A denunciar las violencias de género en las universidades

A denunciar las violencias de género en las universidades

Camila* estudia antropología en una universidad de Bogotá y ha pedido a los miembros de la institución que la llamen por su nombre de registro, pues en los listados aparece como Andrés, apelativo que usaba antes de identificarse como mujer trans. “Yo no quiero que los profesores me digan ‘Andrés pase a exponer’ o lo que sea. Esto de verdad afecta mi salud mental y desarrollo personal”, dice. Los llamados han sido reiterativos, pero esta universidad no cuenta con un protocolo adecuado para ofrecer atención a su caso, a pesar de que estos son obligatorios en todos los centros de formación del país. Tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como el Ministerio de Educación exigen que las Instituciones de Educación Superior (IES) sean instituciones libres de violencia y de discriminación.

Linda Teresa Orcasita, psicóloga, magíster en familia y experta en temas de derechos sexuales y derechos reproductivos, asegura que situaciones como esta, en las que la falta de acción para acompañar a las víctimas de violencias basadas en género en las IES se vuelve común, han sido analizadas a nivel nacional y local. La investigadora agrega que algunos de estos estudios evidencian que cuando una universidad no tiene un protocolo o una ruta de atención clara frente a estas violencias, se incrementa la gravedad de la situación y de alguna forma se silencia y se invisibiliza. Durante los últimos años, Orcasita, estudiantes de comunicación y psicología, así como docentes del equipo de trabajo han puesto énfasis a esta situación para comprender a profundidad el manejo que le dan los centros universitarios a estos, especialmente donde ella trabaja: la Universidad Javeriana Cali.

Sofía**, por ejemplo, estudia en una universidad de Barranquilla y como muchos estudiantes tampoco se escapa de haber experimentado violencia de género en su academia. Tuvo una experiencia muy fuerte hace tres años que, en sus palabras, marcó su vida. Para ese momento tomaba una clase de historia en la que con frecuencia su profesor le hacía comentarios irrespetuosos. “Me molestaba durante la clase, me rayaba los brazos con marcador en modo jocoso, me tomaba fotos y en general tenía muchas actitudes que me hacían sentir incómoda. Yo no lo denuncié inmediatamente porque quería evitar problemas. Lo único que a mí me generaba tranquilidad era saber que el otro semestre no lo iba a volver a ver. Mucho más tarde me vine a enterar de la existencia de un protocolo para casos como el mío”.

Con el objetivo de implementar una estrategia de visibilización, apropiación y evaluación del Protocolo de violencias y discriminación en docentes y estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, y sobre todo para que casos como los de Camila y Sofía sean debidamente orientados, la profesora Orcasita, junto a un equipo de docentes y estudiantes, desarrollaron el proyecto Genera Cambio, con el que lograron evidenciar la necesidad de que el protocolo de la universidad tuviera un enfoque de género. Entonces, “nuestra propuesta fue visibilizar el enfoque de género para la detección de diversas expresiones de violencias basadas en género”, señala la investigadora.

Asimismo, a través entrevistas a 13 docentes y 250 encuestas a estudiantes de diversas facultades, encontraron que se requiere mayor sensibilización en el reconocimiento de tipos de violencias y rutas de atención que promuevan la no discriminación. “Tanto docentes como estudiantes pueden tener una idea básica del concepto de género, pero se quedan muchas cosas por fuera. Por ejemplo, si bien comprenden la definición, hay carencia de recursos para la identificación de situaciones en donde hay actos de violencia, pues no todos saben que hay diferentes tipos (violencia directa, estructural, cultural, simbólica, entre otras). Por eso, muchas de las personas que no denuncian, simplemente lo hacen porque no tienen claridad del momento en el que fueron violentados”, comenta  la experta.

 

Estos son algunos de los conceptos que las investigadoras con su estrategia de divulgación tratan de aclarar.
Estos son algunos de los conceptos que las investigadoras con su estrategia de divulgación tratan de aclarar.

 

Respecto al conocimiento que tienen los estudiantes acerca del protocolo, la investigación evidencia que, como Sofía, el 49% de los encuestados no lo conoce. Por su parte, el 6% afirmó haber escuchado de este, pero desconocer la ruta de atención. Un 13% aseguró conocer el funcionamiento del protocolo y un 6% dijo que lo había usado o conocía a personas cercanas que lo habían hecho.
Sofía cuenta que cuando finalmente usó el protocolo, básicamente lo que hizo fue contar lo que le había pasado y darlo a conocer por escrito, “pero nunca recibí ningún tipo de acompañamiento psicológico ni nada. Cuando todo pasó, yo no quería decir nada porque no me sentía segura. Luego muchos me echaron en cara que por qué no lo había hecho en el momento. En estos casos todos creen saber qué es lo que hay que hacer, pero vivirlo no es fácil”. Sofia agrega que incluso le preguntaban si estaba segura de querer denunciar al profesor, que si tal vez le había dado motivos con sus actitudes. “Me decían ‘piénsalo bien, por los efectos que pueda tener. Todos me metían mucho miedo”, recuerda.

Y es que esta mala costumbre tiende a repetirse especialmente con las mujeres. Según la investigación, de 43 estudiantes que reportaron haber vivido una situación de violencia de género, 37 se identificaron con el género femenino, 4 con el masculino y 2 personas de género diverso. Ahora bien, antes de alertar a la institución, Sofía le contó a uno de sus amigos de clase, “yo le decía a él que me esperara, que no me dejara sola en ningún momento con el profesor. Él y otro amigo fueron los que me impulsaron a denunciar”, expresa.

Con estas acciones parece que los compañeros y amigos son la primera opción para compartir lo sucedido. De hecho, 60% de los encuestados respondieron que en caso de ser víctimas de violencia de género acudirían a un amigo o amiga y menos del 15% a la decanatura o a la oficina de gestión estudiantil.

Las víctimas viven el temor de la catástrofe que les implicaría el hecho de delatar, no hay seguridad que les vaticine la tranquilidad que necesitan. “Los estudiantes tienden a ser incrédulos al reportar estos casos, piensan que no van a ser apoyados y que los protocolos no van a ser activados. Eso hace que exista miedo a denunciar”, expone la psicóloga Orcasita. Respecto a esto, a los encuestados se les preguntó sobre los aspectos que pueden impedir el reporte de casos de violencia de género. El 69,5% reportó que un aspecto sería ser ignorado por la universidad, 59,3% no sabría a dónde acudir, 57,7% tendría miedo a las represalias y el 41,9% por el desconocimiento de lo que es la violencia de género.

 

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Jugando aprendemos y nos cuidamos

Con este panorama, el equipo interdisciplinar de investigadoras Linda Teresa Orcasita, Andrea Lucia Medina, Elba María Bermúdez, Mónica Lozada, Liliana Tamayo, Tatiana Bejarano y las estudiantes María Camila García, Angelíca Orozco, Mayra Escobar y Paola Orozco crearon una campaña en redes sociales para promover el conocimiento de las violencias basadas en género y además diseñaron un prototipo de aplicación para jugar, interactuar, profundizar en el protocolo y evaluar tanto los conocimientos en violencias de género que tienen los usuarios como las actitudes que toman frente a la misma.

La aplicación se llama Violetometro. Según explica la profesora Orcastia, “lo que queríamos en gran parte con esta iniciativa era hacer saber a la comunidad que sí pueden denunciar y que los protocolos son reales, que sí existe una ruta de atención y que la universidad no avala ningún tipo de violencia que ocurra”. En esta App las personas podrán encontrar historias de vida y conocer las rutas que deben seguir en caso de estar experimentando cualquier situación similar. Además, el juego permite profundizar en los temas de interés y realizar un debate con amigos.

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Reconocimiento

El proyecto liderado por la investigadora Linda Teresa Orcasita es el resultado de la participación, junto a otras 56 propuestas, en una convocatoria del Ministerio de Educación y ONU mujeres. La iniciativa fue elegida dentro de las mejores siete estrategias de intervención alrededor de esta problemática, por lo que fue premiada por el Ministerio de Educación y La Presidencia de la República en una ceremonia que recibió el nombre de La noche de los mejores.

Orcasita asegura que lo más innovador fue pensar en una estrategia tecnológica, comunicativa y no sólo de orden investigativo, e incluir a gran parte de la comunidad educativa (docentes y estudiantes) para recoger sus percepciones. Aun así, es consciente de que quedan muchos retos. Para ella es necesario seguir trabajando e incluir a otros actores de la universidad que no tienen el cargo de docente o estudiante, y hacer del prototipo que diseñaron una realidad. “Aquí seguimos. Finalmente, con la divulgación del proyecto empezaron a llegar reportes de casos relacionados con el tema y eso nos hace seguir creyendo en que vamos por buen camino y que los esfuerzos están dando frutos”.

La invitación es a que las universidades se unan en la investigación para combatir estas situaciones y construir iniciativas colectivas que favorezcan a la academia.

* Nombre ficticio por solicitud de la fuente

No basta con ser pilo

No basta con ser pilo

Ser colombiano, haber cursado y aprobado grado 11, ser admitido en una carrera profesional de una institución de educación superior con acreditación en alta calidad y estar registrado en la base de datos del Sisbén son algunos requisitos que los bachilleres debían cumplir para aplicar al programa Ser Pilo Paga, la iniciativa diseñada por el Ministerio de Educación Nacional durante el gobierno de Juan Manuel Santos para la financiar programas académicos de alta calidad.

El objetivo central de este proyecto era otorgar créditos 100% condonables a los más “pilos” del país y darles un apoyo de sostenimiento durante todo el periodo de estudios, pero una serie de críticas en torno a la desigualdad en la financiación de los programas entre las universidades privadas y públicas, la capacidad del Estado para sostener los 5 billones de pesos destinados a Ser Pilo Paga y la baja probabilidad de vigencia a largo plazo con la llegada de nuevos periodos presidenciales, lo llevó a su fin.

Ser Pilo Paga “hizo que cerca de 40.000 jóvenes de escasos recursos y excelencia académica hicieran realidad el sueño de estudiar en universidades acreditadas con alta calidad”, resaltó un informe del Ministerio de Educación en mayo de 2018.

Efectivamente, a inicios del 2019, pocos meses después del posicionamiento de Iván Duque como presidente, su ministra de Educación, María Victoria Angulo, anunció el lanzamiento del proyecto “Generación E”, una iniciativa para que los estudiantes con pocos recursos económicos pudieran tener acceso a la educación de alta calidad. Su meta: invertir 3,6 billones de pesos para que en cuatro años 336.000 jóvenes resulten beneficiados.

Pesquisa Javeriana conversó con Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana y miembro del comité asesor de la oficina de investigación del ICFES, acerca de los aciertos y desaciertos del programa SerPilo Paga y las implicaciones financieras de iniciativas como “Generación E” para la economía del país.

Competitividad y ciencia: extraños socios en un programa de gobierno

Competitividad y ciencia: extraños socios en un programa de gobierno

Con la expedición de la Ley del Plan de Desarrollo 2014-2018, el gobierno Santos creó, entre otras figuras, el Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCCTI), el cual fusiona los sistemas de Competitividad e Innovación (CI) y el de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). Si mis lectores están confundidos con tantas palabras de moda encadenadas y repetidas, tienen fundamento para ello. ¿Qué hacen esos extraños socios —la ciencia y la competitividad— ahora juntos?

El Sistema de Ciencia y Tecnología se organizó en 1991 con Colciencias como la entidad rectora, y en 1995 se creó el Sistema Nacional de Innovación. El sistema de Competitividad, por su parte, fue creado en 2006, y se estableció al Consejo Privado de Competitividad como su ente rector; en su andar se le añadió la innovación. La cantidad de funciones que quedaron interpeladas en dichos sistemas no estuvo sustentada en una inversión de recursos del mismo nivel. Con menos del 0,5% del PIB invertido en ACTI y el 0,2% en I&D, Colombia es uno de los países con peores niveles de inversión en Latinoamérica y en el mundo.

El Gobierno nacional, en cabeza del DNP y de Colciencias, circuló a finales del año pasado el borrador de Conpes de Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el cual explica la manera como se pondrá en marcha el SNCCTI.

Sobre la base de un diagnóstico de todo lo que anda mal con la ciencia, la tecnología, la innovación y la competitividad, la nueva Política se propone fusionarlos, alinearlos y retroalimentarse. Según este diagnóstico, la crisis en la ciencia se percibe en el bajo número de artículos por investigador, el escaso impacto de sus publicaciones y la baja proyección internacional, el reducido número absoluto y la proporción de investigadores y de doctores por habitantes y la falta de direccionamiento estratégico en las áreas de investigación. La tecnología está rezagada por el bajo desarrollo de productos de alta tecnología y la baja inversión de las empresas en actividades de I+D. La innovación no se siente: es reducido el porcentaje de empresas que introducen mejoras tecnológicas, y resulta baja su capacidad gerencial y escasa su actividad en emprendimientos que generen valor agregado. En cuanto a la competitividad, no hay un incremento de los niveles de productividad por trabajador y el crecimiento de esta se circunscribe a unos pocos sectores de la producción.

Adicionalmente, la caracterización del sistema de educación superior donde se forman los profesionales y los investigadores es igualmente desalentadora, ya que tiene baja capacidad para transferir su conocimiento al sistema productivo, su cobertura aún es incipiente y los logros en pruebas estandarizadas dejan mucho que desear.

Por el lado de la estructura organizacional, no solamente hay una desarticulación evidente, sino que las entidades regionales que se crearon en diferentes momentos multiplican los esfuerzos y minimizan el impacto. El actor más alejado de los dos sistemas sigue siendo la empresa privada que en el plan propuesto, debe aportar la mitad de la inversión faltante en CTI.

Las universidades están presentes como protagonistas de tres de los cuatro objetivos estratégicos propuestos del SNCCTI y de la Política: formación de capital humano; investigación y desarrollo; transferencia de conocimiento y tecnología; innovación y emprendimiento. Sin embargo, en ellas se ubica el 90 % de los investigadores del país y son, por lo tanto, clave para que el plan tenga éxito. Su papel está minimizado y se desconoce su naturaleza. Los investigadores en las universidades no están contratados solamente para hacer investigación; tienen que cumplir compromisos de docencia, editoriales, de gestión y de extensión, en una proporción más alta que sus pares de otros países, debido a que se encuentran en universidades de docencia y no de investigación.

Hay una desproporción inmensa entre tres elementos que entran en tensión: a) las funciones misionales de las universidades, b) los recursos reales con los que cuentan para hacer investigación y desarrollo, y c) las demandas que la Política les hace. La tensión se hace evidente cuando dichas demandas se convierten en los instrumentos por los cuales se evalúa su desempeño, lo cual sobredimensiona un aspecto que en el día a día de estas instituciones es secundario o excepcional (los proyectos de I+D, por ejemplo), y se subvaloran las actividades que son prioritarias para las universidades (docencia de calidad, extensión, investigación básica, etc.).

El Conpes parte de una mirada idealista de las interacciones entre Estado, empresas y universidades. Se centra excesivamente en la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico y la transferencia de tecnologías a empresas. Con ello, ejerce una violencia sobre las funciones de las universidades y desestimula las posibles contribuciones al desarrollo del país que no pasan por el desarrollo tecnológico. Si la ciencia en Colombia no ha recibido la atención del Estado que la Misión de Sabios reclamaba en 1994, y en el camino se le han pegado los temas de desarrollo tecnológico e innovación, ahora esta misión de contribuir a la competitividad hace que cambie su función de producción de conocimiento a producción de bienes y servicios.

Consuelo Uribe Mallarino
Vicerrectora de Investigación
Pontificia Universidad Javeriana

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Salim Chalela Naffah

Salim Chalela Naffah

Cada seis meses y durante cuatro semanas, Salim Chalela visita la Universidad Pinar del Río, en Cuba, para sustentar los avances en su investigación doctoral. Desde noviembre de 2014 hasta junio de 2018, este investigador vivirá entre la isla y Medellín desarrollando su proyecto de investigación en Ciencias de la Educación.

Cuando se realiza un doctorado en Cuba no solamente se presenta la propuesta y se sustenta ante un comité científico de la Universidad. La rigurosidad de este proceso implica presentarse ante un tribunal científico nacional integrado por diferentes académicos de todas las universidades del país, elemento de disciplina y exigencia en el proceso de formación en la educación cubana que quizá fue lo que más llamó la atención de este investigador para elegir Cuba como destino.

Mientras en Cuba se hospeda en una residencia local para conocer más de las tradiciones y conectarse más con la cultura, lo que alterna con su desplazamiento permanente a la universidad, en Medellín vive con su esposa y trabaja como coordinador de investigaciones de la Escuela de Posgrados en la Universidad Autónoma Latinoamericana. A su oficina llega a las siete y media de la mañana, y entre los cinco tintos que se toma, lee noticias, selecciona lecturas académicas y adelanta trabajo de campo para su doctorado.

Chalela Naffah aprovecha las lecturas tanto para su trabajo doctoral como para el desarrollo de sus actividades laborales diarias. A las cinco de la tarde cambia por completo de labor: su filosofía de vida hace que no lleve trabajo a la casa, pues considera que, si se organiza lo suficiente, es posible hacerse cargo de todas las tareas en orden y con metodología.

Desde pequeño, la vida misma lo inquietaba y le generaba millones de preguntas, actitud que heredó de su padre, el ingeniero electrónico de ascendencia libanesa Alberto Chalela, profesión que también eligió su hermano, mientras su hermana prefirió la ingeniería industrial. Don Alberto siempre se preocupó porque sus hijos conocieran de primera mano las innovaciones tecnológicas, como por ejemplo el primer computador, que hoy en día Salim recuerda como uno de los momentos clave en su vida que incentivaron la curiosidad y el pensamiento crítico y lógico que hoy inculca en sus alumnos.

Estudió en el Colegio Nacional Francisco Hernández de Contreras en Ocaña, Norte de Santander, donde por su formación normalista desarrolló un profundo interés por la docencia. A los 17 años ingresó a la Universidad Jorge Tadeo Lozano; aunque quería ser abogado, una prueba psicotécnica le hizo cambiar de opinión y lo llevó a estudiar relaciones internacionales.

Sin haber tenido un acercamiento a la investigación, después de terminar su pregrado, y tras algunas experiencias profesionales, desde el 2008 se dedicó a la docencia e ingresó a la maestría en Estudios Políticos en la Pontificia Universidad Javeriana, y se concentró en el estudio del impacto que genera la internet en la confianza de los ciudadanos con respecto a las instituciones públicas. En 2010 ingresó como joven investigador de Colciencias al Instituto Pensar, donde desarrolló una investigación sobre democracia electrónica.

Las circunstancias de su vida personal le permitieron evidenciar la importancia de la descentralización, ligada no solo a lo laboral, sino a la educación. Por esto, no dudó un minuto cuando se le presentó la oportunidad de vivir en Medellín. Identificó la pertinencia de que, sin importar donde trabajara, podía dedicarse a su labor investigativa sin problema.

“La investigación potencia habilidades y miradas más profundas, para resolver conflictos en cualquier campo y desde cualquier ámbito académico”, dice. En este sentido, su propuesta en el doctorado es diseñar procesos de gestión de la investigación que respondan a las necesidades de las instituciones de educación superior de carácter autónomo, como es el caso de la universidad en la que se encuentra vinculado.

Salim Chalela es una multiplicidad de gentilicios, acentos y curiosidades. Un docente que invita a que no se conciba la investigación como una carga académica, sino como una herramienta para desarrollar estrategias que van más allá de producir artículos científicos, desarrollar productos resultado de un proyecto o alcanzar un estatus dentro de un ranking. Invita a entenderla desde la experiencia y su pertinencia para la transformación de la sociedad.

“Hago lo que me gusta y de manera desinteresada. Ese apasionamiento que tengo es el que todas las personas deberíamos buscar cuando nos formamos, es el que me da la tranquilidad de poder decir que hago lo que me gusta hacer y vivo de ello”.


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