colombia”.

Y es que el documento señala y destaca el papel que desempeñan aquellos que defienden los derechos humanos en asuntos ambientales y que en ocasiones son vistos como “piedras en el zapato” del llamado “progreso”. “Muchos de los ataques a defensores y defensoras se dan en un marco de estigmatización y criminalización, donde los Estados no reconocen su rol sino que les dicen opositores al desarrollo y se les criminaliza, así que el acuerdo le hace frente a ese discurso y propone una narrativa más positiva”, explica Natalia Gómez Peña.

Para la abogada, aparte del reconocimiento de su labor, el acuerdo logra avances en términos de acceso a la justicia ambiental, pues “habla de autoridades y cortes especializadas. Este tipo de tratados, al ser ratificados, entrarían a ser parte del ordenamiento jurídico nacional, lo que hace que su cumplimento sea exigible en las cortes”.

¿Por qué no se ratificó el acuerdo de Escazú?

Principalmente porque no fue considerado por el legislativo como un tema prioritario, lo que llevó a la dilación de las discusiones y a que no se votara, aunque el presidente Iván Duque haya radicado la propuesta con mensaje de urgencia.

La Comisión Segunda del Senado, en donde se llevó a cabo el debate sobre la ley que sancionaría el Acuerdo, hacia finales del año pasado, realizó varias sesiones en las que participaron, además de los congresistas, representantes de los empresarios y colectivos ambientalistas.

En la sesión del 4 de noviembre de 2020, por ejemplo, el senador del Centro Democrático, Ernesto Macías, intervino diciendo que había “comunidades que exigían la consulta previa del Acuerdo, entre ellas, comunidades afro, el Consejo Comunitario Mayor del Río Pepe, el Consejo Comunitario de Curvaradó y el Consejo Comunitario de Llanobajo”, y que por eso aún no tenía una postura de apoyo o rechazo, puesto que hacía falta una socialización del documento.

Sesiones de discusión sin votación

Desde entonces se convocaron varias sesiones en las que la Sociedad de Agricultores de Colombia, la Federación Nacional de Avicultores (FENAVI) y el Consejo Gremial Nacional, por ejemplo, han recomendado archivarlo o rechazarlo.

Las razones que expusieron pasaron desde la vaguedad en algunos términos usados en el documento hasta el argumento de que Colombia ya tiene mecanismos robustos de acceso a la información y justicia ambiental.

“Nos preocupa ese artículo (el 7.2), porque sería casi que extender la consulta previa a cualquier proyecto. Desde abrir un pozo profundo a permisos para mover tierra, eso nos generaría presión, sobrecostos y la frontera agrícola que se quiere desarrollar va a ser afectada”, intervino Carlos Eduardo Gómez, presidente de FENAVI.

El artículo reza que “cada parte garantizará mecanismos de participación del público en los procesos de toma de decisiones (…) relativos a proyectos y actividades (…) que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, incluyendo cuando puedan afectar la salud”. Para el presidente de FENAVI la vaguedad está en el concepto de “impacto significativo”.

Por su parte, Sandra Forero, expresidenta del Consejo Gremial Nacional, aseguró en la sesión del 23 de noviembre de 2020 que “en Colombia ya hay un marco normativo suficiente que garantiza muchas de las cosas que plantea el acuerdo, el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental. Eso está en el acuerdo, pero Colombia ya lo tiene”

Pero para Rafael Jaimes, de la Fundación Agenda Social para el Cambio de Norte de Santander, “es falso decir que el Estado colombiano tiene herramientas suficientes para garantizar el derecho del acceso a la información y de participación de las comunidades. En Norte de Santander es conocido el caso de la sentencia T880 que le ordenó a Ecopetrol la suspensión de la explotación mineroenergética en el pozo Álamo 1 en la comunidad del pueblo indígena motilón barí. Esta tutela se dio porque no hubo un mecanismo de consulta ni de participación que permitiera a las comunidades fijar su posición y ser consultada”.

Otra de las preocupaciones que expresaron los empresarios fue que el Acuerdo no puede tener modificaciones, así que de ratificarse, hay que suscribirlo en su totalidad. “El artículo 23 establece que no se pueden hacer reservas. No participamos, no nos notificaron y cuando levantamos la mano por la vaguedad del idioma nos estigmatizan por no querer proteger el medioambiente”, señaló el presidente de FENAVI.

¿Cuál es el paso a seguir?

Natalia Gómez Peña también es la autora del informe Colombia y el Acuerdo de Escazú, en el que detalla el proceso que duró más de ocho años. “Desde 2016, la posición de Colombia fue, generalmente, regresiva, con los argumentos de que ya tenía leyes de acceso a la información, de participación ciudadana ambiental. Hubo un artículo sobre la creación de un comité de apoyo a la aplicación y cumplimiento en el que se estaba pidiendo que la sociedad civil y el público pudiera mandar comunicaciones acerca del cumplimiento o no, y eso no se incluyó por países como Colombia”.

Por su parte, para el profesor Carlos Devia, “el Acuerdo de Escazú se convierte en una herramienta perfecta para salvaguardar intereses de orden nacional asociado a los recursos naturales que están siendo cooptados por unos pocos y de manera irregular. La mitad del país son mares, la cuarta son bosques, pero no hay un compromiso real sobre el uso adecuado de esos recursos y se están perdiendo. Los defensores de ellos se convierten en piedras en el zapato para las personas que quieren hacer usos inadecuados de esos territorios, son objeto de persecución y asesinato. Si se ratifica sería un acto muy claro del gobierno de comprometerse con la sociedad y los recursos naturales”.

 

La alternativa es que el Acuerdo de Escazú vuelva a ser parte de la discusión en el siguiente periodo legislativo.