Una mina de datos

Una mina de datos

Internet se ha convertido en un auténtico y descontrolado monstruo sin forma alguna. Aquella concepción romántica de una autopista donde la información fluía libremente y donde una persona podía contactarse con otra a millones de kilómetros de distancia, ha desaparecido para siempre en el inconmensurable océano de información y contenidos de hoy en día. Una idea de esto la arroja Internet Live Stats, proyecto de investigadores y analistas informáticos para intentar ilustrar todo lo que ocurre en esta especie de universo paralelo.

Sus cifras asustan: se calcula que hay alrededor de 4.000 millones de usuarios activos en la red (de ellos, el 57% comparte contenidos en Facebook), que consultan los más de 1.900 millones de páginas disponibles en ella, que en un día promedio envían 110.000 millones de correos electrónicos, realizan más de 315 millones de comentarios en la red social Twitter, suben 35 millones de fotos a Instagram y ven más de 3.000 millones de videos en YouTube.

Y con toda esa actividad, cada uno de ellos deja un rastro de información que, en principio, debería estar protegida por las empresas que ofrecen servicios de correo electrónico y producción de contenido en páginas web y redes sociales. Sin embargo, la realidad ha demostrado que no es así: algunas firmas han tenido acceso a toda esta información personal y han utilizado para sus propósitos comerciales, desde convencer a los usuarios de comprar sus productos hasta influir en elecciones populares.

El acceso y análisis a este tipo de información se conoce como big data, y ha generado hondas preocupaciones en los gobiernos del mundo sobre la privacidad de sus ciudadanos; asimismo, ha dado pie a ingeniosas colaboraciones entre academia, gobierno y la empresa privada encaminadas a fortalecer las economías locales. Una de ellas es Alianza Caoba, iniciativa impulsada por la Pontificia Universidad Javeriana y dirigida por Alexandra Pomares, profesora de la Facultad de Ingeniería.

Para conocer sus alcances y todo lo que implica el manejo y análisis de la información, Pesquisa Javeriana habló con Rafael González, doctor en Tecnología, Política y Administración, profesor titular del Departamento de Ingeniería de Sistemas de la universidad y uno de los artífices de este proyecto.


Pesquisa Javeriana: ¿Qué es el big data? ¿Cómo está siendo utilizado?

Rafael González: Big data quiere decir que tenemos un gran volumen de datos y estos, por su cantidad, son muy diversos. Esto se debe a que cada vez se genera más información que puede duplicarse a diario. Hay un crecimiento exponencial de información.

Lo que hoy tenemos son capacidades que hace algunos años no existían para hacer el análisis de un gran volumen de datos, por ejemplo, utilizar un hardware que hace poco no estaba disponible para almacenar toda esta información. Lo que sí existía desde hace tiempo son las técnicas de inteligencia artificial, de procesamiento de bases y minería de datos que cada vez son más inteligentes; hoy tenemos la posibilidad de articular esas técnicas a una infraestructura abierta, distribuida y masiva.


PJ: Es decir, con cada click se está generando una gran cantidad de información.  ¿Dónde se almacena y para qué tipo de propósitos?

RG: El almacenamiento hace parte del reto. No solo se guarda la información con cada click sino que, si tú tenías un blog hace 10 años, eso también está guardado o los correos que borraste hace dos años Google también los tiene, así no tengas acceso a ello. Hoy el término utilizado es en la nube, pero esto quiere decir que para el usuario es transparente el lugar donde está la información.

Sin embargo, ¿dónde está ese video que estás viendo? No solo en la nube: existen, en términos de infraestructura, granjas de servidores y lo son porque, literalmente, abarcan hectáreas. De hecho, compañías como Google, Microsoft, Amazon ya no tienen cuartos de cómputo grandes sino estas granjas que ­–generalmente– están ubicadas en lugares fríos como Alaska, Islandia y Siberia. Y en parte, están allá porque es más barato, pues no hay que refrigerarlos. De hecho, es tan importante la existencia de las granjas hoy que casi es un proceso político ir a convencer a Google y ofrecerle ventajas tributarias para que lo coloque en su país.

Ahora existen dos intereses simultáneos. Primero está el industrial-comercial y allí es donde las organizaciones quieren aprovechar la información y distinguir entre lo que tiene valor y lo que no; también, conocer la percepción del público sobre la empresa, qué hablan los consumidores acerca de los productos y qué hablan de la competencia para así tomar las mejores decisiones y generar nuevos productos o servicios.

El segundo interés es estatal, que es muy interesante porque allí lo que buscan es cómo proveer servicios públicos. Hablo de salud, educación, impuestos, transporte, entonces, si yo tengo información de los ciudadanos, puedo diseñar mejores políticas públicas, por ejemplo, en la prevalencia de enfermedades específicas y en cuánto le va a costar al país, o en materia de impuestos para detectar el fraude, etc.


PJ: En el Tour de Francia, el equipo Movistar tiene un departamento de big data para analizar información, entre otras, sobre el rendimiento de sus ciclistas. ¿En qué otros campos el big data está dejando su huella?

RG: El big data está sonando más en política. Lo utilizan para predecir cuáles son las tendencias que la gente prefiere a la hora de votar, pero hay otra vía y es tratar de descubrir cómo tengo que enviarle el mensaje a la gente para que voten por mí. Eso ya conduce a implicaciones éticas de uso del big data porque puede utilizarse para manipular al público: en la medida en que conocen las preferencias de sus consumidores, las empresas pueden apuntarle a un público determinado y despertar en ellos un gatillo emocional, de ahí, que en Facebook y Twitter existan robots o bots que generan opiniones falsas a partir de patrones diseñados. Por eso, cada vez que Trump genera un tweet hay un montón de bots –no son seres humanos– que lo están aplaudiendo o, por el contrario, lo critican.

Profesor
Rafael González, docente del Departamento de Ingeniería de Sistemas e integrante de Alianza Caoba.


PJ: Barack Obama, Mariano Rajoy y David Cameron, entre otros, utilizaron en sus campañas electorales el big data, pero en su  momento no generó polémica. Este año los diarios The Guardian y The New York Times revelaron cómo Cambridge Analytica, una empresa de comunicación y  análisis de información, habría tomado los datos de 50 millones de usuarios de Facebook y los habría utilizado para favorecer la campaña presidencial de Donald Trump en 2016. ¿Cómo prevenir casos como éste? ¿Qué retos plantea entonces el manejo del big data?

RG: Obama fue el primero que popularizó esto porque ganó y fue sorpresivo, de alguna manera, que hubiera ganado pero lo hizo de manera ética, utilizó  Facebook para movilizar a la comunidad particularmente joven a través de técnicas más tradicionales, como convencerlos e ir puerta a puerta para hacer activismo político.

En otros casos, como en el de Trump, no se usó la información para movilizar a la gente sino para generar información falsa o engañosa, para así despertar emociones que hicieran que la toma de decisiones en política no fuera racional sino puramente basada en emociones. Entonces no tiene nada de malo analizar patrones o tendencias, conocer al público, pero cuando utilizas eso para manipularlo o engañarlo, entonces ahí ya cruzaste la raya.

A partir del caso de Cambridge Analytica y otros recientes se ha empezado a fortalecer la regulación o se han hecho más explícitas las reglas sobre confidencialidad de la información. Esto está sucediendo en parte porque la ley les exige a las empresas proteger la información que les brindan sus usuarios, pero así lo hagan eso no resuelve el problema, de hecho, existen personas que no pueden cerrar sus cuentas en redes sociales porque las necesitan para conseguir empleo, e incluso para arrendar un apartamento. Entonces, se volvió un mal necesario, pero lo que terminará ocurriendo es que, como cultura, aprendamos qué significa privacidad en este orden del mundo y cómo ser más responsables en el manejo de la información. No creo que haya una solución tecnológica ni político-legal, sino más bien cultural.

De hecho, Facebook reconoce que no puede mirar en sus contenidos qué es cierto y qué no. Entonces lo que hizo fue contratar ejércitos, literalmente, de personas para que con su criterio determinaran si la información es falsa. Sin embargo, reconoce que por más personal que tenga en esta labor lo que realmente se necesita es entrenar a lectores y ciudadanos para que sean más críticos en el procesamiento de información, más responsables y conscientes en la publicación de información.


PJ: ¿En qué consistió el proyecto Alianza Caoba y qué resultados encontraron?

RG: El mundo identificó que el big data iba  a movilizar la tecnología, la investigación y la industria desde el punto de vista informático, por eso varios países invirtieron en estas tecnologías. El Ministerio de las TIC abrió una convocatoria para conformar centros de excelencia en big data y analítica.

Uno de nuestros trabajos fue con Nutresa –una de las empresas ancla– en donde participó la Javeriana Bogotá y Cali. Con este proyecto la intención era segmentar clientes potenciales de Nutresa, o sea identificar, dentro de una base de datos, por ejemplo, qué tipo de consumidores hay para asociarlos con el tipo de producto que ofrece Nutresa para que haya un encuentro, o match.  Por otro lado, para generar estrategias de comunicación efectivas para que esos productos le lleguen al público objetivo. Lo que hicimos fue procesar la información de Twitter a nivel  nacional y mirar qué está opinando la gente en términos de alimentación, de qué alimentos hablan, cuándo lo hacen, qué emociones y sentimientos hay en esas discusiones, qué palabras están utilizando;  con esto generamos informes gráficos y analíticos para que tomen mejores decisiones para el área de mercadeo.


PJ:
Alianza Caoba reúne a algunas universidades del país, como la Javeriana, los Andes, Icesi y Eafit, también a empresas del sector privado y a entidades del Gobierno. ¿Cómo ha sido la articulación de estos tres sectores?

RG: La única manera para desarrollar capacidades para el país era sumando esfuerzos y, al hacerlo, ahí si estamos en condiciones de competir y participar a nivel mundial. Con esto lo que hicimos fue establecer un mecanismo a través del cual Estado, academia e industria se reunieron para generar esas capacidades.

El  rol de la industria –llamado empresas ancla– es el de proveer los datos y necesidades; la idea es que no se estudie en un laboratorio para publicar artículos sino que parta de las necesidades y datos reales para contribuir a solucionar problemas locales.

Desde el punto de la vista de la universidad, la intención es generar investigación aplicada a estos temas. En este proceso de investigación se están formando estudiantes de maestría y doctorado que, por un lado, estudian las técnicas del big data y, por el otro, participan en el desarrollo de las empresas ancla. Y desde el punto de vista de las empresas líderes (SAS, IBM, EMC2), son proveedores de tecnología que se suman al ecosistema o a la alianza para proveer software y hardware.

Hemos establecido relaciones de confianza que, para mí, es solo uno de los logros de Alianza Caoba, porque esto genera unas capacidades importantes de maduración para el país. Nuestra intención ha sido la sostenibilidad del centro para que, eventualmente en dos años, sigamos adelante sin la financiación del Estado, generando nuevos proyectos de investigación, de consultoría e integrando nuevos sectores. La idea es que otras empresas ancla y otras universidades se vinculen a Caoba y, con eso, fortalecer la capacidad de big data en el país.

Los conflictos de interés en la práctica médica

Los conflictos de interés en la práctica médica

Hoy miércoles 20 de septiembre la Pontificia Universidad Javeriana es sede del foro “Conflictos de Interés en la Práctica Médica: ¿Qué se puede hacer?”, donde se reflexiona sobre los problemas que genera la interacción entre los profesionales de la salud y la industria farmacéutica a través de diferentes estrategias de marketing que afectan la autonomía profesional, la salud de los pacientes y la sociedad en general.

El foro, organizado por Médicos Sin Marca Colombia, iniciativa financiada por el proyecto Anticorrupción y Transparencia de la Unión Europea (ACTUE), está liderado por investigadores del Instituto de Bioética de la Javeriana, con el objetivo de promover una práctica médica libre de conflictos de interés e independiente de los efectos del mercadeo de la industria del ramo.

El marketing farmacéutico se refiere a las prácticas que la industria productora de medicamentos utiliza para promover la demanda y el consumo de sus productos. Tales prácticas están diseñadas para afectar el comportamiento de los médicos induciendo la prescripción de medicamentos de la empresa que los produce y que no necesariamente responden a las necesidades de sus pacientes. Para tener una idea de los recursos que se invierten en este mercadeo, se conoce que en 2012 la industria farmacéutica gastó 27.000 millones de dólares en Estados Unidos, asignando 24.000 millones, especialmente, a la promoción dirigida a los médicos.

Aunque no se cuenta con datos sistematizados para el caso de Colombia, se sabe que el país no es ajeno a esta práctica y a los conflictos de interés que genera. Los visitadores médicos, como representantes de la industria, entregan información sesgada sobre los productos a los profesionales de la salud y ofrecen, entre otros, obsequios como muestras de producto, esferos, maletas y viajes. La industria también financia eventos “educativos” como cursos, encuentros y congresos dirigidos a las diferentes especialidades médicas; en ellos, se contratan conferencistas para que presenten los medicamentos producidos por los grandes laboratorios, resaltando sin respaldo científico riguroso bondades exageradas del fármaco. Para que los profesionales de la salud puedan asistir, las empresas pagan costos de inscripción, pasajes de avión, hospedaje, alimentación, incluso gastos de diversión y acompañantes.

Existen iniciativas independientes que responden a ciertos problemas asociados a esta práctica, entre ellas No Grazie, de Italia; PharmAware y No Free Lunch, de Inglaterra; Mein Essen zahl ich selbst (MEZIS), de Alemania –en español se traduce como “Mi almuerzo lo pago yo”–; No Free Lunch y The Unbranded Doctor, de Estados Unidos; NoGracias, de España; y Médicos sin Marca, de Chile. Con un propósito pedagógico, son valiosas para la sociedad por facilitar el debate público mediante la denuncia y análisis de prácticas específicas que afectan la atención a los pacientes, y porque promueven comportamientos éticos que conducen a recuperar la confianza de la sociedad en la práctica médica.

Países como Australia, Reino Unido, Francia, Portugal y Eslovaquia han diseñado e implementado medidas para regular la interacción entre los profesionales de la salud y la industria farmacéutica, para hacer transparentes las relaciones financieras entre ambas partes. En Estados Unidos, por ejemplo, rige desde 2011 la “Physicians Payments Sunshine Act”, ley federal que colecta las transferencias monetarias y regalos en una plataforma de acceso público, lo que permite que la ciudadanía averigüe si su médico, por ejemplo, se encuentra en una posición de conflicto de intereses.

En América Latina, específicamente en el estado de Minas Gerais en Brasil, se sancionó a finales de 2016 una ley que exige a las empresas fabricantes de medicamentos y dispositivos médicos declarar las transacciones consideradas como generadoras de potenciales conflictos de interés con los profesionales de salud, como pasajes e inscripciones a eventos, comidas y bebidas.

En Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social redacta actualmente una resolución cuyo objeto es promover la transparencia a través del registro y publicación de “transferencias de valor” como invitaciones a comer, viajes, alojamiento, inscripciones a eventos, entre otras. Como parte del ejercicio, el Ministerio organizó un evento de socialización el pasado 4 de septiembre donde informó que el proyecto de resolución se complementará con los aportes de actores interesados, como organizaciones de pacientes, gremios del sector farmacéutico, asociaciones médicas y la sociedad civil, quienes tienen el derecho de participar en las decisiones que se tomen en el sector salud según indica el artículo 12 de la Ley estatutaria de salud.

El asunto de los conflictos de interés y el marketing farmacéutico ha sido objeto de análisis, pero tal vez no en la magnitud requerida. Sin embargo, en los últimos años ha recibido mayor atención. Gracias a los datos generados por la implementación de la Sunshine Act en Estados Unidos, se ha constatado que dicho mercadeo tiene los efectos esperados: los médicos prescriben con mayor frecuencia medicamentos de las empresas de las que han recibido dinero y obsequios. Esto ocurre porque en los médicos opera un comportamiento de reciprocidad inconsciente como compensación a los favores u obsequios recibidos, incluso cuando son de menor cuantía como esferos, libretas de apuntes y muestras médicas. El problema de esta reciprocidad es que las decisiones terapéuticas del profesional se subordinan a los intereses de la empresa que da el regalo.

Este sesgo afecta la autonomía profesional, obstaculiza la práctica clínica fundamentada en evidencia científica y se traduce en que los pacientes reciben tratamientos inadecuados que vulneran su derecho a la salud, generando pérdida de la confianza pública en la profesión médica.

Si los pacientes y el público en general comprendieran claramente cuáles son los efectos negativos que produce el marketing en su salud, comenzarían a exigirle a sus médicos tratantes información sobre la relación que ellos mantienen con los fabricantes de los productos que les prescriben. Para enfrentar esta influencia, la iniciativa Médicos Sin Marca Colombia pretende, por medio de actividades pedagógicas, estimular un pensamiento crítico en los profesionales de salud, en los pacientes y en la ciudadanía, de modo que se promuevan conductas responsables como la autorregulación profesional, que incluiría rechazar regalos de la industria; tomar decisiones independientes de los intereses comerciales; acceder a las fuentes de evidencia científica imparciales e independientes de las elaboradas por compañías productoras; promover la educación médica independiente; apoyar la participación ciudadana y el control social sobre las relaciones entre médicos y empresas farmacéuticas que configuren conflictos de interés.

En la medida en que se logre incentivar e implementar la autorregulación de los profesionales de salud, se fortalecerá el derecho a la salud de los pacientes y la confianza pública en la práctica médica.

*Profesores del Instituto de Bioética y miembros de Médicos Sin Marca Colombia.