Protestar en la calle: ¿funcionan otros mecanismos de participación ciudadana?

Protestar en la calle: ¿funcionan otros mecanismos de participación ciudadana?

Cuando hay manifestaciones que obstaculizan las vías públicas es común encontrarse con frases como: “Esas no son formas de protestar”, “están afectando al mismo pueblo”. En el marco del paro nacional que comenzó el pasado 28 de abril, parte de la discusión nacional ha sido cuál es la mejor forma de expresar las inconformidades.

Aunque el debate inspire las posiciones más opuestas, en la Constitución colombiana existen consagrados cinco mecanismos de participación ciudadana que eventualmente podrían ayudar a conseguir los cambios que se procuran durante las manifestaciones.

Patricia Inés Muñoz es profesora y directora de posgrados del Departamento de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana. Una de sus áreas de investigación es la cultura política del país. Para la docente es necesario revisar el estatuto de participación ciudadana (ley 1757 de 2015), pues si bien los mecanismos están estipulados, los requisitos incluyen creación de comités, recolección de firmas, umbrales de votación y otra serie de procedimientos que los hacen complicados.

“En términos generales los mecanismos fueron concebidos bajo una serie de requisitos que la mayoría de las veces hacen difícil el éxito del uso del mecanismo por parte de los ciudadanos”, dice Muñoz.

Y las cifras parecen respaldarla. Desde 1991, que existen estos mecanismos, solo un alcalde ha sido removido de su mandato a través del mecanismo popular de revocatoria. Fue en el municipio de Tasco, Boyacá, en 2018. Esto a pesar de las decenas de solicitudes que llegan a la registraduría. En 2017 se presentaron 47 y actualmente cursan 67 solicitudes contra alcaldes. Estos procesos se vieron frenados por la pandemia ante la imposibilidad de recolectar firmas.

En referendos las historia no es muy diferente. En diálogo con El Espectador, Clara Rodríguez, profesora e investigadora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia, recordó que en el país solo se ha votado un referendo a nivel nacional. Este fue propuesto por Álvaro Uribe en 2003, constaba de 14 preguntas y solo una alcanzó el umbral de aprobación: la de la muerte política a condenados.

Adicionalmente, estos procesos están lejos de ser prácticos. Su aplicación puede tomar más de un año, por lo que no serían una alternativa efectiva para cierto tipo de decisiones que requieren mayor urgencia y sin contar los costos que implican.

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil los procesos de revocatorias del mandato que están hoy en curso costarían cerca de $200 mil millones. Solo en una ciudad como Medellín, este proceso estaría rondando los 1500 millones de pesos.

La cifra aumenta si se consulta una decisión a nivel nacional. El plebiscito que refrendó los acuerdos de paz con las FARC (única vez que se ha usado esta figura) costó $350 mil millones según la misma Registraduría.

¿Por qué la gente prefiere manifestarse en las calles?

La docente Muñoz expone que como los mecanismos existentes son útiles en muy reducidos espacios, “la movilización de los ciudadanos en las calles es la única forma de hacerse escuchar porque sienten que no hubo otros espacios o mecanismos para interactuar”.

Esta situación ha sido evidente durante los últimos días en el país, que aún en medio de la pandemia, ha vivido una movilización ciudadana en diversas regiones, de diferentes sectores sociales y con múltiples reclamos.

Manifestaciones en Colombia

En este caso la investigadora analiza un malestar social generalizado por demandas que ya se venían presentando desde el paro del 2019 y que fueron interrumpidas por la cuarentena. Esta inconformidad se incrementó por el contenido y la forma como se presentó la reforma tributaria y los impactos que iba a tener sobre la economía diaria. Un tercer factor, analiza la experta, es la pérdida de confianza en la institucionalidad, el gobierno y los actores políticos por parte de los ciudadanos.

Según el Barómetro de Confianza de Edelman, para el cual se encuestaron a más de 33 mil personas en 28 países del 19 de octubre al 18 de noviembre de 2020, en Colombia, la confianza en el gobierno está 20 puntos por debajo del promedio global, siendo el cuarto país que más desconfía después de Nigeria, Sudáfrica y Argentina.

La encuesta revela que la confianza en los líderes políticos llega apenas al 24 %, tres puntos porcentuales menos que en 2020 y que la credibilidad en los voceros del gobierno es del 21 %, dos puntos menos que el año anterior.

“Todos estos estudios de cultura política vienen mostrando una pérdida progresiva de la confianza en las instituciones por parte de los ciudadanos en Colombia”. Paricia Muñoz

Muñoz argumenta que todo este malestar finalmente generó reacciones más alteradas por el mismo contexto de la pandemia, y fue canalizado hacia las manifestaciones en vía pública.

Para la investigadora los mecanismos existentes se quedan cortos para, por ejemplo, consultar a la ciudadanía sobre el contenido de la reforma tributaria. El gobierno requiere, de forma urgente, recaudar recursos por los gastos que ha dejado la pandemia, pero no puede esperar los 12 o 18 meses que tomaría consultar a la ciudadanía mediante dichos mecanismos.

Ante tal complejidad para el uso de las herramientas constitucionales, ¿qué hacer?

La Ley 1757 de 2015 hizo más flexibles los requisitos de algunos de estos mecanismos, norma que para la investigadora Patricia Muñoz es necesario revisar de nuevo buscando que sea más efectiva. “Estamos en mora de evaluarla porque creo que ha habido algunos logros, revocatorias de mandato, por ejemplo, que nos pueden mostrar que efectivamente estuvieron al alcance de los ciudadanos, pero quizás le podamos introducir mejoras para hacerlos todavía más flexibles”, explica.

Pero el problema de fondo, continúa Muñoz, pasa por la relación entre los actores políticos y los ciudadanos. Afirma que más allá de los mecanismos formales que ya existen, lo importante es la voluntad política de los gobernantes para identificar las demandas, necesidades y expectativas de los ciudadanos.

Esta relación se puede construir por fuera de dichas herramientas. “Siempre habrá la posibilidad de convocar mesas de trabajo con partidos políticos, centrales obreras, organizaciones de la sociedad civil, gremios, academia, grupos organizados. Lo importante es la voluntad política de los mandatarios de abrir canales de diálogo”, manifiesta.

Si bien estas discusiones pueden tomar tiempo, la investigadora sostiene que cuando los gobiernos tienen en cuenta a sus ciudadanos al momento de tomar las decisiones, la norma expedida contará con acogida y respaldo, y eso es finalmente lo que construye la legitimidad de los gobiernos.

“Cuando se quiere gobernar de espalda a la ciudadanía, uno de los efectos es lo que estamos viviendo, ¿por qué?, porque al imponer una reforma tributaria sin consultar y con la gente agotada y empobrecida, allí los ánimos llegan a un punto en que se generan otras reacciones, como las que hemos visto estos días”, dice Muñoz.

La investigadora resalta que aun cuando no exista un mecanismo que se llame movilización, este es por esencia un acto de participación ciudadana, el más sencillo para el ciudadano porque no requiere atender una serie de procedimientos para hacerlo efectivo. Finaliza haciendo un llamado a los diferentes gobiernos a mantener el diálogo con los ciudadanos para planificar mejor las decisiones.

Colombia: una cadena de necesidades no resueltas que explotó, ¿cómo superarlo?

Colombia: una cadena de necesidades no resueltas que explotó, ¿cómo superarlo?

En medio de una incertidumbre prolongada, las manifestaciones en Colombia continúan. Se reviven arengas ya recitadas en el paro nacional del 21 de noviembre del 2019, en el que el inconformismo de las centrales obreras se extendió a una protesta general en contra de reformas pensionales, acceso a la educación, desigualdad laboral y una petición a favor de la implementación del acuerdo de paz.

Estas demandas no resueltas permanecen latentes en la memoria de los colombianos y hoy se unen al descontento social desatado por la propuesta de una reforma tributaria que, entre otras cosas, contemplaba gravar con IVA algunos productos de la canasta familiar y que para 2023, quienes ganaran desde $1´600.000, tuvieran que declarar renta. Esta reforma se planteó bajo la justificación de sobreponerse a la crisis económica nacional ocasionada por los gastos de la pandemia.

Para Carolina Cepeda, doctora en Ciencias Políticas y profesora de la Universidad Javeriana, las álgidas movilizaciones de estos días no empezaron de manera espontánea o como una chispa que estalló de la noche a la mañana. “Venimos de un proceso acumulado de movimientos sociales y de reivindicaciones que buscan abrirse un espacio; que están buscando canales de diálogo y hacerse escuchar”, le dijo a Pesquisa Javeriana.

foto_1Juancho Torres - Agencia Anadolu

Una bomba que estalló

La crisis por la Covid-19 no creó los problemas sociales del país, sin embargo, sí los aceleró y visibilizó. Así lo hace saber María Lucía Zapata, directora del Departamento de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana, para quien los antecedentes son claros.

“No se aplica el proceso de paz que dejó una expectativa muy alta y recae sobre Colombia un panorama desalentador, de inequidad, falta de empleo, corrupción, violencia contra líderes sociales y demás. Entonces, se abre una movilización social para el 2019 que estaba callada”.

En ese entonces, como respuesta, el presidente Iván Duque llamó a una gran conversación nacional, una plataforma para escuchar a todos los colombianos. Pero, como dice el profesor javeriano de Ciencias Políticas, Carlos José Herrera, el resultado fue inocuo, no se escuchó y una vez se acabó el paro, todo volvió a ser como antes. “Llega la pandemia, se aceleran los problemas sociales por la crisis y se crea una tormenta a la que se le suma la reforma tributaria. Entonces la gente toma nota de todo eso y estalla”.

Y, aunque el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia reconoce las manifestaciones sociales pacíficas como un derecho fundamental, se desató una ola de violencia que para muchos resulta incomprensible.

Según la Defensoría del Pueblo, para el 6 de mayo se habían reportado 26 homicidios durante las protestas, once homicidios ligados a los hechos, siete homicidios en verificación. Otras organizaciones como Temblores ONG indican que las cifras pueden ser más altas y en sus informes incluyen registros como violencia policial, detenciones arbitrarias, intervenciones violentas y violencia sexual ejercida por las fuerzas públicas.

Al respecto, el profesor Herrera explica que en las manifestaciones pueden aparecer algunos hechos de violencia en los que hay personas con intereses políticos, hecho que el experto cataloga como algo negativamente normal. Pero, también señala que “aquí evidentemente hay factores que no deberían estar ocurriendo y eso se tiene que decir con mucha claridad. Medidas represivas que terminan constituyéndose en abusos contra el derecho de la gente se convierten en un círculo vicioso muy peligroso”.

¿Por qué no se ha solucionado la situación actual?

Aunque ha habido violencia, también han surgido multitudinarias formas de manifestación a través del arte y la alegría, lo que demuestra un gran inconformismo, pues “cuando la gente sale en los números en los que ha salido en Colombia, Chile o en Venezuela, eso quiere decir que hay una alta indignación. Evidentemente es porque hay una brecha entre lo que la gente y el gobierno están interpretando como necesario”, señala para Pesquisa Javeriana Gustavo Salazar, magistrado del tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

¿Y qué debe interpretar el Estado?, ¿cuáles son las peticiones? Si bien ya se retiró el proyecto de la reforma tributaria, parecen quedar saldos en rojo. Una de las críticas es que en este momento la protesta ha perdido su rumbo. Así lo manifestó, por ejemplo, el senador Gustavo Petro, quien le dijo a Bluradio que, “en este momento ya no hay unos objetivos claros”.

Por su parte, la postura de los expertos es que no hay personas o líderes que representen a todos los ciudadanos en sus necesidades.

“En la democracia, los partidos políticos son el engranaje entre la sociedad civil y el Estado, son ellos, los que se supone, deben canalizar eso en el Congreso, pero vemos que esta institución no traduce la pluralidad y la diversidad total del país. Además, con la corrupción y ciertos hábitos en el poder ejecutivo que tienen alta incidencia en el Congreso, se ha desvirtuado la democracia representativa”, comenta Salazar.

Si el canal de representación ciudadana, como lo es el Congreso, no vela por las demandas del pueblo, los ciudadanos parecen quedar desprovistos de líderes. Y lo mismo sucede con los líderes del paro, los gremios, los sindicatos y demás, manifiesta Salazar, pues son una voz parcial que representan a partes muy pequeñas de la población y muchas veces con representaciones limitadas, “en esa medida ellos solo pueden dar a conocer una parte de la voz”.

foto_2Juancho Torres - Agencia Anadolu

En ese sentido, “es importante reevaluar nuestra concepción presuntamente negativa acerca de lo malo que puede llegar a ser que no existan líderes claros”, asegura Mateo Ortiz, investigador del Observatorio Javeriano de Juventud. Ortiz añade que no se trata de unificar una agenda, sino de establecer mecanismos democráticos que escuchen las diferentes demandas.

Y en ese sentido complementa Gustavo Salazar: “El gobierno tiene que tener grandeza para leer, interpretar y traducir las necesidades de una población agobiada por la pobreza, por la pandemia, por las dificultades, por la violencia, por la no implementación del acuerdo de paz y por la degradación que se da en términos de la institucionalidad”.

¿Decisiones estatales en contravía?

El presidente Iván Duque Márquez ha actuado, para los expertos, muy en contravía de lo que tenía que haber hecho al ver la difícil situación por la que el país atraviesa.

Los primeros diálogos entablados por la presidencia no fueron con los representantes del paro, ni sus voceros o quienes estuvieron protagonizando las marchas en la calle, sino con la llamada Coalición de la Esperanza, sector político conformado por varios líderes políticos de centro, entre los que se encuentran Humberto de la Calle, Ángela María Robledo, Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo (quien dijo que no tenía sentido hacer grandes manifestaciones mientras se atravesaba por un nuevo pico en la pandemia), Jorge Enrique Robledo e integrantes de la Alianza Verde.

Después, el mandatario entabló conversaciones con representantes de la Acción Comunal de todo el país; exministros y exalcaldes, entre otros.

“Es muy fácil hablar con los amigos, pero no con los enemigos y esto es necesario”, puntualiza la doctora en Estudios de Paz y Conflicto, María Lucía Zapata. En esa misma línea el profesor Herrera se refiere a las reuniones que ha hecho el presidente en el marco del paro y comenta que, “lo que está haciendo el gobierno es una lástima, pues cita al grupo que él mismo designa y supuestamente negocia, pero la gente siente que esas personas que van allá no los representan”.

Ambos investigadores, expertos en resolución de conflictos, coinciden en que el primer paso era escuchar a quienes están en las calles y haber llamado al comité del paro desde el primer día, para desde allí poner una agenda clara de discusión y llegar a acuerdos concretos.

“Es lo que nosotros en construcción de paz llamamos un trabajo de abajo hacia arriba. Se trata de escuchar y contar con esas redes, con esas ideas y fortalezas que hay en las comunidades y en los diferentes sectores de la población para tramitar los problemas y posibilitar soluciones desde ahí, pero aquí iniciaron al revés”, explica la javeriana Zapata.

Solo hasta el 10 de mayo, cuando se completaba el día 13 del paro, el gobierno nacional se reunió con el Comité del Paro. Sin embargo, no hubo ningún acuerdo y se convocaron nuevas movilizaciones para el 12 de mayo.

Hay que escuchar a los jóvenes

Dentro de los grandes protagonistas de las manifestaciones están los jóvenes. “La realidad juvenil colombiana ha estado atravesada por múltiples factores sociales y políticos que han puesto sobre la mesa, por un lado, la importancia de las y los jóvenes en el desarrollo del país y, por otro, las constantes demandas por una educación de calidad, gratuita y cambios estructurales en el sistema laboral en el que se pauperiza la vida juvenil, por eso piden ser escuchados, por su presente y su futuro”, señala Martha Lucía Gutiérrez, directora del Observatorio Javeriano de Juventud.

Por estas y otras razones, como lo pueden ser los bajos niveles de confianza que tienen los jóvenes colombianos en las instituciones y sus actores públicos y políticos, los jóvenes están en las calles. Según la encuesta nacional de juventudes colombianas 2021, realizada por la Fundación SM y el Observatorio Javeriano de Juventud, el 74% de los jóvenes creen que los políticos no tienen en cuenta sus ideas.

El cálculo es simple pero profundo: “En Colombia, la juventud no hace parte de los horizontes de acción del Estado, está la población adulta o la población infantil”, dice Gutiérrez y explica que no solo se trata de que no se les cumpla, “a ellos no se les escucha porque se han infantilizado con estigmatizaciones como que aún no tienen la capacidad de sentar posturas significativas o se les pone en el otro extremo como sujetos peligrosos, y en últimas esto lo que hace es negar la existencia de un sujeto social con mucha potencia, con mucha capacidad de reflexión y de acción”.

Para la directora del Observatorio, el hecho de marginar a este sector de la sociedad conlleva a desconocer sus posturas porque no se sabe qué es lo que piensan, lo que sienten y cómo se organizan, pero ellos están listos para dialogar.

“Cuando existe voluntad auténtica y verdadera de diálogo, los jóvenes están dispuestos a llegar a acuerdos. Ellos están pidiendo una deliberación pública de calidad y un reconocimiento de espacios en donde todos pueden acordar la manera de ser, de vivir y estar”, comenta Gutiérrez y hace énfasis en que la sociedad tiene que entender a los jóvenes como actores políticos importantes, pues al desvalorizar su presencia y su poder de transformación, emergen la rabia, la desesperanza y el desconsuelo.

¿Cuál es el camino?

Colombia es un país democrático, no autocrático, lo que implica la deliberación, la inclusión, la escucha y los acuerdos. Pero, a pesar de vivir en un estado democrático, para expertos como María Lucía Zapata, vivimos en una democracia de mentiras o pseudodemocracia, “no hemos comprendido que la colaboración, la integración, y el debate hacen parte de la vida y son un baluarte de la democracia, tanto en microespacios como también en grandes espacios”.

El camino, y en ello coinciden los expertos, es escuchar a la gente que está en las calles e implementar agendas propositivas que impliquen y enmarquen trayectos a largo plazo. “Si no se escucha a quienes están y se pone una agenda clara con ellos, van a pasar cosas muy graves que ya están ocurriendo”, reitera el profesor Herrera.

Para tener en cuenta a futuro y no cometer los mismos errores

“Los incendios no se apagan con gasolina”, Carlos José Herrera

Si la protesta se lee en clave de confrontación, la violencia crece, “se puede calmar engañando, ya lo han hecho antes, pero el cambio está en que el Estado escuche y tome acción, la gente está diciendo cosas buenas y sensatas”, dice Herrera.

La democracia no se puede limitar a solo votar en unas elecciones, hay que ir mucho más allá, es necesario alcanzar una democracia deliberativa. El abogado, máster en Ciencia Política y magistrado de la JEP, Gustavo Salazar, explica que se trata de hacer uso de la democracia participativa, en donde uno delega, pero, además, está vigilante. “Si yo entrego mi voto, pero soy crítico, es decir, ser escéptico y evito militancias ciegas, voto por alguien, pero además de darle mi respaldo, le auguro mi supervisión. Es la apropiación de la ciudadanía”, dice.

“Teniendo instituciones relativamente sólidas como las que tiene Colombia, estas puedan ser neutrales y realizar la labor para la que la constitución las mandó, que es equilibrar el poder”, resalta María Lucía Zapata, quien además hace énfasis en la memoria, “así como Colombia tuvo 60 años de guerra y de violencia, también hay 60 años de resistencia y de iniciativas de construcción de paz, entonces tenemos que capitalizar eso para no repetir”.

Finalmente, hay que saber que estas luchas, de forma pacífica, valen la pena, pues como asegura el magistrado de la JEP, “la democracia es un proceso continuo de construcción, nunca termina y siempre está en riesgo, pero hay que tratar de no renunciar a ese sueño democrático”.

 

Acuerdo de Paz: reflexiones sobre su implementación en el Pacífico

Acuerdo de Paz: reflexiones sobre su implementación en el Pacífico

Líderes territoriales y académicos de la Pontificia Universidad Javeriana concuerdan en que el Acuerdo de Paz, firmado entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC-EP, necesita repensarse y proponen figuras legales para respaldarlo.

Una de ellas es la iniciativa legislativa, un derecho político de los ciudadanos que les permite proteger proyectos normativos como el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVRJNR), incorporado a la Constitución Política en abril del 2017 y que tiene como fin garantizar procesos legales frente a graves violaciones de los derechos humanos y asegurar el esclarecimiento de la verdad y la rendición de cuentas por lo ocurrido, entre otros propósitos.

El pasado 24 de noviembre el país conmemoró cuatro años desde la firma del Acuerdo de Paz para la Terminación Definitiva del Conflicto entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP); sin embargo, durante este periodo han surgido fuertes posiciones políticas alrededor de su implementación y del papel del SIVRJNR, administrado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Ante esto, el Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la Pontificia Universidad Javeriana llevó a cabo el conversatorio El sistema de reparación integral: avances y contradicciones entre la implementación y las reformas a través de referendos. Se trató de un encuentro en el que líderes de instituciones territoriales, académicos de otras universidades y estudiantes del programa doctoral javeriano conversaron sobre los avances y dificultades del Acuerdo de Paz desde un enfoque social y territorial y las implicaciones que tendría un referendo sobre su consolidación.

Orlando Pantoja, director de Cococauca, organización de Guapi que trabaja por los derechos de las comunidades afro en el litoral, considera que para comprender la implementación del proceso de paz con un enfoque territorial es necesario recordar que el Gobierno instauró en 1959 la Ley 02 con el fin de apostarle a la economía forestal y la protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre en Colombia; sin embargo, esta legislación también dio paso a la segmentación de tierras baldías. “De un plumazo desconocen y rompen lo que significa la presencia de los grupos étnicos asentados en el Pacífico, principalmente de negros e indígenas. Bajo el rótulo del ‘desarrollo del país’ se han violentado otras formas de vida y por eso la discusión debe estar centrada en tomar acciones políticas que reafirmen lo planteado en la Constitución de 1991 y el estado social de derechos en el que la democracia no es representativa, sino participativa”, puntualizó este líder, que también es Secretario de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico.

Asimismo, Albeiro Parra, sacerdote y director de la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano, señaló que en el Pacífico, particularmente en el Chocó, ha habido una violación constante y sistemática del estado social del derecho, y que, además de nada sirve habitar el territorio si sus pobladores no tienen derecho a él. “Acá nunca se ha hecho una reforma agraria real. A las víctimas se les deben devolver sus derechos y repararlas, y a las comunidades negras entregarles el derecho a la territorialidad”, explicó Parra.

 

El Estado Social de Derecho es el marco jurídico y político propuesto en la Constitución de 1991 que promueve el respeto de la dignidad humana y la prevalencia del interés general sobre el particular.

 

Una apuesta por el diálogo y el compromiso como país

Ante estas preocupaciones, varios asistentes evidenciaron distintas iniciativas a las que pueden recurrir las comunidades para enfrentar los problemas territoriales que dificultan la implementación del Acuerdo de Paz. Por ejemplo, el fortalecimiento intercultural regional a través de alianzas entre instituciones culturales; el apoyo y reconocimiento para la construcción de la pos verdad de las colectividades frente a la violación de sus derechos y la importancia de “mantener estos temas en la agenda mediática y de entender el territorio como la forma de vida de los pueblos colombianos”, según dijo Clara Ávila, comunera del Resguardo Indígena de Canoas, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca.

En esta misma vía, Luis Fernando Sánchez, miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, aseguró que a pesar de que pareciera que la Constitución Política de 1991 está escrita para abogados, existen mecanismos de participación ciudadana que respaldan no solo la protección de los derechos fundamentales, sino también los derechos económicos, sociales y culturales, y que además protegen la incorporación de cualquier acto legislativo en la Constitución como es el caso del SIVJRNR. Lo afirma en respuesta al posible referendo derogatorio de la JEP, propuesto recientemente por el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez.

“Existen seis herramientas de participación política: el referendo, plebiscito, voto, cabildo abierto, revocatoria del mandato y la iniciativa legislativa, esta última es la vía mediante la cual las comunidades pueden proponer proyectos de ley y activar al sector legislativo para ponerlo a trabajar en defensa de la constitucionalidad”, especificó Sánchez.

Este conversatorio cerró con una mirada optimista y a la vez desafiante frente al papel que debe desempeñar la ciudadanía en las grandes urbes y las comunidades en las regiones, y una mirada crítica en relación con la responsabilidad del Gobierno de cumplir sus compromisos de Estado con las víctimas del conflicto armado.

“Si algo les hemos aprendido a los pueblos indígenas es que con el diálogo y la palabra se llega a acuerdos. Por eso, para construir paz en el territorio necesitamos que el Gobierno trabaje en el cese bilateral y cumpla los pactos a los que se ha comprometido con las regiones”, finaliza Albeiro Parra, quien es pieza clave en la construcción de diálogos de paz territoriales y de acuerdos humanitarios en el Pacífico.

¿Es la mentira política diferente a las otras mentiras?

¿Es la mentira política diferente a las otras mentiras?

Se vive una nueva temporada de campaña para elecciones de alcaldes y gobernadores en el país. Ciudadanos, instituciones académicas, candidatos, medios de comunicación, el aparato estatal, entre otros actores, son llamados a reflexionar sobre su responsabilidad en la erradicación de un fenómeno común en la democracia: la mentira política.

Aprovechando tal coyuntura, a partir de diferentes puntos de vista, los filósofos Juan Samuel Santos, Andrea Catalina Zárate y Gustavo Gómez plantean la necesidad de dar una mirada seria a la concepción de la mentira en la democracia y al papel que desempeña entre las personas y en las instituciones.

El profesor Santos aclara que la definición tradicional de mentira (una persona le dice a otra algo falso con la intención de que esta última crea que lo que se le dice es verdadero) es insuficiente para comprender la mentira que suele tener lugar en el ámbito político. La definición tradicional no cubre ciertos casos de mentira, muy comunes en las democracias. “Por ejemplo, cuando los políticos salen en los medios de comunicación afirmando hechos que la audiencia sabe que no son ciertos. No cubre tampoco otros casos en que el político dice mentiras, no con el ánimo de engañar, sino con la intención de levantar ciertas emociones o para producir ciertos efectos en actores”, explica el docente.

Así, Santos reflexiona sobre las singularidades de la mentira política. Esta clase de mentira no solo transmite creencias falsas, sino que fractura la confianza social y estropea la calidad de las discusiones sobre los problemas que afectan a la sociedad.

“¿Es eficiente la mentira política?”, se pregunta la estudiante de doctorado Andrea Catalina Zárate, y explica que, en el ámbito de lo social, la mentira no se limita a la intencionalidad del mensaje proferido o al autoengaño, sino que más bien implica que lo dicho allí produce “efectos de verdad”. “Hay muchas mentiras en la política, pero me interesa saber por qué creemos más en unas o en otras y cuál es la eficacia de este tipo de engaño”, expresa.

Uno de los planteamientos centrales en su reflexión es por el ‘quién’, entendido como el individuo que emite mensajes mentirosos o ‘contraverdades’, hasta el receptor como validador o ‘creyente’ del mensaje.

“Como una cuestión de nuestra época, no es sencillo determinar quién habla allí. Máxime cuando la información no solo continúa siendo transmitida por los medios tradicionales y masivos de comunicación (televisión, radio y prensa), sino en cuanto a que ahora el decir se comparte y se replica por todo aquel que tiene acceso a un dispositivo electrónico (redes sociales, plataformas web, etc.). En consecuencia, y pese a sus efectos en el lazo social, cada vez parece más difícil responsabilizar a una persona o a un grupo por la palabra enunciada”, concluye la investigadora.

Gustavo Gómez, por su parte, toma como punto de partida algunos diálogos de Platón, el filósofo griego, para reflexionar sobre la relación entre capacidad y mentira, y sobre los complejos vínculos que se dan entre verdad y mentira en la democracia, los cuales a veces no son evidentes y suelen derivar en una mezcla de fenómenos muy diversos, como la ficción, la invención, el engaño y la distorsión.

Ejemplo de ello es cómo los medios de comunicación pueden en cierto sentido crear hechos y producir un efecto de verdad al publicar una información, independientemente de que la noticia sea verídica o no. Según su análisis, el problema de la mentira no depende solamente del actor político que miente, sino también de las audiencias, que deben ser críticas con la información que reciben para que puedan reconocer la diferencia entre ficción o distorsión, entre lo que es verdad y lo que produce un efecto de verdad, por ejemplo.

“En política no solamente es relevante la capacidad para decir algo que es realmente cierto o falso, sino la capacidad de determinar la mejor manera para que lo cierto aparezca como cierto o para que la mentira opere como mentira, y también la capacidad para determinar las posibilidades interpretativas de la comunidad o comunidades con las que se interactúa”, concluye Gómez.

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El papel de las audiencias

En una democracia, ¿sobre quién recae la responsabilidad de evitar y corregir los perjuicios que causan las mentiras políticas? Los tres investigadores coinciden en que la responsabilidad es tanto de quien emite la información como de quien la recibe.

“Se cree que cuando los políticos les mienten a los ciudadanos están transmitiendo información a una masa más o menos ignorante”, dice Santos. “Cuando se reflexiona sobre la mentira en política no se presta mucha atención a cuál es la responsabilidad que tiene la audiencia como receptora de la información que recibe de los políticos”.

Zárate centra su atención en el protagonismo de los medios de comunicación, que, a su juicio, ayudan a la producción de las verdades de hecho (aquellas que son ‘falsificables’), a diferencia de las verdades de razón, las de la ciencia, que son más difíciles de encontrar.

“Tomo como caso la toma del Palacio de Justicia en 1985 y otros eventos en los que se demuestra que los medios de comunicación inciden en cómo la información llega a las audiencias y en cómo se replica”, señala. Y menciona la famosa frase del coronel Luis Alfonso Plazas Vega, quien dirigió la retoma del Palacio tras las acciones del M-19: “Aquí defendiendo la democracia, maestro”, para cuestionar los actos que se hacen en nombre de la democracia y por qué los noticieros y los periódicos publicaron tales palabras sin ponerlas en tela de juicio.

Gómez sostiene que las personas deben cuestionar los lugares comunes y las comprensiones triviales del fenómeno del engaño, aclarando que el análisis de este tema no se debe reducir a un esquema simple de oposición entre verdad y mentira, y debe tomar en consideración puntos intermedios. “El filósofo Jacques Derrida muestra cómo los medios de comunicación producen un efecto de verdad. Más allá de que haya una verdad sustancial, cuando se reproduce una noticia ya hay un efecto de verdad, independientemente de que lo sea o no”, aclara.

Además del papel de los medios de comunicación, este docente explica que los ciudadanos tienden a replicar ciertos puntos de vista de otras personas con quienes sienten empatía, los puntos de vista de aquellas personas que hacen eco a sus pensamientos, lo que se hace particularmente evidente en las redes sociales.

El contrasentido de la democracia

Los tres investigadores coinciden en que en el ejercicio de la democracia siempre está latente el peligro de la mentira, la cual puede ser más dañina para este sistema político. “Hay alternativas a la democracia, pero no son las mejores si queremos defender valores como la libertad de prensa y la igualdad. No hay que desestimar el poder crítico de los individuos”, dice Santos.

Para los investigadores Zárate y Gómez, la relación entre democracia y verdad se debe volver a repensar, cuestionando las aproximaciones superficiales al asunto y teniendo en cuenta los aportes que puede hacer el pensamiento filosófico, que, como queda demostrado por ellos, intenta acercarse a los problemas de los ciudadanos.

Para leer más:

J. S. Santos Castro, “Políticos mentirosos y tramposos democráticos: ¿es la mentira política diferente de otras clases de mentiras?”, en Universitas Philosophica, 36(72), 2019.

La paz está en manos de la ciudadanía

La paz está en manos de la ciudadanía

Una semana después del video con el que Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, anunció su rearme y el de otros exguerrilleros en una nueva disidencia política de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el estupor en el país se mantiene. No solo por la amenaza que este grupo puede ejercer sobre el Acuerdo de Paz entre los excombatientes y el gobierno colombiano, también porque, a través de nuevos manifiestos, los rebeldes han anunciado una nueva operación contra la corrupción, la política y la oligarquía a través de una política clandestina.

Desde entonces, han sido múltiples las voces que han pedido desde la terminación total de lo acordado hasta un llamado a la calma, resaltando que, más allá de las disidencias que se presentan, el 90% de los desmovilizados siguen apostándole al proceso.

Para analizar y ahondar sobre este tema, Pesquisa Javeriana reunió a Manuel Salamanca, director del Instituto de Derechos Humanos ‘Alfredo Vásquez Carrizosa’, de la Pontificia Universidad Javeriana, y a Carlos José Herrera, doctor en Estudios de Paz, Conflictos y Democracia, y docente de la misma alma máter, para conversar sobre los anuncios enviados por esta disidencia política, el curso que debe tomar el gobierno colombiano y la respuesta que debe asumir la ciudadanía para defender la paz alcanzada.

Los pasos a una democracia sin mentira ni engaño político

Los pasos a una democracia sin mentira ni engaño político

A dos meses de que los colombianos vayan a las urnas para elegir a los próximos alcaldes, gobernadores, diputados y concejales del país para el periodo 2020 – 2023, y teniendo en cuenta que la primera generación de los llamados centennials podrá ejercer su derecho al voto, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes organizaron el ‘Simposio internacional sobre mentira y engaño en política’, evento diseñado para la reflexión pública y académica sobre estos temas como prácticas comunes en la política contemporánea.

¿Cuáles son las características que definen la mentira y el engaño en la política? ¿Qué riesgos corre una democracia con estas actividades? ¿Qué actitud deberían asumir los ciudadanos frente a estas mentiras? Estas fueron algunas de las preguntas que articularon el encuentro realizado entre el 26 y el 30 de agosto pasados.

Iván Ramón Rodríguez, docente de la Universidad de la Salle y conferencista de la charla ‘Miedo y engaño en la política’, dijo que “el uso del miedo hace parte de la dominación social, pues no hay nada más eficaz para gobernar al pueblo que la superstición y, particularmente, la idea de que los soberanos no disponen de la libertad para gobernar como creen”. De ahí, que la mentira política sea “un discurso lógico, suficientemente coherente, dicho con autoridad, capaz de movilizar a la gente para alcanzar un objetivo político y preparado para tomar tranquilamente distancia de lo ocurrido”, en palabras de Francisco de Roux, sacerdote jesuita y presidente de la Comisión de la Verdad

Desde una mirada crítica de la filosofía, la profesora emérita de la Javeriana, Ángela Calvo de Saavedra, reconoció que, en efecto, hay una relación intrínseca e histórica entre la religión y la política, pues “su semejanza no solo corresponde a un origen común sino a la importancia que ocupa en ambas el término ‘creencia’”.

Es decir, la creencia social que en algunos casos es ejercida por el miedo, tal como lo afirmó Rodríguez al recordar las prácticas del gobierno romano, basadas en “una estrategia que no expira hoy sino que permite leer el presente desde el miedo y hace que los ciudadanos confíen ciegamente en sus gobernantes, aquellos que parecen comprender los asuntos de Estado desde una inteligencia superior que la población no posee”.

Por eso, uno de los riesgos que vive la democracia con la mentira y el engaño es que “las personas dejen de acceder a la información necesaria para tener opiniones sólidas; que recurran únicamente a aquellos que piensan lo mismo, originando polarización y violencia, evitando confiar en un sistema político que se basa en el diálogo y discusión ciudadana, y dudando, además, de la sociedad en su conjunto”, de acuerdo con Juan Samuel Santos, profesor de la Facultad de Filosofía de la Javeriana. No en vano, solo 19’636.714 colombianos de 36’783.940 habilitados asistieron a las urnas para depositar su voto durante las elecciones presidenciales 2018.

La mentira política consiste en organizar un discurso lógico, con un interés de conseguir poder, suficientemente coherente y capaz de movilizar a un pueblo para alcanzar un objetivo político”.
Francisco de Roux.

Por último, para entender el comportamiento de los colombianos ante el engaño, De Roux afirmó que, aunque los gobernantes pueden alcanzar sus posiciones políticas con mentiras o miedo, la tendencia de los colombianos es buscar al culpable, ver cómo destruirlo y acabarlo políticamente, ya que “la sociedad entera ha sido tremendamente herida por un periodo de violencia prolongado, lo cual la carga de traumas, problemas y conflictos, especialmente cuando surge un gobernante que maneja el discurso político”, puntualizó.

Así, es urgente despertar a una ciudadanía crítica que tome distancia de la ira, indignación y odio producidos por la mentira política para identificar a quiénes están moviendo las pasiones y emociones del país; una ciudadanía capaz de comprender la realidad histórica, que sea hábil para interpelar a sus gobernantes y sus propuestas y, sobre todo, que combine la discusión académica tradicional con la experiencia de representantes de movimientos sociales e instituciones gubernamentales para instaurar la práctica diaria de la verdad como lema de gobernanza y democracia.

Como, por ejemplo, en las próximas elecciones regionales.

Desde hoy, la edición 43 de Pesquisa Javeriana

Desde hoy, la edición 43 de Pesquisa Javeriana

Las elecciones para Congreso y Presidencia han marcado el inicio de este 2018. Siendo un tema de trascendencia, Pesquisa Javeriana le ha dedicado su informe especial de la edición 43, la primera del año, al análisis académico sobre cómo los partidos y los candidatos han configurado la actual campaña y qué pueden esperar los votantes en el corto plazo.

También lo invitamos a leer en este número:

  • Nuestra editorial sobre el papel que la ciencia está jugando en el actual panorama político.
  • Un reportaje sobre cómo se está transformando la Amazonía andina por cuenta de los proyectos hidroeléctricos en su cuenca.
  • La investigación que recaba información genética para prevenir o tratar tempranamente el cáncer de seno y de ovario en las mujeres.
  • El Proyecto Tramas, iniciativa de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, que rastrea las prácticas de prevención del VIH en la comunidad homosexual femenina.
  • La crónica sobre la transformación del teatro costumbrista colombiano al teatro moderno.
  • Analizamos cómo el cine documental está representando a las víctimas de la violencia.
  • La iniciativa académica de Colombia, Argentina y México para fortalecer la democracia en torno al manejo de los recursos naturales.
  • Infografía sobre los aportes que las investigadoras javerianas han realizado a la ciencia y el arte del país.

Si usted desea acceder a estos contenidos y no es suscriptor de El Espectador, puede descargar la edición digital (PDF) de nuestro número 43 en este enlace.

Un cubrimiento electoral aún por mejorar

Un cubrimiento electoral aún por mejorar

La elección de Donald Trump como presidente en 2016 cambió la forma en que se pensaba la política en Estados Unidos. Que un candidato polémico, sin experiencia en cargos públicos, con una retórica sin límites y que acusara a sus adversarios sin reserva alguna ocupara la Oficina Oval puso de manifiesto no solo el descontento del electorado con la política tradicional en el país del norte, también que algo había cambiado para siempre en su cultura electoral.

A tal punto se llegó que los académicos comenzaron a estudiar si los medios sociales y el exceso de las llamadas fake news (noticias falsas) en internet tuvieron que ver en el resultado electoral. Sin embargo, una investigación publicada en el Columbia Journalism Review, la publicación indexada de esa universidad especializada en temas periodísticos, encontró todo lo contrario: fueron los reportajes de campaña de los considerados medios serios (The New York Times, The Washington Post, The Chicago Tribune, entre otros), centrados más en las acusaciones y rumores de campaña, al igual que las historias personales de los candidatos, y no en sus propuestas programáticas de gobierno, los que incidieron en la decisión de los votantes.

Guardadas las proporciones, Colombia parece estar viviendo una situación similar. La actual campaña presidencial se ha centrado en las acusaciones de uno u otro candidato hacia sus contrincantes, en pronunciamientos salidos de la diplomacia que marcaba este tipo de procesos décadas atrás y en una exacerbación de los ánimos gracias a las redes sociales, los cuales han llevado a seguidores de uno u otro partido a protagonizar ataques contra contendientes políticos.

Ante esta situación, Pesquisa Javeriana habló con Mario Morales, profesor asociado del Departamento de Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana y Director del Observatorio de Medios –adscrito a la Facultad de Comunicación y Lenguaje–, sobre cómo los medios de comunicación están cubriendo la actual campaña presidencial, los temas que están privilegiando en la contienda y aquellos a los que deberían darle un mayor despliegue periodístico.

Francisco de Roux: la ruta para construir una nueva Colombia

Francisco de Roux: la ruta para construir una nueva Colombia

La paz y una nueva Colombia. Esos son los dos temas que hoy en día obsesionan al padre Francisco de Roux, jesuita, licenciado en Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Javeriana, doctor en economía y uno de los hombres que ha contribuido con su trabajo y su visión a construir la paz en Colombia: primero, desde la dirección del Cinep; luego, junto a los pobladores del Magdalena Medio, y recientemente, con los excombatientes de un lado y de otro, siempre buscando proyectos que conlleven a la reconciliación. Esa trayectoria le hizo merecedor del Premio Nacional de Paz en 2001.

Este miércoles, durante el XIV Congreso La Investigación en la Pontificia Universidad Javeriana, el padre De Roux será uno de los conferencistas principales. Su charla se centrará no solo en el papel que la Academia debe asumir en la nueva etapa de posconflicto, sino en las acciones que la población civil debe emprender para construir una nación sin odios ni temores.

“Es muy importante que encontremos, a través de la universidad, la posibilidad de escapar de las peleas y encontrarnos con el ser humano colombiano, más allá de esas posiciones interpretativas que nos dividieron”, propone el religioso, quien asegura que esa nueva sociedad debe construirse desde el plano democrático, ético y económico.

Su conferencia tendrá lugar el próximo miércoles, 13 de septiembre, a las 8:00 a.m. en el auditorio Alfonso Quintana S.J. del Edificio Jorge Hoyos S.J. (número 20 del campus universitario).

Aquí puede inscribirse para participar en el Congreso.

Novedades Editoriales

Novedades Editoriales

La fábrica del hombre. Historias de viajes y usos de los libros del Nuevo Reino de Granada en el siglo XVII

Guevara Salamanca, José Luis. La fábrica del hombre: historias de viajes y usos de los libros del Nuevo Reino de Granada en el siglo XVII. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2015. 180 páginas.

Este texto es una invitación a los lectores a mirar las historias que rodean la creación de los libros que nacieron en el Nuevo Reino de Granada durante gran parte del siglo XVII. A partir de esta motivación, el autor ha reunido historias de impresores, objetos, materias primas y libros, con el fin de entender el pasado de la creación de estos en una sociedad que parece enfrentarse a ciegas a los profundos cambios en la forma de conocer y entender el mundo. Seguramente los interesados en conocer sobre la historia y la dimensión material de las publicaciones, editores de todas las áreas e historiadores culturales y de la comunicación encontrarán en estas páginas insumos para enriquecer sus discusiones y reflexiones sobre sus preocupaciones.

En tierras paganas.Misiones católicas en Urabá y en La Guajira, Colombia, 1892-1952

Córdoba-Restrepo, Juan Felipe. En tierras paganas. Misiones católicas en Urabá y en La Guajira, Colombia, 1892-1952. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2015. 322 páginas.

Esta obra examina en detalle la presencia de dos comunidades españolas en territorio colombiano: los capuchinos en el Vicariato Apostólico de La Guajira, Sierra Nevada y Motilones (1905-1952); y los carmelitas descalzos activos en la Prefectura Apostólica de Urabá (1918-1941). Ofrece una visión panorámica y comparada de la labor de estos religiosos que, más allá de la mera esfera de la catequesis, fueron intermediarios que propiciaron una serie de transformaciones culturales. La intención es ver el encuentro de este par de comunidades religiosas con la población local, en dos remotas y agrestes regiones de frontera, desde la perspectiva de un sistema religioso concebido como sistema cultural. Tomando la modificación de las creencias como centro, el análisis abarca las demás esferas afectadas por los misioneros, tras un largo proceso de negociación cultural: el lenguaje, las prácticas alimenticias, el atuendo, las normas de higiene y arreglo personal, la noción del tiempo, las rutinas cotidianas, las actividades productivas, las formas de construcción, los espacios habitacionales, los sitios de culto, los modos de sociabilidad, el empleo del ocio, el uso de la música y las imágenes visuales.

Estados de excepción y democracia liberal en América del Sur.Argentina, Chile y Colombia (1930-1990)

González Jácome, Jorge. Estados de excepción y democracia liberal en América del Sur: Argentina, Chile y Colombia (1930-1990). Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2015. 376 páginas.

Esta investigación cuenta cómo las críticas al liberalismo y a la democracia, propias del siglo XX, impactaron las construcciones teórico-constitucionales de los estados de excepción en Argentina, Chile y Colombia entre 1930 y 1990. El autor propone una mirada a la historia de las ideas jurídicas en la región a partir de un marco interpretativo de dos niveles: el primero conecta la política y el derecho, y el segundo integra la construcción global y local del derecho. Esto implica que, por un lado, los argumentos constitucionales sobre los estados de excepción se conectaron de diversas formas con las distintas ideologías políticas que se difundieron por la región en el siglo pasado; y por otro lado, que esas estructuras de pensamiento constitucional se fueron creando en el marco de lenguajes globales genéricos, que si bien fueron hegemónicos, al mismo tiempo permitieron a los juristas e intelectuales articular disímiles interpretaciones sobre sus realidades locales. Con el uso de herramientas de derecho comparado, estudios jurídicos críticos e historia de las ideas, el libro es una interpretación específica de la forma en que el derecho constitucional construyó su propio espacio político en donde los abogados se enfrentaron, algunas veces de manera irreconciliable, durante el siglo pasado.

Masonería, Iglesia, Revolución e Independencia

Ferrer Benimeli, S. J., José Antonio. Masonería, Iglesia, Revolución e Independencia. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2015. 226 páginas.

Gran desconocida de la historia, la masonería ha suscitado y todavía suscita inquietud, reservas y oposición. Desde los constructores de catedrales hasta los masones contemporáneos defensores de la fraternidad universal, la masonería, sociedad iniciática y secreta, ha tenido serios problemas sociales, políticos y religiosos. Este estudio analiza, en una primera parte, las causas y consecuencias del enfrentamiento entre la Iglesia católica y la masonería desde la primera condena pontificia en 1738 hasta la publicación del actual Código de Derecho Canónico de 1983. En la segunda parte se acerca a la historia de la masonería en cuanto escuela de formación humana, con especial énfasis en la del siglo XVIII, y su presencia o ausencia tanto en la preparación y desarrollo de la Revolución francesa como en la Independencia de las Américas; además, analiza el real o presunto protagonismo desempeñado por la masonería a través de los Libertadores y las logias Lautaro.

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