Desde la toma de posesión oficial, el pasado 7 de agosto del 2022, del primer presidente de izquierda, Gustavo Francisco Petro Urrego, y de la primera vicepresidenta afrodescendiente de Colombia, Francia Elena Márquez Mina, la complejidad migratoria de este país sudamericano se ha vuelto cada vez más evidente y creciente en un doble contexto post-acuerdo y post-Covid, mientras que aún se sigue esperando una respuesta gubernamental clara y eficaz o, al menos, una comprensión lo más adecuada posible frente a los múltiples retos y preguntas que brotan de esta complejidad.
Vale subrayar que el mencionado inicio del periodo del actual gobierno Petro-Márquez coincide en gran parte con el fin de la emergencia sanitaria por la Covid-19 que la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente 5 de mayo de 2023; a tal punto que, además de la aplicación de los acuerdos de paz firmados en 2016 entre el Estado de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército Popular (FARC-EP), la reforma a la salud ha figurado entre las principales prioridades de esta administración.
Además, el gran repunte que ha tenido la emigración colombiana desde 2022 es considerado uno de los principales efectos de la Covid-19 en el país y, en concreto, de la mala gestión de esta pandemia por parte del gobierno anterior de Iván Duque.
En este artículo, que es resultado de reflexiones inconclusas y de una serie de diálogos académicos públicos, llevados a cabo desde la dirección de la Maestría en Estudios Críticos de las Migraciones Contemporáneas del Instituto Pensar, esbozaremos un análisis sucinto de los elementos claves del reciente acontecer migratorio colombiano.
Los insumos utilizados para el análisis y con el propósito de contribuir a dar cuenta de la actual complejidad migratoria colombiana han sido tratados filológicamente mediante una cuidadosa revisión documental de varios artículos periodísticos e informes de entidades estatales e internacionales especializadas en migraciones y en estadísticas.
Un punto de partida para entender esta complejidad y, en general, la historia reciente de Colombia es indudablemente la firma oficial en 2016 de los mencionados acuerdos de paz, tras medio siglo de guerra que tuvo severos impactos, entre otros, sobre el desplazamiento forzado interno y transnacional de millones de víctimas.
En este sentido, el contexto post-acuerdo es importante para el tema migratorio en Colombia por estas dos razones, entre otras. El post-acuerdo coincide, primero, con el regreso a Colombia de cerca de medio millón de personas exiliadas, junto con sus hijos y nietos (recomendamos el Informe de la Comisión de la Verdad sobre el exilio ) y, segundo, con el retorno de colombianas y colombianos de segunda y tercera generaciones, quienes vienen huyendo de la difícil situación humanitaria, sociopolítica y económica que enfrenta Venezuela, de manera constante desde 2016 aproximadamente.
Este escenario particular e inédito para Colombia ha puesto a toda la institucionalidad del país ante los retos de comprender y atender esta migración que tiene una triple característica como una migración de retorno, transgeneracional y transnacional, ya que gran parte de estas personas colombianas transgeneracionales han nacido y construido sus vidas e identidades en otros países (mayoritariamente en Venezuela) y entre las fronteras de estos.
Evidentemente, el primer reto consiste en reconocer y garantizar los derechos constitucionales a la nacionalidad de estas personas colombianas transgeneracionales que regresan al país de origen de sus padres, madres y parientes. Esto obliga a su vez al Estado y la sociedad del país a aceptar que la ciudadanía colombiana ya no puede encerrarse dentro de los límites de las fronteras estado-nacionales, porque viene adquiriendo una dimensión cada vez más transnacional y transfronteriza que va más allá del orden político-jurídico estrictamente nacional y fronterizo.
La gran pregunta que brota de este estado de cosas es cómo adecuar el superado orden político-jurídico nacional a la realidad cada vez más transnacional de la ciudadanía y la sociedad, con todas las implicaciones y repercusiones que esto tiene para la redefinición incluso de la identidad colombiana; esto es más que necesario, si se toma en cuenta la urgencia de no seguir excluyendo en la “Colombia dentro de Colombia” lo que la Comisión de la Verdad llama “la Colombia fuera de Colombia”, es decir, este conjunto de colombianas y colombianos que fueron exiliados a raíz del conflicto armado.
Por otro lado, la llamada “crisis multidimensional” de Venezuela, que ha provocado el mencionado retorno de decenas de miles de colombianas y colombianos, ha convertido también a Colombia en el país que ha recibido al mayor número de migrantes venezolanos en el mundo, o sea, un total de 2 875 743 (con fecha de corte hasta el 30 de noviembre de 2023), según la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, liderada en conjunto por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (ONU).
Esta gran inmigración venezolana ha implicado para Colombia el reto de atender a las personas venezolanas mediante mecanismos de protección complementaria, es decir, por fuera de la condición de refugiado que sólo un reducido número de 1 200 personas venezolanas lograron obtener en el país. Vale la pena subrayar que, de un total de 7 722 579 personas venezolanas que emigraron de su país de origen, sólo 300 759 (con fecha de corte hasta 30 de junio de 2023) han obtenido el estatuto de refugiado en el mundo, principalmente, en España, Brasil, Estados Unidos de América, México y Perú.
A pesar de todo, la respuesta colombiana a la inmigración venezolana ha sido significativa, quizás la más relevante en el mundo, en la medida en que en Colombia se ha privilegiado la regularización migratoria de las personas venezolanas mediante el otorgamiento, a partir de mayo del 2022, del Estatuto de Protección Temporal por 10 años que les ha permitido acceder a algunos derechos fundamentales.
Evidentemente, entre la regularización migratoria y la protección internacional, hay una gran diferencia que se manifiesta, por ejemplo, en el hecho de que la población venezolana radicada en Colombia hace frente cada vez más a la xenofobia; la cual les viene limitando seriamente el disfrute de algunos de sus derechos fundamentales, entre otros, los derechos a la educación, la salud, la vivienda, ya que la escuela, los hospitales, los barrios, entre otros, son espacios impregnados por el anti-venezolanismo, en particular, en las grandes ciudades colombianas, principalmente en Bogotá.
La xenofobia anti-venezolana jugaría un papel creciente en la decisión de varios venezolanos y venezolanas (incluso aquellos que ya cuentan con la regularización migratoria en Colombia) para re-emigrar de este país, dirigiéndose cada vez más o hacia Estados Unidos a través del Darién o hacia Brasil.
Si bien desde la perspectiva del origen, la migración venezolana se ha convertido en una estampida, desde la perspectiva del tránsito y destino se viene configurando en una errancia a lo largo del continente americano e incluso a través del mundo. Por lo tanto, la regularización migratoria ha sido un paso importante y necesario, pero no suficiente para garantizar la protección efectiva e integral de los derechos humanos de una población migrante, tan vulnerable como la venezolana que enfrenta y padece serias campañas de xenofobia en toda América Latina, en particular, en Perú, Chile y Brasil.
Además de ser un país de retorno, recepción y reemigración, Colombia se ha perfilado, desde el mismo año 2016, como un país de tránsito de flujos migratorios globalizados, provenientes no sólo de Sudamérica, sino también del Caribe, África y Asia. Estas personas migrantes provenientes del continente americano y extracontinentales vienen transitando por la frontera común de Colombia con Panamá, en concreto, por el Darién. Según las autoridades migratorias de Panamá, a lo largo del año pasado 2023, más de 500 mil personas migrantes pasaron por esta frontera: de este total, la mayoría son de nacionalidad venezolana, haitiana, ecuatoriana y colombiana.
Si bien el tránsito por el Darién no es un fenómeno nuevo, las estadísticas muestran que esta selva llamada Tapón se vuelve clave para el acontecer migratorio en el continente americano. En efecto, las caravanas migrantes que se dirigen hasta los Estados Unidos empiezan a formarse de manera significativa a partir de esta frontera colombo-panameña; por lo tanto, la frontera estadunidense viene siendo cada vez más externalizada por el actual gobierno.
Las personas migrantes se encuentran desprotegidas y se ven obligadas a inventar estrategias de resistencia ante la criminalidad organizada transnacional y cierta indiferencia de los gobiernos nacionales encerrados en su respectiva soberanía.
La pregunta que brota de allí es cómo hacer que los gobiernos implicados en estos flujos continentales tomen en cuenta el tránsito como parte intrínseca de la realidad migratoria; es justamente en esta fase, en la que las personas extranjeras, en particular, las mujeres y niñeces migrantes, se hacen más vulnerables y necesitan más de la protección internacional que estos gobiernos están obligados a brindarles, según las exigencias del derecho internacional de los derechos humanos.
En 2022, Colombia rompió el record en cuanto a la emigración de sus ciudadanas y ciudadanos fuera de las fronteras nacionales, principalmente hacia los Estados Unidos. “La emigración neta de nacionales colombianos alcanzó un nivel récord en 2022, con más de 547 mil emigrantes”, subrayó un informe publicado por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC). El informe cruzó los datos tomados de dos entidades estatales colombianas, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y Migración Colombia.
Esta estadística sobre la emigración colombiana en 2022 era de por sí preocupante, ya que “fue 2.7 veces el promedio de nacionales que emigraron cada año desde 2012 (algo menos de 200 mil colombianos por año)” —Según se menciona en una nota del diario El Nuevo Siglo: Récord: en 2022 salieron del país más de 500 mil colombianos —, las cosas no cambiaron para 2023.
Si bien aún no contamos con estadísticas sobre la emigración colombiana a lo largo del 2023, el creciente número de colombianos que pasaron por el Darién y que fueron arrestados en la frontera de Estados Unidos con México indica de manera elocuente que, al menos, este no bajó el año pasado —se puede leer en un artículo del diario Infobae: Sigue aumentando el número de colombianos detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos.
El principal reto que surge de esta creciente emigración colombiana, fundamentalmente joven y en gran parte resultado del contexto post-Covid, consiste en llevar al gobierno de Petro y Márquez a tomar cada vez más en serio la tarea de devolver, con hechos y acciones concretas y convincentes, la esperanza a la sociedad y, sobre todo, a la juventud en un contexto (post-Covid y post-acuerdo) marcado por importantes transiciones y rupturas políticas, sociales y económicas con el statu quo.
Quizás, para ello, además de negociar con las distintas fuerzas y facciones políticas, sea clave que el actual gobierno insista más en ampliar y fortalecer la base social (a través de los movimientos sociales) y territorial de su gobernanza para poder impulsar las principales reformas en materia fiscal, de las pensiones, de la salud, de la educación, así como los grandes ejes de su programa: la “paz total”, la lucha contra la droga, la justicia social y medioambiental.
Ante esta complejidad migratoria colombiana, que se podría periodizar de manera decidida en el año 2016 y en el doble contexto post-acuerdo y post-Covid y cuyas geografías se vienen globalizando y transnacionalizando, por ejemplo, con el tránsito de los flujos migratorios incluso extracontinentales por el Darién y con el retorno de personas colombianas transgeneracionales, es importante reflexionar en Colombia de manera multilateral, esto es, como gobierno, sociedad y academia, sobre los arriba mencionados retos epistemológicos, políticos, jurídicos, administrativos y sociales que plantea esta quíntuple dimensión de Colombia en cuanto país de origen, tránsito, retorno, reemigración y destino.
Algo común a todos estos retos es la doble necesidad de comprender las dinámicas cambiantes de estas migraciones desde una perspectiva holística, multiescalar, transnacional, interseccional, relacional y territorial, y de asegurar, desde un enfoque de derechos humanos, la protección internacional y/o constitucional de estas personas en movilidad humana (extranjeros y connacionales) que salen de, pasan por, llegan a y regresan a Colombia.
La Primera versión de este artículo fue publicada en el boletín del Grupo de Trabajo Migraciones y fronteras sur-sur de Clacso.