Acuerdo de Paz: reflexiones sobre su implementación en el Pacífico

Acuerdo de Paz: reflexiones sobre su implementación en el Pacífico

Líderes territoriales y académicos de la Pontificia Universidad Javeriana concuerdan en que el Acuerdo de Paz, firmado entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC-EP, necesita repensarse y proponen figuras legales para respaldarlo.

Una de ellas es la iniciativa legislativa, un derecho político de los ciudadanos que les permite proteger proyectos normativos como el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVRJNR), incorporado a la Constitución Política en abril del 2017 y que tiene como fin garantizar procesos legales frente a graves violaciones de los derechos humanos y asegurar el esclarecimiento de la verdad y la rendición de cuentas por lo ocurrido, entre otros propósitos.

El pasado 24 de noviembre el país conmemoró cuatro años desde la firma del Acuerdo de Paz para la Terminación Definitiva del Conflicto entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP); sin embargo, durante este periodo han surgido fuertes posiciones políticas alrededor de su implementación y del papel del SIVRJNR, administrado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Ante esto, el Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la Pontificia Universidad Javeriana llevó a cabo el conversatorio El sistema de reparación integral: avances y contradicciones entre la implementación y las reformas a través de referendos. Se trató de un encuentro en el que líderes de instituciones territoriales, académicos de otras universidades y estudiantes del programa doctoral javeriano conversaron sobre los avances y dificultades del Acuerdo de Paz desde un enfoque social y territorial y las implicaciones que tendría un referendo sobre su consolidación.

Orlando Pantoja, director de Cococauca, organización de Guapi que trabaja por los derechos de las comunidades afro en el litoral, considera que para comprender la implementación del proceso de paz con un enfoque territorial es necesario recordar que el Gobierno instauró en 1959 la Ley 02 con el fin de apostarle a la economía forestal y la protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre en Colombia; sin embargo, esta legislación también dio paso a la segmentación de tierras baldías. “De un plumazo desconocen y rompen lo que significa la presencia de los grupos étnicos asentados en el Pacífico, principalmente de negros e indígenas. Bajo el rótulo del ‘desarrollo del país’ se han violentado otras formas de vida y por eso la discusión debe estar centrada en tomar acciones políticas que reafirmen lo planteado en la Constitución de 1991 y el estado social de derechos en el que la democracia no es representativa, sino participativa”, puntualizó este líder, que también es Secretario de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico.

Asimismo, Albeiro Parra, sacerdote y director de la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano, señaló que en el Pacífico, particularmente en el Chocó, ha habido una violación constante y sistemática del estado social del derecho, y que, además de nada sirve habitar el territorio si sus pobladores no tienen derecho a él. “Acá nunca se ha hecho una reforma agraria real. A las víctimas se les deben devolver sus derechos y repararlas, y a las comunidades negras entregarles el derecho a la territorialidad”, explicó Parra.

 

El Estado Social de Derecho es el marco jurídico y político propuesto en la Constitución de 1991 que promueve el respeto de la dignidad humana y la prevalencia del interés general sobre el particular.

 

Una apuesta por el diálogo y el compromiso como país

Ante estas preocupaciones, varios asistentes evidenciaron distintas iniciativas a las que pueden recurrir las comunidades para enfrentar los problemas territoriales que dificultan la implementación del Acuerdo de Paz. Por ejemplo, el fortalecimiento intercultural regional a través de alianzas entre instituciones culturales; el apoyo y reconocimiento para la construcción de la pos verdad de las colectividades frente a la violación de sus derechos y la importancia de “mantener estos temas en la agenda mediática y de entender el territorio como la forma de vida de los pueblos colombianos”, según dijo Clara Ávila, comunera del Resguardo Indígena de Canoas, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca.

En esta misma vía, Luis Fernando Sánchez, miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, aseguró que a pesar de que pareciera que la Constitución Política de 1991 está escrita para abogados, existen mecanismos de participación ciudadana que respaldan no solo la protección de los derechos fundamentales, sino también los derechos económicos, sociales y culturales, y que además protegen la incorporación de cualquier acto legislativo en la Constitución como es el caso del SIVJRNR. Lo afirma en respuesta al posible referendo derogatorio de la JEP, propuesto recientemente por el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez.

“Existen seis herramientas de participación política: el referendo, plebiscito, voto, cabildo abierto, revocatoria del mandato y la iniciativa legislativa, esta última es la vía mediante la cual las comunidades pueden proponer proyectos de ley y activar al sector legislativo para ponerlo a trabajar en defensa de la constitucionalidad”, especificó Sánchez.

Este conversatorio cerró con una mirada optimista y a la vez desafiante frente al papel que debe desempeñar la ciudadanía en las grandes urbes y las comunidades en las regiones, y una mirada crítica en relación con la responsabilidad del Gobierno de cumplir sus compromisos de Estado con las víctimas del conflicto armado.

“Si algo les hemos aprendido a los pueblos indígenas es que con el diálogo y la palabra se llega a acuerdos. Por eso, para construir paz en el territorio necesitamos que el Gobierno trabaje en el cese bilateral y cumpla los pactos a los que se ha comprometido con las regiones”, finaliza Albeiro Parra, quien es pieza clave en la construcción de diálogos de paz territoriales y de acuerdos humanitarios en el Pacífico.

Ciudades sostenibles: un reto de cara al 2030

Ciudades sostenibles: un reto de cara al 2030

Amplios paneles solares sobre edificios inteligentes para obtener energía amigable con el medio ambiente o bicicletas circulando en la ciudad como alternativa para reducir la emisión de CO2 por contaminación de autos, suelen ser algunas ideas relacionadas con el concepto de sostenibilidad, que día tras día cobra mayor relevancia en la agenda nacional e internacional. Surge la necesidad de consolidar sistemas productivos capaces de garantizar bienestar y sustento para la humanidad en el futuro.

Colombia se ha propuesto ser uno de los países líderes en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina, tomando medidas como la inserción de estos componentes en los dos últimos Planes Nacionales de Desarrollo (2014 – 2018 / 2018 – 2022).

Pero, aunque están allí descritos, la necesidad de validar que del papel hayan pasado a su ejecución efectiva en los planes de gobierno de los administradores locales fue lo que motivó a la Red de Ciudades Cómo Vamos a medir el progreso de los ODS en 16 ciudades e insertar el concepto territorialización en la formulación de políticas públicas como una forma de “poner en el centro del desarrollo sostenible a los territorios y las prioridades, necesidades y recursos de sus habitantes”, como menciona la Organización de las Naciones Unidades.

De esta labor surgió el informe Territorialización de los ODS en las ciudades de Colombia, un documento dirigido a los alcaldes, gobernadores y concejales recién elegidos, como fuente de información confiable para que añadan en sus agendas de gobierno planes de sostenibilidad que le apunten a los Objetivos de Desarrollo Sostenible a partir de las necesidades de sus territorios. Así, el pasado 3 de octubre la Pontificia Universidad Javeriana fue la casa del evento ‘Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las Ciudades de Colombia: Territorialización de metas al 2030’, en el que se presentaron los resultados de este proyecto.

¿Cómo van las ciudades capitales en materia de desarrollo sostenible?

En 2015, los Estados Miembros de la ONU adoptaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible como estrategia diseñada para “acabar con la pobreza mundial, proteger el planeta y asegurar que las personas tengan paz y prosperidad para 2030”, como menciona el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Pero, aunque el país se ha propuesto trabajar en ellos, insertarlos y ejecutarlos en las políticas de gobierno ha sido un reto que aún está por alcanzarse.

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La Red de Ciudades Cómo Vamos diseñó la iniciativa Territorializando metas al 2030, una caja de herramientas que agrupa los 17 ODS en cinco categorías -Pobreza, informalidad y desigualdad; educación de calidad; cambio climático y resiliencia urbana; ciudades sostenibles e incluyentes, y seguridad ciudadana, paz y coexistencia pacífica- para que los gobiernos municipales diseñen políticas públicas capaces de garantizar la sostenibilidad en sus regiones; agrega indicadores específicos para contextos urbanos por cada Objetivo para complementar el Conpes 3918, una estrategia creada para el desarrollo económico y social del país a través de la implementación de los ODS, y además, presenta la situación actual de estos objetivos en las ciudades intervenidas en el proyecto: Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Cartagena, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Pasto, Pereira, Quibdó, Santa Marta y Riohacha.

El logro del ODS 11 –Ciudades y comunidades sostenibles– se mide por categorías como vivienda, transporte y espacios públicos, calidad de aire, entre otros.

Según los datos hallados por la Red Ciudades Cómo Vamos para el 2019, el 72% de los colombianos cuenta con prácticas para cuidar el ambiente como ahorrar agua (72,01%), no arrojar basura a las calles, quebradas o ríos (68,95%); desconectar aparatos electrónicos cuando no están en uso (60,51%), y llevar bolsas no plásticas al supermercado (43,56%), lo que resulta eficaz cuando de trabajar por el cuidado del clima – ODS 13-, se trata.

Las ciudades con menos cobertura en alcantarillado del país, para el 2017, eran Quibdó (18,7%), Santa Marta (20,7%) y Cartagena (47,9%); sin embargo, actualmente 10 ciudades igualan o superan la meta nacional, según el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Por ejemplo, Bogotá ya superó el reto del 66,6% al 2030 de la cobertura total en alcantarillado con un 95,47%, en relación con la implementación del ODS 6: agua limpia y saneamiento. Esto sugiere que Colombia avanza positivamente en el cumplimiento de esta meta.

En el 2015 el país alcanzó una de las tasas de desempleo más bajas de la historia (8,9%), cifra que durante los últimos años ha ido en ascenso. Ciudades como Quibdó (17,8%), Cúcuta (16,3%) y Armenia (15,6%) actualmente son las más afectadas por la poca inserción laboral, según el Ministerio del Trabajo. A esto, es importante agregar que Cali, Riohacha, Pasto y Santa Martha aún no alcanzan la meta nacional del 0,45% en términos de reducción de desigualdades. Esta situación, debería llamar fuertemente la atención de los gobernantes recién elegidos pues es su función implementar estrategias sólidas que fomenten el trabajo y garanticen el crecimiento económico del país – ODS 8-.

Mónica Villegas, gerente de Educación para la participación ciudadana de la Fundación Corona* reconoce que “…para que Colombia cumpla con la Agenda 2030 se requiere el esfuerzo de todos los actores; el tema de la sostenibilidad no solo le compete al gobierno nacional, que es el principal responsable, sino a los territorios, al sector privado, a la sociedad civil y a la ciudadanía en general”, puntualiza.

El reto de insertar los ODS en los planes de gobierno

Ayer elegimos más de 1.100 alcaldes, 32 gobernadores, y alrededor de 20.000 concejales, diputados y ediles, y serán ellos quienes desde 1 de enero de 2020 se posesionarán en sus cargos para empezar a ejercer sus responsabilidades administrativas, normativas y disciplinarias en sus respectivos territorios. Por eso, aunque el equipo Ciudades cómo vamos encontró un balance positivo en el informe acerca de la implementación de los ODS en las ciudades estudiadas, no hay que desconocer los retos en materia de convergencia ciudadana.

Esto significa que, definir las metas de los ODS en las ciudades requiere la participación de los gobernantes municipales en espacios de diálogo y discusión, así como también la apropiación de rangos de desempeño por cada ciudad al 2030 con el fin de facilitar la proyección de metas a 2023 y 2027 según los periodos de gobierno locales y sus planes de desarrollo por periodos de cuatro años.

“No es posible seguir con la misma lógica de progreso y de aprovechar los recursos naturales para sacar un provecho económico y social, si no se piensan en conjunto en la lógica de sostenibilidad”, afirma Felipe Castro, director del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe, quien también añade: “Esto hace que el término de ciudades sostenibles que antes no existía empiece a ser cada vez más significativo”.

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* La Red de Ciudades Cómo Vamos hace parte de una alianza entre el sector privado y la sociedad civil en la que participan entidades como la Cámara de Comercio de Bogotá, el periódico El Tiempo y la Universidad Javeriana.

La paz está en manos de la ciudadanía

La paz está en manos de la ciudadanía

Una semana después del video con el que Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, anunció su rearme y el de otros exguerrilleros en una nueva disidencia política de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el estupor en el país se mantiene. No solo por la amenaza que este grupo puede ejercer sobre el Acuerdo de Paz entre los excombatientes y el gobierno colombiano, también porque, a través de nuevos manifiestos, los rebeldes han anunciado una nueva operación contra la corrupción, la política y la oligarquía a través de una política clandestina.

Desde entonces, han sido múltiples las voces que han pedido desde la terminación total de lo acordado hasta un llamado a la calma, resaltando que, más allá de las disidencias que se presentan, el 90% de los desmovilizados siguen apostándole al proceso.

Para analizar y ahondar sobre este tema, Pesquisa Javeriana reunió a Manuel Salamanca, director del Instituto de Derechos Humanos ‘Alfredo Vásquez Carrizosa’, de la Pontificia Universidad Javeriana, y a Carlos José Herrera, doctor en Estudios de Paz, Conflictos y Democracia, y docente de la misma alma máter, para conversar sobre los anuncios enviados por esta disidencia política, el curso que debe tomar el gobierno colombiano y la respuesta que debe asumir la ciudadanía para defender la paz alcanzada.