¿Cómo ha avanzado durante los últimos años la investigación científica de profesores y estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana? En la edición XVI del Congreso La Investigación, que se desarrollará del 14 al 17 de septiembre, la universidad presentará más de 100 investigaciones alrededor de siete temas que conforman igual número de simposios.
Los ejes temáticos de esta nueva edición del congreso son: retos actuales de la investigación, la innovación y la educación en Colombia; resultados de investigación e innovación sobre covid-19; investigación en las regiones; desigualdad, inequidad e inclusión; una agenda científica para un mundo cambiante; justicia, construcción de paz y conflicto en Colombia; investigación básica y teórica.
¿Cómo inscribirse como participante al XVI Congreso La Investigación?
Si quiere hacer parte de este evento académico, que se realizará virtualmente, puede inscribirse haciendo clic en este enlace. Solo tiene que llenar el formulario que se encuentra al final de la página web. Este congreso es gratuito.
Estamos en cuenta regresiva 📆 En un mes iniciaremos nuestro tradicional congreso de investigación de @UniJaveriana. En total, se presentarán 144 investigaciones e innovaciones de profesores y estudiantes javerianos. Por primera vez será virtual. Info en https://t.co/REOzaeP6rcpic.twitter.com/fI1bGqKAf0
Aunque la inauguración oficial del congreso es el 14 de septiembre, ese día el rector de la Universidad Javeriana, Jorge Humberto Peláez, S.J.; la presidenta del Congreso La investigación, María Adelaida Farah (decana de la Facultad Estudios Ambientales y Rurales de la PUJ y columnista ocasional de Pesquisa Javeriana); y el vicerrector de Investigación, Luis Miguel Renjifo darán la bienvenida y explicarán qué trae de nuevo esta edición del congreso.
Al día siguiente, el 15 de septiembre, comenzarán los siete simposios, que se llevarán a cabo de manera simultánea en cuatro salas hasta el 17 de septiembre, así que la recomendación es revisar la programación (haciendo clic en este enlace para seleccionar la fecha y la sala preferida), y organizar su agenda.
Cada uno de los días comenzará con una conferencia magistral (de 8 a.m. a 9:30 a.m.). La del 15 de septiembre la presidirá la doctora en Socioeconomía del Desarrollo de la Universidad de la Sorbona (París, Francia) Judith Sutz, quien es investigadora de la Universidad de la República (Uruguay). La charla se titula: “Investigación, innovación y formación: algunos desafíos y respuestas necesarias y posibles en América Latina”.
La agenda del 16 de septiembre inicia con la conferencia de Óscar Franco, director del Instituto de Medicina Social y Preventiva de la Universidad de Berna, Suiza, quien es profesor titular de Epidemiología y Salud Pública en la Universidad de Berna y profesor adjunto de la Universidad de Harvard. Su charla se titula: “Desde la prevención cardiovascular hacia el envejecimiento saludable: mi travesía científica”.
La conferencia magistral del último día del congreso (el 17 de septiembre y titulada: “Agenda científica para un mundo cambiante”), estará a cargo de Torben Bach Pedersen, profesor de informática en la Universidad de Aalborg, Dinamarca.
De 10 a.m. a 12 p.m. continuarán las presentaciones de cada simposio. Del mediodía a las 2 p.m. habrá receso para el almuerzo y se retomará la agenda de 2 p.m. a 4 p.m.
¿Habrá entrega de premios?
Al finalizar la jornada del 17 de septiembre se hará entrega del Premio Bienal Javeriano en Investigación, que reconoce la actividad investigativa de los profesores de la Universidad en diferentes áreas del conocimiento y que tiene dos modalidades: Vida y Obra y Mejores trabajos.
Además, por primera vez se hará entrega del Premio Bienal Javeriano a la Innovación, que busca reconocer las contribuciones en innovación, estimular a la comunidad académica a participar en los procesos de transferencia y apropiación de conocimientos y promover la cultura de la innovación y el emprendimiento a través del reconocimiento del trabajo.
Algunos medios internacionales como El País, de España, BBC Mundo y France 24 califican de estallido social la situación colombiana de los últimos meses. Lo que comenzó como una muestra de rechazo de la ciudadanía a una reforma tributaria que afectaba el bolsillo de la clase media, se fue escalando y acrecentando y ni el retiro del proyecto ni la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, fueron suficientes para calmar los ánimos.
Ya los manifestantes no marchaban por la reforma tributaria, sino por la de la salud, la precariedad de las condiciones laborales, por los más de 21 millones de colombianos que viven en la pobreza y por la falta de acceso a la educación pública y gratuita, por el asesinato de líderes sociales y otras razones que al unísono conformaron un descontento nacional.
Fotografía: Shutterstock
Es la primera vez durante el siglo XXI que el país registra un paro de esta duración (más de dos meses, pues comenzó el 28 de abril), y las salidas dialogadas aún no llegan a buen término, pues ni el Comité del Paro (que reconoce que no representa a todos los ciudadanos descontentos), ni el presidente Iván Duque, quien solo cuenta con el 16 % de aprobación según la encuesta más reciente de Datexto, han encontrado la forma de hallar consensos que marquen el camino para solucionar los problemas estructurales que llevaron al país al estallido social del que hablan no solo medios internacionales, sino académicos locales.
“Colombia atraviesa por una profunda crisis social, económica y política que se expresa a través de grandes movimientos sociales de diferentes intensidades, modalidades, espacios y tiempos”, reza el preámbulo de la Carta a la Nación, un documento de siete puntos que busca crear espacios y conducir hacia un verdadero diálogo nacional e intersectorial para atender los principales problemas de esta crisis que se visibilizó en medio de la pandemia de la covid-19.
¿En qué consiste la Carta a la nación?
El estallido social en realidad no comenzó el 28 de abril. Las masivas manifestaciones de noviembre de 2019 revelaron este descontento histórico generalizado y la Pontificia Universidad Javeriana supo tomar atenta nota de lo que sucedía. A raíz de esa problemática, creó el espacio Foros javerianos sobre la coyuntura y el futuro de Colombia.
Fotografía: Shutterstock
Desde entonces (y con la pandemia en medio) se han realizado seis foros distribuidos en 22 sesiones que han abarcado temas como la inequidad de la educación colombiana, activismo y movimientos sociales, avances y enfoques para la paz.
Esos temas, sumados a otros cuantos, se encuentran en la misma línea de las sugerencias que siete rectores de igual cantidad de universidades colombianas le hicieron el pasado 5 de mayo a los diferentes actores coyunturales para superar esta crisis.
De las experiencias de los foros más la intención de los rectores por brindar aportes desde la academia surge la Carta a la nación, un documento para construir una Colombia “en paz, democrática, equitativa, incluyente y comprometida con el desarrollo sostenible, en un momento en que la sociedad reclama urgentemente la voz de la academia”.
Pesquisa Javeriana divulgó una a una las iniciativas y las dispuso un micrositio especialmente creado para visibilizar el proyecto. A continuación puede leer los 7 puntos de la Carta a la nación.
1: Derecho a la educación y acceso equitativo al conocimiento.
Durante décadas se ha discutido sobre las amplias brechas entre la educación rural y urbana y pública y privada en Colombia. Como si estos rezagos no fueran suficientemente problemáticos, en 2020 llegó la pandemia de la covid-19 y con ella los estudiantes, por más de un año, dejaron de asistir presencialmente a clases, lo que incrementó la desigualdad en el acceso a educación de calidad.
En esta propuesta, las profesoras Luz Karime Abadía, Alba Lucy Guerrero y la editora de Pesquisa Javeriana, Lisbeth Fog, proponen abordar una discusión planteada en seis puntos para asegurar una educación universal y de calidad que forme ciudadanos autónomos y socialmente responsables.
Las propuestas van desde implementar una formación ética, política, ciudadana y de las emociones en donde se puedan gestionar en clave de democracia emociones como el miedo y la ira, hasta impulsar unos currículos más pertinentes ante los retos actuales y ejecutar acciones para la disminución de las inequidades, educar a través del reconocimiento de la diversidad y motivar una construcción colectiva de la pedagogía nacional a través de pilares como la educación rural y el acceso equitativo al conocimiento.
Bibiana Ortega, Juan Felipe García y Tania Luna, profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Javeriana proponen re/activar la reflexión sobre el sujeto nacional que refrenda su voluntad política de vivir bajo el gobierno del Estado social de derecho.
Esto se lograría, según su iniciativa, entendiendo que Colombia no necesita una nueva constitución sino garantizar su cumplimiento. Además, recomiendan darles mayor poder local a las comunidades, en donde las veredas, comunas y corregimientos, por ejemplo, tengan mayor protagonismo en el ordenamiento territorial, que actualmente se basa en la dicotomía departamento/municipio.
Por otro lado, los académicos invitan a hacer un esfuerzo más profundo en devolverle la confianza a las instituciones y en ejercer la democracia más allá de solo votar, haciendo uso de la protesta pacífica y exigiéndole tanto a políticos como entidades de control y medios de comunicación que asuman sus responsabilidades con el Estado social de derecho.
3: No estigmatizar la protesta social pacífica, propuestas para la transformación social colombiana
La estigmatización de las manifestaciones en Colombia y la represión estatal que en ocasiones vulnera el ejercicio de este derecho llevó a la profesora Marcela Ceballos y a los profesores Andrés Dávila y Norberto Hernández a proponer tres caminos con el objetivo de salvaguardar el derecho a ejercer una protesta pacífica.
Para superar la estigmatización, los académicos proponen reconocer la movilización y la organización social como formas de participación política legítimas y que se les garantice a quienes se movilizan el reconocimiento de ser unos interlocutores políticos válidos, para que la protesta deje de verse una amenaza para el orden público. Además, insisten en el cumplimiento de los mandatos constitucionales que protegen el ejercicio de la protesta pacífica y en la incorporación de otros documentos, como el Acuerdo de Paz y retomar la discusión sobre el Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica.
Entre otras ideas, Ceballos, Dávila y Hernández subrayan la urgencia de reformar la Policía Nacional, reforzando su carácter civil, revisar los protocolos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y abrir un diálogo con los sectores que no se sienten representados en un comité del paro.
Para conocer todo el documento puede hacer clic aquí o entrar al micrositio de la Carta a la nación creado por Pesquisa Javeriana.
4: Juventudes colombianas, inclusión e incidencia para la transformación
Que las juventudes son el futuro de todas las sociedades es una idea que se convierte en paisaje cuando, con esta frase cliché, se evade la necesidad de entenderlas con sus problemáticas en tiempo presente. Por ejemplo, actualmente la juventud colombiana agrupa casi a once millones de personas, de las cuales, el 49.3 % ni trabaja ni estudia y, de estos últimos, la mitad abandona su educación por falta de recursos.
¿Qué hacer por esta población que representa al 33 % de los colombianos? Las profesoras Martha Gutiérrez, Minerva Campión y los profesores Ricardo Delgado y Mateo Ortiz plantean una hoja de ruta distribuida en cinco ejes. El primero, la protección de la vida enmarcada en un seguimiento de violencias y derechos humanos. El segundo, a través de la participación juvenil, con garantías de incidencia y confianza en las instituciones. Los demás pasan por ideas de institucionalidad pública para la juventud, trabajo, salud y derechos sexuales y reproductivos.
5: Implementación plena de los Acuerdos de Paz como condición de convivencia democrática
Los profesores Pedro Valenzuela, Manuel Sarmiento y el director del Instituto de Estudios Interculturales de Javeriana Cali, Manuel Muñoz, reconocen que el Acuerdo de Paz, firmado entre el Estado colombiano y las Farc en el 2016, tiene carencias, pero también incluye puntos y mecanismos de gran utilidad para la construcción de una paz sustentable en Colombia.
Foto: Gabriel Leonardo Guerrero / Shutterstock
En ese sentido, los académicos argumentan la necesidad de garantizar la financiación del acuerdo que tiene puntos enfocados en, por ejemplo, la protección de los territorios y el capital biológico, cultural y político de comunidades indígenas y afro, además del fortalecimiento del diálogo entre la sociedad civil (históricamente afectada por el conflicto armado) y las instituciones, en donde cobren valor las asambleas comunitaria, comisiones municipales, un plan nacional de derechos humanos y la creación de un Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia.
Uno de los enfoques que proponen los académicos es no ver la paz solo como un silencio de las armas sino como una superación de situaciones estructuralmente violentas de pobreza, desigualdad, marginación y exclusión. Si hace clic aquí puede conocer más al respecto. También puede ver este y otros puntos de la Carta a la nación en este enlace.
6: Diálogos, deliberación y acción política por la salud de las poblaciones
Que se tenga que recurrir a una acción de tutela como último recurso para que las diferentes entidades de salud presten, por mandato de juez, el servicio esencial que están obligadas a cumplir, habla de la inseguridad que en ocasiones ofrece este sistema en Colombia. ¿De qué forma mejorarlo? El profesor Jaime Moreno, el director del Instituto de Salud Pública, Rolando Peñaloza y el decano de la facultad de Medicina, Carlos Gómez, tienen algunas ideas.
Fotografía: Juancho Torres / Agencia Anadolu
La primera va encaminada hacia fortalecer los programas de salud pública y de atención primaria con enfoques que entiendan la diversidad en cuanto al territorio, las etnias, géneros, jóvenes, y adultos mayores con atención domiciliaria. La segunda idea es integrar las políticas de salud con las sociales para entender esta problemática como transversal y no independiente. Los académicos también hacen algunas propuestas sobre la garantía del financiamiento del sistema con el fin de garantizar los derechos de acceso y calidad del servicio de salud.
La coyuntura de la pandemia de la covid-19 más los retos de antaño que buscan? mejorar la salud en Colombia también han llevado a la posibilidad de construir una política y un plan nacional de reconstrucción de la salud y la vida.
7: Cerrando brechas históricas: agenda de políticas con enfoque de género para Colombia
Entre los reclamos históricos no atendidos que conllevaron al estallido social se encuentran algunos que a través del enfoque de género permitirían reconstruir la sociedad. Para este punto, las profesoras Paula Herrera, María Adelaida Farah, Juliana Flórez, Tatiana Sánchez, María Fernanda Sañudo, María Margarita Echeverry, Amparo Hernández, Juliana Morad y Ángela Fonseca, proponen 14 ideas para plantear políticas transversales con enfoque de género.
Las iniciativas van desde dignificar el trabajo doméstico remunerado hasta garantizar el empoderamiento integral de las mujeres rurales sobre la tierra. En este punto de la Carta a la nación también se contempla desarrollar una política criminal con perspectiva de género, además de incluir dentro de distintas políticas públicas la protección de las mujeres migrantes y fomentar esta perspectiva en organizaciones de economía solidaria.
Igualdad de las licencias parentales y consolidar beneficios pensionales para las mujeres también son ideas incluidas en esta propuesta que puede leer haciendo clic aquí o consultando el micrositio de la Carta a la nación.
Para su edición 55, Pesquisa Javeriana reunió la visión de diferentes investigadores javerianos y sus aportes a la creación de conocimiento en distintas áreas. Desde el campo de la salud, respondiendo al interrogante de si los vapeadores son nocivos para el consumo humano, hasta cómo comprender los riesgos a la hora de realizar inversiones internacionales.
Algunas de las innovaciones que registra esta nueva edición de Pesquisa Javeriana se encuentran en procesos de solicitud de patente, lo que confirma el valor y rigurosidad de los proyectos desarrollados que tendrían un amplio impacto de llegarse a implementar.
Puede consultar todos los artículos de Pesquisa 55 haciendo clic aquí y, si lo prefiere, también puede leer la revista en su versión en PDF.
¿Quiere saber qué se encontrará en la nueva edición? Acá le contamos.
Editorial: Luis Miguel Renjifo, vicerrector de investigación de la Pontificia Universidad Javeriana, le da la bienvenida a esta nueva lectura explicando cuáles presiones puede haber detrás de la producción científica y cómo las buenas prácticas éticas y responsables de la comunidad garantizarían un conocimiento trascendente y transformador.
Creación Artística: en este artículo titulado Creaciones indígenas: mucho más que artesanías, descubrirá cómo acercarse a los procesos de creación ancestrales de distintas comunidades en Latinoamérica permitió hacer una reflexión sobre la descategorización y la forma en la que se concibe la producción artística indígena, ¿arte o artesanía?
Ciencia y sociedad: hasta la tabacalera Phillip Morris International confiesa que los vapeadores que fabrican pueden ser potencialmente peligrosos para los consumidores. En esta publicación, investigadores javerianos hicieron una revisión de más de 90 artículos que confirman una realidad: el cigarrillo electrónico es el enemigo oculto de los pulmones.
Innovación: un aislador sísmico hecho a partir de caucho recuperado y casas elaboradas con elementos reciclados. Estas dos innovaciones javerianas están en proceso de patente y plantean soluciones alternativas y a bajo costo en construcciones sostenibles.
Ciencia profunda: ¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de calcular riesgos de inversión?, un investigador javeriano explica en qué consiste y por qué podría ser beneficioso tener un portafolio diversificado en el que se consideren tanto los factores locales como los globales, una variable que podría determinar el éxito o pérdida después de invertir.
Huellas: Óscar de Jesús Saldarriaga es un observador acucioso, muchos lo llaman “El pisco” de la historia en Colombia y es uno de los más grandes investigadores de la educación nacional. Desde 1990 está vinculado con la Pontifica Universidad Javeriana y ha reconstruido la historia de los maestros del país.
Novedades editoriales: conozca 4 nuevas publicaciones que hablan sobre memoria colectiva en el video universitario, cómo ha sido investigar durante la pandemia, el papel de Bogotá durante la Regeneración (1886-1910) y una mirada a las aplicaciones de investigaciones en sistemas de salud en Colombia.
Líderes territoriales y académicos de la Pontificia Universidad Javeriana concuerdan en que el Acuerdo de Paz, firmado entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC-EP, necesita repensarse y proponen figuras legales para respaldarlo.
Una de ellas es la iniciativa legislativa, un derecho político de los ciudadanos que les permite proteger proyectos normativos como el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVRJNR), incorporado a la Constitución Política en abril del 2017 y que tiene como fin garantizar procesos legales frente a graves violaciones de los derechos humanos y asegurar el esclarecimiento de la verdad y la rendición de cuentas por lo ocurrido, entre otros propósitos.
El pasado 24 de noviembre el país conmemoró cuatro años desde la firma del Acuerdo de Paz para la Terminación Definitiva del Conflicto entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP); sin embargo, durante este periodo han surgido fuertes posiciones políticas alrededor de su implementación y del papel del SIVRJNR, administrado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Ante esto, el Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la Pontificia Universidad Javeriana llevó a cabo el conversatorio El sistema de reparación integral: avances y contradicciones entre la implementación y las reformas a través de referendos. Se trató de un encuentro en el que líderes de instituciones territoriales, académicos de otras universidades y estudiantes del programa doctoral javeriano conversaron sobre los avances y dificultades del Acuerdo de Paz desde un enfoque social y territorial y las implicaciones que tendría un referendo sobre su consolidación.
Orlando Pantoja, director de Cococauca, organización de Guapi que trabaja por los derechos de las comunidades afro en el litoral, considera que para comprender la implementación del proceso de paz con un enfoque territorial es necesario recordar que el Gobierno instauró en 1959 la Ley 02 con el fin de apostarle a la economía forestal y la protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre en Colombia; sin embargo, esta legislación también dio paso a la segmentación de tierras baldías. “De un plumazo desconocen y rompen lo que significa la presencia de los grupos étnicos asentados en el Pacífico, principalmente de negros e indígenas. Bajo el rótulo del ‘desarrollo del país’ se han violentado otras formas de vida y por eso la discusión debe estar centrada en tomar acciones políticas que reafirmen lo planteado en la Constitución de 1991 y el estado social de derechos en el que la democracia no es representativa, sino participativa”, puntualizó este líder, que también es Secretario de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico.
Asimismo, Albeiro Parra, sacerdote y director de la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano, señaló que en el Pacífico, particularmente en el Chocó, ha habido una violación constante y sistemática del estado social del derecho, y que, además de nada sirve habitar el territorio si sus pobladores no tienen derecho a él. “Acá nunca se ha hecho una reforma agraria real. A las víctimas se les deben devolver sus derechos y repararlas, y a las comunidades negras entregarles el derecho a la territorialidad”, explicó Parra.
El Estado Social de Derecho es el marco jurídico y político propuesto en la Constitución de 1991 que promueve el respeto de la dignidad humana y la prevalencia del interés general sobre el particular.
Una apuesta por el diálogo y el compromiso como país
Ante estas preocupaciones, varios asistentes evidenciaron distintas iniciativas a las que pueden recurrir las comunidades para enfrentar los problemas territoriales que dificultan la implementación del Acuerdo de Paz. Por ejemplo, el fortalecimiento intercultural regional a través de alianzas entre instituciones culturales; el apoyo y reconocimiento para la construcción de la pos verdad de las colectividades frente a la violación de sus derechos y la importancia de “mantener estos temas en la agenda mediática y de entender el territorio como la forma de vida de los pueblos colombianos”, según dijo Clara Ávila, comunera del Resguardo Indígena de Canoas, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca.
En esta misma vía, Luis Fernando Sánchez, miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, aseguró que a pesar de que pareciera que la Constitución Política de 1991 está escrita para abogados, existen mecanismos de participación ciudadana que respaldan no solo la protección de los derechos fundamentales, sino también los derechos económicos, sociales y culturales, y que además protegen la incorporación de cualquier acto legislativo en la Constitución como es el caso del SIVJRNR. Lo afirma en respuesta al posible referendo derogatorio de la JEP, propuesto recientemente por el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez.
“Existen seis herramientas de participación política: el referendo, plebiscito, voto, cabildo abierto, revocatoria del mandato y la iniciativa legislativa, esta última es la vía mediante la cual las comunidades pueden proponer proyectos de ley y activar al sector legislativo para ponerlo a trabajar en defensa de la constitucionalidad”, especificó Sánchez.
Este conversatorio cerró con una mirada optimista y a la vez desafiante frente al papel que debe desempeñar la ciudadanía en las grandes urbes y las comunidades en las regiones, y una mirada crítica en relación con la responsabilidad del Gobierno de cumplir sus compromisos de Estado con las víctimas del conflicto armado.
“Si algo les hemos aprendido a los pueblos indígenas es que con el diálogo y la palabra se llega a acuerdos. Por eso, para construir paz en el territorio necesitamos que el Gobierno trabaje en el cese bilateral y cumpla los pactos a los que se ha comprometido con las regiones”, finaliza Albeiro Parra, quien es pieza clave en la construcción de diálogos de paz territoriales y de acuerdos humanitarios en el Pacífico.
El 14 de diciembre de 2006, en Barranquilla, alias el Loro dio sus primeras palabras. Frente a él, atentos, estaban algunas víctimas, magistrados, fiscales, testigos, periodistas, entre otros. Ese acto representó el inicio de la tercera fase del proceso de justicia transicional entre los paramilitares y el Estado colombiano, conocido como Justicia y Paz. Ese día iniciaron las ‘versiones libres’ de paramilitares desmovilizados. Wilson Salazar Carrascal, el Loro, fue el primero.
La fecha quedó en la memoria de algunos y, a partir de entonces, surgieron varias inquietudes: ¿será que Justicia y Paz es un sistema judicial efectivo?, ¿habrá impunidad?, ¿repararán a las víctimas?, y… ¿habrá verdad?
En 2016, Andrés Dávila Ladrón de Guevara y Juan David Velasco, politólogos y profesores de la Pontificia Universidad Javeriana, decidieron conmemorar los 10 años de las confesiones del Loro, tratando de establecer, precisamente, la calidad de la verdad judicial de Justicia y Paz.
¿Cómo evaluar ―medir― el cumplimiento del derecho a la verdad en Justicia y Paz de forma objetiva? Esa era la cuestión.
Entendiendo la magnitud del proyecto, Dávila y Velasco ―con un equipo de ocho investigadores―encontraron que las sentencias condenatorias realizadas por las salas de Justicia y Paz eran instrumentos cuantificables, y que en ellas había todo un universo de verdad judicial.
Recolectaron las 51 sentencias proferidas entre 2006 y 2017 ― cada una con cerca de 600 páginas― y, a partir de su revisión, teniendo en cuenta los estándares nacionales e internacionales del contenido del derecho a la verdad en instrumentos judiciales (razones de hecho, no repetición, reparación y señalamientos), analizaron y clasificaron la verdad revisando cuatro variables: la determinación de los móviles del delito, la determinación de las circunstancias de tiempo y lugar, la determinación de los responsables y la prevalencia del testimonio considerado.
Mejor dicho, buscaron responder ¿cuántas sentencias determinaron los móviles del delito?, ¿cuántas determinaron las circunstancias de tiempo y lugar?, ¿cuántas determinaron a los responsables?, ¿cuántas les dieron prevalencia a las víctimas en el testimonio?
Y, con base en esas respuestas ―las variables―, midieron el cumplimiento de los mínimos del derecho a la verdad de las víctimas y, adicionalmente, la calidad de la verdad: a mayor cantidad de elementos, la sentencia tenía una calidad alta, sin que su ausencia significara una calidad mala.
“Nosotros propusimos una metodología inédita en las mediciones de la verdad judicial de todo el mundo. Creamos un índice y un porcentaje del valor y, con estos elementos, valoramos la calidad de la verdad judicial en Justicia y Paz, clasificamos las redes de apoyo al paramilitarismo y analizamos cómo las víctimas contribuyeron o no a la narración de los hechos judiciales”, explica Velasco, quien además trabaja como asesor de la Dirección de la Unidad de Investigación y Acusación de la Justicia Especial para la Paz (JEP).
“No pretendíamos decir qué tan buena o mala es Justicia y Paz, sino bajo qué medida la verdad judicial se cumplía en mayor o menor medida”. Lina Chaparro, investigadora javeriana
Las cifras consignadas en el libro La verdad en las sentencias de Justicia y Paz arrojaron que la calidad de la verdad judicial en Justicia y Paz era baja en un 44 %, media en un 55 % y alta en un 1 %. También se evidenció que en el 72 % de las sentencias hay 573 señalamientos contra terceros (Ejército Nacional, Policía Nacional, Armada Nacional y empresarios) como presuntos miembros de la estructura paramilitar. Y, finalmente, entre otros hallazgos, se reveló que la fuente de los hechos legalizados se corresponde en su mayoría con las versiones de paramilitares (79 %), mientras que los testimonios de las víctimas ocuparon tan solo un 6 % del total.
Esas cifras y muchas otras se hicieron públicas en marzo de 2019, cuando el grupo de investigadores presentó el libro. Días después, El Espectador publicó un texto titulado “La verdad que aún nos debe la Ley de Justicia y Paz”, en el que citaba las cifras de la investigación, y comentaba: “Resulta muy difícil hablar de verdad cuando lo más básico para encontrarla no se logra determinar”.
El derecho a la verdad
“En su momento la investigación fue descontextualizada”, dice Lina Chaparro, investigadora y profesora de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana, “nuestra intención era clasificar más que calificar. No pretendíamos decir qué tan buena o mala es Justicia y Paz, sino de qué manera podían medirse los esfuerzos por el cumplimiento de los estándares jurídicos de verdad judicial en justicia transicional. Y en ese sentido son sentencias de gran calidad”.
“Lo que nosotros hacemos en el informe es valorar, a pesar de sus limitaciones, falta de recursos y demoras, el proceso de Justicia y Paz”, dice Andrés Dávila. “Lo que se contó y se cuenta gracias a Justicia y Paz ―incluyendo la voz de las víctimas y sus testimonios― devela lo que hicieron los paras en el conflicto junto con otros actores ―como los empresarios y las Fuerzas Militares―, y eso es supremamente valioso”.
Es tal el valor de Justicia y Paz ―coinciden los investigadores― que muchos mecanismos fueron adaptados o aprehendidos por la JEP. La experiencia de Justicia y Paz, y de sus magistrados y fiscales, en temas como desaparición forzada, homicidio e investigaciones de contexto ha sido vital para el desarrollo de la JEP. También han sido vitales, por ejemplo, los registros de las víctimas de secuestro con que cuenta Justicia y Paz, que fueron el primer insumo de la JEP para involucrar a las víctimas de ese crimen a manos de las FARC-EP.
“Aunque la JEP fue muy crítica con Justicia y Paz, aprendió y se nutrió de lo bueno y lo malo… pero eso casi nadie lo va a reconocer”, afirma Dávila. Y concluye: “En esta investigación estamos, en el fondo, haciendo justicia a una cantidad de información que está en las sentencias y que no se está aprovechando”.
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: La verdad en las sentencias de Justicia y Paz INVESTIGADOR PRINCIPAL: Juan David Velasco COINVESTIGADORES: Mónica del Pilar Burgos, Lina Chaparro, Vanessa Clavijo, Andrés Felipe Gómez, Claudia Medina Aguilar, Paula Angélica Muñoz y Diana Katherine Rico
Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), Instituto de Salud Pública, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Departamento de Ciencia Política, Pontificia Universidad Javeriana PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2016-2018
Esta video-columna tiene dos capítulos anteriores sobre ‘La paz en el campo’:
CAPÍTULO 2: Juan Felipe García, de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Javeriana, resalta la importancia de los PDET como herramientas de paz para el desarrollo del territorio campesino colombiano.
CAPÍTULO 1: La fórmula de la paz en Colombia pasa por el campo y desde hace más de 50 años lo reconocemos. Sin embargo, no la hemos sabido aplicar. El profesor javeriano analiza los ciclos de violencia que han impedido su implementación.
Investigadores javerianos crearon una caja de herramientas compuesta por un juego de mesa de roles, videos, podcasts y dos cartillas: una para víctimas y otra para funcionarios públicos, con el fin de entregar una guía para la atención de las personas que participaron en el conflicto armado colombiano.
Estos productos fueron elaborados por el Programa de Educación Para la Paz de la Dirección de Educación Continua y Consultorías de la Pontificia Universidad Javeriana, la Fundación Panamericana para el Desarrollo y el Ministerio de Justicia y del Derecho.
El material didáctico tiene como objetivo cerrar los baches existentes entre la comprensión integral de las rutas de atención a las víctimas del conflicto y el desarrollo de las habilidades que requieren los servidores públicos para garantizar, a través del el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, el acceso de las víctimas a la justicia transicional.
Mire el video para conocer más sobre este proceso.
Si desea obtener las cartillas, escriba al correo cruz.juan@javeriana.edu.co, de Juan Daniel Cruz, Coordinador académico del Programa de Educación para la Paz, de la Pontificia Universidad Javeriana.
Con el anuncio de que los médicos estadounidenses William G. Kaelin Jr. y Gregg Semenza, al igual que el biólogo británico Sir Peter Ratcliffe, obtuvieron el Premio Nobel de Medicina, se dio inicio hoy a una de las semanas más esperadas por la comunidad científica, académica, literaria y política del mundo: la revelación de los ganadores de este reconocido galardón internacional.
Hacia las 5:00 de la mañana, hora colombiana, y después de que el vocero del Instituto Karolinska explicara que el premio se debía a «sus descubrimientos sobre cómo las células sienten y se adaptan a la disponibilidad de oxigeno», Kaelin Jr., Semenza y Ratcliffe se convirtieron en los galardonados número 110, 111 y 112 en la categoría de Medicina, la cual se entregó por primera vez en 1901.
A lo largo de estos 118 años se ha reconocido el trabajo, investigación y dedicación de 691 científicos y académicos en las áreas de Medicina, Física, Química y Economía (este último comenzó a entregarse en 1968 por iniciativa del banco central sueco), al igual que a la obra literaria de 114 creadores y la mediación propuesta por 133 líderes y expertos en la resolución de conflictos globales.
Con este reconocimiento, se han galardonado a 938 personas y organizaciones con la distinción creada a partir del testamento del químico y empresario sueco Alfred Nobel, más conocido por la invención de la dinamita; consciente del poder destructivo de su obra, en 1895 consignó como su última voluntad que su fortuna fuera dividida en cinco partes para financiar “a aquellos que, durante el año anterior, le hayan prestado el más grande beneficio a la humanidad”.
Por ser una semana destacada en el campo científico, Pesquisa Javeriana conmemora la historia de los Premios Nobel por medio de esta infografía.
Una semana después del video con el que Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, anunció su rearme y el de otros exguerrilleros en una nueva disidencia política de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el estupor en el país se mantiene. No solo por la amenaza que este grupo puede ejercer sobre el Acuerdo de Paz entre los excombatientes y el gobierno colombiano, también porque, a través de nuevos manifiestos, los rebeldes han anunciado una nueva operación contra la corrupción, la política y la oligarquía a través de una política clandestina.
Para analizar y ahondar sobre este tema, Pesquisa Javeriana reunió a Manuel Salamanca, director del Instituto de Derechos Humanos ‘Alfredo Vásquez Carrizosa’, de la Pontificia Universidad Javeriana, y a Carlos José Herrera, doctor en Estudios de Paz, Conflictos y Democracia, y docente de la misma alma máter, para conversar sobre los anuncios enviados por esta disidencia política, el curso que debe tomar el gobierno colombiano y la respuesta que debe asumir la ciudadanía para defender la paz alcanzada.
A ningún lado condujo ayer, 29 de abril, el debate en el Senado de la República sobre las objeciones que el presidente Iván Duque le hizo a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La sesión, que casi completó ocho horas, se centró más en las posibles inhabilidades de los legisladores que en la discusión jurídica y política sobre la decisión del primer mandatario, la cual se espera se retome hoy en la tarde una vez la Comisión de Ética resuelva, caso por caso, los impedimentos presentados.
La ley estatutaria de la JEP es un tema clave dentro del acuerdo de paz que el Gobierno y las FARC firmaron en septiembre de 2016, pues es la base para administrar la justicia transicional con la que el Estado espera llegar no solo a una verdad judicial sobre el conflicto armado, también a la reparación de sus víctimas que conduzca a una paz estable y duradera.
Sin embargo, el pasado 11 de marzo, el presidente Duque le presentó al Congreso seis reparos a esta ley. Uno de ellos tiene que ver con las funciones del Alto Comisionado para la Paz, pues se le quitan facultades para filtrar los listados de acogidos a la JEP; también se elimina toda posibilidad de la justicia ordinaria sobre los excombatientes que hagan parte de algún proceso de justicia para la paz.
Vanessa Suelt Cock, profesora asociada a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, analizó las implicaciones del debate sobre las objeciones presidenciales a la JEP en el quehacer jurídico del país, en los actores envueltos en el conflicto armado, en la comunidad internacional y el imaginario político de los colombianos. En su opinión, esta situación “nos pone nuevamente en las discusiones del plebiscito por la paz porque están polarizando a la sociedad colombiana y afectando el cumplimiento del orden constitucional”.
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