Sin espacio para ellas

Sin espacio para ellas

Los dolores en el bajo vientre comenzaron esta mañana pero ese no es el mayor de sus problemas, pues la ración de toallas higiénicas se ha acabado y debe comprarlas con las otras internas. En su monedero escasea el dinero y el fin de semana pasado su familia no pudo llevarle los implementos de aseo que pedía. Por el contrario, recibió noticias poco alentadoras: hace dos meses su hija mayor dejó el colegio y entró a trabajar en un almacén para ayudar a su abuela a criar a sus hermanos, cuyo rendimiento escolar empeora cada día. De su exesposo, el padre de sus hijos, no hay noticia alguna desde hace más de cinco años.

A ella aún le faltan algunos años para merecer alguna rebaja por pena cumplida. Se esmera en los talleres de costura para cumplir con la cuota mensual de producción y recibir algo de dinero para sobrevivir en prisión, pero lo que le inquieta no es que los días pasen, sino lo que sucederá una vez esté afuera. ¿Quién la contratará? ¿Cómo se ganará la vida con los sueldos limitados de la confección? ¿Cómo sacará a sus hijos adelante y apoyará a su mamá en la vejez? ¿Cómo evitará volver tras las rejas? El cielo gris metalizado y el poco aire que se percibe en el patio no le dan buena espina.

Ella bien podría llamarse María, Soledad, Leidy, Beatriz, Consuelo… Su perfil coincide con el de las otras 8.203 mujeres que, según datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), estaban recluidas en Colombia a enero de 2019. Una población que, más allá de los números fríos, se enfrenta a una situación de abandono, no solo por el hacinamiento carcelario o la vulneración de sus derechos —que ha llevado a la Corte Constitucional a criticar la falta de un enfoque de género en la política carcelaria del país—, sino porque, una vez recobrada la libertad, las posibilidades de regresar a la cárcel son bastante altas.

“Algunos jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad entrevistados nos indicaron que muchas mujeres reincidían porque estaban sin un peso, tenían hijos y al final no había otra opción diferente al delito. Era eso o dejar morir a sus hijos”, relata Astrid Sánchez, doctora en Derecho, profesora asociada y directora del Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Ella lideró la investigación que por cerca de dos años, y con apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas de México (CIDE), indagó en las condiciones de reclusión de las mujeres a través de 1.123 encuestas en siete cárceles de Colombia.

“Durante los últimos 50 años hemos visitado las cárceles colombianas para conocer de primera mano las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad y propiciar, a través de un diálogo confidencial con las autoridades penitenciarias, las mejoras que estén a su alcance”, explica Karin Etter, coordinadora de Detención del CICR para Colombia, organismo que se ha acercado a nuevos espacios, fundamentalmente académicos, para precisar la verdadera naturaleza de esta situación: “En Colombia ya se habían trabajado en el pasado estudios sobre mujeres detenidas, pero no con una aplicación de entrevistas a las mujeres privadas de la libertad en las dimensiones que lo realizamos con la Javeriana”.


Las mujeres privadas de la libertad

La intrincada situación carcelaria en el país comenzó a develarse para los investigadores cuando se toparon con la realidad desbordante: la tasa de encarcelamiento pasó de 84,3 presos por cada 100.000 habitantes en 1991 a 236,7 en junio de 2018, es decir, creció casi tres veces. En esos 28 años, las mujeres privadas de su libertad aumentaron un 429% al pasar de 1.500 a 7.944.

Cárceles M 1

Una mirada desprevenida llevaría a inferir que estas cifras reflejan el incremento en los niveles de criminalidad y violencia en el país, pero el ojo académico las ve como la consecuencia de la adopción de reformas punitivas en las últimas décadas. “Ha habido varias reformas legales en las que se aumentaron las penas y se expandió el uso de la detención preventiva. De esta forma, más gente ingresa a prisión durante más tiempo y, por supuesto, esto termina afectando las tasas y las condiciones de encarcelamiento”, comenta Sánchez.

En 2017, con la encuesta diseñada, el equipo de investigadores viajó por todo el país preguntándoles a las reclusas sobre las condiciones en la cárcel, sus razones para haber delinquido y sus expectativas de vida para el momento en que retornen a la libertad. Comenzó con una prueba piloto en la Cárcel Distrital de Bogotá y continuó aplicándola en siete cárceles de Caldas, Tolima, Antioquia, Boyacá, Norte de Santander, Córdoba y Bogotá, exactamente en El Buen Pastor, la cárcel de mujeres más grande del país.

Así, de respuesta en respuesta, los investigadores construyeron el perfil de las reclusas en Colombia y sus necesidades diferenciales: mujeres que nacieron en difíciles condiciones económicas, que no han terminado la secundaria, que fueron víctimas de violencia (intrafamiliar, sexual, afectiva, etc.) alguna vez en su vida, y que son madres cabeza de familia. De acuerdo con las cifras del Inpec de 2018, el 45,2% de las mujeres privadas de la libertad habían sido procesadas por tráfico y tenencia de estupefacientes; un 28,7%, por concierto para delinquir; el 17,4%, por hurto; el 13 %, por homicidio; y el 7 %, por fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y municiones.

Una vez en prisión, la vida sigue castigándolas con condiciones precarias de salubridad, difícil acceso a elementos básicos de aseo y noticias a medias de lo que ocurre con sus hijos. Y, especialmente, con una perspectiva llena de pesimismo. “Las cárceles tienen programas laborales mucho más enfocados en artesanías, costura, tareas que son tradicionalmente femeninas y que no son tan relevantes para el mercado laboral. Pareciera que la cárcel no solo reproduce la subordinación de las mujeres, sino que la refuerza. Por el contrario, cuando les preguntábamos a las internas sobre temas para programas nuevos, nos expresaban que les gustaría capacitarse en sistemas, idiomas y una gran variedad de temas que se alejan de los estereotipos femeninos tradicionales”, asegura Sánchez.

Los resultados de esta investigación están consignados en un informe con recomendaciones puntuales de política pública, que el CICR, el CIDE y la Javeriana lanzaron en conjunto en febrero de este año. Una de las recomendaciones principales es adoptar alternativas a la prisión para mujeres infractoras por primera vez, con responsabilidades de cuidado y que hayan cometido delitos no violentos. Como recalca Etter: “Estas medidas son de varios tipos e involucran a las tres ramas del poder público. De allí que esperamos que las autoridades definan estrategias de corto, mediano y largo plazo que se deben llevar a la práctica”.

 


TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Mujeres y prisión en Colombia: desafíos para la política criminal desde una perspectiva de género
INVESTIGADORA PRINCIPAL: Astrid Liliana Sánchez Mejía COINVESTIGADORES: Leonardo Rodríguez Cely, Juliana Morad Acero y Gustavo Fondevila
Facultad de Ciencias Jurídicas
Facultad de Psicología
Comité Internacional de la Cruz Roja
Centro de Investigación y Docencia Económicas de México (CIDE)
PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2016-2018

 

Esta galería fotográfica muestra el día a día de las mujeres que pagan sus condenas en las cárceles colombianas.

¿Qué necesita el Sistema Pensional colombiano?

¿Qué necesita el Sistema Pensional colombiano?

Col ASalinas

Actualmente en el país se ha venido discutiendo la necesidad de una serie de reformas al sistema pensional, y en los artículos 113 y 117 del Plan de Desarrollo 2018-2022: ’Pacto por Colombia, pacto por la educación’, el gobierno busca crear un piso mínimo de protección social por medio de un régimen de pensiones para las personas de bajos ingresos. El mecanismo utilizará los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) ya existentes como protección obligatoria para la vejez, y también creará un seguro de amparo al trabajador de los riesgos derivados de la actividad laboral.

El decreto 604 de 2013 del Ministerio de Trabajo reglamentó los BEPS como un sistema de ahorro voluntario dirigido a ciudadanos con trabajo informal o ingresos bajos que no les permitían cotizar al sistema pensional. El programa es operado por Colpensiones y es flexible en su monto y periodicidad, permitiendo que el ahorro se haga de acuerdo con las capacidades económicas, bien sea de forma diaria, semanal o mensual, y se focaliza en las personas con ingresos inferiores al salario mínimo. Los ahorradores del programa reciben un incentivo por parte del Estado: un subsidio del 20% sobre los aportes realizados, es decir, por cada $100.000 que una persona aporte se le otorgan $20.000 adicionales. Si una persona no reúne los requisitos a la edad de pensión (57 años para mujeres y 62 para hombres) en tiempo cotizado y monto de cotizaciones para acceder a una pensión, podrá obtener un incentivo periódico vitalicio cada dos meses.

El siguiente cálculo aproximado ilustra bien el alcance del sistema. Si una mujer de 30 años no hace aportes al sistema obligatorio de pensiones pero todos los meses sistemáticamente ahorra $100.000 mensuales en el sistema BEPS, después de 27 años, al cumplir los 57, reclamaría cada dos meses $437.987, equivalentes a $218.993 mensuales. La persona haría un aporte muy similar al valor que se hace cuando gana un salario mínimo, pero al cumplir la edad de jubilación recibiría una cuarta parte de éste solo para ella. En cambio, si ella se afilia al sistema obligatorio de pensiones y realiza los aportes como independiente, el balance, siendo muy aproximado al de una cotización sobre salario mínimo, recibiría una mesada igual a dicho salario y con una mesada adicional en diciembre, la que pasaría a sus beneficiarios con su muerte si los tuviera.

Uno de los problemas más grandes que hay en el país en relación con las pensiones es la cobertura del sistema: de los 6,5 millones de colombianos que están en edad de jubilarse, el 65% no recibe una mesada pensional por no cumplir los requisitos, como no haber alcanzado el total de semanas cotizadas. El Plan de Desarrollo muy probablemente aumente la cobertura, pues a las personas que tienen aportes en el sistema pensional y no cumplen las condiciones para pensionarse, con su artículo 117 se les impone un límite de diez días para decidir si reciben una indemnización sustitutiva con la devolución de sus aportes; si no lo hace, es migrado a los beneficios periódicos. El límite es absolutamente estrecho y lo más probable es que dichas personas no tomen esta decisión, siendo migrados a los beneficios periódicos y ensanchando la cobertura del sistema, así sea con unos precarios beneficios.

El artículo 113 del Plan de Desarrollo establece para trabajadores que ganen menos de un salario mínimo que sus empleadores paguen un 15% del salario como contribución, pero no está especificado cómo se haría en la práctica este proceso que, seguramente, implicará una disminución del salario del empleado, que ya es bajo de por sí. El artículo tampoco especifica si los privados entrarán a ofrecer los BEPS o si únicamente Colpensiones seguirá con este programa. Por otra parte, el recaudo a los patronos en el mercado laboral informal será muy difícil de vigilar.

Esta falta de cobertura debe ser el tema central en una reforma pensional. Por eso, en el debate del Congreso sobre este tema, además de discutir la corrección de los problemas existentes en la edad de jubilación, las semanas de cotización y los beneficios pensionales, hay que hablar de la principal razón por la cual gran parte de los adultos mayores en Colombia están excluidos del sistema. Esto claramente tiene que ver en gran medida con la estructura precaria del mercado laboral y la informalidad existente en nuestro país, y que es reforzada con un sistema pensional que privilegia personas con altos ingresos del mercado formal, asignándoles subsidios exagerados pero excluyendo a la mayoría de bajos ingresos, dejándolos en su vejez sin una renta mínima.

 


*Doctora y magister en Ciencias Económicas, politóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es asesora de Gasto Público en el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana; también es profesora del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional y de la Facultad de Ciencias Políticas de la Javeriana.

Del salario mínimo y la Ley de Financiamiento

Del salario mínimo y la Ley de Financiamiento

Col David Suárez

La negociación del salario mínimo entre el gobierno, los gremios y los sindicatos es una ceremonia que nos recuerda cada diciembre a Nietzsche cuando hablaba del eterno retorno de lo igual: las partes llegan a la mesa con propuestas para el aumento que difieren considerablemente; luego, el gobierno presenta un balance de la economía y revela los cálculos de productividad e inflación en aras de acercar las expectativas, para, al final, dar paso a las discusiones que desembocan la mayoría de las veces en un desenlace conocido, con mayores o menores variaciones en su desarrollo: el fracaso de la negociación y la determinación del salario mínimo por decreto (algunas veces, sin embargo, las partes llegan a un acuerdo, como el que anunció el presidente Duque en días pasados: en los últimos 18 años, ese consenso se alcanzó solamente en seis ocasiones).

Para dificultar aún más el ya complicado asunto, el gobierno actual logró la aprobación en el Congreso de una nueva reforma tributaria que tiene como núcleo la reducción de impuestos a las empresas: se reduce la tarifa del impuesto corporativo y se marchita la renta presuntiva en los próximos años; se permite el descuento por pagos de IVA en bienes de capital sobre el impuesto de renta; se establece un régimen especial de tributación para grandes proyectos (mega inversiones) a expensas de revivir el instrumento de dos caras que son los contratos de estabilidad tributaria; y se establecen beneficios tributarios considerables para sectores específicos sin mayor justificación, a partir de la idea curiosa pero difusa (ahí está su peligro) de la economía naranja.

Esta reforma nunca se presentó de forma clara, y en medio del frenesí del gobierno para buscar el financiamiento de su primera lista de compras, cambió radicalmente en los últimos cuatro meses y dio para todo: en su primera versión, la ley buscaba compensar los recursos que dejan de pagar las empresas aumentando lo que pagaba la clase media en IVA, lo que de inmediato generó preocupaciones sobre su impacto en los salarios y dejó como estela iniciativas que se tramitan en el Congreso para facultar aumentos extraordinarios del salario mínimo desde el ejecutivo y primas focalizadas en los trabajadores de más bajos ingresos, que desconocen las dinámicas del mercado laboral de nuestro país y que se administrarán (de ser aprobadas) a través de un sector financiero que hace esfuerzos por acercarse a la población pero es visto con recelo por gran parte de ella.

Aunque es un hecho que las empresas en Colombia pagan en impuestos una proporción mayor con relación a los estándares internacionales, y que los niveles de informalidad rampante pasan constante factura a las dinámicas del mercado laboral, en Colombia la competencia tributaria desatinada se mezcla con el sistemático error de utilizar la productividad total de los factores en vez de la productividad media del trabajo cuando se calcula el alza del mínimo (lo que explica en gran medida las diferencias entre las propuestas de gremios y sindicalistas), deprimiendo la demanda agregada y concentrando cada vez más la carga tributaria en los trabajadores y sus salarios en favor de los rendimientos del capital y de ganancias poco estructurales y relativamente exiguas en competitividad, crecimiento económico o mejoras en los indicadores de desigualdad.

La búsqueda de la competitividad no pasa solo por ser un destino con tarifas tributarias atractivas o mano de obra barata, y el gobierno aparentemente lo sabe: el lema de la administración del nuevo presidente durante su campaña era “menos gasto público, menos impuestos, más salarios”. Más allá de este lema, el resultado de la negociación es favorable como ejemplo de consenso, pero puede ser una oportunidad perdida para que se consigan aumentos importantes que repercutan en el bienestar del trabajador y se redistribuya un poco el beneficio dado a la población de más ingresos entre los miembros de la sociedad que, de una u otra forma, hacen posible su riqueza.

La protección al trabajador, y más ante las incertidumbres de los tiempos en que vivimos, debe ser una de las prioridades de toda sociedad que se precie de ser justa, y en ese sentido el salario mínimo se vuelve una de las premisas de lo que se conoce como “trabajo decente”. Más allá de los efectos que este popurrí fiscal tuvo en la negociación, el tema merece un análisis más reposado y de más contenido: ¿qué pasa con los contratos temporales, que no se rigen por el Código de Trabajo y se pueden firmar por valores inferiores al mínimo? ¿La determinación del salario responde solamente a la productividad del trabajador? ¿Qué pasará cuando la subsistencia dependa cada vez menos del trabajo, como resultado del desempleo tecnológico? ¿Es el salario mínimo la única herramienta para garantizar un piso digno de ingresos?


Coletilla.
Más allá de los métodos para calcular los ajustes, que parten del supuesto discutible pero operativo de la función tipo Cobb-Douglas, preocupan los resultados obtenidos: el ajuste del salario mínimo real teórico no alcanza a ser ni del 2%.

 


*Economista, docente y asesor tributario del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana.