El pasado fin de semana un gran incendio en la cárcel de Tuluá provocó la muerte de más de cincuenta personas. Algunas informaciones indican que todo inició con una riña entre los privados de la libertad, quienes prendieron algunos colchones y luego el fuego se descontroló.
Mientras el presidente, Iván Duque, lamentó la situación y ordenó iniciar una investigación, el presidente electo, Gustavo Petro, mencionó la urgente necesidad de replantear el sistema carcelario en Colombia que adolece del hacinamiento, corrupción, entre otros.
El estado colombiano ha mirado la cárcel como un.espacio de venganza y no de rehabilitación.
Lo acontecido en Tulua, como la masacre en la Modelo obliga a un replanteamiento completo de la política carcelaria de cara a la humanización de la carcel y la dignificación del preso.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 28, 2022
El caso Mattos
Por otro lado, el pasado 2 de marzo Noticias Caracol reveló unos videos que mostraron cómo Carlos Mattos, fundador y presidente de Hyundai en Colombia y quien está pagando una condena en la cárcel La Picota por sobornar a la justicia, se paseaba como si nada en Bogotá abordo de una camioneta del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario- Inpec.
Eso llevó a la destitución del entonces director de la entidad, Mariano Botero Coy, general de la Policía.
No era la primera vez que el Inpec, institución encargada del control del sistema carcelario en el país, se ve envuelta en escándalos de corrupción, abuso de poder, trato preferencial a internos VIP y fugas.
Algunas voces sugirieron que la solución a la crisis penitenciaria es privatizar la entidad —adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho—o incluso acabarla del todo; sin embargo, como lo plantea Norberto Hernández, conjuez de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, el tema no es tan fácil como suena.
Hacinamiento, cambios de dirección por escándalos como el de Mattos y tragedias como la de Tuluá complejizan las soluciones. Pesquisa Javeriana conversó con Hernández sobre la situación actual del Inpec y los posibles cambios a corto y largo plazo para resolver la crisis del sistema carcelario en Colombia.
¿Por qué es tan grave el último escándalo que estalló con el Inpec?
Creo que se dio a conocer un secreto a voces de cuestiones que se dificultan en administración, en el sistema penitenciario. ¿A qué me refiero con esto? Hay varios privilegios que se han implementado a favor de algunas personas que están privadas de la libertad, pero nadie habla de esto hasta que sale el escándalo.
Cuando son personas que tienen cierto poder adquisitivo de dinero, las condiciones del sistema carcelario no las golpean tan duro como a las demás. Con eso se ve que la justicia solamente aplica para las personas de menos recursos económicos, que son quienes mayoritariamente están privados de la libertad.
La cuestión es que la lesión de derechos fundamentales generalizada que hay de la población privada de la libertad es mucho más grave que este simple escándalo.
¿Qué implicaciones tiene la destitución del director del Inpec? ¿Esto no debería afectar también al ministro de Justicia?
Aunque algunos defienden que se trataba de un general impecable en su hoja de vida, sí hay responsabilidades políticas que no podemos omitir en esta clase de comportamientos. Esas responsabilidades políticas no solamente llegan a las direcciones de los establecimientos carcelarios, a las del instituto, sino también a quien está a cargo del Inpec, que es el Ministerio de Justicia y del Derecho.
Desde hace años vienen cambiando a los directores del Inpec por escándalos como este, ¿realmente es una solución a la crisis penitenciaria?
Sí es importante que se asuman responsabilidades políticas en esta clase de cargos, pero yo no creo que solucionen nada.
Creo que, para empezar, hay que pensar en alternativas diferenciadas de quiénes deben ser directores del Inpec y quiénes tienen que ser directores de los establecimientos carcelarios.
Existe la costumbre de que quienes han ejercido cargos en la fuerza pública, van a poder hacer esta misma dirección, y creo que no ha sido la más afortunada.
La represión, que está también implícita en la formación militar de algunas de esas personas, no ha funcionado bien para administrar los establecimientos penitenciarios y carcelarios. Más bien, debería intentarse otra clase de especialidades: personas con un enfoque más humanista, que entiendan el sistema no simplemente como represión, sino dentro de un contexto más amplio que podría generar una mejor solución al sistema carcelario.
¿El Inpec debería dejar de existir?
En esta urgencia, por apaciguar las aguas turbulentas, algunos proponen la liquidación del Inpec. Yo creo que eso es errado. Debe haber un órgano que administre el sistema penitenciario y carcelario y, como ya mencioné, poner directivos con perfiles diferentes a los que siempre ha habido.
Por otra parte, la propuesta de privatizar la institución, que parece también una respuesta fácil a la crisis carcelaria, desconoce investigaciones en contextos como el norteamericano que muestran que, en la medida que haya una administración privada, el negocio se ve mucho más atractivo y entonces van a querer muchas más cárceles.
La solución a todo esto defintivamente no está ahí; por el contrario, hay que pensar en otras medidas de prevención de los delitos, buscar educación, oportunidades, inversión social y no pensar que con encarcelar a las personas solucionamos esta problemática que es mucho más honda de lo que pensamos.
O sea, ¿la crisis carcelaria va más allá del Inpec?
Sí, y creo que además tiene que ver lo que ha dicho la Corte Constitucional sobre la violación sistemática, masiva y generalizada de derechos fundamentales. Esto no depende solamente del Inpec, no depende solamente del Ministerio de Justicia y Derecho, sino de muchos actores que participan en el sistema penitenciario y carcelario.
Tenemos que ser críticos también con el sistema penal, porque ese es el primer eslabón de generación de delitos y de las penas que se implementan con base en eso. Si seguimos con el uso desmedido del derecho penal, va a ser imposible encarcelar a todas las personas que terminan cometiendo estos comportamientos considerados como delitos.
Y entonces, ¿cuáles podrían ser las soluciones reales a ese problema?
Una primera solución, que de alguna forma está en marcha por una invitación de la Corte Constitucional, es pensar en hacer mejores análisis criminológicos y de política penal para que se deje de legislar por populismo punitivo que, por supuesto, genera una sensación y una atracción por los votantes. Eso realmente no soluciona la crisis de la seguridad ciudadana, de la convivencia.
La segunda sería ampliar un poco más, en materia de judicialización, las garantías que pueden tener las personas que llegan al sistema para que no consideremos que el sistema penal únicamente se encarga de condenar. Pensar, por ejemplo, que no todo tiene que ser detención preventiva.
Y una tercera solución sería contar con una especie de certificado de disponibilidad carcelaria que le indique a las autoridades la capacidad de cada cárcel para recibir nuevos internos. En España, por ejemplo, tienen cierto hacinamiento, pero ese certificado de disponibilidad carcelaria lo ha reducido considerablemente.
