Con un Congreso de la República custodiado por más de 200 policías, y diversas organizaciones y movimientos sociales manifestándose apenas a unos metros, en la Plaza de Bolívar, finalmente se cayó la reforma laboral del gobierno Petro. En medio de ese ambiente, investigadores del Observatorio Fiscal y el Observatorio Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana publicaron una nueva propuesta de reforma.
En su visión, es necesario una iniciativa que aborde las necesidades laborales del país, como la exclusión de millares de colombianos de un contrato laboral formal. “Este no debe ser el fin del debate, sino el inicio de una nueva discusión más amplia e incluyente”, manifestaron los investigadores javerianos sobre el proyecto de ley archivado esta semana y radicado por la entonces ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez, en agosto de 2023.
Tras ser inicialmente aprobada por la Cámara, pasó al Senado y en la Comisión VII, de los 14 senadores que la integran, ocho votaron a favor de archivar la iniciativa y dieron así la estocada final al proyecto. Sin embargo, investigadores javerianos en temas tributarios y laborales ven en este momento una oportunidad.
“Creemos que este es el momento oportuno para presentar una alternativa de reforma laboral que, sin desconocer los aspectos positivos de la propuesta gubernamental, incorpore una visión integral, que considere el papel del sector privado como motor de la economía y garantice un balance entre protección laboral y sostenibilidad empresarial”, señalaron en un comunicado los observatorios Fiscal y Laboral de la Javeriana.
Si bien los académicos reconocen aspectos positivos de la hoy archivada iniciativa del gobierno, como la extensión de la licencia de paternidad y la eliminación de obstáculos para la contratación laboral de migrantes, consideran que el debate no estaba centrado en los temas más problemáticos que atraviesan los trabajadores del país. Para los investigadores javerianos los retos centrales de la discusión laboral en Colombia deben ser la informalidad y la empleabilidad.
Y es que según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la informalidad en el empleo creció en el último año. Entre Noviembre de 2024 y enero 2025, la cifra de personas ocupadas informales fue 56,0%, mientras que en el mismo trimestre del año anterior fue 55,7%. Ciudades como Sincelejo, Valledupar o Riohacha tienen a más del 60% de su población en la informalidad.
Proporción de la población ocupada informal según ciudades. Gran Encuesta Integrada de Hogares Enero de 2025. DANE
La reforma laboral que propone la academia
Los Observatorios Laboral y Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana y la Corporación Excelencia en la Justicia desarrollaron un ejercicio académico durante dos años y que culminó en una propuesta de reforma laboral para modernizar el mercado de trabajo en Colombia. El documento ha sido socializado y actualizado en conversaciones con diversos sectores que incluyen al Gobierno nacional, el Congreso, gremios empresariales, sindicatos y académicos. Los cambios más significativos que propone son:
Salarios mínimos diferenciados, es decir, que no se establezca un salario mínimo para todo el país, sino que los incrementos anuales al salario mínimo legal vigente se implementen de manera diferencial, de acuerdo al tamaño de la empresa y la región. Así se incentiva el empleo en las regiones con mayor informalidad, desempleo y vulnerabilidad, y se establece una remuneración mínima más equitativa con los costos de vida, que también varían entre municipios.
Este modelo podría garantizar aumentos salariales progresivos y adecuados a la productividad y el costo de vida de cada zona, sin afectar la competitividad ni restringir la contratación, sostienen los investigadores.
Cotizaciones por debajo de 1 SMMLV. Permitir que trabajadores que reciben mensualmente menos de 1 SMMLV puedan hacer aportes a la seguridad social. De esta manera, quienes trabajan de manera independiente podrían acceder a salud, pensión y riesgos laborales, sin que la flexibilidad implique precarización.
Regulación para grupos de trabajadores específicos. Dirigida a trabajadores de plataformas, migrantes, trabajadoras del hogar, coteros, vendedores ambulantes y trabajadoras sexuales. La propuesta mantiene una regulación específica para el sector rural, con un enfoque en la protección social de los trabajadores agrícolas, así como los pescadores. También aborda problemas específicos de la población LGTBIQ+.
Seguro de desempleo universal. Creación de un seguro de desempleo de afiliación voluntaria que garantice estabilidad económica a los trabajadores (formales e informales) en caso de pérdida del empleo y fomentar la formalización laboral. Este incluiría a trabajadores con ingresos laborales mensuales inferiores a 1 SMMLV.
Este mecanismo otorgaría una indemnización en dinero en caso de terminación del contrato, permitiendo a los trabajadores mantener un ingreso mientras acceden a nuevas oportunidades laborales. Para optimizar su implementación, se propone que las Cajas de Compensación Familiar administren el seguro, y lo articulen con el Mecanismo de Protección al Cesante, lo que permitiría generar ahorros adicionales y apoyos económicos estatales.
Creación de un Sistema Unificado de Trámites Laborales y de Seguridad Social.
Unificar las planillas de autoliquidación y pago de aportes a la seguridad social y el Sistema de Afiliación Transaccional. Esto permitiría realizar todos los trámites de afiliación, reporte de novedades y pagos en un solo lugar, evitando la multiplicidad de formularios y sucursales y brindar mayor eficiencia y seguridad para trabajadores, empleadores y contratantes.
Licencia de paternidad en 12 semanas. Incremento gradual de la licencia de paternidad dos años después de entrada en vigencia de una semana por cada año hasta alcanzar las 12 semanas.
Fortalecer los derechos sindicales. Esta medida buscaría asegurar que todos los trabajadores, incluyendo independientes y empleados de plataformas digitales, tengan derecho a organizarse colectivamente, negociar mejores condiciones y acceder a mecanismos de protección ante conflictos laborales. Esto implica el reconocimiento legal de sindicatos de trabajadores no asalariados.
Según la investigación, la tasa de sindicalización en Colombia es baja y no ha superado el 4,8% desde 2007. Además, se concentra principalmente en el sector público
“Creemos que este trabajo académico puede aportar ideas valiosas y contribuir a la construcción de una reforma integral, que impulse un mercado laboral más inclusivo, responsable y sostenible”, señalaron los investigadores que construyeron esta propuesta de reforma laboral en un comunicado.
Ante el archivo del proyecto inicial en el Congreso de la República, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que intentarán implementar algunos de los aspectos más importantes de la iniciativa original a través de decretos. No dio más detalles, pues explicó, es necesaria una revisión previa de la Secretaría Jurídica de Presidencia.
Mientras el Gobierno baraja la posibilidad de aprobar su iniciativa a través de decretos o de una consulta popular, los investigadores javerianos invitan a un diálogo para superar esta coyuntura. “Invitamos a debatir y enriquecer esta propuesta en la próxima legislatura, siempre con el objetivo de beneficiar a las y los trabajadores, los empleadores, las economías informales y populares, las personas desempleadas y quienes aún no participan en el mercado laboral”, agregaron.
