Las más recientes noticias sobre la comunidad de Orika en las Islas del Rosario no se refieren a su ubicación paradisíaca; son titulares de prensa como: “Comunidad Orika por fin recibe titulación colectiva en Isla Grande” y “El lío de los terrenos baldíos de Orika”.
Los artículos reseñan la victoria de una comunidad afrodescendiente que desde 2006 luchaba para que el Estado le concediera la titulación colectiva del caserío que ha habitado ancestralmente, Orika, ubicado en Isla Grande, en el archipiélago Islas del Rosario, zona insular de Cartagena, Colombia.
Tras verse rodeados de hoteles y casas de recreo, y de enterarse de que el antiguo Incora les cobraría arriendo por habitar esos terrenos, sus habitantes solicitaron la titulación, pero se las negaron con el argumento de que pedían baldíos reservados pertenecientes a la Nación (que no se pueden titular). En declaraciones al periódico El Espectador, Hernando Gómez, líder de la comunidad, aseguró que muchos se enfermaron. “Era preferible morirnos a que nos sacaran de aquí, porque todo lo que nosotros queremos está en estas islas”, relató al medio. Fue cuando acudieron a la Corte Constitucional, que accedió a sus pretensiones en 2012. La decisión se oficializó en septiembre de 2015.
Este caso resume la mayoría de obstáculos que enfrentan las comunidades afro para que les titulen tierras por fuera del Pacífico, escollos que ha identificado el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos (OTEC) del Departamento de Desarrollo Rural y Regional de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana.
El primer inconveniente, según Johana Herrera Arango, investigadora del OTEC, es un concepto cerrado de la legislación sobre lo que es una comunidad afrodescendiente, pues para redactar la Ley 70 —o de comunidades negras— el principal referente fue el Pacífico. Por eso, al tratar de aplicarla en otras zonas donde viven estas poblaciones, surgen dificultades, dado que sus características son diferentes. De eso se dio cuenta el Observatorio y fue uno de los motivos por los que se embarcó en un proyecto en el que trabajó con alrededor de mil integrantes de Consejos Comunitarios del Caribe y los valles interandinos del Cauca para cualificar sus conocimientos en administración y cuidado de los territorios y en la búsqueda de la propiedad colectiva. “Para que puedan ejercer sus derechos en diálogo con otro tipo de políticas que a veces no tienen en cuenta el contexto local”, precisa.
La profesora señala más obstáculos: las variadas interpretaciones que los funcionarios hacen de la Ley y los intereses económicos sobre las tierras y los recursos naturales. Esto último, en el caso del Caribe, se evidencia con los grandes capitales que persiguen proyectos turísticos y, en el Cauca, con la minería y las grandes empresas cañeras.
“Hay pretensiones de modelos de desarrollo que chocan con los intereses de administrar colectivamente un ecosistema, de proteger un manglar; eso no tiene mucho sentido para un hotel cuando lo que quiere es despejar la playa y adecuarla con fines turísticos. Nos dimos cuenta de que ese era un argumento fuerte para rechazar las titulaciones colectivas”, precisa la investigadora. “A la gente le decían: ¿cómo va a solicitar en titulación colectiva una playa cuando la está pidiendo una cadena hotelera para una concesión? Tienen prioridad ciertos modelos de ocupación como los turísticos y mineros”.
Hay situaciones de las comunidades que también dificultan el proceso: la falta de relevo generacional en el liderazgo y la prevención que genera la titulación entre algunos integrantes, que creen que esta significa perder los derechos individuales sobre la tierra, lo que es errado, porque el título colectivo protege el conjunto de derechos individuales y los espacios de uso común como ríos y bosques.
¿Por qué es importante la titulación?
Las comunidades afrodescendientes y el conocimiento histórico que han acumulado, explica la profesora, han hecho que Colombia alcance importantes niveles de conservación de la biodiversidad, así que reconocerles sus derechos territoriales permite entender cómo los procesos de poblamiento y los sistemas de uso han contribuido a la conservación de importantes ecosistemas.
Reconociendo el valor de ese conocimiento profundo que tienen sobre el territorio que habitan, el grupo de la Universidad Javeriana ha realizado, desde el 2009, ejercicios sistemáticos de investigación participativa para hacer la caracterización cartográfica, histórica y demográfica, con el fin de delimitar con precisión los territorios con los que cuentan y para que se documentara, por ejemplo, su evolución histórica a la hora de gestionar el reconocimiento ante el Estado. Al tiempo, han capacitado alrededor de 250 personas en las promociones del diplomado Herramientas para la autonomía territorial tanto en el Caribe como en el norte del Cauca.
“Le entregamos al Estado un concepto interdisciplinario para mostrar que sí es viable la titulación colectiva”, explica Herrera. “Es un concepto sociojurídico y ambiental, un resultado académico, una discusión teórica contextualizada de por qué consideramos que, después de todo este recorrido, es viable titular colectivamente; para qué le sirve la titulación colectiva al Estado; qué aportes trae a las comunidades y por qué no pueden seguir negando solicitudes”. Uno de los objetivos era demostrar que la Ley también se puede aplicar fuera del Pacífico, así que le entregaron ese concepto al Incoder (hoy Agencia Nacional de Tierras), con el que hicieron mesas de trabajo.
Gracias a proyectos como este, el Observatorio es hoy referente de la Corte Constitucional, de jueces de restitución de tierras y de otros tribunales para fallar demandas de titulación de predios. Cada vez más les solicitan estos conceptos.
Este trabajo, cofinanciado por Agricultural Cooperative Development International (ACDI) y Volunteers in Overseas Cooperative Assistance (VOCA), dejó resultados académicos tangibles, como colecciones de mapas y cartillas que se realizaron con las comunidades y para ellas, además de ocho solicitudes de titulación que se iniciaron en 2015 en Barú; esto cobra mucha importancia porque en el Caribe solo se han otorgado cuatro títulos colectivos que no suman tres mil hectáreas, mientras que en el Pacífico son alrededor de cinco millones las hectáreas tituladas.
“Estas investigaciones de largo alcance facilitarán mejores respuestas institucionales”, argumenta la profesora; “el Observatorio busca que el conocimiento que coproduce con las comunidades devenga en posibilidades de protección y reconocimiento de los espacios tradicionales de los afrodescendientes”.
El OTEC traspasa fronteras
Desde 2013, el Observatorio es miembro de la Red Latinoamericana de Observatorios de la Tierra y el Territorio, una iniciativa de instituciones de investigación y universidades de América Latina que hace seguimiento permanente a los principales procesos, conflictos y actores relacionados con gestión de la tierra, el territorio y los recursos naturales vinculados. Constantemente presentan informes sobre el estado de bosques, agua, turismo, reforma agraria y minería.
Desde el Observatorio siguen investigando el aspecto de la tierra en Colombia, un problema que atraviesa la historia de violencia en el país y que ahora está entre los puntos cruciales de la mesa de diálogos de paz en La Habana. Investigación convertida en hechos tangibles que contribuyen a la construcción de una sociedad más equitativa.
Para leer más: Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos (OTEC) https://etnoterritorios.org/
1 comentario
Pingback: “El discurso incendiario de la ultraderecha de Colombia está alimentando la violencia en las regiones” - Noticiero TCS