La democracia en Colombia se puede ver como un vaso medio vacío o uno medio lleno. El país realiza comicios electorales para elegir representantes desde el siglo XIX, en una tradición civilista que predomina sobre la presencia de dictadores que se aferran al poder a toda costa.
No obstante, existe una frontera visible e invisible de territorio nacional donde el Estado de derecho, el régimen de derechos humanos, de justicia y por ende de democracia, aún está por consolidarse. Así, a pesar de nuestra tradición electoral, Colombia podría ser lo que investigadores como Fernán González denominaron un “Estado en construcción”.
Las elecciones regionales siguen la senda iniciada desde los tiempos de independencia por establecer un régimen de representación política libre y efectivo, como lo recordó siempre el desaparecido investigador británico Malcolm Deas, algo contemporáneamente impulsado por la Constitución de 1991 y su espíritu descentralizador y participativo de la democracia. En la segunda mitad de la década de 1980 se eligieron alcaldes para pueblos y ciudades, y tras la promulgación de la nueva carta se siguió la misma ruta para gobernadores, lo cual implicó fortalecer tanto la rama ejecutiva como darle más sentido a los cuerpos colegiados de departamentos y municipios.
Con más de dos siglos de tradición electoral, tras las elecciones presidenciales y legislativas de 2022, los colombianos tendrán una nueva e importante cita con la democracia el 29 de octubre de 2023 para celebrar sus comicios regionales. No solo se definirá el curso que seguirán en los próximos años las principales políticas públicas que afectan directamente a la ciudadanía, sino que se conocerá el alcance y soporte con que podrá contar a nivel nacional el actual gobierno de Gustavo Petro y su proyecto de izquierda bajo el denominado Pacto Histórico.
Según la Registraduría, se elegirán 32 gobernadores y 418 diputados para las asambleas departamentales; 1102 alcaldes y 12.072 concejales de todos los municipios del país, incluyendo Bogotá, así como a los 6513 ediles que conformarán sus Juntas Administradoras Locales (JAL).
Panorama complejo
Si las reformas políticas de 2003 y 2009 aspiraron a incentivar un sistema de partidos más coherente, sin quebrar el pluralismo, en la última década priman vientos contrarios que favorecen la informalidad a partir del reconocimiento de personerías jurídicas de ambigüedad ideológica, intereses personales, movimientos por firmas y alianzas coyunturales mal denominadas coaliciones. Esto conlleva a que las corrientes políticas de ciudades y regiones podrán estar tanto conectadas como desconectadas del nivel nacional.
Por ello, si las fuerzas tanto del gobierno como de la oposición no cuentan con figuras importantes serán desplazados por candidatos emergentes, o podrán no aportar a los intereses cruciales del país en un marco general de dispersión y poca representatividad.
Con cerca de 30 partidos acreditados en el Consejo Nacional Electoral y demasiados avales bajo su seno, la política regional es difícil de pronosticar. Sin embargo, es considerable que la izquierda pueda mantener apoyos en algunas de las principales áreas urbanas, incluyendo Bogotá, y por lo mismo sectores de oposición puedan recuperar importancia en zonas como la costa Caribe o el departamento de Antioquia, en una suerte de rendición de cuentas adelantada y el desgaste de algunos elementos progresistas y de quienes aún se denominan de manera contradictoria “antipolíticos”. Está por verse qué tanto las corrientes de centro podrían favorecerse de esta coyuntura.
Desde el punto de vista del actual gobierno la pregunta central es si la coalición del Pacto Histórico podrá encontrar sinergias que empujen los planes del presidente, o si, por el contrario, de la heterogeneidad de sus apoyos se concrete un desgaste. De ser así, puntos neurálgicos como la política de paz, las reformas laboral y de salud tendrán poco eco, mientras que con un Congreso apático y clientelar sin una planificación coherente, cada ciudad y región intentarán solucionar a su modo los desafíos en movilidad, vivienda, empleo, productividad y calidad de vida, en opciones que irán desde la izquierda hasta las de centro-derecha, pasando por la supervivencia de los partidos tradicionales.
En caso de no concretarse una tendencia clara, Colombia podría vivir en los próximos años bajo la inercia discursiva idealista de su presidente, ya reflejada en varios de sus ministros, con un alto nivel ideológico contestatario y que presume de un apoyo popular, que promete una importante y necesaria agenda social, incluso con referentes internacionales a nivel de transición energética, reactivación económica y justicia social tras la pandemia del COVID, pero que enfrentaría la imposibilidad de materializarse.
Pero atención: el llamado para generar una verdadera gobernabilidad viene de la mano de que los colombianos elijan personas no solo con contenido político, o que al menos seduzcan al electorado, sino que cuenten con nivel técnico, experiencia, capacidad de gestión y de establecer acuerdos que permitan agendas transparentes y exitosas.
Y si la paz sigue siendo uno de los ideales que rodean la política del gobierno Petro bajo la bandera de la Paz Total, hay que considerar que cerca de 150 excombatientes firmantes de la paz aspiran a ocupar cargos de elección popular. No obstante, la Defensoría del Pueblo ha alertado que 113 municipios están en riesgo de sufrir hechos de violencia en el contexto electoral, lo que implica un pulso real entre la democracia y sus contradictores.
Elecciones para medir los temas cruciales
En octubre de 2023 Colombia le tomará el pulso a su democracia a nivel local y regional. De consolidarse un respaldo en alcaldías, gobernaciones y cuerpos colegiados, el gobierno del presidente Petro, que ha tenido que enfrentar no pocas dificultades para respaldar sus proyectos en el Congreso, a la vez que sortear escándalos como los relacionados con su antigua jefe de gabinete, su embajador en Venezuela y su propio hijo en torno a dineros ilícitos e indebidas influencias, podrá retomar oxígeno para los tres años que le restan. De lo contrario su fortaleza, a la par que su popularidad, se podrán ver menoscabadas.
Por último, las elecciones regionales serán un termómetro para conocer el estado y alcance de los partidos políticos, tan apremiados no solo por sus intereses oportunistas y fragmentados, sino por la tentación del populismo terrenal y digital. Serán un festín de diversos estilos de campañas que se moverán entre lo tradicional y lo novedoso, lo importante y lo superfluo, lo emocional y lo racional, y lo más importante: entre la violencia y la paz, esta última tan pendiente en las regiones de nuestra Colombia.
