¿Y para cuándo la investigación por los animales?

¿Y para cuándo la investigación por los animales?

Col Javier G

Mi esposa y yo estuvimos de paseo en Santa Marta y frente al hotel donde nos quedamos, encontramos un gatito blanco y negro de aproximadamente un mes de vida. Tenía su ojo izquierdo apenas abierto mientras el otro estaba hinchado y sellado por el pus que se extendía como un gran pegote hacia su nariz. No tenía alientos, apenas se podía sostener sobre su frágil y raquítico cuerpo que, además, sufría una infestación de pulgas de todos los tamaños. Lo recogimos, lo llevamos al veterinario en dos ocasiones, en la noche y en la mañana siguiente, y, bajo el nombre de Martico, lo internamos esperando que se recuperara para traerlo a Bogotá y buscarle un buen hogar, pero el pobre no aguantó.

Esta experiencia me confirmó que las vidas que llevan una inmensa cantidad de animales son un infierno, y me hizo pensar en el compromiso que la comunidad académica colombiana tiene frente a este problema. Si en Colombia ha aumentado la preocupación por los animales, y de esto da cuenta la creación de normas a su favor y de instituciones de protección animal, parecería lógico que la academia también se hubiera sintonizado y que las investigaciones dirigidas a cuidar de sus vidas estuvieran en aumento. ¿Será cierto esto?

A juzgar por la cantidad de publicaciones que produce la academia colombiana, parece que lo que hacemos por los animales es insignificante. Una breve revisión de los contenidos en los últimos números de cinco revistas colombianas indexadas de veterinaria, que es donde se esperaría que estuvieran las investigaciones que nos interesan en esta ocasión, sugiere que la insignificancia percibida es más bien un hecho verídico. Esta situación es lamentable, pero constituye una invitación en voz alta para que apoyemos y desarrollemos proyectos que puedan tener un impacto positivo sobre los animales que requieren ayuda.

Se puede hacer bastante. Pensando en los animales que pierden las personas, por ejemplo, el año pasado encontré un artículo que evaluaba la efectividad de distintos métodos de búsqueda. ¿Cómo sabemos cuál podría ser el mejor para encontrarlos? Si viéramos un animal accidentado y no supiéramos a dónde llevarlo para que lo atendieran, ¿qué haríamos y cuál sería la forma más efectiva de ayudarlo? Se podría desarrollar una base de datos con información espacializada sobre las clínicas veterinarias con los servicios requeridos y horarios de atención. Así, cualquiera podría llamar a una línea telefónica o ingresar a una aplicación de celular y obtener la información de la clínica más cercana de manera inmediata.

La lista de ideas podría seguir, pero el espacio de esta columna no me alcanza. La idea es que los investigadores la amplíen y que cuenten con el apoyo para que se materialicen.

Las propuestas están por verse y ojalá comiencen pronto a ponerse en práctica y rendir los frutos esperados. Se trata de poner el conocimiento al servicio de la construcción de una sociedad más justa y que dice tomarse cada vez más en serio las vidas de esos otros animales que tanto lo necesitan.

 


* Biólogo y magíster en Bioética, profesor del Instituto de Bioética de la Pontificia Universidad Javeriana y coordinador del Observatorio Animalista. Su publicación más reciente es la traducción al español de la obra de teatro A Lover of Animals, escrita a finales del siglo 19 por el intelectual inglés Henry S. Salt.

¿Cómo armar el Ministerio de Ciencia colombiano?

¿Cómo armar el Ministerio de Ciencia colombiano?

Lisbeth

Muchos años tuvieron que pasar para que un gobierno aprobara la creación del Ministerio de Ciencia, años de debates, ires y venires en el Congreso de la República, reuniones y declaraciones de la comunidad científica y una Colciencias que algunas veces era protagonista y otras actuaba tímidamente, como en este último caso.

El hecho es que sancionada la Ley 1951 del 24 de enero de 2019, el país puede empezar a cambiar positivamente. Todo depende de lo que pase ahora porque la ley no es específica y, por tanto, el trabajo que se viene para darle forma a este ministerio requiere de todas las capacidades tanto del Gobierno, responsable de hacerlo, y de la comunidad científica, que está —y ha estado— con toda la disposición de aportar a las discusiones.

La aprobación unánime en el Congreso de la República el 16 de diciembre fue un ‘campanazo’ para Colciencias, que de inmediato se puso en contacto con el senador Iván Darío Agudelo, gestor de la iniciativa. La comunidad científica, representada en este caso por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ACCEFyN, y por la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, ACAC, lo acompañó en el proceso, así como infinidad de instituciones que presentaron su apoyo en diferentes reuniones convocadas por el propio Agudelo, entre ellas la Asociación Colombiana de Periodismo Científico, ACPC.

La Ley es escueta, tiene dos páginas y media. Es clara en el sentido de que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que debe dictar los lineamientos de la política pública del ramo y debe entrar a funcionar antes de un año. Pero deja dudas sobre lo que pasará con Colciencias, que acaba de cumplir sus 50 años.

Lo bueno es que la comunidad científica, incluidos exdirectores de Colciencias y líderes de política científica, están en la jugada, reuniéndose, generando documentos, poniéndose a disposición de Colciencias para lograr una estructura sólida y coherente.

El primer reto es incidir en el Plan de Desarrollo (2018-2022) que se está discutiendo en este momento y se puede leer en la página web del Departamento Nacional de Planeación. Es en este momento, —aquí y ahora— cuando se aterrizarán las bases del futuro ministerio, que deberá estar en funcionamiento en enero de 2020. Ya el balón pasó a manos de Colciencias, entidad que debe liderar este proceso conjuntamente con el DNP. Investigadores colombianos reconocidos, entre los cuales se cuentan algunos javerianos, participan en este proceso.

A partir de lo que quede aprobado en el Plan, que según la ley entrará en vigencia a mediados de año, se organizará tanto la estructura de la nueva entidad como las funciones para cada dependencia, y lo más importante, deberá definir la política de ciencia, tecnología e innovación que marque el rumbo de un país que crea en sí mismo.

La fortaleza del futuro ministerio tendrá que demostrarle al país y a la región que la investigación científica, el intercambio de nuevas tecnologías y el grado innovador de nuestros científicos aplican para todos los temas que necesita el país. Que no pase como en otros países de la región que la ciencia se une al medio ambiente, o a la educación superior, o a la competitividad, o a las comunicaciones, que tienen que ver con la generación de nuevo conocimiento, como también tendrían que ver la agricultura, la justicia, la defensa. Que el corazón sea la investigación social, natural, exacta, pero por encima de todo, rigurosa y pensando en nuestras condiciones de país.

Col MinCiencia R

Como será ministerio, el titular que designe el presidente Duque participará en el Consejo de Ministros, lo que es una ganancia, y además en las reuniones de los Conpes, donde se asignan recursos. Esta nueva institucionalidad de la ciencia en el concierto político del país tiene optimistas a los científicos. “Es una oportunidad”, dicen al unísono.

Muchos años pasaron antes de tener un ministerio de ciencia, pero muchos más han pasado para lograr que el país invierta al menos el 1% del PIB en ciencia, tecnología e innovación, reto que ahora debe asumir la nueva institucionalidad.

 


El pasado 6 de febrero, el programa Bitácora, de Javeriana Estéreo, entrevistó a Enrique Forero, presidente de ACCEFyN, sobre el futuro del Ministerio de Ciencia. Puede escuchar la conversación aquí.

Los residuos no son basura

Los residuos no son basura

Predecir el comportamiento humano es una labor compleja que siempre tendrá un margen de error. Pero es posible hacer conjeturas, analizar tendencias y determinar parámetros para diseñar, con simulaciones en computador, modelos sobre cómo personas, objetos y tecnologías deben interactuar para lograr un determinado fin. Ese fue el trabajo desarrollado por los ingenieros Sandra Méndez y Rafael González, con el cual aportan al conocimiento científico mientras contribuyen a la solución de un problema concreto: la gestión de los residuos sólidos, particularmente los eléctricos y electrónicos.

Su iniciativa comenzó con un estudio sobre cómo la Pontificia Universidad Javeriana ha gestionado, a lo largo de los años y desde que existe información disponible, los desechos ordinarios, los peligrosos y los aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Para ello, se apoyaron en la teoría actor-red, según la cual actores humanos y no humanos –sin distinción ni preponderancia de uno sobre otro– se interrelacionan, median sus acciones y están en constante coevolución. Este marco teórico nació en las ciencias sociales a finales de 1970 y ha sido ampliamente utilizado en estudios sociotécnicos.

A la luz de esta teoría se concibe, por ejemplo, que no es lo mismo tener una caneca justo a la salida de una cafetería que detrás de un árbol o sacar desechos de un edificio alto que de uno bajo. Todos los actores que interactúan en cada red son agentes activos.

Con eso en mente, Méndez y González caracterizaron el origen, las diferentes etapas y las transformaciones de la gestión de los desechos en la Javeriana, un lugar que refleja, a pequeña escala, la realidad vivida en un pueblo o una ciudad: en ella conviven diversos tipos de personas en diferentes tipos de espacio.

Hallaron que cada facultad, departamento o área tenía un manejo distinto e independiente de sus residuos, que cumplir la ley era el motor de acción para procesar los desechos peligrosos, a diferencia de los ordinarios, cuyo manejo estaba motivado por el interés intrínseco de algunos profesores y estudiantes. También encontraron que las iniciativas particulares, como el establecimiento de comités operativos, campañas o documentos guía, surgidos en varias áreas del campus, no solo generaron hitos en la dinámica de la gestión, sino que se constituyeron en el principal soporte para los tomadores de decisión. La conclusión fue que en ningún momento la Universidad aplicó metodologías ni tomó decisiones de forma sistémica en el manejo de sus residuos, es decir, considerando todas las variables sociales, políticas, culturales, económicas, técnicas, tecnológicas y físicas que intervienen en la gestión.

A partir de estos resultados y sustentados en la teoría actor-red, los investigadores se concentraron en los RAEE para diseñar un modelo de gestión que luego sometieron a simulación por computador. “Esto nos permitió jugar con distintas condiciones y variables en el manejo de los residuos. Si bien simular el comportamiento de un individuo es complejo, la filosofía de este método no busca detectar la conducta individual sino la colectiva. De ahí que los científicos lo usen para identificar muchos patrones sociales”, explica González, doctor en Sistemas de Información. “Aunque este modelo muestra tendencias y permite comparar parámetros en órdenes de magnitud (en este caso, cuánto disminuirá la generación de residuos y otros datos), no arroja cifras exactas y no es un modelo predictivo”, añade.

Méndez, por su parte, fue más allá, y basándose en estas simulaciones realizó talleres, entrevistas y otras actividades fuera del campus, con el fin de intentar replicar todo a escala nacional. La metodología que diseñó permitió hacer un diagnóstico de la gestión de los RAEE en el país, y eso ayudó a entidades públicas y privadas en la construcción de una política pública que pone a Colombia a la vanguardia de América Latina. “Su trabajo fue un insumo adicional para la formulación de la política, que es la visión de país sobre lo que queremos con respecto a los RAEE, y traza las estrategias para cumplir esa gestión”, señala Diego Escobar, de la Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. La política fue lanzada en mayo pasado, contó con la cooperación internacional suiza –especialmente a través del programa Sustainable Recycling Industries– y varios países ya la han tomado como referencia.

Aplicación Redposconsumo

En 2014, la generación de los RAEE domésticos en Colombia se estimó en 252.000 toneladas, es decir, 5,3 kilogramos por habitante, cifra que aumenta de forma proporcional al consumo desbordado de aparatos.

El Gobierno creó la aplicación RedPosconsumo, disponible en GooglePlay, que identifica los puntos de recolección de llantas, pilas, medicamentos vencidos, baterías de plomo-ácido, envases de plaguicidas, bombillas, computadores y periféricos en todo el país.

  • RedPosconsumo ofrece información sobre las diversas clases de residuos y los programas y campañas de recolección y posconsumo.
  • También permite a los usuarios interactuar entre sí en tiempo real.
  • Aunque originalmente fue lanzada en 2014, su perfeccionamiento se dio en el marco de la nueva política pública.

 

Este proyecto se consolidó en la tesis doctoral de Méndez, que recibió la mención de laureada por contribuir decididamente al conocimiento científico. “La innovación de nuestro enfoque fue emplear la teoría actor-red en el manejo de residuos sólidos, algo en lo que no había antecedentes en el mundo, y crear un modelo computacional que abordara la gestión de manera sistémica”, señala esta ingeniera civil, cuya investigación será publicada como un capítulo del libro Social Systems Engineering: The Design of Complexity.

Actualmente, Méndez desarrolla una guía de diseño sistémico de políticas para la gestión de los RAEE en países en vía de desarrollo, con el fin de compartir la experiencia de Colombia.

La nueva política es un paso pertinente, pero el verdadero desafío es su apropiación social. “La importancia de programas de manejo de residuos y posconsumo está basada en la academia y ahora en la regulación, pero en la realidad este sector está saturado por malas prácticas e incluso mafias”, dice Sergio Zuluaga, cofundador de Weee.Global, firma que ofrece soluciones para el aprovechamiento de los RAEE. “Solo ante la inminencia de una visita, auditoría o procedimiento, este tema cobra relevancia para las empresas, y hasta que no logremos cerrar la brecha entre conciencia social, políticas públicas y el día a día de la operación empresarial, vamos a tener muchas distorsiones en el sistema”, advierte.

La transformación social es el eslabón que falta para que la cadena academia-investigación-política pública se convierta en un círculo virtuoso. Por supuesto, tomará tiempo y persistencia. La nueva política proyecta ese cambio para 2032, pero, por el bien de todos, ojalá se logre antes.


Para leer más

  • Política Nacional de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Actor-Network Theory on Waste Management: A University Case Study
INVESTIGADORA PRINCIPAL: Sandra Méndez-Fajardo
COINVESTIGADOR: Rafael A. González
Facultad de Ingeniería
Departamentos de Ingeniería Civil e Ingeniería de Sistemas
Pontificia Universidad Javeriana
PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2014

¿Cómo atender a un menor que ha sido víctima de abuso sexual?

¿Cómo atender a un menor que ha sido víctima de abuso sexual?

“Tengo muy presente el caso de una niña que fue víctima de abuso sexual y su madre empezó a rechazarla después del evento”, cuenta Vanessa Suelt, profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana y una de las investigadoras del proyecto Atención a víctimas de violencia sexual. Según recuerda Suelt, esta madre que acudió al Consultorio Jurídico de la Javeriana no pudo volver a ver a su hija con los mismos ojos, y la relación que había entre ambas se disolvió. Aunque la profesora nunca tuvo contacto con la niña, sí pudo imaginarse el dolor que podría estar sintiendo no solo por el delito del que fue víctima, sino también por la pérdida de su mamá.

Lo más preocupante es que “este era un patrón que se veía mucho en las entrevistas con las mamás que iban al Consultorio a denunciar casos similares”, asegura la investigadora, quien añade que hasta ese momento no era consciente de lo que este delito causaba en el menor y en su círculo social. Julio Andrés Sampedro, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y coinvestigador del proyecto, agrega que, si bien ya se trabajaba desde el Centro de Estudios de Criminología y Victimología el tema de atención a víctimas, desde hace unos años empezaron a notar “una problemática con respecto a los casos de violencia sexual a menores que desbordaba la capacidad de los estudiantes del Consultorio Jurídico”.

Familia Conejo triste
Según Medicina Legal, en 2016 se practicaron 17.908 exámenes médico-legales a niños que habrían sufrido violencia sexual.

De acuerdo con Sampedro, el Consultorio debía adaptar su estructura y su atención para poder cumplir con los protocolos necesarios a la hora de tener contacto con personas que hubieran sido afectadas por delitos sexuales. Por eso, en 2011 los investigadores decidieron, por un lado, evaluar los casos recogidos por el Consultorio Jurídico a través de entrevistas semiestructuradas a los padres o acudientes de los niños y, segundo, identificar los criterios que orientan la atención a víctimas de abuso sexual a menores desde las directrices nacionales e internacionales. Todo esto con el fin de crear “un manual dirigido tanto a estudiantes de ciencias jurídicas como a autoridades judiciales y prejudiciales que presentan la misma problemática”, aclara Suelt.


Víctima: un concepto amplio

Las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses son aterradoras. En 2016 se registraron en todo el país 17.908 exámenes médico-legales por presunta violencia sexual a menores de edad, lo que quiere decir que el 86% de las personas que sufren por este delito en Colombia tienen entre 0 y 17 años de edad. En 2017 los números siguen subiendo: solo en el primer trimestre se contabilizaron 4.315 situaciones similares. Además, se evidencia que los agresores más comunes, al representar el 44% de los casos, son los mismos familiares.

En el proyecto se deja claro que las consecuencias físicas y psicológicas del abuso sexual infantil afectan todas las áreas de la vida del menor. Pero, aunque el niño es claramente la víctima, no es la única persona que debe llamarse así. En Colombia, y gracias a la Sentencia C-516 de 2007 de la Corte Constitucional, se modificó la definición de víctima para así “incluir a las víctimas indirectas, los familiares y ampliar el concepto más allá de lo que contemplaba el sistema penal hasta ese momento”, asegura Sampedro.

Esto llevó a los investigadores a entender que, además de existir una atención diferencial entre el menor de edad y su familiar, también deben tenerse en cuenta factores como género, etnicidad, orientación sexual, nivel de vulnerabilidad, etc. Como lo describe la profesora Suelt, “nos dimos cuenta de que era necesario ofrecer una atención integral, porque mientras lo jurídico busca más una persecución judicial del victimario, el campo psicológico trabaja en comprender a la víctima y orientarla adecuadamente”.

 

“Nos dimos cuenta de que era necesario ofrecer una atención integral, porque mientras lo jurídico busca más una persecución judicial del victimario, el campo psicológico trabaja en comprender a la víctima y orientarla adecuadamente”.

Vanessa Suelt
Investigadora principal


La lucha contra la revictimización

La victimología —que ha sido estudiada por los investigadores desde 1996, cuando se creó el Centro de Estudios de Criminología y Victimología de la Facultad de Ciencias Jurídicas— establece tres niveles de victimización. El primero es el daño que sufre la víctima directamente; el segundo es cuando tienen contacto con las instancias de control formal del Estado (Policía, Fiscalía, jueces, etc.), lo que genera una serie de consecuencias negativas por la mala atención, y el tercero hace referencia a la estigmatización, rechazo e incomprensión social que siguen al delito. “En pocas palabras, se trata de una revictimización tras otra”, dice Sampedro.

Los agresores sexuales más comunes de los menores, en un 44%, son los familiares.
Los agresores sexuales más comunes de los menores, en un 44%, son los familiares.

En el caso de este proyecto interdisciplinar, se prestó particular atención al segundo nivel de victimización. Los investigadores de la Facultad de Psicología entrevistaron a los representantes legales de 26 menores víctimas de delitos sexuales cuyos casos fueron documentados por el Consultorio Jurídico durante un año. Además, se hizo lo mismo con funcionarios que trabajan en las diferentes instancias de control y expertos en el tema. Dicho proceso identificó que las personas son revictimizadas por las autoridades debido al desconocimiento de los protocolos internacionales y a la falta de políticas públicas que resuelvan la problemática.

La Corte Constitucional, la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras autoridades nacionales e internacionales, han indicado ciertos estándares y protocolos como darles siempre prioridad a estos casos, evitar la evocación de los hechos dañosos en repetidas ocasiones y capacitar muy bien a los profesionales que atienden a las víctimas. Ahí radica la importancia del manual que resultó de esta investigación y que va dirigido tanto al Consultorio Jurídico como a otras instancias. En palabras de Sampedro, “con guías como esta sí es posible hacer un adecuado acompañamiento de las víctimas y así evitar que el daño recibido se haga más fuerte”.

Casos como el que impactó a la profesora Suelt aparecen todo el tiempo, pero este en particular la sorprendió “porque la madre había dejado de ver la figura infantil de su hija y había perdido la necesidad de protegerla”. El Consultorio es un espacio prejurídico en el que se brinda orientación legal a quienes llegan allí, por lo que la investigadora no supo cómo terminó esta historia. Sin embargo, insiste en que muchas de estas personas acuden a este lugar no solo con la idea de hacer pagar a su victimario por lo que hizo, sino con la esperanza de entender lo que les pasó y de encontrar un apoyo que las ayude a sobrellevar los daños.


Para leer más

Guía para la atención a víctimas de violencia sexual en escenarios jurídicos, en  https://cienciasjuridicas.javeriana.edu.co/consultoriojuridico


 

INVESTIGADORES PRINCIPALES: Vanessa Suelt y Fernando Díaz
COINVESTIGADORES: Julio Andrés Sampedro, Consuelo Quiñones, Pilar García, Leonardo Rodríguez, María Consuelo Moreno y Javier Coronado
Facultad de Ciencias Jurídicas y Facultad de Psicología
Departamentos de Derecho Público y Derecho Procesal
Doctorado en Ciencias Jurídicas
Consultorio Jurídico
Área de Psicología Jurídica
Grupos de investigación Estudios en Derecho Público y Psicología Jurídica: Retos y Perspectivas
PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2011-2013