Desde mediados de 2024 las imágenes de personas haciendo largas filas para reclamar sus fórmulas médicas se han vuelto parte del paisaje urbano en varias ciudades de Colombia. Pacientes crónicos que dependen de insulina, anticoagulantes, medicamentos oncológicos, entre otros, aguardan horas, o se van con las manos vacías ¿Cómo llegamos a este punto? Los protagonistas —gobierno, EPS, gestores farmacéuticos e industria— se señalan entre sí. De fondo, hay crisis en cada uno de los ejes estructurales del sistema: financiación, logística y descoordinación.
Radiografía de la crisis
Los titulares hablan de “escasez”. Sin embargo, lo que sucede es más complejo que la mera inexistencia física de fármacos. Como advierte el investigador Jorge Martín Rodríguez, médico epidemiólogo y profesor del Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana, el problema es principalmente de desabastecimiento por fallas de gestión y distribución, más que de carencia absoluta de inventarios. “La mayoría de las veces no es que falten los medicamentos, sino que no están llegando a las personas que los necesitan en el momento adecuado”, explica Rodríguez.
La mejor forma de entender el problema es observar la cadena de suministro de medicamentos como un gran engranaje. Si un solo diente se rompe, la rueda entera se frena. Entre ellos se retroalimentan constantemente y las fallas que se presentan en los explican tanto la ausencia total de ciertos medicamentos como su presencia restringida en el mercado.
Logística
La crisis en el engranaje logístico se explica a partir de la adquisición y dispensación de fármacos. Desde la Ley 100 de 1993, este proceso quedó en manos de gestores farmacéuticos (como Cruz Verde, Audifarma, Cafam, entre otras). Debido a la dispersión entre farmacéuticas, estos gestores articulan la cadena, asegurando la disponibilidad y un flujo continuo de medicamentos desde la producción hasta el consumo final.
“Funcionan como un supermercado, que reúne diferentes productos de diferentes industrias, posibilitando un abastecimiento amplio a los consumidores. Les indican a las farmacéuticas qué cantidad de determinado medicamento debe producir y le garantiza a las EPS que un usuario en cualquier lugar pueda tener acceso a este”, explica Ramírez.
En ese sentido, Juan Pablo Albanés, farmacoepidemiólogo de la Universidad Tecnológica de Pereira y de Audifarma S.A. señaló: “Hoy, cerca del 25% —e incluso hasta el 30%— del gasto en salud se destina a medicamentos. Hablamos de miles de pacientes atendidos cada día en todo el país y de unas 1.2 millones de fórmulas despachadas diariamente. Garantizar el abastecimiento de los medicamentos necesarios en cada punto de dispensación, cubriendo un amplio abanico terapéutico, es un desafío logístico enorme. Requiere un flujo de recursos constante y un trabajo articulado y afinado entre múltiples actores del sistema”.
Aunque no es el grueso del problema actual, estos gestores farmacéuticos tienen una posibilidad de manipular los volúmenes disponibles de determinado medicamento. “Algunos gestores acumulan inventario para generar la percepción psicológica de falta de oferta, es decir, que no hay cuando si hay, y así ganan poder para fijar o negociar precios por encima”, explica Ramírez. Existen marcos regulatorios, pero su efectividad depende de contar con autoridades sólidas capaces de vigilar y corregir estas distorsiones. “Si el problema fuera de producción no habría medicamentos en ningún lado, pero vemos que sí hay en droguerías, mientras los gestores farmacéuticos reportan desabastecimiento”, añade Rodríguez.
Por otro lado, aproximadamente cinco compañías controlan alrededor del 80 % del abastecimiento nacional. Cuando una EPS deja facturas pendientes, el gestor simplemente congela la entrega: ninguna quiere asumir el riesgo de una cartera creciente sin garantías de pago. “Si esa deuda empieza a aumentarse, los laboratorios farmacéuticos lo que hacen es lo que se denomina un bloqueo administrativo o un bloqueo de cartel”, afirma Albanés.
Financiación
Una segunda parte del engranaje es la financiación, explicada principalmente a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) —el dinero que la Nación transfiere anualmente a las Empresas Promotoras de Salud (EPS) por cada afiliado—. En pocas palabras este monto podría haber crecido más lento que los costos reales de atención.
En primer lugar, porque se usan cifras viejas para prever cuánta atención médica necesitará la gente. Como las facturas tardan en llegar, se toman datos de años anteriores o se usa solo la inflación anual y se cree que en el futuro se va a gastar menos de lo real. “Cuando el gobierno dice, como dijo ahora, que la UPC sube anualmente por la inflación, está diciendo que la cantidad de atención médica que requiere una persona no cambia y eso es poco probable”, afirma Jaime Ramírez, doctor en Economía y Gestión de la Salud y profesor del Instituto de Salud Pública de la Javeriana.
Por otro lado, el pago de la UPC el gobierno lo hace a las aseguradoras (EPS) de manera anticipada para garantizar atención oportuna. Sin embargo, las EPS retienen ese dinero y pagan tarde a clínicas, hospitales y proveedores (gestores farmacéuticos). Esto ocurre porque los servicios se pagan solo después de facturarse. Así, las EPS acumulan liquidez mientras crece la deuda con los prestadores. Esta lógica, que combina cobros adelantados y pagos atrasados, ha generado graves problemas de cartera y afecta la estabilidad del sistema.
Además, aunque no sea representativa, el gobierno ha venido acumulando una deuda de medicamentos que no hacen parte del Plan de Beneficios en Salud (PBS). “No podemos decir que el Gobierno no esté girando, pero sí hay deudas antiguas que se han ido acumulando desde 2021, y eso afecta la relación entre EPS y farmacias”, afirma Rodríguez. Con menos flujo de caja, o deudas enormes, las EPS pierden capacidad de pago a gestores y hospitales, y estos, para proteger su propia liquidez, restringen los medicamentos.
Desajuste institucional
Finalmente, el tercer engranaje, el de la confianza, está descompuesto porque Gobierno, EPS y gestores sospechan unos de otros. El Ministerio de Salud necesita los reportes de las EPS para calcular la UPC, pero duda de la veracidad de las cifras y teme sobrecostos disfrazados de necesidades clínicas. Las EPS, por su parte, alegan que el Gobierno subestima el gasto real y gira tarde los recursos. Los gestores, atrapados entre dos fuegos, retienen inventarios como escudo ante la incertidumbre. “La Superintendencia de Salud llega con meses de retraso a verificar si hubo acaparamiento o sobreprecios”, afirma Ramírez. Cada actor se protege con cautela extrema, y esa cautela termina bloqueando el flujo del medicamento.
“El problema es de asimetría y falta de información. La sociedad no tiene manera de confirmar los datos de los precios de la industria, de las EPS, ni del gobierno”, afirma Ramírez. Para estimar la variación de precios en la canasta básica familiar, la sociedad construye una pequeña canasta de 10‑20 bienes (huevos, carne, leche…) y sigue su evolución día a día. En cambio, “el sector salud carece de una canasta clara, de modo que los precios dependen de la negociación entre la industria, los gestores y las aseguradoras, cuyo interés compartido es captar más recursos”, añade el profesor Ramírez.
Otras causas
Además de los engranajes que componen el sistema de medicamentos en Colombia, Albanés resalta causas diversas de la crisis. Entre ellas, la alta concentración de la producción de principios activos en pocas plantas a nivel mundial, lo que vuelve vulnerables las cadenas de suministro ante cualquier incidente. También influye la retirada temporal de medicamentos debido a problemas de calidad, como la detección de impurezas peligrosas. Estas situaciones generan desabastecimientos prolongados, ya que existen pocas plantas capaces de asumir rápidamente la producción alternativa.
La pandemia profundizó las fallas logísticas. “La crisis de contenedores aún obstaculiza la llegada de insumos; los tiempos de tránsito marítimo siguen siendo impredecibles”, subraya Albanés. Esto agrava la escasez, sobre todo para materias primas procedentes de India y China. Por último, los trámites regulatorios se han convertido en un cuello de botella adicional. Según Albanés, “si la aprobación de nuevos registros por parte del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) se atrasa seis meses o tres años, dependemos de dos oferentes y el riesgo de quiebre de stock se dispara”.
Posibles salidas al problema
La problemática de fondo nació porque hay errores profundos en la manera en la que se calcula la UPC, lo que impide de entrada determinar si realmente es insuficiente, como afirman las EPS. Para corregir este desajuste, Ramírez plantea reforzar la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (Adres), entidad que vigila las finanzas del sistema. Propone un regulador autónomo, con alta capacidad técnica, recursos suficientes y empleo estable para sus expertos. Así, podría analizar datos con independencia y evitar la “captura regulatoria”, es decir, que EPS, gestores o farmacéuticas influyan en quien debe vigilarlos.
Juan Pablo Albanés ve dos caminos para bajar los costos y evitar la falta de medicinas en Colombia. Primero, pide recortar la “tramitomanía” del Invima para que entren más productos al país: “Si el Invima reduce pasos, habrá más oferta y menos desabastecimiento”. Además, invita a los médicos a recetar solo lo que realmente hace falta: “Si todos usamos la tecnología más nueva y cara, ningún sistema aguanta”. Para ayudar, sugiere que el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) diga qué tan útil es cada fármaco y que un observatorio publique, con “libros abiertos”, cuánto cuesta y cuánto se usa cada medicina.
Segundo, propone que las EPS o el Gobierno compren los medicamentos directamente a los laboratorios y dejen a las droguerías solo la entrega, probándolo primero en pilotos. “Un fármaco que costaba 100 pesos con el gestor podría quedar en 50 si negocia la EPS”, dice Albanés. También pide mesas técnicas permanentes para vigilar que las medicinas lleguen a tiempo, porque “hoy las urgencias se llenan de pacientes con crisis hipertensivas o de azúcar por mal control”, lo cual sube aún más los gastos del sistema.
Por su parte Rodríguez considera que uno de los aspectos fundamentales para superar la crisis de desabastecimiento de medicamentos es el fortalecimiento de la industria nacional. A su juicio, impulsar la producción local de medicamentos genéricos y esenciales permitiría resolver cerca del 90 % del problema actual, al reducir la dependencia de importaciones y simplificar los procesos de legalización y permisos. Enfatiza que una industria farmacéutica robusta, acompañada de una regulación efectiva y del desarrollo de tecnologías de innovación, es clave para garantizar la sostenibilidad y la estabilidad del sistema de salud.
Lo cierto es que los expertos coinciden en que esta crisis se debe a una falta de información clara, un exceso de burocracia y el desgaste de la relación entre los distintos actores del sistema. Y, si bien en 2024 hemos vuelto a ver filas por medicamentos, este es un síntoma de un malestar mayor: el funcionamiento del sistema de salud, un proyecto que comenzó a resquebrajarse desde hace dos décadas que, a juicio de muchos, requiere un cambio estructural urgente.
