Competitividad y ciencia: extraños socios en un programa de gobierno

Competitividad y ciencia: extraños socios en un programa de gobierno

Por: Consuelo Uribe Mallarino | Vicerrectora de Investigación | Pontificia Universidad Javeriana // Fotografía:

Con la expedición de la Ley del Plan de Desarrollo 2014-2018, el gobierno Santos creó, entre otras figuras, el Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCCTI), el cual fusiona los sistemas de Competitividad e Innovación (CI) y el de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI).

Con la expedición de la Ley del Plan de Desarrollo 2014-2018, el gobierno Santos creó, entre otras figuras, el Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCCTI), el cual fusiona los sistemas de Competitividad e Innovación (CI) y el de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). Si mis lectores están confundidos con tantas palabras de moda encadenadas y repetidas, tienen fundamento para ello. ¿Qué hacen esos extraños socios —la ciencia y la competitividad— ahora juntos?

El Sistema de Ciencia y Tecnología se organizó en 1991 con Colciencias como la entidad rectora, y en 1995 se creó el Sistema Nacional de Innovación. El sistema de Competitividad, por su parte, fue creado en 2006, y se estableció al Consejo Privado de Competitividad como su ente rector; en su andar se le añadió la innovación. La cantidad de funciones que quedaron interpeladas en dichos sistemas no estuvo sustentada en una inversión de recursos del mismo nivel. Con menos del 0,5% del PIB invertido en ACTI y el 0,2% en I&D, Colombia es uno de los países con peores niveles de inversión en Latinoamérica y en el mundo.

El Gobierno nacional, en cabeza del DNP y de Colciencias, circuló a finales del año pasado el borrador de Conpes de Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el cual explica la manera como se pondrá en marcha el SNCCTI.

Sobre la base de un diagnóstico de todo lo que anda mal con la ciencia, la tecnología, la innovación y la competitividad, la nueva Política se propone fusionarlos, alinearlos y retroalimentarse. Según este diagnóstico, la crisis en la ciencia se percibe en el bajo número de artículos por investigador, el escaso impacto de sus publicaciones y la baja proyección internacional, el reducido número absoluto y la proporción de investigadores y de doctores por habitantes y la falta de direccionamiento estratégico en las áreas de investigación. La tecnología está rezagada por el bajo desarrollo de productos de alta tecnología y la baja inversión de las empresas en actividades de I+D. La innovación no se siente: es reducido el porcentaje de empresas que introducen mejoras tecnológicas, y resulta baja su capacidad gerencial y escasa su actividad en emprendimientos que generen valor agregado. En cuanto a la competitividad, no hay un incremento de los niveles de productividad por trabajador y el crecimiento de esta se circunscribe a unos pocos sectores de la producción.

Adicionalmente, la caracterización del sistema de educación superior donde se forman los profesionales y los investigadores es igualmente desalentadora, ya que tiene baja capacidad para transferir su conocimiento al sistema productivo, su cobertura aún es incipiente y los logros en pruebas estandarizadas dejan mucho que desear.

Por el lado de la estructura organizacional, no solamente hay una desarticulación evidente, sino que las entidades regionales que se crearon en diferentes momentos multiplican los esfuerzos y minimizan el impacto. El actor más alejado de los dos sistemas sigue siendo la empresa privada que en el plan propuesto, debe aportar la mitad de la inversión faltante en CTI.

Las universidades están presentes como protagonistas de tres de los cuatro objetivos estratégicos propuestos del SNCCTI y de la Política: formación de capital humano; investigación y desarrollo; transferencia de conocimiento y tecnología; innovación y emprendimiento. Sin embargo, en ellas se ubica el 90 % de los investigadores del país y son, por lo tanto, clave para que el plan tenga éxito. Su papel está minimizado y se desconoce su naturaleza. Los investigadores en las universidades no están contratados solamente para hacer investigación; tienen que cumplir compromisos de docencia, editoriales, de gestión y de extensión, en una proporción más alta que sus pares de otros países, debido a que se encuentran en universidades de docencia y no de investigación.

Hay una desproporción inmensa entre tres elementos que entran en tensión: a) las funciones misionales de las universidades, b) los recursos reales con los que cuentan para hacer investigación y desarrollo, y c) las demandas que la Política les hace. La tensión se hace evidente cuando dichas demandas se convierten en los instrumentos por los cuales se evalúa su desempeño, lo cual sobredimensiona un aspecto que en el día a día de estas instituciones es secundario o excepcional (los proyectos de I+D, por ejemplo), y se subvaloran las actividades que son prioritarias para las universidades (docencia de calidad, extensión, investigación básica, etc.).

El Conpes parte de una mirada idealista de las interacciones entre Estado, empresas y universidades. Se centra excesivamente en la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico y la transferencia de tecnologías a empresas. Con ello, ejerce una violencia sobre las funciones de las universidades y desestimula las posibles contribuciones al desarrollo del país que no pasan por el desarrollo tecnológico. Si la ciencia en Colombia no ha recibido la atención del Estado que la Misión de Sabios reclamaba en 1994, y en el camino se le han pegado los temas de desarrollo tecnológico e innovación, ahora esta misión de contribuir a la competitividad hace que cambie su función de producción de conocimiento a producción de bienes y servicios.

Consuelo Uribe Mallarino
Vicerrectora de Investigación
Pontificia Universidad Javeriana

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