A ningún lado condujo ayer, 29 de abril, el debate en el Senado de la República sobre las objeciones que el presidente Iván Duque le hizo a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La sesión, que casi completó ocho horas, se centró más en las posibles inhabilidades de los legisladores que en la discusión jurídica y política sobre la decisión del primer mandatario, la cual se espera se retome hoy en la tarde una vez la Comisión de Ética resuelva, caso por caso, los impedimentos presentados.
La ley estatutaria de la JEP es un tema clave dentro del acuerdo de paz que el Gobierno y las FARC firmaron en septiembre de 2016, pues es la base para administrar la justicia transicional con la que el Estado espera llegar no solo a una verdad judicial sobre el conflicto armado, también a la reparación de sus víctimas que conduzca a una paz estable y duradera.
Sin embargo, el pasado 11 de marzo, el presidente Duque le presentó al Congreso seis reparos a esta ley. Uno de ellos tiene que ver con las funciones del Alto Comisionado para la Paz, pues se le quitan facultades para filtrar los listados de acogidos a la JEP; también se elimina toda posibilidad de la justicia ordinaria sobre los excombatientes que hagan parte de algún proceso de justicia para la paz.
Vanessa Suelt Cock, profesora asociada a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, analizó las implicaciones del debate sobre las objeciones presidenciales a la JEP en el quehacer jurídico del país, en los actores envueltos en el conflicto armado, en la comunidad internacional y el imaginario político de los colombianos. En su opinión, esta situación “nos pone nuevamente en las discusiones del plebiscito por la paz porque están polarizando a la sociedad colombiana y afectando el cumplimiento del orden constitucional”.
Descubra aquí sus argumentos y saque sus propias conclusiones:
Como un caballo de paso cae la lluvia sobre las tejas de zinc del municipio de Samaná, en Caldas; son las dos de la mañana y Adela no pega el ojo, quizá porque solo unos ganchos de metal y un par de ladrillos sostienen el techo de su casa o tal vez porque sabe que en cualquier momento un grupo armado podría tumbar la puerta de su hogar para usarlo como trinchera.
Adela se mueve de lado a lado sobre su cama, está incómoda; se inquieta con el tic tac de las manecillas del reloj, al mismo tiempo que empieza a sudar frío. De repente escucha cómo una multitud de botas negras, de caucho, se acercan hacia ella. No van caminando, parece que fueran trotando. Se abre la puerta y en un parpadeo ella ya está acostada sobre el suelo. El latido de su corazón se acelera, se hace cada vez más fuerte, más rápido. Sin esperarlo ruge el cielo, cae un rayo que estremece la tierra e inmediatamente abre sus ojos.
Era solo un sueño, una mala jugada de su memoria, la misma que le recuerda que este tipo de escenas fueron una realidad en el corregimiento de Berlín, su hogar, entre 1998 y mediados del 2005. Fue testigo del conflicto armado entre paramilitares y la guerrilla; según ella, la violencia llegó al municipio de Samaná a mediados de los 90 cuando la roya hizo que la producción de café cayera y los campesinos trabajaran en la siembra de hoja de coca como actividad productiva alterna.
Sin saberlo, esto llevó a Berlin a quedar en medio de una confrontación por el control territorial entre el frente 47 de las FARC, liderado por alias ‘Karina’, y las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, lideradas por Ramón Isaza. No obstante, la fuerte presencia militar del Estado diezmó la guerrilla y condujo a los paramilitares a su entrega en el proceso de Justicia y Paz en 2008.
Durante los siguientes años, campesinos de veredas como La Reforma, Lagunilla y Piedra Verde retornaron a la región con el deseo de pisar nuevamente sus tierras y encontrar en ellas, y en la construcción de megaproyectos como La Miel I, hidroeléctrica de Isagen, una nueva forma de sustento y vida.
‘Adelita’, como le dicen sus vecinos, recuerda haberlo visto todo. Fue testigo del desplazamiento de amigos y familiares por causa de amenazas, miedo y la dispersión de glifosato para erradicar los cultivos ilícitos en sus fincas. Esta dura situación no fue impedimento para que viera crecer a sus hijas y nietas, tres generaciones de Adelas que, aunque diferentes entre sí, comparten las mismas pasiones: la cocina y el arte.
Ellas tienen un estilo propio cuando de preparar un plato se trata. Adela, quien ahora es abuela, es experta haciendo arepas blancas. Primero muele el maíz, lo mezcla con sal y agua, lo amasa y lo pone sobre el fuego; los huevos son la especialidad de su hija, ella los bate con papa y espinacas tomadas de la huerta y los riega sobre el sartén. La menor tiene ‘el toque’ del aguatinto, una tintilla color canela: una cucharada de café por dos pocillos de aguapanela.
Así son sus desayunos, grandes y poderosos. Por eso, desde hace tres años estas tres mosqueteras han alimentado a Milena Camargo, Mélida Lozáno, Mario Mora, Diana Rodriguez y José Ignacio Barrera, líderes del proyecto de restauración ecológica y reconciliación en el corregimiento de Berlín a través de los programas Plan de restauración ecológica del trasvase río Manso y Plan de conservación de la especie amenazada Gustavia romeroi.
Este equipo de ingenieros forestales, biólogos, ecólogos y psicólogos llegó a la región en 2014, luego de que Isagen los contratara para reparar el desastre medioambiental que dejó la obra ingenieril transvase Manso en la hidroeléctrica La Miel I: la ruptura de acuíferos (nacimientos de agua subterránea) y 22 quebradas a punto de secarse.
La decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para ese entonces fue permitir que Isagen comprara los terrenos afectados por la construcción del trasvase y realizara un plan de restauración ecológica en el área. Así, esta institución contactó a la Escuela de Restauración Ecológica (ERE) de la Pontificia Universidad Javeriana para iniciar un trabajo colaborativo, en el que la ERE debía implementar las investigaciones desarrolladas previamente sobre la rehabilitación medioambiental; sin embargo, durante este proceso los investigadores javerianos no solo encontraron un ecosistema deteriorado, también una comunidad fragmentada por la violencia, el odio y el rencor infundado en una guerra que no les pertenecía.
Adela recuerda no haber estado presente en las estrategias de restauración, en el cultivo de palos de aguacate o cacao en las fincas, en la siembra de árboles en el borde de las quebradas para proteger sus cauces o en la limpieza periódica de las bocatomas de Berlín con el equipo de restauradores, pero sí fue testigo de las largas jornadas en las que los profesionales javerianos visitaban a los campesinos de la región, presentándose como los ‘médicos del ecosistema’ con un único fin: la salud integral del corregimiento.
“Cuando llegamos al territorio encontramos un tejido social fracturado por el tema del conflicto armado”, dice la investigadora Milena Camargo. Por eso, continúa, “creemos que ese tejido se debe seguir trabajando y acumulando experiencias positivas para que haya una verdadera reconciliación. Así es como le apostamos a la encíclica Laudato Sì del papa Francisco, la cual nos recuerda que tenemos que cuidar nuestra casa, nuestra integridad como seres humanos”.
Por tres años (2015-2018), el equipo de investigadores hizo talleres de integración con las comunidades, mingas o convites en las que el sancocho de pollo y arroz con menudencias eran el plato principal, trabajó con las personas en la recuperación del tejido social, en la restauración de relaciones familiares con quienes no habían vuelto a hablar y apoyó a quienes han sufrido las consecuencias del desarraigo por causa del desplazamiento.
De hecho, uno de los encuentros más conmemorativos de la comunidad ocurrió en abril de 2018, cuando campesinos de las veredas Montebello, Piedra Verde y La Reforma, alumnos del colegio Berlín, miembros del grupo ecológico de la misma institución y estudiantes de la clase de Restauración de Ecosistemas, de la Javeriana, se reunieron para trabajar juntos alrededor de un tema en comun: el bienestar social.
A las cinco de la tarde inició la jornada de reconciliación, encuentro que fue un canto de nostalgia y esperanza a Samaná, al corregimiento de Berlín y a los más de 29.000 hombres y mujeres víctimas del desplazamiento por la violencia. Fue un escenario en el que sonrisas y abrazos se abrieron paso en medio de miradas tímidas de quienes han anhelado por años la paz y el perdón.
¿Cómo vivir en paz? ¿Dónde hallar la felicidad? ¿Por qué perdonar?, fueron las preguntas con las que Mélida Lozano, líder del componente social del proyecto de restauración ecológica, abrió la jornada, mientras que las voces de la comunidad entonaban al unísono la canción Alegría, de Cirque du Solei.
El espejo de la verdad fue la respuesta a sus inquietudes, un ejercicio en el que los asistentes tenían que escribir sobre un papel las actitudes que cada uno ama y odia de sí mismo para entender el secreto de la felicidad y la clave del bienestar: reconocer quiénes son y aprender a perdonar.
“La felicidad solo puede existir cuando hay experiencias que no son tan buenas”, dice Mélida, ya que “no podríamos percibir la felicidad si no hubiera dolor porque entonces, ¿con qué la comparamos? No podría existir si no hay sufrimiento, retos, carencias. Entonces, la felicidad depende de eso que no nos gusta, de las experiencias que rechazamos”, añadió.
‘Adelita’ hizo su labor tras bambalinas. No fue el ‘trabajo pesado’ en las fincas sino el constante, el diario. Por meses se dedicó a tejer flores; cada puntada, cada pétalo era una forma de hilar conciencia, trenzar perdón y construir sociedad. Pasó horas enteras detrás de agujas de croché, lienzos, pintura y colbón para darle brillo a sus creaciones. El resultado fue una docena de rosas de lana, unas blancas, rosadas, amarillas y otras azules y rojas, tejidas entre sí para darle forma a la paz, a ese sentimiento que ha sido tan anhelado en sus corazones.
Con estas creaciones se cerró el evento con un intercambio de plantas artesanales, hechas por las familias de la región. Unos detalles que significaban más que cartón, fomi, pintura, cucharas o pitillos: era la representación de una vida en unidad, perdón, reconciliación e igualdad.
Luis Wilches, vecino de Adela, fue uno de los invitados a la jornada. Él, de brazos color canela, un pecho firme como de marfil y una mirada tan penetrante y profunda como el amanecer despuntando el alba, recuerda que no dejó la región, él se quedó en su finca, en la vereda Piedra Verde, a pesar de la guerra.
Wilches vivió cada segundo como si fuera el último; su humildad y resiliencia le permitieron dominar el deseo de venganza para someterlo al de la justicia a través del perdón. No es de extrañarse que las manos que en algún momento se hicieron gruesas al labrar la tierra, sean ahora las que levantan en alto flores de la mansedumbre, misericordia y transparencia. Una imagen que, como dice Adela, quedará grabada en la memoria de sus vecinos.
“Este trabajo de reconciliación nos ha servido mucho, me ha servido mucho, para la convivencia como personas y para estar en comunidad”, dice Luis. “Por eso es que hacemos más juntos que uno solo y eso es magnífico”, añade.
Así como en algún momento la incertidumbre del pasado irrumpió sus vidas, ahora, con la restauración de los lazos comunitarios y el perdón como práctica diaria, esta comunidad está cultivando en sus tierras y en sus corazones una semilla de amor y esperanza. Por eso Adela sabe que construir sociedad es un trabajo que implica tiempo, voluntad y constancia; que perdonar significa reconocer las faltas propias para deshacerse de ellas y sanar, y que tejer sociedad es una labor de todos, una que se hace a pulso, como el que ella tiene cuando hace edredones de punta a punta para mantener el calor de su hogar.
Así es Adela, una mujer que sabe que sus sonrisas son el ingrediente secreto para alimentar el espíritu de bondad en su comunidad.
“Lo que pasa es que en Colombia nadie quería ver la guerra y ahora nadie quiere ver la paz”.
Esta reflexión, expresada por la historiadora colombiana Diana Uribe Forero define, en toda su magnitud, la obra artística Examen de visión 20/20, que llegó a la Pontificia Universidad Javeriana con el nombre Cero miopía durante la Semana por la Paz.
La obra nació en 2007 cuando, al comentar sobre las masacres cometidas por los grupos paramilitares, la respuesta más común de la gente era: no quiero ver, no quiero saber. En el fondo se entiende el porqué la recurrencia de cerrar los ojos ante situaciones como ésta: “…eran personas de edad que llevaban en camiones amarradas y las instrucciones eran quitarles brazos, piernas, descuartizarlos vivos”, como relata Reinaldo Spitaletta, comunicador social y periodista de la Universidad de Antioquia, magister en Historia de la Universidad Nacional y columnista de El Espectador.
Trasladar 20 noticias de similar horror al lenguaje visual se convirtió en un propósito de una década, agregando a la obra las minas antipersonales sembradas por las guerrillas y los homicidios en persona protegida causados por el Ejército. Cabe recordar que esta situación tan penosa para el país ya había sido expuesta en 2011 en esta misma sede de la Universidad Javeriana.
La obra abordó tres años más tarde la violencia sexual contra la mujer y la población LGBTI (atribuidos a todos los actores del conflicto armado), con el consecuente desplazamiento y desaparición forzada de la población civil. Lo expuesto en diversos lugares del país se basó en la frase “el horror que no quisimos ver, que no pudimos evitar, que no debemos repetir jamás”, de mi autoría. En 2015 por primera vez incorporé un testimonio positivo inspirado en el poema Siempre, de Pablo Neruda: “El día más esperado de nuestra historia es el día final del sufrimiento”. Pasados dos años, en 2017 , se incorporaron los asesinatos a líderes sociales con veinte testimonios más, etapa que coincidió con la visita del Papa Francisco a Colombia y se trasladaron sus mensajes de perdón a la obra gráfica, tal y como lo cita el pontífice: “Es hora de sanar heridas, tender puentes, desactivar odios, renunciar a las venganzas y reconciliarnos en un encuentro fraterno”.
Para este año se recreó un “laberinto” de testimonios que narraban paso a paso los antecedentes a los diálogos de paz, extraídos del informe La posibilidad de la Paz, escrito por Sergio Jaramillo, entonces alto comisionado para la PAz. También se realizó una exposición digital de 20 testimonios en la pantalla gigante institucional con textos tomados de escritores, columnistas, politólogos y académicos. Entre estos, el del expresidente uruguayo Pepe Mujica: “El pasado nunca ha sido enmendable, lo que es reparable es el porvenir. Si el proceso de paz de Colombia fracasa, fracasa América Latina”.
Cero miopía invitó a la comunidad javeriana durante una semana a ver la luz al final del túnel, a encontrarnos con la memoria de un país que pide a gritos que abramos los ojos y que actuemos, cada uno desde nuestras posibilidades por un mejor porvenir. Pero se observó muy poca participación y poco interés de los jóvenes ante esta muestra. Yo esperaba que, en el hall principal del edificio Emilio Arango, S.J., se acercaran más estudiantes a preguntar por la exposición; sin embargo, los jóvenes pasaban de largo, ocupados en sus conversaciones apresuradas, en su “corre, corre”. Por eso, la propuesta Cero miopía concluye con una calificación de miopía total; salvo unos contados casos de javerianos que, al ver y analizar los 60 testimonios expuestos, fueron tocados por el arte y su contenido. Ellos hicieron de esta intervención algo memorable por el significativo aporte de su reflexión. A ellos, gracias sinceras.
A la comunidad general les recuerdo que fuimos una sociedad urbana que se hizo “de la vista gorda” durante la guerra. Nuestro compromiso con la no repetición es fundamental, y para ello debemos estar informados, alertas y participativos. No está en manos de unos pocos la transformación de nuestra sociedad, está en manos de todos; pero la indiferencia abona el terreno para que la impunidad se imponga. Aún seguimos ciegos.
Casi al mejor estilo de una crónica o de un cuento corto, algunos medios de comunicación destacaron la llamada que recibió el expresidente Juan Manuel Santos en octubre de 2016 por parte de un representante del Comité Noruego del Nobel anunciándole que se acababa de ganar el premio Nobel de Paz. Para buena parte de la sociedad colombiana que estaba en medio de un proceso político de negociación del fin del conflicto armado, fue un boom aquella noticia que despertó el interés y las criticas de todo el país. No es de extrañar esta reacción, más si recordamos que el Nobel de Paz siempre ha estado rodeado de intrigas y reveses, no solo por los personajes que se han llevado el galardón, cuestionados por sus pasados y posiciones políticas, sino por los que nunca lo recibieron, como Mohandas Karamchand Gandhi (nominado en cinco oportunidades).
Los ganadores del Nobel más reconocidos y respetados por su coherencia con la paz desde una visión social, religiosa o política son la Madre Teresa de Calcuta, Malala Yousafzai, Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi y Desmond Mpilo Tutu. Las controversias y críticas a los que se han ganado el premio Nobel de Paz se encuentran en paradojas como las del presidente estadunidense Theodore Roosevelt, quien ganó el Nobel por la mediación exitosa en la Guerra Ruso-Japonesa, obviando su participación y tomas de decisiones en, por ejemplo, la “insurrección independentista filipina, en la que las tropas norteamericanas cometieron el primer genocidio del siglo XX”. De cerca lo sigue Henry Kissinger, de los más controversiales y, de pronto, apresurados ganadores: en 1973 recibe el galardón con fuertes indicios, que luego fueron comprobados, de su injerencia en el bombardeo a Camboya en la guerra de Vietnam, la toma militar y genocidio en Timor Oriental y las operaciones en Chile para derrocar a Salvador Allende. Le Duc Tho, el otro ganador de ese año junto con Kissinger por los acuerdos de paz de París, declinó recibir el Nobel porque las tropas norteamericanas seguían en Vietnam y el conflicto bélico no se había detenido.
Al seguir avanzado en la historia de los Nobel de Paz, aparecen personalidades internacionales altamente cuestionadas como Yasir Arafat, Shimon Peres e Isaac Rabin (1994). Su participación en la creación de los acuerdos de Oslo para mejorar los conflictos en Medio Oriente habría sido la causa de su escogencia en ese año, pero lo acordado no tuvo impacto real en el desescalamiento de las agresiones entre palestinos e israelíes. Barack Obama (2009) y Juan Manuel Santos (2016) han sido los dos últimos casos envueltos en dudosas conductas. El primero por promover acciones armadas en Afganistán (2009), Libia (2011) e Irak (2014), incluso “Obama consideró no ir a recoger el premio a Oslo, la capital de Noruega”; el segundo, por su pasado como Ministro de Defensa en Colombia y la fuerte polarización política que se vivió con el plebiscito por la paz.
Como en todo cuento de hadas pueden existir héroes y villanos, lo que sí es cierto es que la agenda política internacional en lo referente al Nobel de Paz viene tomando partido por la participación en algún tema o negociación de orden mundial o regional por encima de pequeñas iniciativas. Unas invisibilizan a las otras, como si lo internacional borrase lo local en un intento de fijar una paz al estilo internacionalista más que culturalista. No es de extrañar, por ejemplo, que nominaciones como las que afirma el presidente de Corea del Sur sobre su homólogo estadunidense se hagan realidad en algún momento: “Donald Trump, sería un digno ganador del Premio Nobel de la Paz por su labor para descongelar las relaciones con Corea del Norte”.
* Coordinador académico del Programa de Educación para la Paz, de la Pontificia Universidad Javeriana.
El de Ministro de Hacienda ha sido un cargo de renombre en la historia de Colombia, con decisiones que han contribuido a darle forma a la economía local. Sobresalen nombres como los de Esteban Jaramillo, quien a inicios del siglo XX lideró la misión de expertos que modernizó la banca, fundó el Banco de la República y, más tarde, con una convocatoria nacional, reunió los recursos para armar las tropas que iban a enfrentar la invasión peruana a Leticia (solo una escaramuza aislada); o el de Rudolf Hommes, que con su ‘apertura económica’ inscribió al país en la nueva oleada neoliberal impulsada por el Consenso de Washington; también está el hoy presidente Juan Manuel Santos, que a principios del siglo XXI capoteó la peor recesión económica en la historia del país y la quiebra del sector bancario renovando el impopular impuesto del, entonces, dos por mil; o, más recientemente, Juan Carlos Echeverri, quien, pregonando “el ahorro en época de vacas gordas”, transformó el modelo de regalías e impulsó la regla fiscal, las medidas macroeconómicas para impedir que el país gastara de más y pusiera en riesgo sus ahorros futuros.
Sin embargo, para el investigador y académico Andrés Felipe Mora Cortés el papel de un Ministro de Hacienda es mucho más limitado de lo que parece. “Pierde muchos grados de libertad y se pierde la idea contable del cargo, que simplemente está para elevar los ingresos y disminuir el gasto, porque está respondiendo a un problema político”, asegura este politólogo, magister en Economía, doctor en Desarrollo de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, y docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana.
Aquel problema político ha atado la voluntad de todos los que lideraron el Ministerio de Hacienda desde la aprobación de la Constitución Política de 1991, y se debe a que el país ha asumido diferentes compromisos, tanto nacionales como internacionales, que siempre lo han llevado a estirar de más los recursos que percibe. Técnicamente, el Gobierno se ve abocado a afrontar un déficit fiscal, es decir, que gasta mucho más que el dinero que cada año tiene para operar. “Se trata de factores estructurales que difícilmente puede controlar el Ministro”, insiste Mora, quien en 2012 inició una investigación para evaluar el avance de la política fiscal en el país desde los años 90 a la actualidad.
Estudiando las cifras oficiales aportadas por el mismo Ministerio y el DANE, al igual que los reportes de la OCDE, el ‘club de buenas prácticas’ del que Colombia aspira a ser miembro, encontró que, desde entonces, las decisiones de gasto han estado sujetas a tres grandes compromisos que el país siempre ha honrado desde la puesta en marcha de las reformas neoliberales, siendo el primero de ellos el servicio de deuda: los pagos que año a año debe realizar para pagar los créditos internacionales y nacionales con los que el Gobierno financia buena parte de sus presupuestos anuales.
“La deuda, más o menos, siempre ha sido creciente, es muy elevada y difícilmente el Gobierno puede disminuirla, porque ya tiene compromisos adquiridos de pago”, explica Mora. De estas amortizaciones se desprende una especie de círculo vicioso, pues el país recibe mejores calificaciones por parte de las agencias crediticias como Moody’s, Fitch o Standard & Poor’s (que dan una mejor nota si el país cumple siempre con sus cuotas de pago) que le permiten acceder a préstamos más baratos en el mercado.
Desde hace 25 años, según el análisis de Mora, esa deuda se ha quintuplicado a pesar de la estrategia de remplazar el crédito externo, considerado como caro, por el interno; se calcula que, entre 1990 y 2013, el país pagó un sobrecosto de intereses del 61%. Según cifras del Ministerio de Hacienda, al tercer trimestre de 2017 la deuda neta del Gobierno Nacional Central ascendía a $394,13 billones, que equivalen al 43% del PIB nacional.
Lo más preocupante es que muchas veces se ha pedido prestado para cancelar obligaciones contraídas, generando así un círculo vicioso aún peor. ¿Y por qué el país ha escogido convertirse en un ‘buen deudor’? Para Mora, se debe a que el Estado se ha trazado como gran objetivo la generación de confianza inversionista, muchas veces para atraer capitales externos y, así, subir sus ingresos que se redondean por el dinero que se percibe de exportaciones y de los impuestos recaudados. “Detrás de esa idea hay actores sociales como el capital financiero internacional, conformado por los organismos multilaterales de crédito, las calificadoras de riesgo, etc., que presionan para que las decisiones en materia fiscal, por lo menos en el servicio de deuda, sean estrictamente cumplidas”.
El segundo compromiso es más complejo: el gasto militar. Debido al conflicto armado que el país ha sostenido por más de 60 años, este rubro casi que se ha convertido en una obligación para garantizar el funcionamiento del Gobierno, el Estado y la democracia. Por esa razón, y debido a la violencia desatada por el narcotráfico y los grupos armados irregulares desde los años 80, el gasto en seguridad y defensa pasó de menos de un billón de pesos en 1990 (2,2% del PIB) a $27 billones en 2014 (5,9% del PIB).
Esa tendencia se mantiene hoy en día. A pesar de haberse implementado el año pasado el acuerdo de paz con las FARC, y de que sus miembros abandonaron la lucha armada, para el Presupuesto General de la Nación de 2018 se dispuso una asignación de $32,7 billones para el sector de defensa, un incremento del 8,9% frente a los $29,9 billones que había recibido el año anterior. Si bien puede considerarse contradictorio que, sin la que ha sido su principal amenaza, la Fuerza Pública aumente sus partidas, la respuesta obedece a una razón administrativa: “Más del 80% del gasto militar es de funcionamiento, lo que quiere decir que un recorte en ese aspecto es muy complicado de hacer”, explica Mora.
La última obligación que ata el actuar del Ministro de Hacienda viene por cuenta de los programas de inversión social, de naturaleza puramente discrecional del Gobierno, que se han constituido en una herramienta para revertir los efectos nocivos que el actual modelo económico ha causado sobre grupos específicos de la población; en otras palabras, se trata de un presupuesto de libre asignación para eliminar las brechas de desigualdad social que se presentan en el país.
En su investigación, Mora encontró que este gasto –diferente al que la Constitución, vía transferencias, asigna a sectores sensibles como el de educación o salud– pasó de $13 billones en 2000 a $83 billones en 2016; para 2017, las cifras oficiales preveían un desembolso de $118,4 billones para este rubro (incluido el gasto en transferencias). Aunque a primera vista puede ser positivo este incremento, el análisis del investigador muestra que su alcance puede no ser determinante: “Es más remedial y no está orientado a resolver las causas profundas de esa pobreza, de esa desigualdad”.
Para 2018, el presupuesto colombiano contempla un gasto de $32,7 billones en defensa. /Pixabay
Allí acuña el término ‘Estado bélico-asistencial’ para definir el funcionamiento de Colombia a partir de la forma cómo emplea su gasto para garantizar las tres condiciones básicas de su funcionamiento: la acumulación de capital para ciertos sectores locales, la confianza inversionista para el capital financiero foráneo y la legitimidad dentro de las clases menos favorecidas, para lo cual debe realizar enormes gastos en el pago de su deuda, la inversión en seguridad y el gasto social que, irremediablemente, lo llevan a permanecer en un constante déficit fiscal.
La fórmula para solventarlo ha sido el aumento de impuestos, lo cual explica que entre 1990 y 2003 se aprobaran ocho reformas tributarias para mejorar los fondos recaudados. La más reciente fue aprobada por el Congreso en 2016 y, según cifras de la DIAN, contribuyó a recaudar $136,5 billones en 2017, un incremento de 7,6% comparado con el ejercicio anterior.
Sin embargo, esta práctica ha contribuido a crear grandes desigualdades en el país. Autores como Guillermo Perry, exministro de Hacienda, aseguran que la política tributaria está plagada de inequidades (por ejemplo, no es activa al gravar los grandes capitales), estimula la informalidad, tiene una capacidad de recaudo muy baja y, entre otros problemas, dificulta la debida redistribución de recursos entre sectores. De hecho, buena parte de las medidas recaen sobre la clase media, reconocida por ser el sector de la población que jalona la economía mediante el consumo, y que, ante un panorama impositivo más elevado, debe apoyarse en los créditos bancarios.
“Colombia pierde anualmente cerca de $70 billones asociados con todas estas prebendas fiscales que se les otorgan a ciertos sectores”, asegura Mora, quien opina que el país debe reformar su estructura tributaria para fortalecer la capacidad adquisitiva de la clase media, lo cual permitiría, en el largo plazo, garantizar un crecimiento económico sostenible.
Se trata, ante todo, de una necesidad urgente, en especial en momentos en los que el país se comprometió a construir una paz estable y duradera. Con la salida de la ecuación de la guerra de uno de los principales actores del conflicto armado, se prevé que otros conflictos que habían permanecido opacados, como los reclamos salariales de los profesores públicos, las demandas de los transportadores, las protestas de los campesinos, las reivindicaciones de las minorías étnicas, entre otras, cobren importancia, por lo que el Gobierno tendría que invertir en medidas que garanticen soluciones estructurales.
Para ello sería necesario que el país invirtiera gruesas sumas en infraestructura, transformación tecnológica y, entre otros, en impulsar sectores sensibles de la economía, como el agro; sin embargo, el diseño del actual presupuesto nacional da a entender que se ha escogido otro camino. “Con los recortes en ciencia tecnología e innovación, se puede ver que no hay un compromiso en transformar el aparato productivo del país hacia bienes más complejos tecnológicamente, sino que se plantea generar cambios marginales sobre la estructura productiva actual”, advierte Mora.
En últimas, la solución que el Gobierno tiene a mano en este momento es ampliar su déficit fiscal, que, según cálculos de Mauricio Cárdenas, actual ministro de Hacienda, rondaría el 3,6% del PIB. Pero una dificultad adicional se manifiesta en la regla fiscal, la ley que obliga al Gobierno a reducir este desbalance. Voces como la del exministro Hommes han llamado a la necesidad de reenfocar la dirección económica del país en momentos tan cruciales: “Es necesario y urgente que el Gobierno recupere flexibilidad fiscal para responder a las exigencias del posconflicto, entre las que se destacan la necesidad de hacer crecer la economía, impulsar el campo y obtener cohesión social”, señala en su columna habitual de El Tiempo.
En ese mismo sentido se pronuncia Mora, quien cree que las necesidades inmediatas de desarrollo deben primar por encima de las recomendaciones del capital financiero internacional: “La regla fiscal le quita margen de maniobra al Gobierno para que regule esa nueva conflictividad social a través del gasto público. No hay nada más prioritario en este momento en Colombia que la construcción de paz, y el déficit fiscal debe apuntar hacia ese objetivo”.
La paz y una nueva Colombia. Esos son los dos temas que hoy en día obsesionan al padre Francisco de Roux, jesuita, licenciado en Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Javeriana, doctor en economía y uno de los hombres que ha contribuido con su trabajo y su visión a construir la paz en Colombia: primero, desde la dirección del Cinep; luego, junto a los pobladores del Magdalena Medio, y recientemente, con los excombatientes de un lado y de otro, siempre buscando proyectos que conlleven a la reconciliación. Esa trayectoria le hizo merecedor del Premio Nacional de Paz en 2001.
Este miércoles, durante el XIV Congreso La Investigación en la Pontificia Universidad Javeriana, el padre De Roux será uno de los conferencistas principales. Su charla se centrará no solo en el papel que la Academia debe asumir en la nueva etapa de posconflicto, sino en las acciones que la población civil debe emprender para construir una nación sin odios ni temores.
“Es muy importante que encontremos, a través de la universidad, la posibilidad de escapar de las peleas y encontrarnos con el ser humano colombiano, más allá de esas posiciones interpretativas que nos dividieron”, propone el religioso, quien asegura que esa nueva sociedad debe construirse desde el plano democrático, ético y económico.
Su conferencia tendrá lugar el próximo miércoles, 13 de septiembre, a las 8:00 a.m. en el auditorio Alfonso Quintana S.J. del Edificio Jorge Hoyos S.J. (número 20 del campus universitario).
Aquí puede inscribirse para participar en el Congreso.
La investigación científica vuelve a tomarse las aulas javerianas. Como es ya tradición, y después de dos años, el centro académico celebrará, entre el 11 y el 15 de septiembre de 2017, el XIV Congreso La Investigación en la Pontificia Universidad Javeriana. Esta cita no solo mostrará el conocimiento generado por sus profesores y estudiantes, también se convertirá en un espacio de discusión en torno a la paz, la reconciliación y el papel que la ciencia puede jugar en la Colombia del postconflicto.
Este evento contará, además, con la participación de tres conferencistas de amplio reconocimiento académico:
El padre Francisco de Roux, jesuita que ha participado en diversos procesos de paz y construcción de sociedad civil en Colombia. El 13 de septiembre hablará sobre el papel de la investigación en escenarios de paz y en la reconciliación.
Marta Zambrano, doctora en antropología y académica de la Universidad Nacional de Colombia. Su conferencia, el 14 de septiembre, girará en torno a las decisiones que debe tomar el país en materia de ciencia y tecnología de cara al futuro.
Roberto Kolter, profesor de microbiología de la Universidad de Harvard, quien nos hablará el 15 de septiembre sobre la difusión de contenidos científicos para diversos públicos.
Las conferencias se realizarán en el auditorio Alfonso Quintana S.J., del Edificio Jorge Hoyos S.J. (edificio 20 del campus universitario) a partir de las 8:00 a.m. de cada día.
Por otro lado, durante el Congreso se realizarán seis simposios sobre temas tan variados como las problemáticas sociales, el medio ambiente, la construcción de paz o la interdisciplinariedad y las redes de colaboración, en los cuales se presentarán más de 100 resultados de procesos investigativos; asimismo, se presentarán al público nueve tecnologías desarrolladas enteramente en la Universidad Javeriana.
Uno de los puntos centrales será la entrega del Premio Bienal de Investigación, el cual tendrá dos categorías: a los mejores trabajos de investigación desde el congreso anterior (del año 2015), y Vida y Obra en Investigación, destinado al profesor javeriano con el recorrido y los aportes más destacados en su campo.
Dentro de las actividades a resaltar, como los toures guiados por laboratorios o charlas de investigación, sobresalen las jornadas de cerveza, tapas y posters, las cuales buscan generar una charla amena entre investigadores, profesores y estudiantes en torno a diferentes proyectos científicos, donde puedan realizarse aportes, compartirse experiencias, sugerirse métodos de investigación, etc. Se realizarán los días 13 y 14 de septiembre, después de las 5:00 p.m., en la Sala de exposiciones del edificio Gerardo Arango S.J. (edificio de la Facultad de Artes).
Aquí puede encontrar la programación para guiarse sobre las actividades del Congreso, al igual que puede inscribirse como asistente en este enlace.
Fueron 14 meses de entrevistas con las víctimas, grabaciones, edición y viajes a Sucre, Magdalena, Cesar, Córdoba, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca, Amazonas y Cundinamarca. Ana cuidó los detalles que consideraba importantes para los microdocumentales. Por ejemplo, registrar que Don Miguel, un señor que vive en Córdoba, siempre asistió a todas las reuniones con un periódico que cuenta la noticia de una masacre en su región, y que guarda desde entonces. Además, en su posición de observadora, se dio cuenta de que había un factor común: en cada una de las zonas que visitaba, las víctimas creaban obras de teatro y danzas, escribían poemas, componían canciones, tejían y pintaban dibujos que relataban las historias por las que ellos y sus regiones vivieron, como si esas expresiones artísticas fueran una necesidad que sale naturalemente de ellas.
“Ayer lloraba un abuelo, entonces le pregunté por qué es que lloras mi viejo, por qué es que llora usted. Yo quiero vivir en paz, el abuelo contestó. También yo quiero regresar allá de onde vine yo” Relato de Pedro Ramón Gonzáles, en Córdoba.
Así, su cámara se fue llenando de grabaciones de versos como Anhelos y Esperanza, de Germán Agámez, y fue conociendo expresiones como las obras de teatro de la organización juvenil Talento y Futuro, que son creadas para recordar, mejorar y construir realidades nuevas porque “así, como se construye un guión para una obra de teatro, se lo construye para la propia vida”, según Ramón García, uno de sus integrantes.
En un semillero sobre el desarraigo y justicia social que se llevó a cabo en la Pontificia Universidad Javeriana, Ana explicó que los trabajos que realizó no solo se trataron de empoderar a las víctimas con la cámara sino colaborar en conjunto con ellas para hacer un reconocimiento de emociones y atmósferas que sean transmitidas. De esa manera, buscó la perspectiva de las víctimas pero también la de ella como artista externa a las diferentes historias. “El artista puede ver cosas que una víctima, como lo vivió, no lo puede analizar de la misma forma. Esas dos visiones en conjunto son las que se necesitan y las que apoyan a un país en posconflicto”, asegura.
“Resistente en él estoy, de mi pueblo yo no me voy. Esta vieja trocha por donde voy me atrapa el recuerdo de lo que soy. Supervivientes con corazones de valientes soportamos la violencia y nos apodan resistentes. ¡Valientes! Eso gritaba mi gente, cuando ya estaba cansada del maltrato delincuente”. Fragmento de la canción Supervivientes, del grupo de rap Afromúsica, en Sucre.
“El desarraigo es una pérdida de sentido, tanto simbólico como físico, y desde Aristóteles el arte es un acto de reconocimiento”, dice Ana. Así, concluye que esas diferentes expresiones artísticas que fue encontrando son una forma que tienen las víctimas de construir ese sentido perdido, hacer catársis y perdonar.
El arte puede ser de mucha ayuda para los lugares que han pasado por periodos de extrema violencia y las producciones audiovisuales pueden aportar a que esas historias no solo sean conocidas, sino que por medio de ellas se visualice el porvenir y la superación de las distintas situaciones por las que han pasado las víctimas.
Realizar estos trabajos le ha dado pie a Ana para cuestionarse sobre la historia del conflicto armado, la función que la producción audiovisual tiene en la construcción de esa historia, el problema de difusión que existe con este tipo de proyectos y el porqué no son tan conocidos en un país que está en pleno posconflicto; sin embargo, haber trabajado en ellos la ha encaminado para querer seguir haciendo de la producción audiovisual y la sociología su proyecto de vida.
El primer avión se estrelló contra la torre norte del World Trade Center de Nueva York a las 8:46 de la mañana. Los transeúntes levantaban desconcertados la mirada y quedaban boquiabiertos. El cielo de esa mañana estaba completamente despejado salvo por la gigantesca nube de humo negro que salía de una de las Torres Gemelas. 16 minutos después, y ante las cámaras de varios medios de comunicación que registraban en directo el hecho, otro avión envistió la torre sur. El mundo entero quedó perplejo al ver semejante explosión. Ya no quedaba duda de que esto no era un accidente, sino que se trataba un acto planeado para producir terror.
Ese trágico 11 de septiembre de 2001 “puso en el escenario internacional dos figuras de tipo jurídico para combatir al que es, desde ese momento, el gran enemigo de la sociedad: el terrorismo”, afirma César Torres Del Río, historiador y profesor del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales. La primera de ellas, la guerra civil mundial, se refiere a la “la victimización de la población civil bajo las acciones militares tanto de los Estados como de actores no gubernamentales”, explica. La segunda, el estado de excepción permanente, un mecanismo que, en palabras del académico, “le permite a los Estados violar la ley para que el statu quo se mantenga, es decir, para contener las movilizaciones sociales o el triunfo de la revolución”.
En Colombia, con la llegada de Álvaro Uribe a la presidencia en 2002 y la implementación de la seguridad democrática, la situación política y social empezó a ir en consonancia con la inclinación guerrerista del contexto internacional. No obstante, en 2012 se iniciaron los diálogos en La Habana entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con el fin de acabar la guerra de forma pacífica. “Las condiciones del presente me llevaron a problematizar la realidad del conflicto armado actual y a explicar por qué la justicia tradicional debería regir la búsqueda de una salida política negociada”, afirma Torres Del Río.
Delito político y asilo: débiles, pero en pie
El 1 de marzo de 2008, a la media noche, las Fuerzas Armadas colombianas dieron de baja a Raúl Reyes, el número dos de las FARC. La Operación Fénix supuso una crisis diplomática debido a que el campamento de Reyes estaba en territorio ecuatoriano y el gobierno de ese país no supo del operativo hasta después de efectuado. A los pocos días, dos guerrilleras sobrevivientes de la operación solicitaron asilo a Nicaragua, argumentando que en Colombia eran perseguidas políticas y que no tenían procesos por delitos comunes.
Aunque el país centroamericano optó por recibirlas en su territorio, de acuerdo con lo establecido por la Organización de Estados Americanos (OEA) en varias convenciones sobre el asilo, Colombia rechazó el acto al considerar que las mujeres eran terroristas. “Uno de los problemas de la categoría ‘terrorista’ es que es gaseosa, indefinible, si bien encontramos definiciones por doquier”, afirma el profesor Torres en su investigación, y agrega que esto ha dado fuertes golpes al delito político, definido como aquel que tiene una motivación altruista de tipo ideológico.
Así, después de consultar archivos de prensa que van desde 2002 hasta 2013, revisar sentencias de las altas cortes colombianas, analizar el Marco Jurídico para la Paz y la ley de justicia y paz y estudiar las convenciones panamericanas sobre el asilo político, Torres Del Río llegó a la conclusión de que el delito político debe permanecer en los códigos penales, incluso por encima de los estados de excepción y, por consiguiente, mantener el asilo diplomático y territorial “para asegurar la supervivencia de quienes se consideran opositores al Estado de derecho como tradicionalmente lo conocemos”. Este fue uno de los resultados del proyecto de investigación Shoah, corte penal y justicia transicional: Colombia ante el delito político y el asilo.
La apertura a la alternatividad penal
La shoah —término hebreo para referirse al genocidio judío durante la Segunda Guerra Mundial— llevó a un tribunal israelí a juzgar y condenar a muerte al exmilitar nazi Adolf Eichmann en 1961. Este juicio inspiró el modelo de justicia retributiva basado en la privación de la libertad que sigue imperando en el derecho internacional humanitario. Sin embargo, el delito político y sus conexos han sido incorporados a la justicia transicional, un mecanismo ‘restaurativo’ en el que se “considera que, con excepción de los crímenes de lesa humanidad (asesinato, secuestro, desaparición forzada, etc.), los delitos políticos son amnistiables y sus sanciones pueden pagarse por medio de estrategias que beneficien al desarrollo de las comunidades”, explica el profesor Torres.
De esa forma, y con el fin de lograr una paz sólida, en las negociaciones de La Habana las FARC fueron reconocidas como delincuentes políticos. “Sabemos que cometieron actos terroristas que yo mismo he reprochado en varias ocasiones. No obstante, no pueden ser igualadas con agrupaciones como el Estado Islámico, que sí pretenden transformar la sociedad mediante el terror”, aclara Torres, quien agrega que por la ruta del código penal jamás se hubiera encontrado una salida política negociada.
Por el contrario, el profesor asegura en su investigación que la justicia transicional es la indicada para guiar el posconflicto y que su efectividad “está sustentada en la historia”. Para él, los ejemplos de Sudáfrica, Ruanda, Argentina, Chile, la antigua Yugoslavia y demás lugares en los que la justicia restaurativa se implementó “podrían enseñarle a Colombia que las víctimas merecen la oportunidad de ser dignificadas”. El reto ya no es pensar en castigos enmarcados en la justicia tradicional, porque los esfuerzos están enfocados en la búsqueda de la verdad, la seguridad de la no repetición y la reparación. “Así se le garantiza a todo este conglomerado social que se puede coexistir, tal vez no reconciliado, pero sí sin que las armas estén de por medio”.
Las voces de niños y jóvenes hacen eco en Quibdó, Puerto Inírida, Barranquilla y Bogotá. Gracias a los estudios de caso que realizaron siete investigadores de la Pontificia Universidad Javeriana en estas cuatro ciudades, Colombia tiene ahora la oportunidad de evidenciar cambios sustanciales en las comunidades por medio de prácticas innovadoras en formación ciudadana que adelantan los maestros en las regiones.
Luz Marina Lara Salcedo, doctora en educación y líder de la investigación que estudió prácticas educativas innovadoras en formación ciudadana a través de cinco estudios de caso explica que este proyecto surgió de la necesidad de analizar e identificar los ámbitos de trabajo de los maestros en sus prácticas de formación ciudadana: “queríamos conocer cuáles son los procesos de formación que los profesores privilegian, los objetivos e intencionalidades sociales y políticas que persiguen y caracterizar las corrientes y tendencias pedagógicas que fundamentan estas experiencias en formación ciudadana”.
Ricardo Delgado Salazar, sicólogo con doctorado en Niñez y Juventud, afirma que la base de la investigación son los estudiantes, porque se trata de “pensar la educación para la ciudadanía en el marco de la convivencia de los contextos escolares; también es pensar la formación del ciudadano hacia afuera, pues hay una estrecha relación entre escuela y ciudad”.
¿Qué es la formación ciudadana?
El profesor Delgado argumenta que la formación ciudadana hace alusión a un conjunto de capacidades que le permitan al sujeto participar constructivamente en el diseño de normas, instituciones y relaciones de convivencia. Asegura que con la enseñanza de estas bases se adquiere la capacidad de solucionar los conflictos de una manera constructiva para favorecer la convivencia en el marco de la diversidad.
Todo lo anterior confluye en que los ciudadanos sean los protagonistas de la toma de decisiones a nivel político. “Un elemento fundamental desde la educación ciudadana es poder movilizar unos sentimientos de afiliación y pertenencia a una comunidad política con el fin de construir colectivamente proyectos de país, de región, de localidad”, puntualiza.
Este propósito se evidenció en las instituciones educativas elegidas para la investigación. Los colegios y escuelas de estas cuatro ciudades tienen en común el interés por la formación ciudadana, independientemente del campo de formación de los maestros y de las asignaturas que enseñan. La relevancia de la investigación en sus territorios es la base para que los estudiantes generen acciones participativas e innovadoras en sus comunidades a partir de la enseñanza de las ciencias sociales y naturales.
En Quibdó están ‘Historichoquiando’
Los alumnos juegan un papel fundamental en la documentación de su propia historia en Quibdó. El proyecto Historichoquiando, de la Escuela Normal Superior, está centrado en la enseñanza de la historia local. “Esta experiencia se enfoca en que los estudiantes conozcan y se acerquen a su territorio más inmediato. Lo que quieren es construir la historia de su barrio y de su comunidad desde las voces de los padres, de los abuelos, de los actores”, explica Delgado.
Para ello, y bajo la orientación de los docentes, los estudiantes de la institución desarrollaron acciones para indagar y conocer sobre el territorio que habitan. Por ejemplo, los jóvenes investigaron sobre mitos y leyendas y conocieron sobre los recursos naturales, las actividades económicas, laborales y agropecuarias de su entorno, lo que sirve, finalmente, para construir la memoria local de su comunidad.
Dicha experiencia se materializó en una especie de ‘museo viviente’, en el que los jóvenes cuentan con un archivo fotográfico sobre cómo se fue poblando el territorio, mapas y maquetas que ellos mismos levantaron, cuentos y leyendas que ellos mismos escribieron. “Los proyectos de aula y de investigación son la estrategia central para hacer la articulación entre teoría y práctica, lo cual desarrolla las competencias investigativas de los alumnos desde muy temprana edad”, finaliza Delgado.
Las Crónicas de una científica democrática, en Puerto Inírida
En la capital de Guainía se tomaron muy en serio la enseñanza de las ciencias naturales para proteger su territorio. En la Institución Educativa Custodio García Róvira, a raíz de las actividades de extracción de minerales que hay en el humedal Caño Terpel, una docente se dio a la tarea de enseñar a sus estudiantes a investigar sobre las consecuencias de las acciones de las empresas mineras sobre sus recursos naturales.
“La participación de los estudiantes se evidencia a través de talleres ambientales. Por ejemplo, ellos crearon unos lavaderos comunitarios para las comunidades indígenas, con el fin de evitar la contaminación al interior del caño. Además, el colegio tiene una revista virtual llamada Róvira TIC, en la que además de hacer denuncias, también promueve la participación de los jóvenes, el desarrollo humano y el desarrollo comunitario”, explica la profesora Lara.
Los investigadores exaltan que este caso es muy significativo porque muestra cómo la participación ciudadana promueve la cohesión social comunitaria y solucionar los problemas ambientales.
Barranquilla aprende de sus escenarios urbanos
En la Institución Educativa Técnica Distrital Elena de Chauvín, consideran que la ciudad es el lugar básico de aprendizaje para sus estudiantes. Por eso, a través de la pedagogía urbana como posibilidad de formación ciudadana, los alumnos estudian la historia de su localidad y su barrio. Con el proyecto Conociendo la ciudad a partir del transporte público, interpretan la lógica de la planificación urbana que conlleva este tipo de transporte.
“A través de este proceso aprenden de geografía, códigos, normas, parámetros de regulación del transporte público. Así fueron levantando sus mapas, su archivo fotográfico y realizaron videos”, puntualiza Delgado.
Bogotá como ‘un solo cuerpo’
Desde la enseñanza de las ciencias sociales, la educación artística y la educación física, los docentes de la Institución Educativa Distrital Agustín Fernández enseñan a sus alumnos “a crecer con derechos”. Desde 2009 se optó por los derechos humanos como la opción para desarrollar el concepto de ciudadanía y formar políticamente a los estudiantes.
En el proyecto No hay derechos sin los otros, por ejemplo, los estudiantes aprenden el significado de la libertad, y cómo, a través de la participación activa y de manera asertiva, es posible defender los derechos individuales y colectivos. “Desde la formación ciudadana ellos trabajan los principios de justicia, igualdad, diferencia, solidaridad”, anota la líder de esta investigación.
Uno de los maestros de dicha institución educativa afirma que “pensarse políticamente es la razón de ser de la formación ciudadana y la escuela es un escenario para la participación y la formación”. Esta frase define, en gran medida, los estudios de caso que realizaron los investigadores de este proyecto. Ellos consideran que estas experiencias permiten señalar que la formación ciudadana es un elemento crucial para poder resolver los conflictos de manera constructiva en estos tiempos en los que Colombia busca la paz.
