¿Qué necesita el Sistema Pensional colombiano?

¿Qué necesita el Sistema Pensional colombiano?

Col ASalinas

Actualmente en el país se ha venido discutiendo la necesidad de una serie de reformas al sistema pensional, y en los artículos 113 y 117 del Plan de Desarrollo 2018-2022: ’Pacto por Colombia, pacto por la educación’, el gobierno busca crear un piso mínimo de protección social por medio de un régimen de pensiones para las personas de bajos ingresos. El mecanismo utilizará los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) ya existentes como protección obligatoria para la vejez, y también creará un seguro de amparo al trabajador de los riesgos derivados de la actividad laboral.

El decreto 604 de 2013 del Ministerio de Trabajo reglamentó los BEPS como un sistema de ahorro voluntario dirigido a ciudadanos con trabajo informal o ingresos bajos que no les permitían cotizar al sistema pensional. El programa es operado por Colpensiones y es flexible en su monto y periodicidad, permitiendo que el ahorro se haga de acuerdo con las capacidades económicas, bien sea de forma diaria, semanal o mensual, y se focaliza en las personas con ingresos inferiores al salario mínimo. Los ahorradores del programa reciben un incentivo por parte del Estado: un subsidio del 20% sobre los aportes realizados, es decir, por cada $100.000 que una persona aporte se le otorgan $20.000 adicionales. Si una persona no reúne los requisitos a la edad de pensión (57 años para mujeres y 62 para hombres) en tiempo cotizado y monto de cotizaciones para acceder a una pensión, podrá obtener un incentivo periódico vitalicio cada dos meses.

El siguiente cálculo aproximado ilustra bien el alcance del sistema. Si una mujer de 30 años no hace aportes al sistema obligatorio de pensiones pero todos los meses sistemáticamente ahorra $100.000 mensuales en el sistema BEPS, después de 27 años, al cumplir los 57, reclamaría cada dos meses $437.987, equivalentes a $218.993 mensuales. La persona haría un aporte muy similar al valor que se hace cuando gana un salario mínimo, pero al cumplir la edad de jubilación recibiría una cuarta parte de éste solo para ella. En cambio, si ella se afilia al sistema obligatorio de pensiones y realiza los aportes como independiente, el balance, siendo muy aproximado al de una cotización sobre salario mínimo, recibiría una mesada igual a dicho salario y con una mesada adicional en diciembre, la que pasaría a sus beneficiarios con su muerte si los tuviera.

Uno de los problemas más grandes que hay en el país en relación con las pensiones es la cobertura del sistema: de los 6,5 millones de colombianos que están en edad de jubilarse, el 65% no recibe una mesada pensional por no cumplir los requisitos, como no haber alcanzado el total de semanas cotizadas. El Plan de Desarrollo muy probablemente aumente la cobertura, pues a las personas que tienen aportes en el sistema pensional y no cumplen las condiciones para pensionarse, con su artículo 117 se les impone un límite de diez días para decidir si reciben una indemnización sustitutiva con la devolución de sus aportes; si no lo hace, es migrado a los beneficios periódicos. El límite es absolutamente estrecho y lo más probable es que dichas personas no tomen esta decisión, siendo migrados a los beneficios periódicos y ensanchando la cobertura del sistema, así sea con unos precarios beneficios.

El artículo 113 del Plan de Desarrollo establece para trabajadores que ganen menos de un salario mínimo que sus empleadores paguen un 15% del salario como contribución, pero no está especificado cómo se haría en la práctica este proceso que, seguramente, implicará una disminución del salario del empleado, que ya es bajo de por sí. El artículo tampoco especifica si los privados entrarán a ofrecer los BEPS o si únicamente Colpensiones seguirá con este programa. Por otra parte, el recaudo a los patronos en el mercado laboral informal será muy difícil de vigilar.

Esta falta de cobertura debe ser el tema central en una reforma pensional. Por eso, en el debate del Congreso sobre este tema, además de discutir la corrección de los problemas existentes en la edad de jubilación, las semanas de cotización y los beneficios pensionales, hay que hablar de la principal razón por la cual gran parte de los adultos mayores en Colombia están excluidos del sistema. Esto claramente tiene que ver en gran medida con la estructura precaria del mercado laboral y la informalidad existente en nuestro país, y que es reforzada con un sistema pensional que privilegia personas con altos ingresos del mercado formal, asignándoles subsidios exagerados pero excluyendo a la mayoría de bajos ingresos, dejándolos en su vejez sin una renta mínima.

 


*Doctora y magister en Ciencias Económicas, politóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es asesora de Gasto Público en el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana; también es profesora del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional y de la Facultad de Ciencias Políticas de la Javeriana.

Competitividad y ciencia: extraños socios en un programa de gobierno

Competitividad y ciencia: extraños socios en un programa de gobierno

Con la expedición de la Ley del Plan de Desarrollo 2014-2018, el gobierno Santos creó, entre otras figuras, el Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCCTI), el cual fusiona los sistemas de Competitividad e Innovación (CI) y el de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). Si mis lectores están confundidos con tantas palabras de moda encadenadas y repetidas, tienen fundamento para ello. ¿Qué hacen esos extraños socios —la ciencia y la competitividad— ahora juntos?

El Sistema de Ciencia y Tecnología se organizó en 1991 con Colciencias como la entidad rectora, y en 1995 se creó el Sistema Nacional de Innovación. El sistema de Competitividad, por su parte, fue creado en 2006, y se estableció al Consejo Privado de Competitividad como su ente rector; en su andar se le añadió la innovación. La cantidad de funciones que quedaron interpeladas en dichos sistemas no estuvo sustentada en una inversión de recursos del mismo nivel. Con menos del 0,5% del PIB invertido en ACTI y el 0,2% en I&D, Colombia es uno de los países con peores niveles de inversión en Latinoamérica y en el mundo.

El Gobierno nacional, en cabeza del DNP y de Colciencias, circuló a finales del año pasado el borrador de Conpes de Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el cual explica la manera como se pondrá en marcha el SNCCTI.

Sobre la base de un diagnóstico de todo lo que anda mal con la ciencia, la tecnología, la innovación y la competitividad, la nueva Política se propone fusionarlos, alinearlos y retroalimentarse. Según este diagnóstico, la crisis en la ciencia se percibe en el bajo número de artículos por investigador, el escaso impacto de sus publicaciones y la baja proyección internacional, el reducido número absoluto y la proporción de investigadores y de doctores por habitantes y la falta de direccionamiento estratégico en las áreas de investigación. La tecnología está rezagada por el bajo desarrollo de productos de alta tecnología y la baja inversión de las empresas en actividades de I+D. La innovación no se siente: es reducido el porcentaje de empresas que introducen mejoras tecnológicas, y resulta baja su capacidad gerencial y escasa su actividad en emprendimientos que generen valor agregado. En cuanto a la competitividad, no hay un incremento de los niveles de productividad por trabajador y el crecimiento de esta se circunscribe a unos pocos sectores de la producción.

Adicionalmente, la caracterización del sistema de educación superior donde se forman los profesionales y los investigadores es igualmente desalentadora, ya que tiene baja capacidad para transferir su conocimiento al sistema productivo, su cobertura aún es incipiente y los logros en pruebas estandarizadas dejan mucho que desear.

Por el lado de la estructura organizacional, no solamente hay una desarticulación evidente, sino que las entidades regionales que se crearon en diferentes momentos multiplican los esfuerzos y minimizan el impacto. El actor más alejado de los dos sistemas sigue siendo la empresa privada que en el plan propuesto, debe aportar la mitad de la inversión faltante en CTI.

Las universidades están presentes como protagonistas de tres de los cuatro objetivos estratégicos propuestos del SNCCTI y de la Política: formación de capital humano; investigación y desarrollo; transferencia de conocimiento y tecnología; innovación y emprendimiento. Sin embargo, en ellas se ubica el 90 % de los investigadores del país y son, por lo tanto, clave para que el plan tenga éxito. Su papel está minimizado y se desconoce su naturaleza. Los investigadores en las universidades no están contratados solamente para hacer investigación; tienen que cumplir compromisos de docencia, editoriales, de gestión y de extensión, en una proporción más alta que sus pares de otros países, debido a que se encuentran en universidades de docencia y no de investigación.

Hay una desproporción inmensa entre tres elementos que entran en tensión: a) las funciones misionales de las universidades, b) los recursos reales con los que cuentan para hacer investigación y desarrollo, y c) las demandas que la Política les hace. La tensión se hace evidente cuando dichas demandas se convierten en los instrumentos por los cuales se evalúa su desempeño, lo cual sobredimensiona un aspecto que en el día a día de estas instituciones es secundario o excepcional (los proyectos de I+D, por ejemplo), y se subvaloran las actividades que son prioritarias para las universidades (docencia de calidad, extensión, investigación básica, etc.).

El Conpes parte de una mirada idealista de las interacciones entre Estado, empresas y universidades. Se centra excesivamente en la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico y la transferencia de tecnologías a empresas. Con ello, ejerce una violencia sobre las funciones de las universidades y desestimula las posibles contribuciones al desarrollo del país que no pasan por el desarrollo tecnológico. Si la ciencia en Colombia no ha recibido la atención del Estado que la Misión de Sabios reclamaba en 1994, y en el camino se le han pegado los temas de desarrollo tecnológico e innovación, ahora esta misión de contribuir a la competitividad hace que cambie su función de producción de conocimiento a producción de bienes y servicios.

Consuelo Uribe Mallarino
Vicerrectora de Investigación
Pontificia Universidad Javeriana

Continue reading