El comercio informal: un organismo con vida propia

El comercio informal: un organismo con vida propia

Caminar por el centro de Santiago de Cali es una aventura que estimula todos los sentidos; es enfrentarse a una mezcla de múltiples ruidos, colores, sabores y personajes que retratan una parte importante de la cultura caleña. Es casi imposible pasar por sus sobreocupados andenes y no toparse con el olor a chontaduro, el tradicional ´champús´ o aquellos particulares vendedores que, al ritmo de la salsa y con parlantes a todo volumen, invitan a los transeúntes a “agacharse y escoger” mercancía.

Esta travesía de experiencias, abrumadora para muchos, tiene una razón de ser: en las últimas décadas el centro de Cali ha sido el foco del comercio informal, fenómeno que ha suscitado fuertes debates a lo largo del país.

A pesar de no ser una problemática nueva en Colombia, actualmente su reconocimiento se ha potenciado por la implementación del nuevo Código de Policía y el conflicto que ponerlo en práctica ha encontrado con la informalidad. Sin embargo, hay quienes ven en esta situación un importante potencial para el desarrollo, como es el caso de los arquitectos Gustavo Arteaga y Edier Segura, investigadores de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, quienes proponen cambiar la visión tradicional que se tiene sobre este fenómeno.

“Muchos sectores de la ciudad quieren tener la actividad comercial que tiene el centro de Cali, por esto es vital que veamos la informalidad como una oportunidad y nos alejemos de los conceptos negativos”, afirma Arteaga, profesor investigador del departamento de Arte, Arquitectura y Diseño de la Facultad de Humanidades.


La informalidad y el crecimiento poblacional

Como si se tratara de una selva de cemento, los andenes del centro de Cali están compuestos por una variada gama de elementos que los caracterizan: los famosos paraguas de colores que cubren un sinnúmero de puestos ambulantes, las carretillas con ropa, los zapatos, juguetes y películas tiradas en el andén son algunos de los elementos de informalidad comercial más comunes.

Este pintoresco paisaje tiene sus raíces, algunas de ellas asociadas al acelerado crecimiento poblacional, derivado de la implementación de las vías ferroviarias en 1915 con la llegada del Ferrocarril del Pacífico; esto, sumado a una constante ola migratoria que atraía pobladores de áreas aledañas en busca de mejores condiciones de vida, y a la implementación de planes de desarrollo urbano que no responden a las necesidades de la ciudad, han hecho de Cali la tormenta perfecta para la proliferación de este tipo de actividades económicas.

Tormenta que fue aprovechada por Segura, quien en 2016 era estudiante del taller de renovación urbana que dictaba Arteaga.


Caracterización del centro de Cali: su flora y fauna comercial

Todo comenzó en una de las salidas de campo al centro de Cali, en la que Segura observó algunos aspectos interesantes entre la actividad comercial y la disposición del espacio. Uno fue la homogeneidad y patrones comerciales que mostraban determinadas zonas, situación que le generó curiosidad y lo motivó a profundizar más.

“Edier identificó dos aspectos importantes: la visión de un centro fundado hace 300 años para vivienda, que nunca logró adaptarse al comercio emergente, y una nueva postura contemporánea con la idea de ‘¡Qué bueno darle forma a este comercio!’, en la que se aproveche la informalidad”, explica Arteaga.

El trabajo inició con la categorización de las zonas informales, focalizando la investigación entre las calles 10 y 15 con sus respectivas carreras, en el corazón de la Sucursal del Cielo. Se tuvieron en cuenta importantes nodos con alta concentración de vendedores ambulantes, como el Centro Administrativo Municipal (CAM), el Palacio de Justicia y variables como el tipo de mercancía, el número de vendedores informales, su proximidad a las vías principales, las dimensiones de los andenes, la tolerancia de las autoridades y dueños de los sectores, entre otros aspectos.

Lo que encontraron los investigadores fue una organización espontánea de la actividad comercial informal en el centro, que se agrupa por zonas y que se ha arraigado en la cultura de compra de los visitantes. Algunos de los ejemplos más destacados son: la venta de accesorios y moda que se concentra en la calle 14, entre carreras 5a y 6a, y, la venta de comidas, agrupada en el eje de la carrera 6a, entre las calles 10 y 11. Además del comercio de frutas, vegetales, hierbas, videojuegos y juguetería infantil, que también está distribuido en zonas específicas.

Con toda esta información, el paso a seguir se concentró en la implementación de herramientas de geolocalización, complementadas con la recolección de datos. “Uno de los elementos clave para el estudio fue el uso de los mapas de calor y la minería de datos, técnicas de investigación que nos permitieron visualizar gráficamente la conformación comercial actual del centro”, continúa Arteaga.

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Los mapas de calor facilitan la identificación de acomodaciones comerciales (representadas en color rojo) que arrojan pistas sobre la concentración de negocios y las necesidades de los consumidores, con nuevas dinámicas que demandan repensar la ciudad, que exigen el diseño de proyectos urbanos para recuperar el espacio público al mismo tiempo que permitan potenciar y aprovechar la actividad económica.

También evidencian varias características comunes de los espacios que pueden ayudar a predecir la aparición de comercio informal, como la cercanía de iglesias, plazas, edificios y parques públicos.

En el caso de Cali se puede visualizar un centro sectorizado y extrañamente funcional, en el que sus visitantes han logrado la manera de coexistir con la informalidad e invasión de un espacio que inicialmente les pertenece a ellos para transitar sin obstáculos.

El resultado de este minucioso trabajo cartográfico brinda la oportunidad de apreciar las superficies urbanas usadas para las ventas informales y la identificación de patrones de distribución, facilitando la caracterización de las zonas de estudio para proponer alternativas sobre el mejor uso del espacio público.


¿Es posible ver el comercio informal como una oportunidad?

De acuerdo con toda la información recolectada por los investigadores, se podría decir que sí. “Debemos convertir a los vendedores informales en actores participativos de los procesos y planes de desarrollo urbano de la ciudad, hacerlos aliados del Estado, con sentido de pertenencia por estas superficies de oportunidad que les dan el sustento diario. Es necesario ofrecerles mejores opciones de organización que contemplen la normativa”, explica Arteaga.

En diversos diálogos que Segura mantuvo con los vendedores informales, en los que les planteaba una posibilidad hipotética de trabajar en conjunto con la Alcaldía para la compra de lotes y formalización de su actividad comercial, la mayoría la consideró como una buena opción; sin embargo, las políticas actuales de Colombia frente a la informalidad no apuntan a esta visión.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la proporción de ocupados informales en las 23 ciudades principales y áreas metropolitanas de Colombia fue de 47,7 en el periodo móvil entre noviembre de 2018 y enero de 2019. Adicionalmente, el actual Código de Policía impone sanciones desde 197.000 hasta 787.000 pesos por comportamientos contrarios a la convivencia, como vender alimentos en lugares no autorizados y negocios que ocupen indebidamente el espacio público.

Maurice Armitage, alcalde de Cali, ha realizado públicamente un llamado para la revisión del Código de Policía con el fin de no afectar a los vendedores; sin embargo, los casos de implementación de sanciones aún se presentan.

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Como lo evidenciaron los mapas de calor, ya existe una dinámica informal que ha acentuado sus raíces en el centro, como si fuera una especie de organismo vivo que se acomoda con autonomía propia. Esto puede explicar por qué cuando un vendedor ambulante es reubicado en otra área, eventualmente vuelve a su zona de comercio original.

“El Estado debería procurar un trabajo más articulado con la realidad de la ciudad. Para un vendedor informal no es positivo ser trasladado a una zona en la que no va a tener la misma actividad comercial; presionarlos y no ofrecerles mejores opciones es empujarlos a delinquir”, afirma Arteaga.

La discusión es larga, y es importante contar con todas las variables y actores vinculados en el fenómeno de la informalidad. Esta aproximación investigativa abre las puertas para un análisis más aterrizado sobre las nuevas posibilidades o caminos alternos que se puedan recorrer para transformar el comercio informal, no solo de Santiago de Cali sino de todo el país.

“No podemos seguir abordando la informalidad con los mismos recursos, las nuevas dinámicas exigen otras formas de enfrentar la situación; formas en las que tanto el Estado, como las personas detrás del comercio informal puedan construir ciudad”, concluye el investigador.

 


Artículo de referencia: Parameters for Public Space Architecture. Informal Commerce Dynamics, as an Opportunity to Stimulate Urban Scenarios. Case Study Cali-Colombia (DOI).

¿Qué necesita el Sistema Pensional colombiano?

¿Qué necesita el Sistema Pensional colombiano?

Col ASalinas

Actualmente en el país se ha venido discutiendo la necesidad de una serie de reformas al sistema pensional, y en los artículos 113 y 117 del Plan de Desarrollo 2018-2022: ’Pacto por Colombia, pacto por la educación’, el gobierno busca crear un piso mínimo de protección social por medio de un régimen de pensiones para las personas de bajos ingresos. El mecanismo utilizará los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) ya existentes como protección obligatoria para la vejez, y también creará un seguro de amparo al trabajador de los riesgos derivados de la actividad laboral.

El decreto 604 de 2013 del Ministerio de Trabajo reglamentó los BEPS como un sistema de ahorro voluntario dirigido a ciudadanos con trabajo informal o ingresos bajos que no les permitían cotizar al sistema pensional. El programa es operado por Colpensiones y es flexible en su monto y periodicidad, permitiendo que el ahorro se haga de acuerdo con las capacidades económicas, bien sea de forma diaria, semanal o mensual, y se focaliza en las personas con ingresos inferiores al salario mínimo. Los ahorradores del programa reciben un incentivo por parte del Estado: un subsidio del 20% sobre los aportes realizados, es decir, por cada $100.000 que una persona aporte se le otorgan $20.000 adicionales. Si una persona no reúne los requisitos a la edad de pensión (57 años para mujeres y 62 para hombres) en tiempo cotizado y monto de cotizaciones para acceder a una pensión, podrá obtener un incentivo periódico vitalicio cada dos meses.

El siguiente cálculo aproximado ilustra bien el alcance del sistema. Si una mujer de 30 años no hace aportes al sistema obligatorio de pensiones pero todos los meses sistemáticamente ahorra $100.000 mensuales en el sistema BEPS, después de 27 años, al cumplir los 57, reclamaría cada dos meses $437.987, equivalentes a $218.993 mensuales. La persona haría un aporte muy similar al valor que se hace cuando gana un salario mínimo, pero al cumplir la edad de jubilación recibiría una cuarta parte de éste solo para ella. En cambio, si ella se afilia al sistema obligatorio de pensiones y realiza los aportes como independiente, el balance, siendo muy aproximado al de una cotización sobre salario mínimo, recibiría una mesada igual a dicho salario y con una mesada adicional en diciembre, la que pasaría a sus beneficiarios con su muerte si los tuviera.

Uno de los problemas más grandes que hay en el país en relación con las pensiones es la cobertura del sistema: de los 6,5 millones de colombianos que están en edad de jubilarse, el 65% no recibe una mesada pensional por no cumplir los requisitos, como no haber alcanzado el total de semanas cotizadas. El Plan de Desarrollo muy probablemente aumente la cobertura, pues a las personas que tienen aportes en el sistema pensional y no cumplen las condiciones para pensionarse, con su artículo 117 se les impone un límite de diez días para decidir si reciben una indemnización sustitutiva con la devolución de sus aportes; si no lo hace, es migrado a los beneficios periódicos. El límite es absolutamente estrecho y lo más probable es que dichas personas no tomen esta decisión, siendo migrados a los beneficios periódicos y ensanchando la cobertura del sistema, así sea con unos precarios beneficios.

El artículo 113 del Plan de Desarrollo establece para trabajadores que ganen menos de un salario mínimo que sus empleadores paguen un 15% del salario como contribución, pero no está especificado cómo se haría en la práctica este proceso que, seguramente, implicará una disminución del salario del empleado, que ya es bajo de por sí. El artículo tampoco especifica si los privados entrarán a ofrecer los BEPS o si únicamente Colpensiones seguirá con este programa. Por otra parte, el recaudo a los patronos en el mercado laboral informal será muy difícil de vigilar.

Esta falta de cobertura debe ser el tema central en una reforma pensional. Por eso, en el debate del Congreso sobre este tema, además de discutir la corrección de los problemas existentes en la edad de jubilación, las semanas de cotización y los beneficios pensionales, hay que hablar de la principal razón por la cual gran parte de los adultos mayores en Colombia están excluidos del sistema. Esto claramente tiene que ver en gran medida con la estructura precaria del mercado laboral y la informalidad existente en nuestro país, y que es reforzada con un sistema pensional que privilegia personas con altos ingresos del mercado formal, asignándoles subsidios exagerados pero excluyendo a la mayoría de bajos ingresos, dejándolos en su vejez sin una renta mínima.

 


*Doctora y magister en Ciencias Económicas, politóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es asesora de Gasto Público en el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana; también es profesora del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional y de la Facultad de Ciencias Políticas de la Javeriana.

Grano a grano:  un retrato de la informalidad

Grano a grano: un retrato de la informalidad

Lo primero que hace Noé Perilla en el día es ir por las mazorcas. Sale bien temprano de su casa, se protege del frío y camina hasta la plaza de mercado. Allí recorre los puestos de hortalizas y negocia el mejor precio; después va a la carnicería. Más tarde llega a su sitio de trabajo: un andén amplio en la calle 40 D sur con carrera 89 B en Patio Bonito, al sur de Bogotá. Su escritorio es un pequeño asador, sus implementos, un tarro de mantequilla, un cuchillo, un abanico improvisado para avivar las brasas. Siempre se viste con un delantal blanco y un sombrero para atender a los primeros clientes.

Su esquina es concurrida: rodeada de almacenes de muebles y algunas tiendas, Noé atiende a buena parte de los conductores de camiones que parquean frente a su puesto. Les vende mazorcas asadas y envueltos de maíz, a $1.500 cada uno, o, si el hambre es mayor, un corte delgado de carne asada a $3.000. Sus manos suelen impregnarse de pequeñas pelusas negras que desprenden del asador. “En un día puedo hacerme entre $20.000 y $15.000. Ahí medio se defiende uno, por fortuna me ayudan mis hijos”, afirma.

Noé es uno de miles. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), pertenece a los 5,7 millones de trabajadores informales que se identificaron como tal entre mayo y junio de 2016 (de ellos, cinco millones se encuentran en Bogotá). Al presentar el resultado, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, lo promulgó como un logro: la estadística decía que la informalidad, definida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como toda actividad de trabajo sin la formalidad de contar con un contrato y seguridad social, había bajado al 47,8%.

“Hoy estamos viendo que el empleo en Colombia es 50% informal, 50% formal, pero hace cinco años las estadísticas mostraban que era 40% formal y 60% informal, lo cual ha sido un cambio importante”, aseguró en declaraciones a la prensa. Su afirmación, no obstante, tiene un matiz: se refiere a un periodo específico. Al mirar atrás, el panorama preocupa: a partir de los años noventa, Colombia se propuso entrar al mundo globalizado con firmeza. Y lo hizo dándole un nuevo enfoque a su economía.

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“Hubo un desestímulo enorme a la producción industrial y, particularmente, a los sectores industriales intensivos en mano de obra. Hubo también un desincentivo a la producción agropecuaria, agravado por estos procesos aperturistas, y un privilegio por actividades extractivistas que no son intensivas en mano de obra”. Con esas palabras, Román Vega, economista médico, estudioso de las políticas de salud y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, resume las causas que en los últimos 26 años han llevado a miles de colombianos a los brazos de la informalidad.

Vega lideró la investigación conjunta con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Estudio de caso de informalidad y acceso a la seguridad social, Colombia 2013, para estudiar el fenómeno de la informalidad y el acceso de su población a los servicios de salud. El trabajo contó con una fase de análisis estadístico y otra de grupos focales con las poblaciones informales.

El estudio detalló cómo, a finales de los años 80, Colombia implementó una serie de reformas económicas, políticas y sociales para volverse más competitiva en el nuevo panorama mundial, que comenzaba a profesar el libre comercio y la desregulación de los mercados; todo esto debido a la falta de recursos de los industriales para modernizar y multiplicar su producción, lo cual a su vez era producto del debilitamiento de la economía cafetera, agrícola e industrial, y de las políticas de liberalización y apertura económica impulsadas por agencias multilaterales en el marco de la globalización. “Es con el gobierno de César Gaviria Trujillo (1990-1994), con todo el conjunto de medidas que se empiezan a adoptar, que inicia un proceso sistemático de cambio del modelo económico”, explica Vega.

Para ese entonces, Noé Perilla estaba muy lejos de Bogotá. Hijo de campesinos boyacenses, pasó buena parte de su vida buscando la fortuna en las minas de esmeraldas de Muzo y Coscuez. Alguna vez la encontró, otras, le fue esquiva. Pero su vida siempre estuvo del lado de la informalidad. Eso sí, con las gemas que encontraba y vendía les dio a sus siete hijos la educación que él no pudo disfrutar.

Progresivamente se hizo más difícil encontrar esmeraldas. Por un lado, las dinámicas propias del negocio impulsaron a más gente a encontrar la piedra que les aliviara las carencias; por otro, tras la muerte de Víctor Carranza, el ‘zar’ de las esmeraldas, buena parte del dominio quedó en manos de la empresa estadounidense Minería Texas Colombia. En los últimos tres años se restringió la búsqueda y la zona esmeraldífera comenzó a convertirse en sinónimo de crisis económica. Para Noé, esto se dio justo con la llegada de la vejez. “Nunca me he visto enfermo, pero tuve que operarme de las ‘vistas’. Gracias a Dios mi hijo me tiene afiliado en la EPS”, comenta.

EPS. Una sigla que se hizo infamemente famosa en los últimos 26 años. Como parte de las reformas a la economía, y debido a la crisis del sistema público de salud, Colombia liberalizó el sector, permitiendo la entrada de capitales privados. Así se privatizó la afiliación de la población a una empresa, que funciona como aseguradora, y la contratación de los servicios con hospitales y clínicas; mientras, para la población no afiliada al régimen contributivo, se garantizó un sistema subsidiado que protege a las poblaciones de escasos recursos. Desafortunadamente, la lógica del negocio permeó la obligación del Estado de garantizar el derecho a la salud.

“Hay barreras de acceso de todo tipo, pero también problemas de calidad en la atención en salud en cuanto a la oportunidad, al trato y a la calidad técnica”, resume Vega, quien encontró que las más vulnerables son las poblaciones informales urbanas y, con mayor agravamiento, rurales: “Las EPS reciben un monto fijo de recursos y obtienen una renta mientras menos lo gaste. Por eso no solo controlan al médico en cuanto a lo que debe formular y qué problemas debe atender, también restringen la formulación, la solicitud de procedimientos diagnósticos, la remisión a especialistas. Generalmente contratan un prestador lejano al sitio donde vive el paciente y a una población pobre le es difícil movilizarse no solo por los gastos de transporte, sino por los costos de oportunidad que tiene la pérdida de tiempo”.

Estas poblaciones tienen además una muy precaria relación con el sistema pensional y de riesgos laborales. Todo se debe a otra reforma, impulsada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) para ‘flexibilizar’ el empleo: hacerlo más barato para ser competitivos. Para Vega, las consecuencias fueron contraproducentes: “Se golpean fuertemente las garantías de los trabajadores como la negociación colectiva, se desestimula la afiliación de trabajadores a sindicatos, se producen dinámicas de tercerización e intermediación laboral, se facilita el despido, con lo cual, debido a los bajos salarios, se hace imposible cotizar para pensiones y riesgos laborales, cuya gestión, como en el caso de la salud, también fue privatizada por la ley 100 de 1993”.

Noé cuenta que nunca ha abonado a una pensión y que en tres años, calcula, más gente vendrá a la ciudad: “El campo está abandonado”. Su día a día transcurre frente al asador hasta que se terminan los envueltos, la carne y las mazorcas, tratando de hacer “lo del arriendo y para comprar mis cositas”. Enfermarse no es una opción. Noé ha tenido que soportar las filas largas, las citas para el próximo mes y las quejas constantes de otros afiliados que, como él, viven el día a día, estiran los minutos y llegan con el dinero suficiente a fin de mes para apoyar a sus hijos con la esperanza de que no tengan que repetir su historia.

Para leer más

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2016). Empleo informal y seguridad social. Recuperado de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-portema/mercado-laboral/empleo-informal-y-seguridadsocial