A ningún lado condujo ayer, 29 de abril, el debate en el Senado de la República sobre las objeciones que el presidente Iván Duque le hizo a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La sesión, que casi completó ocho horas, se centró más en las posibles inhabilidades de los legisladores que en la discusión jurídica y política sobre la decisión del primer mandatario, la cual se espera se retome hoy en la tarde una vez la Comisión de Ética resuelva, caso por caso, los impedimentos presentados.
La ley estatutaria de la JEP es un tema clave dentro del acuerdo de paz que el Gobierno y las FARC firmaron en septiembre de 2016, pues es la base para administrar la justicia transicional con la que el Estado espera llegar no solo a una verdad judicial sobre el conflicto armado, también a la reparación de sus víctimas que conduzca a una paz estable y duradera.
Sin embargo, el pasado 11 de marzo, el presidente Duque le presentó al Congreso seis reparos a esta ley. Uno de ellos tiene que ver con las funciones del Alto Comisionado para la Paz, pues se le quitan facultades para filtrar los listados de acogidos a la JEP; también se elimina toda posibilidad de la justicia ordinaria sobre los excombatientes que hagan parte de algún proceso de justicia para la paz.
Vanessa Suelt Cock, profesora asociada a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, analizó las implicaciones del debate sobre las objeciones presidenciales a la JEP en el quehacer jurídico del país, en los actores envueltos en el conflicto armado, en la comunidad internacional y el imaginario político de los colombianos. En su opinión, esta situación “nos pone nuevamente en las discusiones del plebiscito por la paz porque están polarizando a la sociedad colombiana y afectando el cumplimiento del orden constitucional”.
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