Una madrugada Ramiro* dejó su hogar, sus dos hijos y su esposa en el estado de Trujillo (Venezuela). La situación socioeconómica del país era tan drástica, que prefirió aventurarse a cruzar la frontera y buscar mejores opciones de trabajo en Colombia. Eran los primeros días de 2019 y la hiperinflación en el país vecino ya no les permitía sostener los gastos de la familia.
Él es licenciado en educación inicial, por lo cual pensó que le sería sencillo encontrar un empleo. Luego de semanas de caminar por las carreteras colombianas y de consultar en varias ciudades y pueblos, no pudo conseguir un trabajo afín. Los ahorros se acabaron y tuvo que emplearse en labores del campo para poder enviar dinero a su familia.
Este no es un caso aislado. Cientos de miles de migrantes venezolanos se han enfrentado a un difícil panorama para encontrar fuentes de ingresos al llegar a Colombia. Una investigación de la Pontificia Universidad Javeriana y la Organización Mundial del Trabajo (OIM) analizó la situación laboral para los migrantes que han llegado a Bogotá. “Somos un país que no ha recibido grandes migraciones.
Hemos tenido que aprender muy rápido a enfrentar la situación y actuar de la misma manera”, aclara Juliana Morad, directora del departamento de Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana. Datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) revelan que Colombia ha recibió a más de 2,8 millones de migrantes venezolanos hasta enero de 2024.
Migración, ¿una oportunidad para diversificar los puestos de trabajo?
Para la investigadora esto debería verse como una oportunidad para ampliar y diversificar el capital humano disponible en el país. Sin embargo, no sucede así. Uno de los principales hallazgos de la investigación es que, inicialmente, los migrantes solo tienen la posibilidad de acceder al trabajo informal:
“Al no tener regularizada su situación, no poseen documentos y eso les impide tener un contrato laboral”, afirma la investigadora.
Esto resulta problemático, no solo porque los hace más vulnerables, sino porque no se pueden afiliar al Sistema de Seguridad Social, lo cual les dificulta el acceso al Sistema de Salud y los excluye de ciertas garantías en caso de accidente o enfermedad producto de sus labores.
En el estudio, que recogió información recolectada por el Consultorio Jurídico de la Javeriana, así como análisis del Departamento de Derecho Laboral, el 54 % de los migrantes reportó estar desempleado. Si bien 17 % de los encuestados eran profesionales, se han encontrado con largos trámites para homologar sus títulos y ejercer su profesión.
Las mayores ocupaciones de los migrantes se dan en las plataformas de domicilios, el trabajo sexual, el cuidado, la estética, el reciclaje y las ventas ambulantes, explica la investigación.
Ante los obstáculos para encontrar trabajo formal, los migrantes crean redes de apoyo con otros migrantes. “En estas, las mujeres tienen un papel fundamental, porque son quienes recurren a la Defensoría del Pueblo, a los consultorios jurídicos, a las tutelas y a fundaciones. Muchas veces son ellas quienes direccionan a otras personas para acceder a trabajos”, relata Morad.
Hacia un nuevo enfoque de la política migratoria
En febrero de 2021, el Gobierno nacional anunció la entrada en vigencia del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, una herramienta administrativa que facilita la regulación de los migrantes y refugiados del país vecino en Colombia. Entre otras disposiciones, el estatuto les permite acceder a fuentes formales de empleo.
Para la académica, esta medida significó una mejora considerable en las condiciones de muchos venezolanos. “A partir de ese decreto se empezó a integrar de mejor manera a técnicos, tecnólogos y profesionales al mercado laboral colombiano. Las empresas privadas y el sector público han lanzado programas para incluirlos. Incluso, la mayoría de las políticas territoriales de zonas con alta presencia migratoria ya incluyen un enfoque diferencial”, agrega la Directora del Observatorio de Derecho Laboral.
Efectivamente, Ramiro pudo regularizar su situación y, tras años de insistir, en 2023 consiguió trabajo como educador de primera infancia. “La vida es muy diferente ejerciendo mi profesión. Ya no es un trabajo tan físico ni tan desgastante en horas y esfuerzo”, afirma. Sin embargo, Morad alerta que se mantienen las dificultades en la comunicación, la dilación en trámites y la falta de socialización de los beneficios a que tienen derecho los migrantes. Por eso una parte importante de ellos continúa sin papeles ni permisos.
La investigación afirma que la migración es uno de los grandes fenómenos contemporáneos, y que, por tanto, las leyes y normativas que se piensen a futuro deberían incluir este fenómeno y a la población que lo vive. “Estos años nos han mostrado todas las barreras que existían. Pensamos que era una migración de paso, pero son personas que se van a quedar definitivamente en el país.
Por eso debemos replantearnos desde el legislador, las instituciones nacionales, las empresas y los sindicatos cómo aprovechamos estos talentos para fortalecer el contexto laboral colombiano”, puntualiza Morad. Un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones reveló que, solamente en 2022, el trabajo de los migrantes aportó más de 529 millones de dólares a la economía colombiana.
Si bien hay avances importantes en acceso a servicios de educación y salud, desde la Universidad Javeriana se ha hecho la propuesta de incluir un artículo en la reforma laboral que pretende radicar el Gobierno para que no se exija la regularización como requisito para acceder a un contrato laboral.
En conjunto con la OIT, los investigadores desarrollaron una caja de herramientas para que los migrantes conozcan el marco jurídico de la contratación equitativa. Por ahora, Ramiro, con su familia radicada en el sur de Bogotá, sigue esperando que a su esposa le homologuen el título profesional. “Parece que la clave es tener paciencia y seguir luchando por nuestra familia. Ahí vamos y no vamos a parar hasta estar en las mejores condiciones”, sostiene esperanzado.
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Análisis de situaciones laborales de migrantes
venezolanos en la ciudad de Bogotá
INVESTIGADORA PRINCIPAL: Juliana Patricia Morad Acero
COINVESTIGADORES: Víctor Miguel Solano Urrutia, María Paula Uricoechea Castellanos
Observatorio de Derecho Laboral
Pontificia Universidad Javeriana
PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2018 – actualmente
