La ciencia le dice no a la cadena perpetua para violadores

La ciencia le dice no a la cadena perpetua para violadores

Los titulares son aterradores: A la cárcel profesor de escuela de fútbol que abusaba sexualmente de sus alumnos, Capturan abogado comprometido en abuso sexual y pornografía infantil, A prisión hombre que secuestró, abusó y asesinó a una niña de nueve años… Las cifras que muestran el panorama de la situación no son para nada optimistas: según Medicina Legal, entre enero y abril del año pasado (2019) se reportaron más de ocho mil casos de este delito. Aunque en la mayoría de estas denuncias el victimario es familiar del menor o lo conoce, lo que de entrada ya limita la denuncia, más del 80% de estos casos no pasa de la indagación preliminar y las víctimas terminan sin ser reparadas y nuevamente puestas en peligro ante su agresor.

El monstruo existe. Está ahí. Ha estado desde hace muchísimos años, cada vez toma más fuerza y nada parece controlarlo. Por eso, para el gobierno y algunos congresistas lo único que se podría hacer es aprobar el proyecto de Acto Legislativo 21 de 2019 del Senado, acumulado con el proyecto de acto legislativo 047 de 2019 de la Cámara, que busca modificar la Constitución para darle hasta cadena perpetua a quienes abusen sexualmente de niños, niñas y adolescentes. Según sus defensores, este proyecto garantizará y protegerá definitivamente los derechos de los menores, y así se solucionaría un problema que parece infinito.

Pero esa misma propuesta ha generado debate en el país desde hace más de una década, pues para varios expertos las penas dispuestas para este delito ya son lo suficientemente altas y coinciden en decir que se trata de un acto facilista que no le atina al blanco. Yesid Reyes Alvarado, exministro de Justicia y profesor del área de derecho penal de la Universidad de los Andes, asegura que una ley como esta da una falsa sensación de tranquilidad. Según él, “se hace uso del derecho penal para satisfacer las demandas populares de justicia haciendo creer que ya hubo una intervención del problema, pero detrás de eso están absolutamente descuidadas y no intervenidas las causas del delito”.

El profesor Norberto Hernández, tutor del semillero en derecho penitenciario de la Pontificia Universidad Javeriana, califica esta medida como una cortina de humo y afirma que la propuesta obedece al uso del nefasto populismo punitivo. La razón, según él, es que “este tipo de iniciativas son utilizadas por los gobiernos para generar votos y aceptabilidad política, más en tiempos de crisis como el actual, generando en el pueblo una percepción de seguridad que no es cierta”.

A la fecha el proyecto ha pasado por siete de los ocho debates necesarios en el Congreso para ser aprobado. Aun así y suponiendo que sea votado a favor en último debate, algunos expertos en derecho penal como Hernández aseguran que existe una alta probabilidad de que la Corte Constitucional declare inexequible esta pena, “por lo que esto puede significar un mal uso del tiempo y recursos legislativos invertidos en una propuesta que no tiene viabilidad”, afirma el profesor.

Y es que incluso quienes redactaron el proyecto saben que la cadena perpetua es un trato cruel, inhumano, degradante, inconstitucional desde muchos puntos de vista y además viola tratados internacionales de derechos humanos. Por esa razón, decidieron aclarar en el proyecto que la pena, después de cumplidos 25 años de prisión, puede ser revisada para determinar si la persona condenada continúa recluida o pasa a otra medida sustitutiva de la pena como la libertad condicional.

Pero la inconstitucionalidad no es el único problema que tiene el proyecto, porque la investigación científica ha demostrado que el incremento de penas no logra disminuir la incidencia del delito, y asegura que esta medida no es más que un despropósito político por su ya comprobada ineficacia.

 

Ni viable ni funcional

Uno de los argumentos del acto legislativo para instaurar la cadena perpetua es la reincidencia o la reiteración del delito por parte del victimario, o sea la probabilidad de que una vez salga en libertad, después de pagar su pena, vuelva a abusar sexualmente de algún menor. Esa preocupación queda justificada en el papel al explicar que, en los últimos años, ha habido un alto incremento de delitos sexuales y violentos en contra de niños, niñas y adolescentes. Pero lo que hay que tener en cuenta también, como explica el profesor Manuel Iturralde, ¿de dónde? es que “las denuncias por este tipo de delitos han aumentado de manera notable, pero no hay estudios rigurosos que expliquen por qué ha sido así”. Con esto, el experto se refiere a que el hecho de que haya más denuncias no responde al interrogante de si los victimarios son reincidentes o no.

Pero vamos más allá. En 2005 en Colombia se expidió una ley que castiga el abuso sexual seguido de la muerte del menor con 60 años de prisión – una de las penas más altas en el país – y rebajas de hasta 20 años por estudio, trabajo o enseñanza. El abogado Reyes reflexiona con un ejemplo de una persona condenada justo en el momento en el que salió dicha ley: “si tiene 30 años y logra reducir la pena, saldrá de la cárcel en el 2045. De tal manera que el primer momento en el que vamos a saber si la ley expedida en el 2005 funcionó y se evitó la reincidencia será a partir del 2045, cuando esta persona tenga 70 años y salga libre”. Por esa razón, según Reyes, antes de aprobar tal proyecto el Congreso debe darse la oportunidad de verificar si su última gran reforma legislativa funciona, y agrega que “asumir anticipadamente, 25 años antes, que la ley no va a servir para que con base en esto se incrementen las penas es, a mi modo de ver, populismo punitivo”.

Por otro lado, es claro que en un estado social de derecho, específicamente el colombiano, la finalidad de la detención carcelaria es la de resocializar a las personas privadas de la libertad, pero eso no se logra hoy en día por las precarias condiciones del sistema penitenciario colombiano. “Si actualmente no logramos la resocialización en un sistema que no tiene cadena perpetua, mucho menos lo vamos a poder hacer con la cadena perpetua, e implementar esta medida agudizaría la crisis”, indica el profesor javeriano Hernández.

 

Hacinamiento carcelario

Las condiciones en las que viven la mayoría de las personas privadas de la libertad en Colombia vulneran constantemente sus derechos fundamentales. Bruno*, un recluso de la cárcel La Modelo de Bogotá, ha visto con sus propios ojos la desigualdad y la corrupción que cobijan al sistema penitenciario del país. Cuenta que allí hay gente que gracias a sus recursos puede hacer compras en el expendio oficial de la cárcel, adquirir tarjetas para hacer llamadas y acceder a ciertas comodidades. Pero al mismo tiempo, él asegura que “de forma ilegal, especialmente en los patios donde hay hacinamiento y debido a la corrupción, hay personas que pueden comprar una celda adjudicada de forma exclusiva, así tengan que sacar a dos o tres personas que estaban ahí y hacerlas dormir en los pasillos”.

Llegó a la cárcel en 2017 por cuestiones muy diferentes a la violencia sexual contra menores, y desde que puso un pie ahí se dio cuenta de la crisis: “debido al hacinamiento nos tocaba esperar en fila para ir avanzando hacia la zona del patio donde había menos humedad. Si yo hubiera tenido dinero, seguramente habría llegado directo a una celda, pero no. Luego de un tiempo se hizo el esfuerzo y logré comprar un espacio para vivir con dos personas más”. Bruno asegura que no todos los internos cuentan con esa suerte. Incluso hay personas que no pueden pagar por una celda y tienen que dormir en los baños, al lado de los inodoros, que muchas veces no tienen agua y sus colchonetas terminan llenas de deshechos humanos. Es tanta la gente que ni siquiera hay cupos para trabajar, hacer otro tipo de actividades o incluso caminar por el patio.  En cuanto a la alimentación, dice que ha venido mejorando progresivamente, pero que los alimentos no cumplen con las porciones adecuadas y a veces pueden estar crudos.

Está demostrado con la experiencia estadounidense que, contrario a lo esperado, “las personas que están condenadas a cadena perpetua son muy problemáticas por algo racionalmente normal y es que no tienen nada que perder”, asegura Hernández, quien coincide con la postura de Iturralde: “pueden ser personas que se vuelvan aún más antisociales, mucho más reacias a seguir órdenes e incluso negadas a recibir un proceso de resocialización”.

A esto hay que añadirle el costo económico que representa para el sistema el encarcelamiento de una persona. Según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), una persona privada de la libertad puede costar aproximadamente dos millones de pesos mensuales, es decir, 24 millones al año, y no hay suficiente dinero para hacerlo sostenible. En los países nórdicos, donde hay menor comisión y reincidencia del delito, las cárceles tienen un modelo ejemplar. En Noruega, la prisión de alta seguridad de Halden lo representa: tiene tan solo 258 internos con penas no mayores a 30 años y con todas las condiciones dignas para estar ahí: espacios físicos adecuados, talleres altamente especializados, acompañamiento profesional personalizado, ayuda de las empresas para conseguir empleo y funcionarios cualificados con especialidad en el manejo del sistema penitenciario. Como en Colombia no existe nada parecido a esto, los expertos coinciden en que es iluso creer que con las condiciones y recursos con los que se cuenta actualmente pueda generarse la resocialización dentro de una cárcel.

Por último, y como punto esencial de lo que se espera con esta medida hay que mencionar que para varios expertos, contrario a quienes defienden el proyecto, la prisión perpetua para violencia sexual contra menores no garantiza ni protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes, incluso puede resultar peligroso para la víctima. Por un lado, y aunque como dice la senadora Angelica Lozano, “imaginarlo suene aberrante”, delitos como el homicidio podrían llegar a ocultar el abuso sexual, pues al cometer un crimen que tiene menos años de condena como el homicidio, el atacante podría abusar sexualmente y luego recurrir al asesinato para que sea condenado por este último y así evitar la cadena perpetua. Por otro lado, el abuso sexual, al ser un delito cometido dentro del entorno familiar o cercano del menor, puede incrementar la impunidad por la omisión de denuncias para evitar las consecuencias de la cadena perpetua.

En palabras de Yesid Reyes, “es imposible hablar de que se protege la vida de un niño al encerrar en la cárcel de por vida a quien cometió el delito cuando la vida del niño no estuvo protegida previamente”. Para no ir muy lejos, a modo de llamado de atención, Ómar Bravo, doctor en psicología y profesor de la Universidad ICESI, recuerda el imborrable caso Garavito: “la pregunta es ¿qué pasa en una sociedad en la que decenas de niños y niñas pueden ser victimizados sin que esto genere un escándalo? ¿Por qué el alboroto solo se genera cuando se identifica esta monstruosa brutalización?”.

 

¿Qué medidas tomar?

No hay discusión en que el bienestar de los niños, niñas y adolescentes debe primar en la sociedad y los actos de violencia contra ellos no son justificables. Sin embargo, la dignidad humana no puede ser sacrificada en un estado social de derecho. “Lo que tenemos que entender es que hay unas necesidades especiales de una población que ha sido victimizada y hay una serie de garantías de derechos que debemos respetar. Son dos problemáticas que debemos atender”, asegura Luis Vélez Rodríguez, profesor de derecho penal y criminología de la Universidad de Manizales.

Considerando las medidas que se deben tomar cuando el delito ya se ha cometido, los expertos aseguran que la apuesta del sistema penal debe estar encaminada a la resocialización y acompañamiento de las personas privadas de la libertad para que puedan reinsertarse a la sociedad y evitar que vuelvan a cometer el delito. Para esto, insisten en que es necesario pensar en una política criminal basada en la resocialización y no en el populismo punitivo e incremento de penas que de por sí ya son altas.

Adicionalmente, los programas de protección a víctimas tienen que fortalecerse, pues una de las preocupaciones centrales dentro de la administración de justicia es la operatividad del sistema vigente. Tal como dice Gloria Carvalho, representante de la alianza para la niñez, “el proceso de investigación contra un agresor sexual puede durar hasta siete años y la administración de justicia en ese sentido es negligente”, y eso sin profundizar en que el 94% de los casos que dice Carvalho quedan impunes y hacen parte de la cifra negra de criminalidad al nunca ser conocidos por el sistema judicial.

Antes que pensar en la condena hay que preocuparse por la impunidad, y para acabarla totalmente es necesario primero fortalecer los mecanismos de investigación judicial especializada para la niñez, así como garantizar la formación de los jueces para la adecuada aplicación de las medidas de justicia. Por eso, los científicos afirman que es mucho más sensato ocuparse de intervenir las causas del delito, que finalmente es lo único que puede evitarlo, y así realmente proteger los derechos de los niños. Además, en este proceso hay que prestarle mayor atención al hecho de que el 83% de los victimarios son personas que pertenecen al entorno familiar o íntimo de las víctimas, de las cuales en su mayoría son mujeres. Entonces, ¿qué está pasando en los núcleos familiares?, ¿se está haciendo el debido seguimiento? Es necesario buscar una solución real a ese problema antes de que los derechos de los menores sean vulnerados, insiste Carvalho.

La violencia sexual a niños, niñas y adolescentes es un monstruo que, sin discusión, hay que atacar. Sin embargo, los expertos se mantienen en que no vale la pena perder el tiempo en proponer falsas soluciones que al final terminan dándole largas a una problemática que requiere de otras acciones puntuales. Algunas recomendaciones de los investigadores para prevenir este delito se basan en el seguimiento a los núcleos familiares vulnerables, así como una mayor inversión social destinada a educación sexual y reconocimiento de comportamientos que puedan ser señal de abuso. También se podrían tener en cuenta medidas como el fortalecimiento del ICBF, de canales de atención a víctimas y campañas de reivindicación de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Sea como sea, es muy importante que los congresistas que están votando el proyecto tengan en cuenta estas propuestas y la investigación científica para tomar decisiones que logren cambios significativos.

*Nombre ficticio por solicitud de la fuente.

Cartillas pedagógicas que guían a víctimas y funcionarios sobre la justicia transicional

Cartillas pedagógicas que guían a víctimas y funcionarios sobre la justicia transicional

Investigadores javerianos crearon una caja de herramientas compuesta por un juego de mesa de roles, videos, podcasts y dos cartillas: una para víctimas y otra para funcionarios públicos, con el fin de entregar una guía para la atención de las personas que participaron en el conflicto armado colombiano.

Estos productos fueron elaborados por el Programa de Educación Para la Paz de la Dirección de Educación Continua y Consultorías de la Pontificia Universidad Javeriana, la Fundación Panamericana para el Desarrollo y el Ministerio de Justicia y del Derecho.

El material didáctico tiene como objetivo cerrar los baches existentes entre la comprensión integral de las rutas de atención a las víctimas del conflicto y el desarrollo de las habilidades que requieren los servidores públicos para garantizar, a través del el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, el acceso de las víctimas a la justicia transicional.

Mire el video para conocer más sobre este proceso.

Si desea obtener las cartillas, escriba al correo cruz.juan@javeriana.edu.co, de Juan Daniel Cruz, Coordinador académico del Programa de Educación para la Paz, de la Pontificia Universidad Javeriana.

¿Cómo atender a un menor que ha sido víctima de abuso sexual?

¿Cómo atender a un menor que ha sido víctima de abuso sexual?

“Tengo muy presente el caso de una niña que fue víctima de abuso sexual y su madre empezó a rechazarla después del evento”, cuenta Vanessa Suelt, profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana y una de las investigadoras del proyecto Atención a víctimas de violencia sexual. Según recuerda Suelt, esta madre que acudió al Consultorio Jurídico de la Javeriana no pudo volver a ver a su hija con los mismos ojos, y la relación que había entre ambas se disolvió. Aunque la profesora nunca tuvo contacto con la niña, sí pudo imaginarse el dolor que podría estar sintiendo no solo por el delito del que fue víctima, sino también por la pérdida de su mamá.

Lo más preocupante es que “este era un patrón que se veía mucho en las entrevistas con las mamás que iban al Consultorio a denunciar casos similares”, asegura la investigadora, quien añade que hasta ese momento no era consciente de lo que este delito causaba en el menor y en su círculo social. Julio Andrés Sampedro, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y coinvestigador del proyecto, agrega que, si bien ya se trabajaba desde el Centro de Estudios de Criminología y Victimología el tema de atención a víctimas, desde hace unos años empezaron a notar “una problemática con respecto a los casos de violencia sexual a menores que desbordaba la capacidad de los estudiantes del Consultorio Jurídico”.

Familia Conejo triste
Según Medicina Legal, en 2016 se practicaron 17.908 exámenes médico-legales a niños que habrían sufrido violencia sexual.

De acuerdo con Sampedro, el Consultorio debía adaptar su estructura y su atención para poder cumplir con los protocolos necesarios a la hora de tener contacto con personas que hubieran sido afectadas por delitos sexuales. Por eso, en 2011 los investigadores decidieron, por un lado, evaluar los casos recogidos por el Consultorio Jurídico a través de entrevistas semiestructuradas a los padres o acudientes de los niños y, segundo, identificar los criterios que orientan la atención a víctimas de abuso sexual a menores desde las directrices nacionales e internacionales. Todo esto con el fin de crear “un manual dirigido tanto a estudiantes de ciencias jurídicas como a autoridades judiciales y prejudiciales que presentan la misma problemática”, aclara Suelt.


Víctima: un concepto amplio

Las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses son aterradoras. En 2016 se registraron en todo el país 17.908 exámenes médico-legales por presunta violencia sexual a menores de edad, lo que quiere decir que el 86% de las personas que sufren por este delito en Colombia tienen entre 0 y 17 años de edad. En 2017 los números siguen subiendo: solo en el primer trimestre se contabilizaron 4.315 situaciones similares. Además, se evidencia que los agresores más comunes, al representar el 44% de los casos, son los mismos familiares.

En el proyecto se deja claro que las consecuencias físicas y psicológicas del abuso sexual infantil afectan todas las áreas de la vida del menor. Pero, aunque el niño es claramente la víctima, no es la única persona que debe llamarse así. En Colombia, y gracias a la Sentencia C-516 de 2007 de la Corte Constitucional, se modificó la definición de víctima para así “incluir a las víctimas indirectas, los familiares y ampliar el concepto más allá de lo que contemplaba el sistema penal hasta ese momento”, asegura Sampedro.

Esto llevó a los investigadores a entender que, además de existir una atención diferencial entre el menor de edad y su familiar, también deben tenerse en cuenta factores como género, etnicidad, orientación sexual, nivel de vulnerabilidad, etc. Como lo describe la profesora Suelt, “nos dimos cuenta de que era necesario ofrecer una atención integral, porque mientras lo jurídico busca más una persecución judicial del victimario, el campo psicológico trabaja en comprender a la víctima y orientarla adecuadamente”.

 

“Nos dimos cuenta de que era necesario ofrecer una atención integral, porque mientras lo jurídico busca más una persecución judicial del victimario, el campo psicológico trabaja en comprender a la víctima y orientarla adecuadamente”.

Vanessa Suelt
Investigadora principal


La lucha contra la revictimización

La victimología —que ha sido estudiada por los investigadores desde 1996, cuando se creó el Centro de Estudios de Criminología y Victimología de la Facultad de Ciencias Jurídicas— establece tres niveles de victimización. El primero es el daño que sufre la víctima directamente; el segundo es cuando tienen contacto con las instancias de control formal del Estado (Policía, Fiscalía, jueces, etc.), lo que genera una serie de consecuencias negativas por la mala atención, y el tercero hace referencia a la estigmatización, rechazo e incomprensión social que siguen al delito. “En pocas palabras, se trata de una revictimización tras otra”, dice Sampedro.

Los agresores sexuales más comunes de los menores, en un 44%, son los familiares.
Los agresores sexuales más comunes de los menores, en un 44%, son los familiares.

En el caso de este proyecto interdisciplinar, se prestó particular atención al segundo nivel de victimización. Los investigadores de la Facultad de Psicología entrevistaron a los representantes legales de 26 menores víctimas de delitos sexuales cuyos casos fueron documentados por el Consultorio Jurídico durante un año. Además, se hizo lo mismo con funcionarios que trabajan en las diferentes instancias de control y expertos en el tema. Dicho proceso identificó que las personas son revictimizadas por las autoridades debido al desconocimiento de los protocolos internacionales y a la falta de políticas públicas que resuelvan la problemática.

La Corte Constitucional, la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras autoridades nacionales e internacionales, han indicado ciertos estándares y protocolos como darles siempre prioridad a estos casos, evitar la evocación de los hechos dañosos en repetidas ocasiones y capacitar muy bien a los profesionales que atienden a las víctimas. Ahí radica la importancia del manual que resultó de esta investigación y que va dirigido tanto al Consultorio Jurídico como a otras instancias. En palabras de Sampedro, “con guías como esta sí es posible hacer un adecuado acompañamiento de las víctimas y así evitar que el daño recibido se haga más fuerte”.

Casos como el que impactó a la profesora Suelt aparecen todo el tiempo, pero este en particular la sorprendió “porque la madre había dejado de ver la figura infantil de su hija y había perdido la necesidad de protegerla”. El Consultorio es un espacio prejurídico en el que se brinda orientación legal a quienes llegan allí, por lo que la investigadora no supo cómo terminó esta historia. Sin embargo, insiste en que muchas de estas personas acuden a este lugar no solo con la idea de hacer pagar a su victimario por lo que hizo, sino con la esperanza de entender lo que les pasó y de encontrar un apoyo que las ayude a sobrellevar los daños.


Para leer más

Guía para la atención a víctimas de violencia sexual en escenarios jurídicos, en  https://cienciasjuridicas.javeriana.edu.co/consultoriojuridico


 

INVESTIGADORES PRINCIPALES: Vanessa Suelt y Fernando Díaz
COINVESTIGADORES: Julio Andrés Sampedro, Consuelo Quiñones, Pilar García, Leonardo Rodríguez, María Consuelo Moreno y Javier Coronado
Facultad de Ciencias Jurídicas y Facultad de Psicología
Departamentos de Derecho Público y Derecho Procesal
Doctorado en Ciencias Jurídicas
Consultorio Jurídico
Área de Psicología Jurídica
Grupos de investigación Estudios en Derecho Público y Psicología Jurídica: Retos y Perspectivas
PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2011-2013