Esta video-columna tiene dos capítulos anteriores sobre ‘La paz en el campo’:
CAPÍTULO 2: Juan Felipe García, de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Javeriana, resalta la importancia de los PDET como herramientas de paz para el desarrollo del territorio campesino colombiano.
CAPÍTULO 1: La fórmula de la paz en Colombia pasa por el campo y desde hace más de 50 años lo reconocemos. Sin embargo, no la hemos sabido aplicar. El profesor javeriano analiza los ciclos de violencia que han impedido su implementación.
Investigadores javerianos crearon una caja de herramientas compuesta por un juego de mesa de roles, videos, podcasts y dos cartillas: una para víctimas y otra para funcionarios públicos, con el fin de entregar una guía para la atención de las personas que participaron en el conflicto armado colombiano.
Estos productos fueron elaborados por el Programa de Educación Para la Paz de la Dirección de Educación Continua y Consultorías de la Pontificia Universidad Javeriana, la Fundación Panamericana para el Desarrollo y el Ministerio de Justicia y del Derecho.
El material didáctico tiene como objetivo cerrar los baches existentes entre la comprensión integral de las rutas de atención a las víctimas del conflicto y el desarrollo de las habilidades que requieren los servidores públicos para garantizar, a través del el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, el acceso de las víctimas a la justicia transicional.
Mire el video para conocer más sobre este proceso.
Si desea obtener las cartillas, escriba al correo cruz.juan@javeriana.edu.co, de Juan Daniel Cruz, Coordinador académico del Programa de Educación para la Paz, de la Pontificia Universidad Javeriana.
Con el anuncio de que los médicos estadounidenses William G. Kaelin Jr. y Gregg Semenza, al igual que el biólogo británico Sir Peter Ratcliffe, obtuvieron el Premio Nobel de Medicina, se dio inicio hoy a una de las semanas más esperadas por la comunidad científica, académica, literaria y política del mundo: la revelación de los ganadores de este reconocido galardón internacional.
Hacia las 5:00 de la mañana, hora colombiana, y después de que el vocero del Instituto Karolinska explicara que el premio se debía a “sus descubrimientos sobre cómo las células sienten y se adaptan a la disponibilidad de oxigeno”, Kaelin Jr., Semenza y Ratcliffe se convirtieron en los galardonados número 110, 111 y 112 en la categoría de Medicina, la cual se entregó por primera vez en 1901.
A lo largo de estos 118 años se ha reconocido el trabajo, investigación y dedicación de 691 científicos y académicos en las áreas de Medicina, Física, Química y Economía (este último comenzó a entregarse en 1968 por iniciativa del banco central sueco), al igual que a la obra literaria de 114 creadores y la mediación propuesta por 133 líderes y expertos en la resolución de conflictos globales.
Con este reconocimiento, se han galardonado a 938 personas y organizaciones con la distinción creada a partir del testamento del químico y empresario sueco Alfred Nobel, más conocido por la invención de la dinamita; consciente del poder destructivo de su obra, en 1895 consignó como su última voluntad que su fortuna fuera dividida en cinco partes para financiar “a aquellos que, durante el año anterior, le hayan prestado el más grande beneficio a la humanidad”.
Por ser una semana destacada en el campo científico, Pesquisa Javeriana conmemora la historia de los Premios Nobel por medio de esta infografía.
Una semana después del video con el que Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, anunció su rearme y el de otros exguerrilleros en una nueva disidencia política de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el estupor en el país se mantiene. No solo por la amenaza que este grupo puede ejercer sobre el Acuerdo de Paz entre los excombatientes y el gobierno colombiano, también porque, a través de nuevos manifiestos, los rebeldes han anunciado una nueva operación contra la corrupción, la política y la oligarquía a través de una política clandestina.
Para analizar y ahondar sobre este tema, Pesquisa Javeriana reunió a Manuel Salamanca, director del Instituto de Derechos Humanos ‘Alfredo Vásquez Carrizosa’, de la Pontificia Universidad Javeriana, y a Carlos José Herrera, doctor en Estudios de Paz, Conflictos y Democracia, y docente de la misma alma máter, para conversar sobre los anuncios enviados por esta disidencia política, el curso que debe tomar el gobierno colombiano y la respuesta que debe asumir la ciudadanía para defender la paz alcanzada.
A ningún lado condujo ayer, 29 de abril, el debate en el Senado de la República sobre las objeciones que el presidente Iván Duque le hizo a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La sesión, que casi completó ocho horas, se centró más en las posibles inhabilidades de los legisladores que en la discusión jurídica y política sobre la decisión del primer mandatario, la cual se espera se retome hoy en la tarde una vez la Comisión de Ética resuelva, caso por caso, los impedimentos presentados.
La ley estatutaria de la JEP es un tema clave dentro del acuerdo de paz que el Gobierno y las FARC firmaron en septiembre de 2016, pues es la base para administrar la justicia transicional con la que el Estado espera llegar no solo a una verdad judicial sobre el conflicto armado, también a la reparación de sus víctimas que conduzca a una paz estable y duradera.
Sin embargo, el pasado 11 de marzo, el presidente Duque le presentó al Congreso seis reparos a esta ley. Uno de ellos tiene que ver con las funciones del Alto Comisionado para la Paz, pues se le quitan facultades para filtrar los listados de acogidos a la JEP; también se elimina toda posibilidad de la justicia ordinaria sobre los excombatientes que hagan parte de algún proceso de justicia para la paz.
Vanessa Suelt Cock, profesora asociada a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, analizó las implicaciones del debate sobre las objeciones presidenciales a la JEP en el quehacer jurídico del país, en los actores envueltos en el conflicto armado, en la comunidad internacional y el imaginario político de los colombianos. En su opinión, esta situación “nos pone nuevamente en las discusiones del plebiscito por la paz porque están polarizando a la sociedad colombiana y afectando el cumplimiento del orden constitucional”.
Descubra aquí sus argumentos y saque sus propias conclusiones:
Como un caballo de paso cae la lluvia sobre las tejas de zinc del municipio de Samaná, en Caldas; son las dos de la mañana y Adela no pega el ojo, quizá porque solo unos ganchos de metal y un par de ladrillos sostienen el techo de su casa o tal vez porque sabe que en cualquier momento un grupo armado podría tumbar la puerta de su hogar para usarlo como trinchera.
Adela se mueve de lado a lado sobre su cama, está incómoda; se inquieta con el tic tac de las manecillas del reloj, al mismo tiempo que empieza a sudar frío. De repente escucha cómo una multitud de botas negras, de caucho, se acercan hacia ella. No van caminando, parece que fueran trotando. Se abre la puerta y en un parpadeo ella ya está acostada sobre el suelo. El latido de su corazón se acelera, se hace cada vez más fuerte, más rápido. Sin esperarlo ruge el cielo, cae un rayo que estremece la tierra e inmediatamente abre sus ojos.
Era solo un sueño, una mala jugada de su memoria, la misma que le recuerda que este tipo de escenas fueron una realidad en el corregimiento de Berlín, su hogar, entre 1998 y mediados del 2005. Fue testigo del conflicto armado entre paramilitares y la guerrilla; según ella, la violencia llegó al municipio de Samaná a mediados de los 90 cuando la roya hizo que la producción de café cayera y los campesinos trabajaran en la siembra de hoja de coca como actividad productiva alterna.
Sin saberlo, esto llevó a Berlin a quedar en medio de una confrontación por el control territorial entre el frente 47 de las FARC, liderado por alias ‘Karina’, y las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, lideradas por Ramón Isaza. No obstante, la fuerte presencia militar del Estado diezmó la guerrilla y condujo a los paramilitares a su entrega en el proceso de Justicia y Paz en 2008.
Durante los siguientes años, campesinos de veredas como La Reforma, Lagunilla y Piedra Verde retornaron a la región con el deseo de pisar nuevamente sus tierras y encontrar en ellas, y en la construcción de megaproyectos como La Miel I, hidroeléctrica de Isagen, una nueva forma de sustento y vida.
‘Adelita’, como le dicen sus vecinos, recuerda haberlo visto todo. Fue testigo del desplazamiento de amigos y familiares por causa de amenazas, miedo y la dispersión de glifosato para erradicar los cultivos ilícitos en sus fincas. Esta dura situación no fue impedimento para que viera crecer a sus hijas y nietas, tres generaciones de Adelas que, aunque diferentes entre sí, comparten las mismas pasiones: la cocina y el arte.
Ellas tienen un estilo propio cuando de preparar un plato se trata. Adela, quien ahora es abuela, es experta haciendo arepas blancas. Primero muele el maíz, lo mezcla con sal y agua, lo amasa y lo pone sobre el fuego; los huevos son la especialidad de su hija, ella los bate con papa y espinacas tomadas de la huerta y los riega sobre el sartén. La menor tiene ‘el toque’ del aguatinto, una tintilla color canela: una cucharada de café por dos pocillos de aguapanela.
Así son sus desayunos, grandes y poderosos. Por eso, desde hace tres años estas tres mosqueteras han alimentado a Milena Camargo, Mélida Lozáno, Mario Mora, Diana Rodriguez y José Ignacio Barrera, líderes del proyecto de restauración ecológica y reconciliación en el corregimiento de Berlín a través de los programas Plan de restauración ecológica del trasvase río Manso y Plan de conservación de la especie amenazada Gustavia romeroi.
Este equipo de ingenieros forestales, biólogos, ecólogos y psicólogos llegó a la región en 2014, luego de que Isagen los contratara para reparar el desastre medioambiental que dejó la obra ingenieril transvase Manso en la hidroeléctrica La Miel I: la ruptura de acuíferos (nacimientos de agua subterránea) y 22 quebradas a punto de secarse.
La decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para ese entonces fue permitir que Isagen comprara los terrenos afectados por la construcción del trasvase y realizara un plan de restauración ecológica en el área. Así, esta institución contactó a la Escuela de Restauración Ecológica (ERE) de la Pontificia Universidad Javeriana para iniciar un trabajo colaborativo, en el que la ERE debía implementar las investigaciones desarrolladas previamente sobre la rehabilitación medioambiental; sin embargo, durante este proceso los investigadores javerianos no solo encontraron un ecosistema deteriorado, también una comunidad fragmentada por la violencia, el odio y el rencor infundado en una guerra que no les pertenecía.
Adela recuerda no haber estado presente en las estrategias de restauración, en el cultivo de palos de aguacate o cacao en las fincas, en la siembra de árboles en el borde de las quebradas para proteger sus cauces o en la limpieza periódica de las bocatomas de Berlín con el equipo de restauradores, pero sí fue testigo de las largas jornadas en las que los profesionales javerianos visitaban a los campesinos de la región, presentándose como los ‘médicos del ecosistema’ con un único fin: la salud integral del corregimiento.
“Cuando llegamos al territorio encontramos un tejido social fracturado por el tema del conflicto armado”, dice la investigadora Milena Camargo. Por eso, continúa, “creemos que ese tejido se debe seguir trabajando y acumulando experiencias positivas para que haya una verdadera reconciliación. Así es como le apostamos a la encíclica Laudato Sì del papa Francisco, la cual nos recuerda que tenemos que cuidar nuestra casa, nuestra integridad como seres humanos”.
Por tres años (2015-2018), el equipo de investigadores hizo talleres de integración con las comunidades, mingas o convites en las que el sancocho de pollo y arroz con menudencias eran el plato principal, trabajó con las personas en la recuperación del tejido social, en la restauración de relaciones familiares con quienes no habían vuelto a hablar y apoyó a quienes han sufrido las consecuencias del desarraigo por causa del desplazamiento.
De hecho, uno de los encuentros más conmemorativos de la comunidad ocurrió en abril de 2018, cuando campesinos de las veredas Montebello, Piedra Verde y La Reforma, alumnos del colegio Berlín, miembros del grupo ecológico de la misma institución y estudiantes de la clase de Restauración de Ecosistemas, de la Javeriana, se reunieron para trabajar juntos alrededor de un tema en comun: el bienestar social.
A las cinco de la tarde inició la jornada de reconciliación, encuentro que fue un canto de nostalgia y esperanza a Samaná, al corregimiento de Berlín y a los más de 29.000 hombres y mujeres víctimas del desplazamiento por la violencia. Fue un escenario en el que sonrisas y abrazos se abrieron paso en medio de miradas tímidas de quienes han anhelado por años la paz y el perdón.
¿Cómo vivir en paz? ¿Dónde hallar la felicidad? ¿Por qué perdonar?, fueron las preguntas con las que Mélida Lozano, líder del componente social del proyecto de restauración ecológica, abrió la jornada, mientras que las voces de la comunidad entonaban al unísono la canción Alegría, de Cirque du Solei.
El espejo de la verdad fue la respuesta a sus inquietudes, un ejercicio en el que los asistentes tenían que escribir sobre un papel las actitudes que cada uno ama y odia de sí mismo para entender el secreto de la felicidad y la clave del bienestar: reconocer quiénes son y aprender a perdonar.
“La felicidad solo puede existir cuando hay experiencias que no son tan buenas”, dice Mélida, ya que “no podríamos percibir la felicidad si no hubiera dolor porque entonces, ¿con qué la comparamos? No podría existir si no hay sufrimiento, retos, carencias. Entonces, la felicidad depende de eso que no nos gusta, de las experiencias que rechazamos”, añadió.
‘Adelita’ hizo su labor tras bambalinas. No fue el ‘trabajo pesado’ en las fincas sino el constante, el diario. Por meses se dedicó a tejer flores; cada puntada, cada pétalo era una forma de hilar conciencia, trenzar perdón y construir sociedad. Pasó horas enteras detrás de agujas de croché, lienzos, pintura y colbón para darle brillo a sus creaciones. El resultado fue una docena de rosas de lana, unas blancas, rosadas, amarillas y otras azules y rojas, tejidas entre sí para darle forma a la paz, a ese sentimiento que ha sido tan anhelado en sus corazones.
Con estas creaciones se cerró el evento con un intercambio de plantas artesanales, hechas por las familias de la región. Unos detalles que significaban más que cartón, fomi, pintura, cucharas o pitillos: era la representación de una vida en unidad, perdón, reconciliación e igualdad.
Luis Wilches, vecino de Adela, fue uno de los invitados a la jornada. Él, de brazos color canela, un pecho firme como de marfil y una mirada tan penetrante y profunda como el amanecer despuntando el alba, recuerda que no dejó la región, él se quedó en su finca, en la vereda Piedra Verde, a pesar de la guerra.
Wilches vivió cada segundo como si fuera el último; su humildad y resiliencia le permitieron dominar el deseo de venganza para someterlo al de la justicia a través del perdón. No es de extrañarse que las manos que en algún momento se hicieron gruesas al labrar la tierra, sean ahora las que levantan en alto flores de la mansedumbre, misericordia y transparencia. Una imagen que, como dice Adela, quedará grabada en la memoria de sus vecinos.
“Este trabajo de reconciliación nos ha servido mucho, me ha servido mucho, para la convivencia como personas y para estar en comunidad”, dice Luis. “Por eso es que hacemos más juntos que uno solo y eso es magnífico”, añade.
Así como en algún momento la incertidumbre del pasado irrumpió sus vidas, ahora, con la restauración de los lazos comunitarios y el perdón como práctica diaria, esta comunidad está cultivando en sus tierras y en sus corazones una semilla de amor y esperanza. Por eso Adela sabe que construir sociedad es un trabajo que implica tiempo, voluntad y constancia; que perdonar significa reconocer las faltas propias para deshacerse de ellas y sanar, y que tejer sociedad es una labor de todos, una que se hace a pulso, como el que ella tiene cuando hace edredones de punta a punta para mantener el calor de su hogar.
Así es Adela, una mujer que sabe que sus sonrisas son el ingrediente secreto para alimentar el espíritu de bondad en su comunidad.
“Lo que pasa es que en Colombia nadie quería ver la guerra y ahora nadie quiere ver la paz”.
Esta reflexión, expresada por la historiadora colombiana Diana Uribe Forero define, en toda su magnitud, la obra artística Examen de visión 20/20, que llegó a la Pontificia Universidad Javeriana con el nombre Cero miopía durante la Semana por la Paz.
La obra nació en 2007 cuando, al comentar sobre las masacres cometidas por los grupos paramilitares, la respuesta más común de la gente era: no quiero ver, no quiero saber. En el fondo se entiende el porqué la recurrencia de cerrar los ojos ante situaciones como ésta: “…eran personas de edad que llevaban en camiones amarradas y las instrucciones eran quitarles brazos, piernas, descuartizarlos vivos”, como relata Reinaldo Spitaletta, comunicador social y periodista de la Universidad de Antioquia, magister en Historia de la Universidad Nacional y columnista de El Espectador.
Trasladar 20 noticias de similar horror al lenguaje visual se convirtió en un propósito de una década, agregando a la obra las minas antipersonales sembradas por las guerrillas y los homicidios en persona protegida causados por el Ejército. Cabe recordar que esta situación tan penosa para el país ya había sido expuesta en 2011 en esta misma sede de la Universidad Javeriana.
La obra abordó tres años más tarde la violencia sexual contra la mujer y la población LGBTI (atribuidos a todos los actores del conflicto armado), con el consecuente desplazamiento y desaparición forzada de la población civil. Lo expuesto en diversos lugares del país se basó en la frase “el horror que no quisimos ver, que no pudimos evitar, que no debemos repetir jamás”, de mi autoría. En 2015 por primera vez incorporé un testimonio positivo inspirado en el poema Siempre, de Pablo Neruda: “El día más esperado de nuestra historia es el día final del sufrimiento”. Pasados dos años, en 2017 , se incorporaron los asesinatos a líderes sociales con veinte testimonios más, etapa que coincidió con la visita del Papa Francisco a Colombia y se trasladaron sus mensajes de perdón a la obra gráfica, tal y como lo cita el pontífice: “Es hora de sanar heridas, tender puentes, desactivar odios, renunciar a las venganzas y reconciliarnos en un encuentro fraterno”.
Para este año se recreó un “laberinto” de testimonios que narraban paso a paso los antecedentes a los diálogos de paz, extraídos del informe La posibilidad de la Paz, escrito por Sergio Jaramillo, entonces alto comisionado para la PAz. También se realizó una exposición digital de 20 testimonios en la pantalla gigante institucional con textos tomados de escritores, columnistas, politólogos y académicos. Entre estos, el del expresidente uruguayo Pepe Mujica: “El pasado nunca ha sido enmendable, lo que es reparable es el porvenir. Si el proceso de paz de Colombia fracasa, fracasa América Latina”.
Cero miopía invitó a la comunidad javeriana durante una semana a ver la luz al final del túnel, a encontrarnos con la memoria de un país que pide a gritos que abramos los ojos y que actuemos, cada uno desde nuestras posibilidades por un mejor porvenir. Pero se observó muy poca participación y poco interés de los jóvenes ante esta muestra. Yo esperaba que, en el hall principal del edificio Emilio Arango, S.J., se acercaran más estudiantes a preguntar por la exposición; sin embargo, los jóvenes pasaban de largo, ocupados en sus conversaciones apresuradas, en su “corre, corre”. Por eso, la propuesta Cero miopía concluye con una calificación de miopía total; salvo unos contados casos de javerianos que, al ver y analizar los 60 testimonios expuestos, fueron tocados por el arte y su contenido. Ellos hicieron de esta intervención algo memorable por el significativo aporte de su reflexión. A ellos, gracias sinceras.
A la comunidad general les recuerdo que fuimos una sociedad urbana que se hizo “de la vista gorda” durante la guerra. Nuestro compromiso con la no repetición es fundamental, y para ello debemos estar informados, alertas y participativos. No está en manos de unos pocos la transformación de nuestra sociedad, está en manos de todos; pero la indiferencia abona el terreno para que la impunidad se imponga. Aún seguimos ciegos.
Casi al mejor estilo de una crónica o de un cuento corto, algunos medios de comunicación destacaron la llamada que recibió el expresidente Juan Manuel Santos en octubre de 2016 por parte de un representante del Comité Noruego del Nobel anunciándole que se acababa de ganar el premio Nobel de Paz. Para buena parte de la sociedad colombiana que estaba en medio de un proceso político de negociación del fin del conflicto armado, fue un boom aquella noticia que despertó el interés y las criticas de todo el país. No es de extrañar esta reacción, más si recordamos que el Nobel de Paz siempre ha estado rodeado de intrigas y reveses, no solo por los personajes que se han llevado el galardón, cuestionados por sus pasados y posiciones políticas, sino por los que nunca lo recibieron, como Mohandas Karamchand Gandhi (nominado en cinco oportunidades).
Los ganadores del Nobel más reconocidos y respetados por su coherencia con la paz desde una visión social, religiosa o política son la Madre Teresa de Calcuta, Malala Yousafzai, Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi y Desmond Mpilo Tutu. Las controversias y críticas a los que se han ganado el premio Nobel de Paz se encuentran en paradojas como las del presidente estadunidense Theodore Roosevelt, quien ganó el Nobel por la mediación exitosa en la Guerra Ruso-Japonesa, obviando su participación y tomas de decisiones en, por ejemplo, la “insurrección independentista filipina, en la que las tropas norteamericanas cometieron el primer genocidio del siglo XX”. De cerca lo sigue Henry Kissinger, de los más controversiales y, de pronto, apresurados ganadores: en 1973 recibe el galardón con fuertes indicios, que luego fueron comprobados, de su injerencia en el bombardeo a Camboya en la guerra de Vietnam, la toma militar y genocidio en Timor Oriental y las operaciones en Chile para derrocar a Salvador Allende. Le Duc Tho, el otro ganador de ese año junto con Kissinger por los acuerdos de paz de París, declinó recibir el Nobel porque las tropas norteamericanas seguían en Vietnam y el conflicto bélico no se había detenido.
Al seguir avanzado en la historia de los Nobel de Paz, aparecen personalidades internacionales altamente cuestionadas como Yasir Arafat, Shimon Peres e Isaac Rabin (1994). Su participación en la creación de los acuerdos de Oslo para mejorar los conflictos en Medio Oriente habría sido la causa de su escogencia en ese año, pero lo acordado no tuvo impacto real en el desescalamiento de las agresiones entre palestinos e israelíes. Barack Obama (2009) y Juan Manuel Santos (2016) han sido los dos últimos casos envueltos en dudosas conductas. El primero por promover acciones armadas en Afganistán (2009), Libia (2011) e Irak (2014), incluso “Obama consideró no ir a recoger el premio a Oslo, la capital de Noruega”; el segundo, por su pasado como Ministro de Defensa en Colombia y la fuerte polarización política que se vivió con el plebiscito por la paz.
Como en todo cuento de hadas pueden existir héroes y villanos, lo que sí es cierto es que la agenda política internacional en lo referente al Nobel de Paz viene tomando partido por la participación en algún tema o negociación de orden mundial o regional por encima de pequeñas iniciativas. Unas invisibilizan a las otras, como si lo internacional borrase lo local en un intento de fijar una paz al estilo internacionalista más que culturalista. No es de extrañar, por ejemplo, que nominaciones como las que afirma el presidente de Corea del Sur sobre su homólogo estadunidense se hagan realidad en algún momento: “Donald Trump, sería un digno ganador del Premio Nobel de la Paz por su labor para descongelar las relaciones con Corea del Norte”.
* Coordinador académico del Programa de Educación para la Paz, de la Pontificia Universidad Javeriana.
El de Ministro de Hacienda ha sido un cargo de renombre en la historia de Colombia, con decisiones que han contribuido a darle forma a la economía local. Sobresalen nombres como los de Esteban Jaramillo, quien a inicios del siglo XX lideró la misión de expertos que modernizó la banca, fundó el Banco de la República y, más tarde, con una convocatoria nacional, reunió los recursos para armar las tropas que iban a enfrentar la invasión peruana a Leticia (solo una escaramuza aislada); o el de Rudolf Hommes, que con su ‘apertura económica’ inscribió al país en la nueva oleada neoliberal impulsada por el Consenso de Washington; también está el hoy presidente Juan Manuel Santos, que a principios del siglo XXI capoteó la peor recesión económica en la historia del país y la quiebra del sector bancario renovando el impopular impuesto del, entonces, dos por mil; o, más recientemente, Juan Carlos Echeverri, quien, pregonando “el ahorro en época de vacas gordas”, transformó el modelo de regalías e impulsó la regla fiscal, las medidas macroeconómicas para impedir que el país gastara de más y pusiera en riesgo sus ahorros futuros.
Sin embargo, para el investigador y académico Andrés Felipe Mora Cortés el papel de un Ministro de Hacienda es mucho más limitado de lo que parece. “Pierde muchos grados de libertad y se pierde la idea contable del cargo, que simplemente está para elevar los ingresos y disminuir el gasto, porque está respondiendo a un problema político”, asegura este politólogo, magister en Economía, doctor en Desarrollo de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, y docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana.
Aquel problema político ha atado la voluntad de todos los que lideraron el Ministerio de Hacienda desde la aprobación de la Constitución Política de 1991, y se debe a que el país ha asumido diferentes compromisos, tanto nacionales como internacionales, que siempre lo han llevado a estirar de más los recursos que percibe. Técnicamente, el Gobierno se ve abocado a afrontar un déficit fiscal, es decir, que gasta mucho más que el dinero que cada año tiene para operar. “Se trata de factores estructurales que difícilmente puede controlar el Ministro”, insiste Mora, quien en 2012 inició una investigación para evaluar el avance de la política fiscal en el país desde los años 90 a la actualidad.
Estudiando las cifras oficiales aportadas por el mismo Ministerio y el DANE, al igual que los reportes de la OCDE, el ‘club de buenas prácticas’ del que Colombia aspira a ser miembro, encontró que, desde entonces, las decisiones de gasto han estado sujetas a tres grandes compromisos que el país siempre ha honrado desde la puesta en marcha de las reformas neoliberales, siendo el primero de ellos el servicio de deuda: los pagos que año a año debe realizar para pagar los créditos internacionales y nacionales con los que el Gobierno financia buena parte de sus presupuestos anuales.
“La deuda, más o menos, siempre ha sido creciente, es muy elevada y difícilmente el Gobierno puede disminuirla, porque ya tiene compromisos adquiridos de pago”, explica Mora. De estas amortizaciones se desprende una especie de círculo vicioso, pues el país recibe mejores calificaciones por parte de las agencias crediticias como Moody’s, Fitch o Standard & Poor’s (que dan una mejor nota si el país cumple siempre con sus cuotas de pago) que le permiten acceder a préstamos más baratos en el mercado.
Desde hace 25 años, según el análisis de Mora, esa deuda se ha quintuplicado a pesar de la estrategia de remplazar el crédito externo, considerado como caro, por el interno; se calcula que, entre 1990 y 2013, el país pagó un sobrecosto de intereses del 61%. Según cifras del Ministerio de Hacienda, al tercer trimestre de 2017 la deuda neta del Gobierno Nacional Central ascendía a $394,13 billones, que equivalen al 43% del PIB nacional.
Lo más preocupante es que muchas veces se ha pedido prestado para cancelar obligaciones contraídas, generando así un círculo vicioso aún peor. ¿Y por qué el país ha escogido convertirse en un ‘buen deudor’? Para Mora, se debe a que el Estado se ha trazado como gran objetivo la generación de confianza inversionista, muchas veces para atraer capitales externos y, así, subir sus ingresos que se redondean por el dinero que se percibe de exportaciones y de los impuestos recaudados. “Detrás de esa idea hay actores sociales como el capital financiero internacional, conformado por los organismos multilaterales de crédito, las calificadoras de riesgo, etc., que presionan para que las decisiones en materia fiscal, por lo menos en el servicio de deuda, sean estrictamente cumplidas”.
El segundo compromiso es más complejo: el gasto militar. Debido al conflicto armado que el país ha sostenido por más de 60 años, este rubro casi que se ha convertido en una obligación para garantizar el funcionamiento del Gobierno, el Estado y la democracia. Por esa razón, y debido a la violencia desatada por el narcotráfico y los grupos armados irregulares desde los años 80, el gasto en seguridad y defensa pasó de menos de un billón de pesos en 1990 (2,2% del PIB) a $27 billones en 2014 (5,9% del PIB).
Esa tendencia se mantiene hoy en día. A pesar de haberse implementado el año pasado el acuerdo de paz con las FARC, y de que sus miembros abandonaron la lucha armada, para el Presupuesto General de la Nación de 2018 se dispuso una asignación de $32,7 billones para el sector de defensa, un incremento del 8,9% frente a los $29,9 billones que había recibido el año anterior. Si bien puede considerarse contradictorio que, sin la que ha sido su principal amenaza, la Fuerza Pública aumente sus partidas, la respuesta obedece a una razón administrativa: “Más del 80% del gasto militar es de funcionamiento, lo que quiere decir que un recorte en ese aspecto es muy complicado de hacer”, explica Mora.
La última obligación que ata el actuar del Ministro de Hacienda viene por cuenta de los programas de inversión social, de naturaleza puramente discrecional del Gobierno, que se han constituido en una herramienta para revertir los efectos nocivos que el actual modelo económico ha causado sobre grupos específicos de la población; en otras palabras, se trata de un presupuesto de libre asignación para eliminar las brechas de desigualdad social que se presentan en el país.
En su investigación, Mora encontró que este gasto –diferente al que la Constitución, vía transferencias, asigna a sectores sensibles como el de educación o salud– pasó de $13 billones en 2000 a $83 billones en 2016; para 2017, las cifras oficiales preveían un desembolso de $118,4 billones para este rubro (incluido el gasto en transferencias). Aunque a primera vista puede ser positivo este incremento, el análisis del investigador muestra que su alcance puede no ser determinante: “Es más remedial y no está orientado a resolver las causas profundas de esa pobreza, de esa desigualdad”.
Para 2018, el presupuesto colombiano contempla un gasto de $32,7 billones en defensa. /Pixabay
Allí acuña el término ‘Estado bélico-asistencial’ para definir el funcionamiento de Colombia a partir de la forma cómo emplea su gasto para garantizar las tres condiciones básicas de su funcionamiento: la acumulación de capital para ciertos sectores locales, la confianza inversionista para el capital financiero foráneo y la legitimidad dentro de las clases menos favorecidas, para lo cual debe realizar enormes gastos en el pago de su deuda, la inversión en seguridad y el gasto social que, irremediablemente, lo llevan a permanecer en un constante déficit fiscal.
La fórmula para solventarlo ha sido el aumento de impuestos, lo cual explica que entre 1990 y 2003 se aprobaran ocho reformas tributarias para mejorar los fondos recaudados. La más reciente fue aprobada por el Congreso en 2016 y, según cifras de la DIAN, contribuyó a recaudar $136,5 billones en 2017, un incremento de 7,6% comparado con el ejercicio anterior.
Sin embargo, esta práctica ha contribuido a crear grandes desigualdades en el país. Autores como Guillermo Perry, exministro de Hacienda, aseguran que la política tributaria está plagada de inequidades (por ejemplo, no es activa al gravar los grandes capitales), estimula la informalidad, tiene una capacidad de recaudo muy baja y, entre otros problemas, dificulta la debida redistribución de recursos entre sectores. De hecho, buena parte de las medidas recaen sobre la clase media, reconocida por ser el sector de la población que jalona la economía mediante el consumo, y que, ante un panorama impositivo más elevado, debe apoyarse en los créditos bancarios.
“Colombia pierde anualmente cerca de $70 billones asociados con todas estas prebendas fiscales que se les otorgan a ciertos sectores”, asegura Mora, quien opina que el país debe reformar su estructura tributaria para fortalecer la capacidad adquisitiva de la clase media, lo cual permitiría, en el largo plazo, garantizar un crecimiento económico sostenible.
Se trata, ante todo, de una necesidad urgente, en especial en momentos en los que el país se comprometió a construir una paz estable y duradera. Con la salida de la ecuación de la guerra de uno de los principales actores del conflicto armado, se prevé que otros conflictos que habían permanecido opacados, como los reclamos salariales de los profesores públicos, las demandas de los transportadores, las protestas de los campesinos, las reivindicaciones de las minorías étnicas, entre otras, cobren importancia, por lo que el Gobierno tendría que invertir en medidas que garanticen soluciones estructurales.
Para ello sería necesario que el país invirtiera gruesas sumas en infraestructura, transformación tecnológica y, entre otros, en impulsar sectores sensibles de la economía, como el agro; sin embargo, el diseño del actual presupuesto nacional da a entender que se ha escogido otro camino. “Con los recortes en ciencia tecnología e innovación, se puede ver que no hay un compromiso en transformar el aparato productivo del país hacia bienes más complejos tecnológicamente, sino que se plantea generar cambios marginales sobre la estructura productiva actual”, advierte Mora.
En últimas, la solución que el Gobierno tiene a mano en este momento es ampliar su déficit fiscal, que, según cálculos de Mauricio Cárdenas, actual ministro de Hacienda, rondaría el 3,6% del PIB. Pero una dificultad adicional se manifiesta en la regla fiscal, la ley que obliga al Gobierno a reducir este desbalance. Voces como la del exministro Hommes han llamado a la necesidad de reenfocar la dirección económica del país en momentos tan cruciales: “Es necesario y urgente que el Gobierno recupere flexibilidad fiscal para responder a las exigencias del posconflicto, entre las que se destacan la necesidad de hacer crecer la economía, impulsar el campo y obtener cohesión social”, señala en su columna habitual de El Tiempo.
En ese mismo sentido se pronuncia Mora, quien cree que las necesidades inmediatas de desarrollo deben primar por encima de las recomendaciones del capital financiero internacional: “La regla fiscal le quita margen de maniobra al Gobierno para que regule esa nueva conflictividad social a través del gasto público. No hay nada más prioritario en este momento en Colombia que la construcción de paz, y el déficit fiscal debe apuntar hacia ese objetivo”.
La paz y una nueva Colombia. Esos son los dos temas que hoy en día obsesionan al padre Francisco de Roux, jesuita, licenciado en Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Javeriana, doctor en economía y uno de los hombres que ha contribuido con su trabajo y su visión a construir la paz en Colombia: primero, desde la dirección del Cinep; luego, junto a los pobladores del Magdalena Medio, y recientemente, con los excombatientes de un lado y de otro, siempre buscando proyectos que conlleven a la reconciliación. Esa trayectoria le hizo merecedor del Premio Nacional de Paz en 2001.
Este miércoles, durante el XIV Congreso La Investigación en la Pontificia Universidad Javeriana, el padre De Roux será uno de los conferencistas principales. Su charla se centrará no solo en el papel que la Academia debe asumir en la nueva etapa de posconflicto, sino en las acciones que la población civil debe emprender para construir una nación sin odios ni temores.
“Es muy importante que encontremos, a través de la universidad, la posibilidad de escapar de las peleas y encontrarnos con el ser humano colombiano, más allá de esas posiciones interpretativas que nos dividieron”, propone el religioso, quien asegura que esa nueva sociedad debe construirse desde el plano democrático, ético y económico.
Su conferencia tendrá lugar el próximo miércoles, 13 de septiembre, a las 8:00 a.m. en el auditorio Alfonso Quintana S.J. del Edificio Jorge Hoyos S.J. (número 20 del campus universitario).
Aquí puede inscribirse para participar en el Congreso.
